Protección contra Superintendencia de Seguridad Social por el acto arbitrario e ilegal consistente

C.A. de Rancagua Rancagua, diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 comparece don nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social por el acto arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de su licencia médica extendida con fecha 26 de marzo de 2025, por un médico neurocirujano.

Expone que es trabajador de Codelco Chile, División El Teniente, y con fecha 11 de mayo de 2024 sufrió un grave accidente del trabajo, consistente en que un planchón de aproximadamente 2500 kilos se desprendió y cayó sobre él, resultando policontuso y con lesiones de gravedad.

Refiere que la licencia médica fue rechazada por SATEP, que es el organismo administrador de los accidentes laborales de su empleador, por estimar que las patologías que la motivaron no corresponden al accidente sufrido, derivándolo a tratamiento por enfermedad común, ignorando la opinión de todos los profesionales que han participado de su proceso de recuperación, por lo que acudió a la Superintendencia recurrida, quien compartió lo señalado por el organismo administrador.

Indica que, del accidente del trabajo sufrido, además, sobrevino un problema psiquiátrico, con sintomatología ansiosa y elementos agorafóbicos, lo que se encuentra certificado por el médico psiquiatra tratante.

Solicitó a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se declare que sus licencias médicas corresponden a enfermedad laboral y no común.

A folio 6 informó la Superintendencia de Seguridad Social solicitando el rechazo del recurso ya que no ha existido de su parte actuación ilegal o arbitraria que haya causado al recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantizado o siquiera su amenaza. Lo anterior, por cuanto la Superintendencia de Seguridad Social en el caso del procedimiento administrativo que tuvo por objeto la evaluar la situación que afectó al trabajador recurrente, y de acuerdo con los antecedentes administrativos que acompaña a su informe, se limitó a resolver sus reclamos, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la Seguridad Social.

En primer lugar, alegó la improcedencia del recurso, por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. En efecto, la calificación de una enfermedad como de etiología común o laboral, cuestión de hecho relacionada con una materia de orden médico de la Ley 16.744, sus procedimientos de reclamos o apelaciones contempladas en los artículos 77 y 77 bis de la Ley 16.744, las implicancias de cobertura del seguro social en comento, son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En subsidio de lo anterior, informó sobre el fondo del recurso, sosteniendo la ausencia de un acto ilegal o arbitrario emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, toda vez que su actuación, se ajusta a las normas que regulan la determinación del origen, esto es, si es de origen común o laboral, y que están contempladas en la Ley 16.744 y sus cuerpos reglamentarios.

Detalla su competencia y funciones respecto del Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidente y Enfermedades Profesionales creado por la Ley 16.744, en cuanto autoridad técnica de control y fiscalización de las instituciones de previsión que administran el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que se rige por la Ley 16.744 y sus reglamentos.

Afirma que, como se explica en los dictámenes que resolvieron el caso del Sr. nombre reservado, la determinación de la etiología u origen de una afección, esto es, si tiene origen laboral o común, dependerá si en el caso concreto se cumplen o no los presupuestos contemplados en la definición del siniestro denominado “Accidente Laboral”, establecida en el artículo 5° de la referida ley. Así, se entiende por accidente del trabajo “toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte”. Luego, según lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 16.744, las enfermedades profesionales son las “causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte”. Luego, del concepto legal mencionado se infiere que debe existir una relación causal directa entre el quehacer laboral y la patología que provoca una incapacidad, sea ésta temporal o permanente. Por su parte, el artículo 16 del D.S. N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en complemento del precepto legal antedicho dispone que, para que “una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico”.

Expone que el recurrente concurrió ante la Superintendencia con fecha 4 de abril de 2025, reclamando en contra de División Codelco El Teniente Administrador Delegado del Seguro de la Ley 16.744 quién rechazo la cobertura de la licencia médica NUM000, secundaria al accidente sufrido el 11 de mayo de 2024, de lo que discrepa. Por lo anterior, la Superintendencia solicitó un informe y los antecedentes médicos/laborales del caso a la División El Teniente de Codelco Chile.

Comenta que la citada División informó mediante Carta DGT- NUM001, de 23 de abril de 2025 que, por el accidente sufrido por el trabajador, éste sufrió lesiones objetivadas de fractura cuerpo de vertebra lumbar 4, fractura distal maléolo tibial del tobillo derecho y luxación traumática de cadera izquierda. Luego de 8 meses de manejo y tratamiento, se pide evaluación a neurocirugía y traumatología del estado actual y ver las opciones de reintegro laboral, ambos especialistas coinciden en que está de alta del accidente del trabajo. Se revisan antecedentes y se encontró estudio previo por dolor lumbar crónico, objetivado por TAC lumbar del 2023, el que, al comparar con uno de febrero del 2025, no se evidencian elementos atribuibles actuales que provoquen alguna lesión compresiva, tanto la foraminoestenosis lumbar como la raquiestenosis descritas, eran elementos previos a su accidente.

Evaluado finalmente por traumatología por lesiones post traumáticas, no indica más reposo y no necesita más ayudas técnicas para su deambulación, deja un control ambulatorio para mes de junio del 2025.

Considerando que el neurocirujano en el último control del 26 de marzo, señaló que está de alta del accidente, pero le dejó igual una licencia por 30 días, indicando que sería la última, se considera que el tratamiento multidisciplinario desarrollado por más de 10 meses, ha cumplido el objetivo, además la revisión de los TAC de columna que no muestran una lesión agregada critica, la prolongación del reposo por 30 días se atribuye a la condición previa que este trabajador presentó, por lo que se procede a rechazar el reposo con cargo al seguro ley 16.744 y se indica que mantenga su manejo médico, pero bajo la cobertura de su seguro de salud común.

Con lo anterior, los profesionales médicos de la Superintendencia procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, quedando plasmado en el informe de fecha 17 de junio de 2025, de revisión de calificación de enfermedad profesional musculoesquelética, elaborado por la especialista doña nombre reservado, que concluye que se justifica el rechazo de extensión de cobertura de la última licencia de 30 días emitida en marzo de 2025, por corresponder a una condición lumbar crónica preexistente, sin agravamiento atribuible al accidente ocurrido el 11 de mayo de 2024. Además, se menciona que esa fue la "última licencia" otorgada por el especialista, como cierre del proceso terapéutico, y no por agudización postraumática.

Afirma que, atendido este informe, la Superintendencia de Seguridad Social emite la RESOLUCIÓN EXENTA NUM002, de fecha 17 de junio de 2025, que dictamina que, habiendo tenido a la vista los antecedentes aportados por el referido Organismo Administrador, tales como ficha médica, estudios imagenológicos, informe médico, entre otros, al igual que la presentación del trabajador, no procede otorgar cobertura por la Ley 16.744 a la licencia médica en cuestión, por cuanto el trabajador se encuentra en meseta terapéutica, sin nuevas secuelas atribuibles al accidente, y ha sido dado de alta médica por sus especialistas tratantes.

Agrega que el recurrente no interpuso recurso administrativo alguno contra lo resuelto por la Superintendencia, pudiendo hacerlo, aunque destaca que, en los casos como el de la especie, en que se discute una cuestión de hecho que se refiere a una materia de orden médico, el procedimiento general de reclamo previsto en el artículo 77 de la Ley 16.744, establece que la Superintendencia resuelve estas reclamaciones con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

Sostiene que de todo lo señalado, queda en evidencia que no ha incurrido en actuación ilegal o arbitraria alguna que haya vulnerado derechos y sus garantías asociadas, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Destaca que el acto administrativo no cuestiona la existencia de la patología del actor, sino únicamente cuál es el origen de ella, en este sentido, al no existir tal cuestionamiento, siempre podrá acceder a los beneficios de su sistema de salud común, incluso podrá gozar de un subsidio por incapacidad laboral, el que será pagado según las normas establecidas en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, respecto de patologías de origen común. En tal sentido, hace presente que lo que existe en la especie, es un dictamen emanado de la Superintendencia, dictado dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con las facultades fiscalizadoras que le han sido entregadas por el legislador, como lo ha hecho en infinidad de veces y, cuyo resultado, obviamente no es de la conveniencia del recurrente.

Puntualiza que, además, el conflicto de relevancia jurídica que se ha generado dice relación con el sentido y alcance que debe dársele a una determinada norma legal, lo que, sin duda alguna, escapa del ámbito de aplicación de esta acción cautelar y más es propia de un juicio de lato conocimiento en el que un juez este llamado a interpretar en definitiva la norma de que se trate, desbordando claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos legítimos, es decir, de aquellos que tienen un carácter de indubitados y preexistentes, lo que en este caso, no ocurre.

Finalizó reiterando su solicitud de rechazo del recurso, con costas.

A folio 14 informó la Corporación Nacional del Cobre de Chile, División El Teniente que, efectivamente el recurrente sufrió un accidente de trabajo en sus dependencias el 10 de mayo del 2024 y, luego de ocho meses de tratamiento, se pide evaluación del estado actual del recurrente, a neurocirugía y traumatología, con tal de ver las opciones de reintegro laboral. Ambos especialistas coinciden en que correspondía otorgar al recurrente el alta respecto a las lesiones derivadas del accidente del trabajo ocurrido el 10 de mayo de 2024. Producto de lo anterior, se revisan antecedentes del recurrente, encontrándose estudio previo por dolor lumbar crónico, objetivado por TAC lumbar del 2023, el que, al comparar con uno de febrero del 2025, no se evidencian elementos atribuibles actuales que provoquen alguna lesión compresiva, ya que tanto la foraminoestenosis lumbar como la raquiestenosis descritas, eran elementos previos a su accidente.

De esta forma, la prolongación del reposo por 30 días se atribuye a la condición previa que presentó el recurrente, razón por la cual mediante carta DGT NUM003, de fecha 28 de marzo de 2025, la administración delegada de Codelco Chile, SATEP, informa al recurrente el rechazo de la licencia médica NUM000, por no corresponder a una contingencia cubierta por la ley 16.744, indicándose que la determinación se toma considerando que en la evaluación realizada por su médico tratante se consigna que está de alta de la lesión secundaria a accidente del trabajo ocurrido el 10 de mayo de 2024. El cuadro clínico que genera su incapacidad actual corresponde a una lesión preexistente, que se encontraba en estudio y tratamiento previo a su evento señalado.

También en dicha carta se indica al recurrente que se emitirá una licencia tipo 1, en reemplazo al documento rechazado y una resolución 77 bis a su ISAPRE, para que continúe tratamiento médico.

Afirma que el presente recurso es improcedente, pue el asunto debe necesariamente ventilarse a través del procedimiento administrativo contemplado en los artículos 76 y siguientes de la Ley 16.744, que establece un procedimiento contencioso administrativo en que la decisión del organismo administrador puede ser reclamadas respecto de las “cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico”.

Conforme al artículo 77 de dicha ley, es la Superintendencia de Seguridad Social, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

En subsidio de lo anterior, niega que la licencia médica NUM000, emitida en marzo de 2025, tenga relación directa con nuevas secuelas del accidente laboral ocurrido el 11 de mayo de 2024 y, existiendo controversia sobre lo planteado en el recurso, el mismo no puede prosperar, al no existir un derecho preexistente e indubitado por parte del recurrente.

Reprocha que el recurso no indica las garantías supuestamente vulneradas, ni la forma en que estarían siendo afectadas, procediendo por este sólo motivo su rechazo, por no esgrimirse fundamentos de hecho y de derecho, negando que el cambio de la calificación de la licencia médica del recurrente, lo haya privado de los tratamientos que necesita, ya que la única diferencia reside en que, por no tratarse de una patología de origen laboral, las prestaciones de salud son financiadas por su sistema de salud previsional y no por el seguro establecido en la Ley 16.744.

Finalizó solicitando en rechazo del recurso.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1.- Que, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado. 2.- Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción planteada por la Superintendencia de Seguridad Social y por Codelco Chile División El Teniente, por tratarse de materias referidas a la seguridad social, dicha alegación se rechazará dado que dentro de las garantías que fundan el recurso se encuentran los derechos a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, y el de propiedad, todos ellos protegidos por la acción cautelar de autos. 3.- Que, en cuanto al fondo, el acto ilegal y arbitrario que el actor reprocha de las recurridas está dado por la dictación de la resolución NUM002 de fecha 17 de junio de 2025 de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la cual se cambió la calificación de la enfermedad del Sr. nombre reservado, de una profesional, a una de “origen común”, lo que se habría realizado de forma arbitraria e ilegal, todo lo cual produce una grave vulneración a sus derechos. 4.- Que, informando las recurridas solicitaron el rechazo de la acción de protección por cuanto afirman -en síntesis y en lo pertinente- que, del análisis de los antecedentes, en particular del estudio de los exámenes médicos practicados al actor y los informes rendidos por profesionales médicos, se concluye que los antecedentes aportados por el trabajador, no constituyen fundamento para modificar la calificación de accidente de origen común, a uno laboral, por cuanto fue dado de alta de las afecciones causadas por el accidente del trabajo sufrido, y las patologías que mantiene serían de origen pre existente. 5.- Que, del atento estudio del informe evacuado por las recurridas, es posible concluir que todos y cada uno de los argumentos que ventila el recurso fueron controvertidos.

De esto se sigue que el presente recurso no puede ser resuelto mediante la presente acción, atendido el evidente carácter contradictorio de las pretensiones de las partes, ya que la acción constitucional de protección supone que la titularidad del derecho del recurrente sea indubitada, más aún cuando en este caso se ha empleado el presente arbitrio para calificar jurídicamente las patologías que padece el actor, en consecuencia, nos encontramos frente a pretensiones que desbordan los márgenes de la protección, resultando una labor ajena a este procedimiento cautelar, el cual constituye una medida de tutela urgente para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufra el ciudadano en sus derechos constitucionales producto de una acción u omisión que a todas luces sea ilegal y arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado, lo que no se da en la especie, por estar controvertidos los fundamentos que darían origen a la enfermedad que padece el recurrente, lo que debería ser de conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia mediante las respectivas acciones ordinarias y declarativas que las partes estimen procedentes.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

I.- Se rechaza, la alegación de improcedencia de la acción alegada por las recurridas Superintendencia de Seguridad Social y Codelco Chile División El Teniente.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y en contra de la empresa División el Teniente de Codelco Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1013-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia sí reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma.

Corte Suprema para ser anonimizada.