Protección contra Comisión de Medicina Preventiva a Invalidez y la Superintendencia de Seguridad S

C.A. de Rancagua Rancagua, diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 comparece la abogada Claudia Andrea Lemarie Acosta en favor de doña nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva a Invalidez y la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto arbitrario e ilegal consistente en rechazar el pago del subsidio laboral correspondiente a licencia médica, y negar la justificación del reposo médico de la actora, mediante diversas resoluciones dictadas por las recurridas, lo que vulnera, priva y perturba las garantía constitucionales de derecho de propiedad y protección a la salud establecidos en el artículo 19 N° 1, 9, 18 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente se encuentra actualmente sufriendo de un episodio depresivo con síndrome psicótico, personalidad con rasgo límite, intensión suicida, y todo ello sin apoyo familiar, por lo que le fue extendida la licencia médica N° NUM000, que le otorgaba reposo continuo por 30 días desde el 9 de abril de 2025 hasta el 8 de mayo de 2025, pero la Compin resolvió con fecha 17 de abril de 2025 rechazarla, por estimar no hay causa médica que justifique el reposo, el que es prolongado para la patología. Por lo anterior, la actora recurrió ante la Suseso, la que el 13 de junio del presente año dictó la Resolución Exenta Nº NUM001, que confirmó lo resuelto previamente.

Argumenta que el informe médico que acompaña a su presentación detalla en forma explícita la sintomatología grave de la recurrente, que directamente se relaciona con la funcionalidad necesaria para el trabajo, por lo que su reintegro no sólo implicaba un peligro para la actora, sino también respecto al desempeño de su trabajo.

Afirma que las decisiones de las instituciones recurridas son confusas, con una ausencia grave en sus fundamentos y justificaciones, adoleciendo de una vaguedad especialmente necesaria en casos técnicos y graves como los que padece la recurrente. Así, se tornan en arbitrarias, carentes de fundamento legal y de toda racionalidad, constituyendo este actuar una vulneración a sus garantías constitucionales ya que, además, no consideran el informe médico emitido por profesional competente, médico tratante de la recurrente.

En cuanto a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución, refiere que la conducta arbitraria de las recurridas ha generado inestabilidad emocional, frustración, estrés y desánimo en la actora, lo que significa que se le ha vulnerado en su integridad psíquica producto de estos hechos. Vulneraciones que no vienen más que a acrecentar el daño a su salud de manera integral, al despojársele de los medios de protección que por derecho le corresponden, tales como el debido reposo y el subsidio por incapacidad laboral.

En relación con la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Magna, señala que la recurrente ha recibido un trato desigual y discriminatorio al respecto al resto de la mayoría de las personas a quienes sí se les autoriza el pago de las licencias médicas y reciben un trato igualitario y justo.

Por último, respecto del derecho contemplado en el artículo 19 N° 24, puntualiza que el rechazo de las licencias médicas priva a la recurrente del derecho a retribución monetaria contemplada por la ley, precisamente en los casos de encontrarse imposibilitado de trabajar por enfermedad.

Afirma que los rechazos de las licencias médicas de la actora obedecen a actos irreflexivos y de todas maneras antojadizos, que no tienen causa legal ni justificación médica, constituyen un obrar arbitrario e ilegal que repugna al derecho, que sólo busca salvaguardar intereses económicos, al negar cobertura y pago de las referidas licencias, sin haber realizado un peritaje médico que lo justifique.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se declare que las recurridas han cometido un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías constitucionales de la recurrente, asimismo, que se apruebe la licencia médica N° NUM000 y se ordene a las recurridas otorgar el subsidio por incapacidad laboral de las licencias médicas presentadas por la actora. Todo lo anterior, con costas.

A folio 8 informó la Comisión de Medicina Preventiva a Invalidez de la Región Metropolitana que la licencia médica N° NUM000 se rechaza, en atención a que paciente adjunta informe de profesional que no acredita especialidad en Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, sin argumentos suficientes que justifiquen prolongación de reposo. Sin evidencia que reposo cumpla un rol terapéutico, sin mención de mejoría de cuadro clínico a pesar de periodo de reposo prolongado. Tampoco adjunta plan de recuperabilidad laboral, estimación de fecha probable de alta, no acredita cumplimiento de psicoterapias. Se menciona presencia de ideación suicida, sin embargo, no se adjunta epicrisis ni certificados de atenciones relacionadas a cuadro psiquiátrico, sin detalle de las medidas aplicadas para resolución de cuadro clínico ni antecedentes adicionales que permitan justificar reposo.

Agrega que la actora dedujo recurso de reposición, el que fue rechazado, ya que aporta los mismos antecedentes médicos y clínicos previamente evaluados.

Añade que, por otro lado, la Superintendencia de Seguridad Social, a través de su Resolución Exenta N° NUM002 de fecha 13 de junio de 2025, rechazó reclamo por parte de la usuaria, confirmando nuevamente el rechazo de la licencia médica N° NUM000, de acuerdo con lo anteriormente expuesto.

Sostiene que, tal como se puede desprender, las actuaciones realizadas por la Compin, al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la ley y la normativa vigente. Todo esto, en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio, mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

A folio 12 informó la Superintendencia de Seguridad Social solicitando el rechazo del recurso, ya que no ha existido de su parte actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantizado o siquiera su amenaza. Lo anterior, por cuanto la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de la Sra. nombre reservado, y de acuerdo con los antecedentes administrativos que acompaña a su informe, se limitó a resolver con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la seguridad social, los reclamos que en su oportunidad presentó la recurrente en contra de la Compin, por haber confirmado el rechazo de sus licencias médicas, por reposo no justificado.

Alegó, en primer lugar, la improcedencia del recurso, ya que la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3 del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el Subsidio por Incapacidad Laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley N° 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la seguridad social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En subsidio de lo anterior, informó sobre el fondo del recurso, señalando que la Sra. nombre reservado recurrió ante la Superintendencia, mediante presentación de fecha 6 de junio de 2025, reclamando por cuanto la Compin Región Metropolitana, confirmó el rechazo de la licencia médica N° NUM000, extendida por un total de 30 días a contar del 9 de abril de 2025, por reposo no justificado.

Argumenta que, por lo anterior, estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos tenidos a la vista, no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 156 días continuos, lo que, en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral.

Puntualiza que el informe médico aportado por la parte interesada resulta insuficiente, por cuanto no describe el tratamiento prescrito, evolución clínica, limitación funcional (con resultado de evaluación GAF), plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo. Asimismo, no acredita derivación o ingreso al Programa de Garantías Explícitas en Salud (GES) para manejo por equipo multidisciplinario, ni acredita atención por psiquiatra inscrito en Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud.

Hace presente que, sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos de la Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por sí solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Recuerda que el D.S. N° 7 de 2013, del Ministerio de Salud, respecto a las patologías mentales, en su en su artículo 4° número II establece, en relación al reposo laboral de más de 60 días y prorrogable hasta 180 días, los requisitos para su procedencia, los que transcribe, y entre los cuales está el que siempre es otorgada por médico psiquiatra cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo trastorno de personalidad como diagnostico principal.

De lo anterior desprende que la actuación de la Superintendencia se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, por cuanto a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 20.585, debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (Isapre) y del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

Sostiene que lo pedido en el recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes y, en el caso de la recurrente, claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado y cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la Compin y de la Superintendencia, se llegó a la conclusión de que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Afirma que, el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud, no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3 de 1984 y DFL. N° 44 de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con requisitos y así, no se trata de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en el organismo de control.

Finalizó solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1.- Que, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado. 2.- Que, primeramente, y en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción protección en materias de seguridad social planteada por las recurridas, ésta será rechazada, dado que la garantía eventualmente vulnerada no es aquella del numeral 19 N° 18 de la Constitución Política como indican, sino las comprendidas en el número 1, 2 y 24, esto es, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. 3.- Que, en cuanto al fondo, el acto ilegal y arbitrario que la actora reprocha de las recurridas estaría dado por el rechazo de la licencia médica N° NUM000, extendida por un total de 30 días a contar del 9 de abril del año 2025, por estimar que el reposo prescrito a la recurrente no se encontraba justificado. 4.- Que las recurridas, en cuanto al fondo, solicitaron el rechazo de la acción deducida en su contra, alegando que de los antecedentes clínicos y administrativos de la recurrente, permiten concluir que su reposo no se encuentra justificado, motivo por el cual se adoptó la decisión recurrida en el marco de su competencia y potestad fiscalizadora, al tenor de la normativa vigente, teniendo en consideración antecedentes e informes médicos que se tuvieron a la vista y, en particular, que la licencia médica fue extendida por un profesional que no mantiene la especialidad en psiquiatría, por lo que no existe acto ilegal o arbitrario de su parte que amenace o vulnere derecho alguno de la recurrente. 5.- Que, en cuanto al núcleo del asunto, cabe señalar que la conducta materia de esta acción no puede calificarse de ilegal, dado que los artículos 11 y siguientes del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, reglamenta la autorización de licencias médicas y establece que corresponde a la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se debe dejar constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

A su turno, las resoluciones dictadas por la Compin son reclamables ante la Suseso, cuyo es el caso, atento que la Superintendencia de Seguridad Social tiene por función supervigilar el correcto ejercicio del derecho a la seguridad social, materia a la que pertenece la forma de aprobar una licencia médica, a la luz de lo dispuesto en los artículos 2 letra c) y 3 de la Ley 20.691.

Luego, el organismo recurrido dispone de la facultad legal de resolver las reclamaciones acerca de las decisiones de la Compin en orden a la autorización de una licencia médica sin derecho a subsidio, por lo que, despejada la legalidad del acto, sólo resta revisar, para los efectos de la presente acción, si existe arbitrariedad en la actuación reclamada. 6.- Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, se debe señalar que el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

Al respecto, de los antecedentes acompañados por las partes, consta que la decisión adoptada por la Superintendencia recurrida se encuentra debidamente justificada, ya que la Resolución Exenta recurrida, indica con claridad los motivos que tuvo en consideración para rechazar la reclamación en contra de la Compin Región Metropolitana, que no autorizó el pago de la licencia médica reclamada en éstos autos, conclusión a la que se llegó por estimar que el reposo de la recurrente no resultaba justificado, más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 156 días continuos.

En efecto, la resolución recurrida señala que su conclusión se basa en que el informe médico aportado por la parte interesada resulta insuficiente, por cuanto no describe el tratamiento prescrito, evolución clínica, limitación funcional (con resultado de evaluación GAF), plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo. Asimismo, no acredita derivación o ingreso al Programa de Garantías Explícitas en Salud (GES) para manejo por equipo multidisciplinario, ni acredita atención por psiquiatra inscrito en Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. Que, el informe emitido por psicólogo(a) debe dar cuenta de la fecha de inicio de sesiones, frecuencia, cantidad de sesiones realizadas al momento del informe, objetivos terapéuticos propuestos, evolución evidenciada y recomendaciones generales. 7.- Que, resulta de especial relevancia destacar que el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. N° 7 de 2013, del Ministerio de Salud, respecto a las “Patologías Mentales”, establece en su artículo 4 número II, en relación con el reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, entre otros requisitos, que el reposo laboral debe ser indicado por el médico psiquiatra por períodos de 15 días cada vez (excepcionalmente se podría justificar un periodo de 30 días, cuando existen circunstancias especiales que impiden un acceso a psiquiatra más frecuente) y que cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo laboral: Tratamiento farmacológico, Psicoterapia e Intervenciones Psicosociales (recomendable terapia cognitiva conductual), teniendo como referencia las Guías Clínicas disponibles en el Ministerio de Salud, en su sitio. 8.- Que, en la especie, del expediente administrativo acompañado, se tiene que la recurrente no cuenta con un informe de refractariedad o resistencia al tratamiento y tampoco acredita asistencia regular a terapia psicológica e intervenciones psicosociales durante toda la extensión de su reposo, ya que sólo acompaña al recurso la actora un certificado de atención psicológica que da cuenta de haber permanecido en tratamiento de manera intermitente y, que la licencia médica reclamada fue extendida por un médico que no ostenta la calidad de psiquiatra. 9.- Que, los antecedentes referidos en los considerandos previos, antecedentes que fueron debidamente analizados y, en especial, el hecho consistente en que la licencia médica reclamada fue extendida por un médico que no ostenta la calidad de psiquiatra, es suficiente para arribar a la decisión que se adoptó por el órgano contralor, por lo que mal podría estimarse que la resolución impugnada, en cuanto fundadamente desestimó el reclamo formulado por la actora, sea arbitrario por carecer de motivación. 10.- Que, por no concurrir los presupuestos de la acción constitucional, el recurso de protección debe ser necesariamente rechazado.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en las normas pertinentes del Auto Acordado de la Corte Suprema que rige la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de improcedencia de la acción incoada por las recurridas.

II.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva a Invalidez y la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1014-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia sí reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.