Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Rancagua.

Rancagua, veintinueve de julio de dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 1 de abril del presente año, comparecen nombre reservado y Joaquín Contreras, abogados, en favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado y de nombre reservado, pasaporte N° RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Funda su recurso, en que los recurrentes, ambos de nacionalidad venezolana, ingresaron como turistas y estando dentro del país cambiaron su condición migratoria a residente temporario por visa otorgada, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile.

Refiere que los recurrentes deciden regularizarse con fechas 12 y 21 de mayo del año 2021, respectivamente, según consta en solicitudes (N°24187547 y N°24709336), que acompañan, sin perjuicio de lo cual, señalan que la autoridad no se ha pronunciado sobre las solicitudes de regularización migratoria realizada por los recurrentes, dejándolos en total incertidumbre.

Alegan, que el actuar de la recurrida infringe los principios de celeridad, de inexcusabilidad y economía procedimental, contenidos en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la administración del Estado, pues la actividad de la Administración no puede mantenerse infinitamente en el tiempo.

Finalizan solicitando que se acoja su acción y en virtud de ello, se ordene a la recurrida a que se pronuncie sobre las solicitudes de regularización migratoria, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

El 17 de abril del presente año, en su escrito de folio 5, comparece la Institución recurrida y primeramente alegó la incompetencia de la acción deducida fundado en que los recurrentes tienen su domicilio -según sus solicitudes de regularización- en la Región Metropolitana, sin lograr sustentar algún domicilio en la Región de O´Higgins. Además, la acción se dirige contra el Director del Servicio Nacional de Migraciones, que se encuentra domiciliado para estos efectos en la comuna de Santiago. Añade que al no informar el cambio de domicilio, los extranjeros estarían afectos a las sanciones que impone la ley 21.315 en su artículo 108.

En cuanto al informe requerido, indica que es efectivo que los extranjeros recurrentes se inscribieron en el proceso de regularización migratoria extraordinaria promovido por esa autoridad, el que tiene por objetivo otorgar la oportunidad a aquellos extranjeros que mantengan una situación migratoria irregular en Chile para insertarse en la comunidad y permitirles contribuir al desarrollo del país, brindándoles la opción para que puedan solicitar a la autoridad administrativa el acceder a un visado temporario y cédula de identidad que les permita trabajar y desarrollar su proyecto de vida cumpliendo la legislación migratoria. Relata que con fecha 12 y 21 de mayo de 2021 los recurrentes requieren ante esa autoridad regularizar su situación migratoria en virtud del Proceso de Regularización contemplado en el artículo 8° transitorio de la Ley 21.325, por lo que se les tuvo por desistido de todo trámite pendiente en materia migratoria presentado por los extranjeros, y se les otorgó permiso de trabajo mientras las postulaciones se encuentren en trámite, peticiones que actualmente se encuentran en etapa de análisis de Regulación.

Destaca que estando en diligencia las solicitudes de los recurrentes, éstos mantienen una situación migratoria regular, y que en cuanto al plazo del procedimiento administrativo como el de estos antecedentes, éste no sería fatal y podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro país. Por lo anterior -señala- no existiría infracción a garantía constitucional alguna, por lo que solicita el rechazo de la presente acción constitucional de protección.

Evacuando el traslado conferido respecto a la alegación de incompetencia, a folio 6 el abogado recurrente refiere que se debe rechazar aquella, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico se inclina por la pluralidad de domicilios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 del Código Civil.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

Primero: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que teniendo presente que el abogado recurrente indicó en el libelo de folio 1, que tanto él como las personas en cuyo favor recurre poseen domicilio en domicilio reservado, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, único domicilio que aparece en estos antecedentes respecto de los recurrentes y teniendo especialmente presente que el carácter cautelar de este procedimiento exige una tramitación eficaz y que esta Corte ya previno en el conocimiento de recurso, se rechaza la alegación de incompetencia planteada.

Tercero: Que, mediante el presente recurso se reprocha la excesiva dilación del procedimiento administrativo de regularización migratoria iniciadas en mayo de 2021, por cuanto hasta la fecha de interposición de la presente acción constitucional de protección, tal solicitud no ha sido resuelta por la autoridad administrativa, transcurriendo más de un año sin que dichas peticiones tuvieran respuesta definitiva por parte de la administración.

Cuarto: Que, la recurrida requirió el rechazo del recurso atendido que las solicitudes de regularización migratoria se encuentran en tramitación, en análisis de Regulación.

Quinto: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7°, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8°, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9°, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14° define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Sexto: Que, de acuerdo a lo informado por la recurrida, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

Séptimo: Que, por tanto, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre las antes indicadas solicitudes, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de los recurrentes en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

I. Que, se rechaza la excepción de incompetencia formulada por la recurrida.

II. Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado y de nombre reservado, pasaporte N° RUT reservado, ambos de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en consecuencia, se dispone que éste último deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de permanencia definitiva dentro del plazo de noventa días corridos, contados desde que esta sentencia sea notificada por el estado diario.

Acordado lo anterior con el voto en contra de la Abogada integrante Sra. Lutfie Latife Anich, quien estuvo por rechazar el presente recurso por estimar que si bien existe un acto ilegal dado por la tardanza en la conclusión del procedimiento administrativo, éste no afecta los derechos constitucionales que se invocan, dado que durante todo el período de tramitación de la solicitud el recurrente se encuentra amparado conforme a los artículos 157 N° 5 en relación con el 135, ambos del Reglamento de Extranjería, por el certificado de permiso de permanencia definitiva en trámite de que dispone, lo que le permite estar de manera regular en el país.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte N° 1004-2022 Protección.