nombre reservado con nombre reservado

Rancagua, siete de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 24 de junio del año 2022, comparece doña nombre reservado, chilena, divorciada, comerciante, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana; y otras 93 personas y viene en deducir recurso de protección en contra de don nombre reservado, chileno, casado, ignoran profesión, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Paredones; y en contra de don nombre reservado, chileno, ignoran estado civil, y profesión, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, Director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Paredones; ambos con domicilio en domicilio reservado, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expusieron.

Señala, que en el año 2019 se publicaron en diferentes medios tecnólogos y también mediante letreros en el camino de San Fernando, Santa Cruz y Lolol, la venta de parcelas en el “Fundo Lagunillas”, denominados para tales efectos “Parcelación Brisas de Bucalemu”, promoción publicitaria que, hasta la fecha permanece vigente.

Indica, que con los deseos de adquirir una propiedad viajaron a la comuna de Paredones, con la intención de verificar la venta de las parcelas publicitadas y constatar la legalidad de los documentos en que se apoyaba la parcelación “Brisas de Bucalemu”, ello, con el fin de evitar problemas de carácter legal, considerando todos los reportajes que se han hecho en televisión por la venta de derechos sobre predios agrícolas.

Agrega, que no obstante el vendedor les exhibió los documentos de subdivisión y autorización del Departamento de Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Paredones, muchos de ellos concurrieron a la Municipalidad de Paredones, a fin de constatar la veracidad del documento exhibido, constatando la veracidad del Certificado de Informaciones Previas de la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Paredones N°4, de fecha 15 de enero de 2019, de la Propiedad Ubicada en Fundo Lagunillas S/N, Rol de Avalúo Fiscal N°29-7.

Asegura, que en el documento individualizado se establece que, la zona en que se emplaza el terreno tiene el uso de suelo permitido, que no está afecto a utilidad pública, señala su calidad de rural, que no es área de riesgo; con él, se acredita la autorización de Parcelación; es decir, el terreno donde se ubican los predios es apto para la construcción de viviendas. Agregar que, a cada una de las parcelas, el Servicio de Impuestos Internos, asigno roles propios, los planos de subdivisión se encuentran inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Peralillo, además, los informes de Sernageomin que la vendedora exhibió en todo momento, acreditan que sólo hay algunas parcelas que deben hacer medidas de mitigación por tener pendientes de 10° a 20°; es decir, todo fue transparente, no había nada que pudiese poner en duda la legalidad de la parcelación y venta de los predios.

Señala, que confiando en la información entregada por la Dirección de Obras Municipales de Paredones, tomaron la decisión de comprar y una vez perfeccionados los contratos e inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Peralillo, muchos de los recurrentes, han construido en los terrenos sus respectivas viviendas, así varios vecinos ya se encuentran viviendo en sus parcelas y, de hecho dos vecinos de la parcelación tienen regularizada la construcción, de tal forma que, solo tenían que contratar un arquitecto y presentar las carpetas respectivas; sin embargo lo curioso fue que, al solicitar el Certificado de Informaciones Previas para completar la información que debe acompañarse a la Carpeta de Edificación, en prácticamente todos los Certificados emitidos por la Dirección de Obras de Paredones, se indica que los predios se encuentran ubicados o emplazados en una Zona AR-2 (zona ubicada en áreas como potenciales en cuanto a fenómenos de remoción en masas corresponden a aquellas con riesgo de erosión a territorios con pendiente superiores a 16°)

Relatan que ante lo expuesto y, con el ánimo de aclarar el sin número de dudas que se generaron con la información transcrita; solicitaron una reunión con el señor nombre reservado, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Paredones, la que se llevó a efecto el 25 de mayo de 2022. En la ocasión, el señor nombre reservado les manifestó que; efectivamente, existía un problema con la “Parcelación Brisas de Bucalemu”, ya que se encontraba emplazada en una zona calificada como AR-2, según Resolución firmada por el director de Obras, señor nombre reservado. Los recurrentes hicieron énfasis al señor Alcalde de un estudio, solicitado por uno de los vecinos al Servicio Nacional de Geología y Minería, con fecha 5 de agosto de 2019, respecto a la calidad del suelo, donde se encuentran emplazadas las parcelas; en él se informa que, efectivamente existen en el lugar 21 parcelas, que están ubicadas en zonas de posible riesgo de remoción de suelo; sin embargo, la Dirección de Obras del Municipio, se afirma en una supuesta Resolución de fecha 14 de Marzo de 2019, que dejaría nulo el Certificado de Informaciones Previas N°4 de fecha 15 de enero de 2019, nulidad que se fundamenta en “Que en la confección del Certificado de Informaciones Previas N°4 de fecha 19 de enero de 2019 se omitió zonificación AR-2, producto de lo impreciso de la solicitud por parte del interesado, quien no incluyó plano o esquema referencial para su correcta localización, lo que minimizó su extensión”

Hace presente, que la Resolución que señala la Dirección de Obras de Paredones, se refiere efectivamente a la nulidad del Certificado de Informaciones Previas N°4 de fecha 15 de enero de 2019, manifestando que éste se reemplazó por el Certificado de Informaciones Previas N°29 de fecha 14 de marzo de 2019; sin embargo, este último, corresponde al predio Rol de Avalúo Fiscal es el N°27-9, propiedad de La Quesería, Bien Raíz Agrícola, Avalúo Fiscal $17.478.200; y, el Rol de Avalúo Fiscal Matriz del Fundo Lagunillas es N°29-7, cuya dirección es, Lagunilla sin número, Bien Raíz Agrícola, Avalúo Fiscal $439.951.788.- Afirma, que es imposible que el Director de Obras, quien ejerce esta labor en forma esporádica, por más de 10 años, pretenda que acepten, que se equivocaron en la calificación del tipo de suelo, aduciendo que el solicitante no entregó toda la información necesaria para establecer en forma clara la ubicación del predio, lo que implica que al emitir el Certificado de Informaciones Previas N°4 de fecha 15 de enero de 2019 y posterior aprobación del plano de subdivisión del Fundo Lagunillas por 450 Parcelas de 5.000 metros cuadrados cada una, no solicitó toda la información necesaria y lo hizo con una solicitud imprecisa y sin la correcta localización del Fundo Lagunilla Agrega, que el señor nombre reservado, una vez dictada la Resolución N°1 de fecha 14 de marzo de 2019, que deja sin efecto el Certificado de Informaciones Previas N°4; señala que lo reemplaza por el Certificado de Informaciones Previas, N°29, que corresponde al Rol de Avalúo N°27-9, es decir, este último, corresponde a la Quesería de Paredones, NO al Fundo Lagunillas; es decir, confunde 1 hectárea con 225 hectáreas.

Añade que el Sr. nombre reservado, presentó una denuncia al Juzgado de Policía Local de Paredones, en contra de más de 50 propietarios por construcción sin permiso de edificación, Causa Rol: 14923-2022, buscando que se decrete la demolición de las construcciones realizadas en sus parcelas; las que a su vez compraron confiando en los documentos que erróneamente otorgó este último, en el ejercicio de su cargo de director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Paredones.

Relata, que al increpar al Señor nombre reservado, respecto del Certificado que sirvió de respaldo para el loteo y posterior ventas, su respuesta es: “Respecto al documento que usted menciona, le comento que los certificados de informes previos, se emiten conforme a la solicitud y antecedentes que proporciona el propietarios y/o interesado, en este sentido el CIP N°04 del año 2019, fue mal emitido, por la inexactitud de la solicitud, no incorporándose a este el real emplazamiento y extensión del predio, por lo que no pudo ser detectada la cabida en Zona AR-2 de la propiedad, dado a que los antecedentes proporcionados no eran exactos respecto al predio. Al ser detectada esta anomalía, se procede con fecha 15 de marzo de 2019 a dejar sin efecto el certificado de informaciones previas N°4 del año 2019 y reemplazando en el mismo acto por Certificado N°29 de fecha 14 de marzo de 2019. La resolución y el mismo certificado fueron notificados oportunamente al interesado.”

Afirma que el Certificado de Informaciones Previas N°29 del año 2019, recaía sobre el predio Rol Avalúo Fiscal N°27-9; y por tanto, si bien la Resolución N°1 hace mención de dejar sin efecto el Certificado de Informaciones Previas N°4 del 15 de enero 2019, el documento por el cual se reemplazó, no recae sobre el predio Rol Avalúo Fiscal N°29-7 (sino que el 27-9); corroborando su desprolijidad; es decir, amén de ese error se debería demoler la Quesería de Paredones y no las construcciones emplazadas en el “Fundo Lagunillas”, hoy conocido como “Parcelación Brisas de Bucalemu”.

Concluye, que el acto cuestionado fue decretado por el recurrido en virtud de las facultades que le otorga el cargo que ostenta, sin considerar en ningún momento los derechos de las personas que producto de su error, y posterior invalidación estaban siendo afectadas en su patrimonio luego, queda de manifiesto, que no considero lo establecido en el artículo 53 de la Ley 19.880, que establece Las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado que contempla la Invalidación de un acto administrativo, precepto legal en que el legislador dejó establecido lo siguiente: ”La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.”. Del tenor de los documentos que acompañan se puede constatar, que no existió procedimiento en el que se pudieran presentar objeciones a la Resolución, porque ésta, no fue notificada y consecuencialmente, no le permitió al interesado defenderse, conducta que vulnera el derecho a la defensa jurídica, el de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, todo lo cual deviene en un acto arbitrario.

Previas citas legales solicita tener por presentado Recurso de Protección en contra de los recurridos por privar, perturbar y amenazar las garantías constitucionales invocadas, con expresa condenación en costas.

Con fecha 29 de junio del 2022, y atendido lo dispuesto en el N°5 del Auto Acordado, se ordenó oficiar al Juzgado de Policía Local de Paredones a efectos de que remita copia digital del expediente Rol 14923-2022 seguido ante dicho tribunal, cosa que se cumplió el 12 de julio de ese año acompañando además un listado de las causas relacionadas al mismo tema y que se ventilan en dicho juzgado.

Por su parte, y con fecha 25 de julio de 2022 compareció el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Paredones y procedió a evacuar el respectivo informe indicando, que en efecto ha tomado conocimiento de lo expuesto en el recurso a través de reuniones sostenidas con los propietarios en donde ellos han planteado las inquietudes en torno a sus propiedades, señalando que asumió el cargo de alcalde en el mes de junio de 2021, cuando los hechos referidos a los cuestionados certificados de informaciones previas ya habían sido emitidos por el director de obras municipales de Paredones.

Agrega, que recabando la información correspondiente y revisando el plan regulador comunal, efectivamente la propiedad en donde se emplaza el proyecto de Loteo, Brisas de Bucalemu, se ubica en Zona de Riesgo, denominada como Zona AR-1, la que, atendido su tipo de suelo, no es apta para la edificación de viviendas, como tampoco apta para la construcción de ningún tipo, en virtud de ello, estima que el certificado de informes previos emanado de la Dirección de obras municipalidades, en donde da cuenta que la propiedad corresponde a Zona de Riesgo, se ajusta más a la realidad, puesto que señala realmente el tipo de suelo que le asiste a la propiedad, conforme lo da cuenta el nuevo certificado de informes previos de marzo de 2019.

Afirma, que en el marco de un proceso de fiscalización practicado por la Contraloría General de la República contenido en el informe N°55 de fecha 07 de julio de 2021, se constató la existencia de edificaciones de tipo habitacional, las que no cuentan con las autorizaciones de construcción y recepción por parte de la Dirección de obras municipalidades, sin que además a la data de la visita, existan solicitudes de permiso de edificación, conforme a ello, se ordenó a la autoridad edilicia a adoptar las medidas que sean pertinentes con el objeto de solucionar dichas faltas, considerando para ello los procedimientos establecidos en los artículos 145 y 148, de la LGUC, de lo cual deberá informar en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe.

Las observaciones en cuestión se referían a las construcciones y edificaciones levantadas por los propietarios del proyecto de Parcelación Brisas de Bucalemu. Además de lo anterior, el órgano de Control señaló que, dado que los hechos expuestos podrían implicar la infracción de deberes funcionarios, esta municipalidad deberá iniciar un proceso sumarial, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas asociadas al hecho representado, informando el decreto que da inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República, en un plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente informe.

Añade, que Contraloría en su proceso de fiscalización pudo constatar también lo sostenido, esto es, que el loteo se ubicada en Zona de Riesgo, observando y señalando que alrededor el 78.72% de las construcciones se encuentran sobre el territorio denominado por el instrumento de planificación territorial como AR2, transgrediendo el artículo 27 de la ordenanza del plan regulador intercomunal del borde costero aprobado mediante resolución N°138 de 2010.

Requerido el informe a la Dirección de obras municipalidades, esta Unidad entregó los siguientes argumentos a Contraloría: Se ha adoptado diversas acciones al respecto, entre las cuales destaca la instalación de señaléticas en los terrenos en donde se emplazan las cuestionadas construcciones que aluden a la prohibición de construcción fijada en el instrumento de planificación territorial intercomunal, para la zona AR2. Continúa argumentando que mediante los oficio Nos. 30 y 671, ambos de 2019, y N° 80, de 2020, ha solicitado a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Libertador General Bernardo O´Higgins, un pronunciamiento respecto del alcance territorial del Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero, la ambigüedad -a su juicio- de las normas urbanísticas fijadas para las zonas ZR2 y ZR3, y la pertinencia de otorgar permisos de edificación en los lotes de la parcelación de que se trata, precisando expresamente que de los oficios Nos 671 y 80, de 2019 y 2020, respectivamente, no ha obtenido respuesta por parte de esa Cartera Ministerial, omitiendo información respecto del oficio N°30. Igualmente, manifiesta que por medio de los oficios Nos. 10 y 11, ambos de 2019, remitió a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura del Libertador General Bernardo O´Higgins, copia de la solicitud de pertinencia, enviada al Servicio de Evaluación Ambiental. Concluye, -respecto a las construcciones localizadas en la parcelación Brisas de Bucalemu-, que no cuentan con permiso de edificación, que se encuentran confeccionando el catastro que les permita cuantificar las construcciones existentes, y así notificar y realizar los actos administrativos que correspondan según sea el caso.

Asevera, que conforme a lo anterior, y de acuerdo con el principio de Legalidad que se debe seguir al respecto, y con el propósito de dar respuesta a las peticiones y medidas ordenadas adoptar por Contraloría, la Municipalidad dictó el decreto alcaldicio N°1485 de fecha 12 de abril de 2022, que ordena la demolición de las construcciones construidas en el proyecto de parcelación Brisas de Bucalemu, a los propietarios afectados se les fijó un plazo de 30 días para efectos que den curso a dicha acción una vez notificados.

Argumenta que no cabe duda alguna que el proyecto Brisas de Bucalemu, se ubica y emplaza en una Zona de Riesgo, entonces el nuevo certificado de informes previos de marzo de 2019, que reclama y recurren las recurrentes se ajusta a derecho en cuanto a su contenido. Sin perjuicio de ello, y pretendiendo atacar lo resuelto en tal acto administrativo, generado y originado en marzo de 2019, debemos alegar que han transcurrido largamente los 30 días que establece el auto acordado N°94 sobre Recurso de Protección, de modo que el recurso de protección incoado debe ser declarado extemporáneo. Ahora bien, si la recurrente pretende impugnar la validez formal del referido certificado en cuanto a que éste se encontraría viciado, existen otros mecanismos judiciales destinados a hacer valer tal pretensión, es más, la Ley 19.880 en su artículo 53 es clara al señalar que, ”La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.”

Indica, en cuanto a la denuncia iniciada por la Dirección de obras municipalidades al Juzgado de Policía Local de Paredones, que esta es una atribución y facultad legal del ente administrativo, que a la fecha no ha conculcado ningún derecho, es tan solo una simple expectativa negativa de los recurrentes, ya que a la fecha dicho Juzgado no ha aplicado ninguna multa o infracción a los recurrentes, existiendo un proceso legal con bilateralidad de la audiencia que lo regula.

Concluye que, en definitiva, ni el alcalde, ni don nombre reservado, ni el director de obras municipalidades don nombre reservado, han cometido a la fecha, y para efectos del presente recurso, ningún acto ilegal ni arbitrario que deba ser sancionado a través del presente recurso, no se ha conculcado como consecuencia, ningún derecho fundamental de los recurrentes.

Por último, sostiene que el recurso de protección debe ser rechazado por carecer de petición concreta.

Por su parte y con fecha 19 de agosto del año 2022, compareció el recurrido don nombre reservado, quien procedió a evacuar el respectivo informe alegando primeramente la extemporaneidad del recurso puesto que de la sola lectura del recurso se desprende que el acto que se reclama como ilegal o arbitrario, es la resolución dictada por este con fecha 15 de marzo de 2019, por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, a precluido el plazo de 30 días para recurrir de protección sobre dicha actuación.

En cuanto al fondo indica que comenzó a desempeñarse desde el 3 de febrero del año 2011 como jefe del departamento de obras suplente de La Ilustre Municipalidad de Paredones, cargo que, desde el mes de septiembre del mismo año desempeña como Titular, haciendo presente que en la actualidad se encuentra suspendido de sus funciones por resolución de fecha 28 de julio del presente año dictada en el sumario que se sigue en su contra por estos mismos hechos.

Indica, que efectivamente en su calidad de jefe del departamento de obras de La Ilustre Municipalidad de Paredones con fecha 15 de enero de 2019 emitió el certificado de Informaciones Previas número 4 respecto al inmueble ROL 29-7 de la comuna de Paredones. En dicho documento se señaló, en lo pertinente, en el acápite 5.1, de los usos de suelo, que el terreno se emplaza en una zona A.R. (área rural). Luego de su emisión con fecha 26 de febrero de 2019 el departamento de obras de La Ilustre Municipalidad de Paredones recibió un correo electrónico de parte de don nombre reservado, quien señalo que en el interior del inmueble ROL 29-7, existía un Humedal inscrito en El Inventario Nacional de Humedales.

Hace presente que al momento se emitirse el certificado en cuestión este desconocía la existencia de dicho humedal, y una vez que se corroboró por parte de los funcionarios del departamento de obras la información recibida por parte del Sr. nombre reservado, éste procedió a dictar la resolución de fecha 15 de marzo de 2019, que deja sin efecto el certificado de informaciones previas emitido con fecha 15 de enero de 2019, y se procedió a la emisión de un nuevo certificado de informaciones previas que señaló que el predio se emplaza en una zona AR-2 (Área de Riesgo de Quebradas), especificándose las características de este.

Esta resolución fue notificada a los solicitantes, Sociedad Radhika SpA y otras, quienes incluso con fecha 16 de abril de 2019 enviaron correo electrónico al departamento de obras de La Ilustre Municipalidad de Paredones, donde solicitan que se reconsidere la medida y señalan que ejercerán las acciones legales pertinentes, lo que a la fecha no ha ocurrido. De lo anterior, se desprende necesariamente que los dueños del proyecto, o sea quienes vendieron las parcelas a los recurrentes, tenían cabal y pleno conocimiento, que el certificado de fecha 15 de enero de 2019 había quedado sin efecto por la resolución pronunciada con fecha 15 de marzo del mismo año.

El 26 de agosto del año 2022, se evacuo por parte de los recurrentes la excepción de extemporaneidad alegada por las recurridas indicando que el requerido señor nombre reservado, hace mención de la fecha en que dictó la Resolución N°1 de fecha 15 de Marzo de 2019, que deja sin efecto el Certificado de Informaciones Previas N°4, otorgado con fecha 15 de enero de 2019; sin embargo, en ninguno de los acápites de sus alegaciones, hace notar que ha cumplido con la exigencia legal de notificación de la Resolución N°1, a los interesados a fin de que estos hicieran valer su derecho, solo lo habría hecho supuestamente respecto de aquellos que eran dueños del resto del Fundo Lagunillas, a los que se deben agregar las dueños de las parcelas ya vendidas entre los meses de enero a marzo de 2019, asegurando que solo se tomó conocimiento de ella, cuando intentaron regularizar las edificaciones levantadas en sus predios. En virtud de lo expuesto, lo único real y evidente, es la notificación verbal que hizo el actual alcalde de la comuna de Paredones don nombre reservado, hecho que ocurrió el día 25 de mayo de 2022;

Con fecha 16 de noviembre del año 2022, y por ser un trámite previo e indispensable para la vista de la causa, se ofició a Radhika SpA., a Inversiones Rema SpA., a Inmobiliaria e Inversiones Abbav SpA., a Inversiones y Asesorías Serparm SpA., a Inversiones Mega SpA., e Inversions MABA SpA., don nombre reservado, y don nombre reservado, a fin de que informen la fecha en que les fue notificada la invalidación del certificado de informaciones previas N°4, emitido el 15 de enero de 2019 por la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Paredones.

Con fecha 21 de diciembre de 2022, compareció don nombre reservado, indicando que tomaron conocimiento de la resolución en cuestión mediante un llamado telefónico efectuado por doña nombre reservado durante los primeros días de abril del año 2019, sin ser notificados de manera directa en calidad de interesados por parte de la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Paredones.

Con fecha 10 de mayo del año 2023, atendido el tiempo transcurrido y lo dilatorio que ha resultado la notificación del trámite decretado por resolución de 16 de noviembre del año 2022, se prescindió del mismo, ordenándose en vez de ello oficiar a la Municipalidad de Paredones, con el objeto que complementara su informe, acompañando antecedentes que den cuenta de la notificación de la invalidación del certificado de informaciones previas N°4, emitido el 15 de enero del año 2019 por la Dirección de Obras de la Municipalidad recurrida.

Con fecha 23 de junio del año en curso y atendido el tiempo transcurrido, se hizo efectivo el apercibimiento anunciado y, en consecuencia, se prescindió del trámite solicitado a la municipalidad recurrida.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de impetrar del órgano jurisdiccional la adopción de inmediato de las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

De lo anterior se desprende que resulta indispensable para su procedencia que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de infringir un precepto legal, o en su caso, arbitrario, es decir, carente de razonabilidad y, que produzcan una privación, perturbación o amenaza de los derechos o garantías expresamente tutelados.

I.-En cuanto a la extemporaneidad del recurso:

SEGUNDO: Que, en lo que mira a la extemporaneidad alegada, se debe tener presente que si bien el recurso no puntualiza con claridad cuál sería la actuación u omisión arbitraria o ilegal en que funda la acción de protección ni la medida concreta que solicita sea adoptada, del análisis del cuerpo del libelo recursivo podría desprenderse que el principal acto que se reprocha, es la dictación de la resolución N°1 de fecha 14 de marzo de 2019, mediante la cual se deja sin efecto el certificado de informaciones previas N°4 de fecha 15 de enero del año 2019 reemplazándolo por el Certificado de Informaciones Previas, N°29, por haber sido decretado, en su concepto, en contravención al artículo 53 de la Ley 19.880, al no haber considerado los derechos de las personas afectadas con dicho acto, dado que no habrían sido notificadas y consecuencialmente, no se les permitió defenderse, conducta que vulnera el derecho a la defensa jurídica, el de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, todo lo cual deviene en un acto arbitrario.

Dicho acto y, a decir de las recurridas, habría sido comunicado de forma oportuna a los dueños originales del Fundo Lagunillas, hoy conocido como “Parcelación Brisas de Bucalemu” que, de ser así, el recurso de marras sería evidentemente extemporáneo; sin embargo, la recurrida no aportó antecedentes -en la oportunidad procesal correspondiente- que dieran cuenta de aquello.

En consonancia con lo razonado, aquellos que por la presente vía recurren, plantean que su conocimiento solo se habría adquirido amén de reunión llevada a cabo con el edil del Municipio recurrido, con fecha 25 de mayo del año 2022, por lo que, a la fecha de interposición del recurso, esto es, el 24 de junio del año 2022, éste se encontraba dentro de plazo, de allí la improcedencia de la excepción como se señalará; y sin perjuicio de lo que se dirá en cuanto al fondo.

II.- En cuanto al fondo:

TERCERO: Que, como se adelantó en el motivo precedente, no obstante, lo extenso y detallado del recurso en cuanto al relato de los hechos, este es impreciso en referencia a los actos ilegales o arbitrarios que se reprochan de los recurridos y a las peticiones concretas que se piden, a esto se agrega, que, tampoco en los alegatos vertidos en estrados, se señalaron peticiones concretas, por lo que no existe certeza que la controversia verse exclusivamente sobre la falta de notificación de la resolución N°1 mediante la cual se deja sin efecto el certificado de informaciones previas N°4 de fecha 15 de enero del año 2019, o sobre el certificado de informaciones previas N°29, que reemplaza al anterior, tanto por contener un error en relación al rol de avalúo, como por contener vicios, en su concepto y, que a su vez sirve de base para un acto posterior, como es la presentación de una denuncia ante el Juzgado de Policía Local de Paredones por construcción sin permiso de edificación, en contra de más de 50 propietarios, por la cual se pretende la demolición de éstas y que dio origen a la causa Rol 14.923-2022, en actual tramitación.

CUARTO: Que conforme a lo anterior, de centrarse el análisis del asunto en la falta de notificación de la resolución N°1, que invalida el Certificado de Informaciones Previas N°4 de fecha 15 de enero del año 2019, dictada por la recurrida, es posible advertir que a la fecha de ser decretada, esto es el 14 de marzo de 2019, no eran ellos los dueños del predio, de acuerdo a los documentos acompañados por los propios recurrentes y alegaciones de los apoderados, sino que adquirieron las distintas parcelas en las que se dividió el predio en cuestión con posterioridad y, en consecuencia mal podrían haber sido considerados como interesados y ser notificados al momento de su dictación, de acuerdo a lo que dispone el artículo 53 de la Ley 18.880, por consiguiente se advierten problemas de legitimación activa, puesto que quienes estaban habilitados para reclamar y ejercer las acciones legales pertinentes, en relación a una eventual falta de notificación eran aquellos y no los actores de marras.

QUINTO: Que, en lo relativo a los restantes actos reprochados a los recurridos, del atento estudio de los informes evacuados por éstos, se advierte que todos y cada uno de los argumentos que ventila el recurso fueron controvertidos, lo que da cuenta que en la especie no se presenta uno de los requisitos esenciales para la procedencia y éxito de la acción impetrada. En efecto, como reiteradamente se ha indicado, esta acción tiene una naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a la existencia actual de un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, siendo este requisito indispensable, pues permite a la Corte adoptar alguna medida que anule o contenga los efectos indeseables de esa acción u omisión.

SEXTO: Que, en consecuencia, nos encontramos frente a pretensiones que desbordan los márgenes de la protección, resultando una labor ajena a este procedimiento cautelar, el cual constituye una medida de tutela urgente para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufra el ciudadano en sus derechos constitucionales producto de una acción u omisión que a todas luces sea ilegal o arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado, lo que no ocurre en la especie, dado que frente a la posibilidad de invalidar un acto administrativo por los vicios que desliza la recurrente en el cuerpo de su escrito, corresponde su conocimiento a la propia administración o a los tribunales ordinarios de justicia mediante las respectivas acciones declarativas que las partes estimen procedentes. Por otra parte, la vía idónea para reclamar acerca de la conducta del director de obras municipales, es la administrativa, la cual fue ejercida existiendo un sumario administrativo que debe ser resuelto por el órgano administrativo competente y que, por cierto, versa sobre los mismos hechos que se denuncian en el presente arbitrio, a lo que se suma la acción que se ventila ante el Juzgado de Policía Local.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Se rechaza la excepción de extemporaneidad impuesta por los recurridos.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado, y otras 93 personas en contra de don nombre reservado, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Paredones; y en contra de don nombre reservado, director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Paredones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 10164-2022 Protección.

Se deja constancia que no firma el abogado integrante Sr. Jaime Cortez Miranda, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa por no integrar el día de hoy.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.