Protección contra Tesorería Regional de Tarapacá

Iquique, nueve de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece don Pablo Andrés Cepeda Ortiz, abogado, en representación de don nombre reservado, mecánico, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por quien recurre de protección en contra de la Tesorería Regional de Tarapacá, representada por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por afectar la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

Expone que la Tesorería Regional de Tarapacá, mediante la resolución del 10 de octubre de 2019, del expediente administrativo N° 13143-2019, ordena trabar embargo sobre la cuenta corriente del Banco Santander N° [cuenta reservada], perteneciente al recurrente, puesto que éste registra bienes susceptibles de dicha medida en poder de Bancos e Instituciones Financieras, hasta la suma de $86.669.622.- Así las cosas, el 18 de octubre de 2019 se procede a dar cumplimiento a la medida por la suma de $3.576.558.-, la cual corresponde a las remuneraciones del recurrente percibidas en los meses de septiembre y octubre de 2019, las cuales son pagadas mediante trasferencia electrónica por su empleador, Orica Chile S.A., RUT N° RUT reservado, según dan cuenta las liquidaciones de sueldo que se acompañan. Hace presente que una remuneración líquida mensual promedio para el recurrente es de $2.133.669.- Alega que la acción ejecutada por la recurrida es del todo ilegal y arbitraria, vulnerando el derecho a la vida e integridad física y psíquica del recurrente y su familia, puesto que, como ya ha sido zanjado por la Excelentísima Corte Suprema, impera en este caso la inembargabilidad de las remuneraciones, consagrada en el artículo 57 del Código del Trabajo, por sobre la norma especial del artículo 170 del Código Tributario, es decir, la recurrida solamente puede practicar la medida de embargo en todo aquel monto que supere las 56 U.F. mensuales, que en la especie corresponde a la suma de $1.571.640.-, según la U.F. a la fecha del embargo. Así las cosas, la suma embargada asciende a $3.576.558.-, de la cual $2.525.300.- corresponden a la remuneración de octubre, y el saldo de $1.051.258.- correspondiendo al remanente de remuneraciones del mes de septiembre.

Indica que la recurrida solamente podía embargar desde la cuenta corriente del recurrente la suma de $953.660.-, y que en los hechos ha excedido con creces dicha suma, dejando sin remuneraciones al recurrente y consecuentemente sin sustento a su grupo familiar.

Pide tener interpuesto recurso de protección, acogerlo y en definitiva, ordenar el cese de las acciones arbitrarias e ilegales de embargo de las remuneraciones del recurrente, dejando sin efecto la resolución dictada que afectó al actor, y en definitiva, se disponga la devolución del exceso de dinero embargado por la recurrida las cuales corresponden a remuneraciones.

Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Evacua informe por la Tesorería Regional de Tarapacá, don nombre reservado, Director Regional Tesorero de Tarapacá, quien señala que el recurso de protección es total y absolutamente inadmisible, por cuanto se dirige en contra de resoluciones emitidas en un proceso de cobranza, por lo que los pretendidos agravios sufridos por el recurrente, son producto de resoluciones o actuaciones del orden procesal judicial, que sólo pueden dejarse sin efecto de oficio o a petición de la parte interesada por medio de recursos judiciales existentes, especiales y propios que la ley tributaria franquea para subsanar los defectos o corregir errores de tramitación.

En cuanto al fondo de la pretensión, expone que los fondos embargados por Tesorería obedecen a fondos disponibles en cuenta corriente, susceptible de ser embargada, cualquiera sea su origen y no corresponde a remuneraciones, toda vez que en ningún caso se ordenó en dicha resolución, el embargo de las remuneraciones del recurrente, como tampoco se notificó al empleador de embargo alguno.

Concluye, reiterando, que no se ha lesionado ningún derecho garantizado por la Constitución, por cuanto el embargo realizado por el Servicio de Tesorería no corresponde a embargo de remuneraciones, sino que fondos disponibles en cuenta corriente, donde se han seguido todas y cada una de las reglas especiales, dispuestas tanto en el Código Tributario como en leyes anexas.

Solicita tener por informado el recurso de protección, y en definitiva rechazar en todas sus partes el recurso deducido, en mérito de los antecedentes respectivos por ser éste absolutamente improcedente, tanto en la forma como en el fondo, con expresa condenación en costas al recurrente.

Acompañó documentos para sostener su defensa.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del recurso se desprende que el acto reprochado está dado por el embargo de las remuneraciones del recurrente depositadas en su cuenta corriente bancaria y que tiene como origen una resolución dictada por la Tesorería Regional de Tarapacá, en el marco de la tramitación de expediente administrativo de cobranza, lo que conculcaría el derecho a la vida e integridad física y psíquica del recurrente.

TERCERO: Que para entrar al fondo del asunto, primeramente, debe tenerse presente el fundamento y petitorio de la acción, toda vez que lo atacado no es la resolución pronunciada por la recurrida en el marco del procedimiento de cobranza judicial, materia del expediente administrativo, sino más bien, que en la ejecución de la resolución de embargo se incluyeron ciertos fondos que parcialmente corresponden a las remuneraciones del recurrente.

Por tal motivo es que se desecha la alegación de improcedencia, planteada por la recurrida, sustentada en que lo que se ataca a través de la acción, es una decisión judicial.

CUARTO: Que de acuerdo a la antecedentes allegados al proceso y apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, consta que las remuneraciones percibidas por el recurrente en los meses de agosto, septiembre y octubre del presente año, fueron pagadas por su empleador en su cuenta corriente del Banco Santander N° [cuenta reservada], misma cuenta bancaria sobre la que recayó embargo, conforme resolución dictada por la recurrida el 10 de octubre pasado y ejecutada mediante acta de embargo del 18 de octubre de los corrientes, por el recaudador fiscal.

QUINTO: Que en este sentido, cabe tener presente que el artículo 57 del Código del Trabajo prescribe que “Las remuneraciones de los trabajadores y cotizaciones de seguridad social serán inembargables. No obstante, podrán ser embargadas las remuneraciones en la parte que exceda de cincuenta y seis unidades de fomento”.

Dicha norma, cae en contradicción con aquella contenida en el artículo 170 inciso 3° del Código Tributario, antinomia que se encuentra dirimida por el Máximo Tribunal del país, en los autos Rol N° 185-2019, acompañado por el recurrente, donde se dispone la primacía de la norma contenida en el Código del Trabajo por sobre el Código Tributario, por tratarse de una norma de protección de las remuneraciones del trabajador.

SEXTO: Que en estas condiciones, lo razonado precedentemente, no obsta a que la resolución judicial no haya recaído directamente sobre las remuneraciones del trabajador, sino respecto de los fondos existentes en la cuenta corriente bancaria, toda vez que como se estableció en el considerando cuarto, las remuneraciones percibidas por el recurrente han sido pagadas a dicha cuenta bancaria, por lo que indirectamente se ha producido en los hechos un embargo a dichos ingresos laborales.

SÉPTIMO: Que en virtud de lo anterior, aparece que la medida denunciada merece el reproche de ilegalidad atribuido en la presente acción, afectándose la garantía invocada, por lo que ésta será acogida en los términos que se dirá en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia, SE ACOGE la acción constitucional de protección presentada por nombre reservado, sólo en cuanto, se ordena a la recurrida reducir el embargo sobre la cuenta bancaria del recurrente en la parte que exceda de cincuenta y seis unidades de fomento mensuales.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 996-2019 Protección.

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