Protección contra Carabineros de Chile y en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Iquique, trece de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, abogada, don Ricardo Galaz Moreira, abogado y don nombre reservado, abogado, todos domiciliados en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección en contra de Carabineros de Chile y en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Exponen que es un hecho público y notorio que el uso indiscriminado de balines y de gas lacrimógeno, no sólo afecta a quienes detentan el derecho constitucional de protestar, sino que además, a todos los peatones y ciudadanía que transitan por el lugar. Añade que no es posible que por ejercer este derecho, se condicione el desplazamiento libre por la ciudad; además de ser imposible y nocivo respirar, sumado al riesgo de quedar con trauma ocular por el uso indiscriminado de la escopeta antidisturbios.

Mencionan que el gobierno ha desvalorizado, descalificado y vulnerado el derecho de protesta social, con el fin de silenciarlo mediante la violación indiscriminada de los Derechos Humanos, sembrando miedo y división en la ciudadanía.

Indican que interponen el presente recurso en relación a la vulneración, privación y amenaza de su derecho de protestar, a manifestarse pacíficamente, el derecho al libre tránsito, a la seguridad individual y al derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, agregando que dichos derechos han sido vulnerados sistemáticamente y de forma permanente por Carabineros de Chile y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pues cuando ejercen ese derecho corren el riesgo de perder sus ojos, de ser secuestrados, intoxicados, golpeados, a ser vejados sexualmente, privados de su libertad e incluso de perder la vida.

Fundan su recurso, señalando que la Constitución Política de la República consagra expresamente en su artículo 19 las siguientes garantías, que el presente recurso busca proteger y las cuales están siendo vulneradas, privadas y amenazadas arbitrariamente estas son: el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, la libertad de conciencia y expresión de las creencias; la libertad de emitir opinión; el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas; el derecho a presentar peticiones a la autoridad; el derecho a asociarse sin permiso previo, todas estas consagradas en el artículo 19 numerales 1°, 6, 12, 13, 14 y 15 de Nuestra Carta Fundamental, asimismo el derecho a protestar consagrado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el artículo 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Agregan que el Decreto Supremo N° 1086 del año 1983 del Ministerio del Interior regula el derecho a reunión en bienes nacionales de uso público, el cual tiene su origen en un período autoritario, su constitucionalidad está por lo bajo en tela de juicio, ya que sólo mediante una ley puede regularse el ejercicio de un derecho constitucional.

Refieren que la criminalización de la protesta social se ha valido de la tipificación de esta conducta con el delito de desórdenes públicos del artículo 269 del Código Penal, indicando que dicha norma deviene en arbitraria al confundir recurrentemente a los manifestantes pacíficos o transeúntes con aquellos que cometen ilícitos y que Carabineros a través de esta figura detiene de forma masiva, indiscriminada y abusivamente a manifestantes y transeúntes bajo la imputación de desórdenes públicos.

Indican que no se ha respetado el Principio Constitucional de Objetividad que obliga a investigar y recabar, con el mismo celo, los antecedentes de un hecho delictivo que conduzcan a establecer la culpabilidad de un imputado como aquello que puedan probar su inocencia, actos que se constituyen como arbitrarios dándole el poder a Carabineros de Chile de tomar detenidos a cualquier persona o transeúnte para luego liberarlos quedando las policías en la total impunidad de su actuar.

Mencionan que se han empleado medios de disuasión químicos como gases lacrimógenos y agua con agentes químicos en áreas urbanas sin discriminar entre manifestantes y transeúntes arrojando bombas en medio de la circulación, al interior de escuelas, recintos de salud, universidades, viviendas y locales comerciales, y asimismo refiere que existe una desprotección total de la población en materia medioambiental, ya que se convive a diario con los restos disuasivos químicos que permanecen en las calles, refiriendo que tal es el caso de un niño de 14 años, en Quilpué, que hizo explotar una granada lacrimógena en su Escuela que encontró en la vía pública, terminando imputado por infracción a la Ley de Control de Armas y sus compañeros y profesores en la Posta.

Alegan que el Estado, a través de todos sus poderes, tiene la obligación de cautelar los derechos constitucionales, e incluso en el caso del derecho a manifestarse tiene la obligación constitucional de protegerlo, junto con el resguardo al Orden Público. Ambos de forma coetánea y no uno por sobre el otro como estima ha ocurrido.

Plantean como peticiones concretas, el exigir al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a sus policías pasar de una política de represión a una de conducción y protección del derecho a manifestarse; la creación de buzón para recibir denuncias audiovisuales por parte de tribunales; que sean publicados los protocolos de actuación policial, transparentando si el uso de estupefacientes es parte de dicho protocolo; el detener a los sujetos violentos sólo en caso de flagrancia; terminar con el castigo físico de los detenidos al interior de los buses y unidades policiales; el establecimiento de procedimientos expeditos de constatación de lesiones y registro de detenidos en comisarías además de dar estricto cumplimiento a los derechos de todo imputado; continúa solicitando se prohíba la salida de vehículos policiales sin patente, uniformados sin identificación y retirar a las policías de civil; se utilicen cámaras de filmación continua por parte de todos los Carabineros, a fin de evitar el abuso policial que es de notorio y público conocimiento y además que se prohíba de forma inmediata el uso de balines a todo evento por parte de Carabineros de Chile a lo largo de todo el país y la utilización de gases tóxicos con objetivos disuasivos.

Finalmente tras citas legales, solicitan se ordene a la recurrida la detención inmediata del uso de balines y otros medios represivos como cargas de electricidad entre otros, además se ordene la prohibición del uso indiscriminado de lacrimógenas y la limpieza inmediata de la ciudad de estos gases, así como las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, tendientes a asegurar la debida protección de los derechos constitucionales, con costas.

Evacua informe en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, don nombre reservado, abogado, quien informa que el mismo libelo, dos de los recurrentes lo han presentado en distintas Cortes de Apelaciones del país, solo cambiando en cada oportunidad su domicilio; constatando este organismo que, actualmente, se tramita esta idéntica acción de protección, en paralelo, ante otras seis magistraturas del país.

Expone que en el recurso no hay referencia expresa alguna a una conducta de esa Secretaría de Estado que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales reclamados y que pueda ser remediada mediante esta acción constitucional. Añade que el recurso tampoco hace referencia expresa a una actuación concreta de personal operativo de Carabineros de Chile, sino que a actuaciones genéricas de dicha policía en la zona y en el resto del país.

Menciona que las situaciones expuestas, podrían enmarcarse dentro de la responsabilidad que le cabe personalmente a cada funcionario que incurre en estos hechos, pero de ninguna manera es el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el responsable de alguna conducta ejercida en forma personal por un funcionario de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus labores.

Añade que dado el carácter cautelar, excepcional, urgente de tramitación informal, breve y sumaria que presenta la acción de protección, no concurre circunstancia alguna que remediar mediante la presente acción judicial, sin perjuicio de los demás mecanismos que el ordenamiento jurídico nacional ofrece a los recurrentes para satisfacer sus pretensiones.

Indica que al tratarse el personal de Carabineros de funcionarios públicos, el ejercicio deficiente de su cargo puede llegar a generar responsabilidades de orden administrativo, penal o civil; todas ellas, las que no son posibles de determinar y establecer en un proceso de naturaleza cautelar o de urgencia, sino que necesariamente a través de procedimientos de lato conocimiento.

Refiere que el recurso pasó a perder oportunidad, toda vez que su pretensión principal, cual es, ordenar se prohíba de forma inmediata el uso de balines a todo evento por parte de Carabineros de Chile a lo largo de todo el país y se prohíba la utilización de gases tóxicos con objetivos disuasivos, en esencia ha sido satisfecha, pues en efecto, el General Director de Carabineros de Chile comunicó respecto del uso de escopeta antidisturbios con munición no letal, que “como una conducta de prudencia se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios y sólo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte”.

Por su parte, en cuanto a la solicitud de prohibir o limitar la utilización indiscriminada de “bombas lacrimógenas”; cabe evidenciar que el uso de disuasivos químicos se encuentra limitado en el ordenamiento jurídico nacional, bajo ciertos y razonables supuestos, los que Carabineros de Chile debe cumplir en el ejercicio de su función.

Añade, que la petición contenida en el libelo de los recurrentes, en caso de acogerse en los términos planteados, condicionaría gravemente el actuar de Carabineros, incidiendo directamente en el ejercicio de las facultades que detenta dicho servicio y que dicen relación con su deber de garantizar el orden público, en los términos previstos por el ordenamiento jurídico, estableciéndose una imposibilidad absoluta a Carabineros de cumplir en cuanto a sus atribuciones constitucionales y legales, afectando la seguridad no solo de dicha institución, sino que de todos los habitantes de la provincia, citando jurisprudencia al respecto.

Señala que la acción de protección debe ser rechazada, por no haberse acreditado cómo se afectan los derechos constitucionales invocados por los recurrentes, no haciéndose tampoco una referencia a la relación de causalidad entre los hechos relatados y el actuar de la Secretaría de Estado, invocándose incluso derechos como el de petición, el que no está resguardado por medio de este remedio judicial, no verificándose una conducta, ilegal o arbitraria imputable al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que atente en contra los derechos constitucionales de los recurrentes.

Pide se decrete el rechazo del presente recurso, con expresa condenación en costas.

Evacúa informe por Carabineros de Chile, don nombre reservado, General de Carabineros, Jefe de Zona Tarapacá, quien expone sobre la falta de legitimación activa y otros defectos del recurso, indicando que la acción no cumple con los requisitos que establece el Auto Acordado sobre “Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”, toda vez que se requiere que el sujeto pasivo se encuentre afectado por un actuar arbitrario o ilegal de una autoridad, y que además, se encuentre debidamente individualizado, indica que en este caso, ninguno de los recurrentes se individualizado como agraviado por alguna de las acciones que se estiman vulneradoras de derechos fundamentales.

Señala que en específico, los recurrentes sólo hacen referencia a un caso de un niño de 15 años, en Quilpúe que hizo explotar una granada lacrimógena en su escuela, terminando imputado por infracción a la Ley de Control de Armas, cuestión que estima no es materia que deba ser sometida a conocimiento de esta Corte.

Luego de exponer sobre los hechos que motivan la intervención de Carabineros de Chile, expone sobre la normativa que fundamenta y justifica su actuar, indicando al efecto que dentro de las obligaciones que corresponde a Carabineros, está el resguardo del orden público, citando el artículo 101 de la Constitución Política y artículo 1 de la Ley N° 18.961, menciona que para garantizar y mantener el orden público, la institución desarrolla acciones de carácter preventivo y otras de mayor intensidad para restablecerlo cuando ha sido quebrantado, en este último caso, dependiendo de las circunstancias, se utiliza la fuerza necesaria en la forma y con los elementos que señalan el D.S. 1.364 de 2018, Circular N° 1.832 del año 2019 y la Orden General N° 2.635 del año 2019.

Precisa que Carabineros para el uso de la fuerza, se ajusta al estándar internacional que fija el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y además los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es decir, el uso de los elementos disuasivos se ejecuta sobre la base de los criterios de progresividad, necesidad y proporcionalidad.

Indica que la Orden General N° 2.635, que contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público, se estructura en base a cuatro escenarios, a) resguardo del derecho de manifestación; b) restablecimiento del orden público; c) desalojos y d) procedimiento con infractores de ley.

Añade que el empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención, depende del tipo de manifestación conforme a su violencia o agresividad, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista para los manifestantes pacíficos y para el personal policial.

Refiere que los elementos que pueden emplearse para el control del orden público, son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego, los que se utilizan bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención que la Orden General N° 2.635 ha definido. Precisa en cuanto al uso de la escopeta antidisturbios, es un elemento disuasivo que se utilizara el control de muchedumbres, y que en la escala de progresividad que contempla el protocolo para el mantenimiento del orden público regulado en la Orden General antes referida, su uso procede cuando los demás mecanismos han sido insuficientes para controlar el orden público y cuando esté en riesgo la integridad física de transeúntes, manifestantes y Carabineros, agrega que la Circular N°1.832 establece que este medio es considerando un elemento que no pone en riesgo la vida de las personas.

Expone que la decisión de incrementar el uso de la fuerza, llegando incluso hasta la escopeta antidisturbios, en ningún caso puede considerarse un actuar arbitrario, porque obedece a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que han determinado los instrumentos jurídicos que regulan la materia, por ello, si se accediera a lo solicitado en el recurso, en cuanto a que no pudiera usarse la escopeta antidisturbios ni los gases lacrimógenos, por aplicación del principio de progresividad los funcionarios de la institución se verían obligados a utilizar sus armas letales, lo que causaría un peligro real para la vida de las personas.

Añade que Carabineros se encuentra actualizando el protocolo de mantenimiento del orden público, ordenado a su personal, y que la escopeta antidisturbios y los gases lacrimógenos sólo pueden ser usados ante muchedumbres agresivas y violentas, en el ejercicio de la legítima defensa del personal ante agresiones que ponen en peligro su integridad, además, en ese caso, el funcionario autorizado para operarla portará una cámara que grabará la forma como fue empleada, lo que permitirá determinar, en caso de ser procedente, si su actuación se ajustó a las reglas que se han fijado sobre la materia.

Señala que a partir del día 19 de noviembre del año en curso, se ha dispuesto, por el General Director de Carabineros, como medida de prudencia, acotar el uso de la escopeta antidisturbios, pudiendo ser utilizada a partir de dicha fecha, al igual que las armas de fuego, como medida extrema y exclusivamente para la legitima defensa, cuando haya peligro inminente de muerte o afectación de la integridad de Carabineros y de terceros.

Concluye indicando que la escopeta antidisturbios y aquella destinada para el lanzamiento de lacrimógenas, sólo se utilizan para contrarrestar el actuar de las personas que ocasionan agresiones inminentes a personas y al personal de Carabineros, y que pongan en riesgo sus vidas, en ningún caso, su fin es emplearse respecto de personas que legítimamente participan en marchas pacíficas a los cuales la institución obliga a proteger, y que en dicho sentido se han tomado por la institución todos los resguardos para recibir e investigar denuncias que puedan formularse por el uso de escopetas antidisturbios con el objeto de determinar si el actuar del personal se ajustó al protocolo.

Pide en definitiva, se rechace el presente recurso de protección.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Se colige que se reclama en síntesis en contra de los recurridos, que Carabineros de Chile habría utilizado en las manifestaciones ocurridas en Iquique, en fechas indeterminadas, con infracción a la regulación pertinente, métodos disuasivos relativos principalmente al uso de escopeta antidisturbios y gases lacrimógenos.

Estimando que tal situación vulneraría sus derechos a la vida, a la integridad física y psíquica, la libertad de conciencia y expresión de las creencias; la libertad de emitir opinión; el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas; el derecho a presentar peticiones a la autoridad y el derecho a asociarse sin permiso previo.

TERCERO: Para abordar la cuestión de autos, resulta útil tener presente que el Decreto N° 1364 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado el 4 de diciembre de 2018, sobre disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, prevé lineamientos generales para ello, los que deben ser observados por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, en que se indica, que Carabineros de Chile dentro del plazo de 90 días corridos, contados desde la publicación del presente decreto, deberá revisar y actualizar la Orden General N° 2.287 de 2014 de Carabineros de Chile que aprueba la actualización de Protocolos de Intervención del Orden Público; la circular N° 1.756, de 2013, de Carabineros de Chile, que imparte instrucciones sobre el uso de la fuerza, con el objeto de verificar que dicha normativa interna de cumplimiento de los lineamientos generales establecidos en el artículo anterior.

Por otro lado, según la Orden General N° 2.635, de 1 de marzo de 2019, suscrita por don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile, se trata sobre diversas materias y protocolos, que en lo pertinente, versan sobre el resguardo del derecho de manifestación, restablecimiento del orden público (en intervención en manifestaciones lícitas con autorización, manifestaciones lícitas sin autorización, manifestaciones ilícitas violentas, manifestaciones ilícitas agresivas), a su vez se trata sobre el restablecimiento del orden público y trabajo del vehículo lanza aguas, trabajo de vehículo táctico de reacción, empleo de disuasivos químicos, empleo de escopeta antidisturbios (munición no letal) y empleos de armas de fuego. En relación al empleo de disuasivos químicos, se indica en el N° 1 respectivo, que deberán existir alteraciones al orden público que se encuentren en el nivel 4 del cuadro de uso de la fuerza para Carabineros de Chile, donde se autoriza el uso de armas no letales, además se señala que para su utilización se deberá tener presente el espacio físico donde se va a hacer uso de gas (espacio abierto, cerrado, dirección de viento, etc.), añadiéndose que en caso que se trate de un lugar cerrado, deberá procurarse la existencia de una vía que permita a los manifestantes salir de éste. Por otro lado se indica en el N° 6 que de acuerdo a la actitud de los manifestantes se hará uso gradual de los gases con el fin de conseguir el objetivo visual y psicológico definido. En relación al empleo de escopeta antidisturbios (munición no letal), se indica en el N° 1 respectivo, que el empleo de la escopeta antidisturbios deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios cuando el efecto de otros elementos tales como agua, humo, gases y otros resulten insuficientes o el nivel de agresividad haga aconsejable su utilización para evitar un mal mayor en donde esté en riesgo la integridad física de los transeúntes, manifestantes o Carabineros, agregándose que conforme la Circular N° 1832 de fecha 1 de marzo del año 2019, el uso de la escopeta antidisturbios corresponde a los niveles 4 y 5 “Agresión Activa” y “Agresión Activa Potencialmente Letal”, la cual tiene directa relación con el uso de la fuerza autorizada, además en el N° 2 respectivo se indica que el usuario debidamente calificado, quien deberá contar con la correspondiente certificación al día, verificará que el tipo de cartuchos a utilizar sean los que correspondan para el uso antidisturbios, tanto en la parte legal como reglamentaria, debiendo tener tipos de munición no legal, tales como perdigones de goma, super-sock, añadiéndose que será él quien deberá utilizar, manipular, cargar y descargar dicho armamento, a su vez en el N° 3 se señala que se deberá considerar en todo momento por parte del usuario aspectos como la distancia entre el tirador y la muchedumbre, las características del lugar (abiertos, cerrados, pasajes, calles, etc.) o si en la muchedumbre se encuentran participando niños, niñas o adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con capacidades diferentes o con notorios problemas de salud, lo anterior con la finalidad de evaluar el tipo de munición a utilizar o la conveniencia de su uso.

CUARTO: Confrontada dicha normativa a la discusión de autos, en el contexto de la tramitación de una acción constitucional de protección, se observan dificultades para dar lugar a la pretensión intentada.

Primeramente se advierte, que no se aprecia la ocurrencia de algún hecho concreto y específico que importe una afectación de las garantías constitucionales de los recurrentes, desde que no se ha justificado suficientemente que en las manifestaciones ocurrida en Iquique, hasta la época de presentación del recurso, hubiere acontecido alguna conducta que directa, individual y acotadamente, pudiere significar un atentado, en grado de privación, perturbación o amenaza, en contra de sus derechos a la integridad física o psíquica, libertad de reunión y expresión sin censura previa.

Asimismo, aún de existir tales acontecimientos, no parece adecuado que mediante este procedimiento cautelar, urgente, breve y sumario, se establezcan los hechos sobre los cuales se construye la acción de autos, esto es, el uso indebido e incorrecto de los métodos disuasivos mencionados, resultando necesario que tales hechos se determinen en la sede que corresponda según el procedimiento que en cada caso resulte pertinente, no pudiendo la acción constitucional de protección sostenerse sin tales basamentos cuya edificación, excede del instituto activado.

QUINTO: Por otro lado, se aprecia de lo informado, que parte de la pretensión del recurrente se ha cubierto, desde el momento en que se indica en el informe respectivo que Carabineros de Chile se encuentra actualizando el protocolo de mantenimiento del orden público, ordenando a su personal, y que la escopeta antidisturbios y los gases lacrimógenos sólo pueden ser usados ante muchedumbres agresivas y violentas, en el ejercicio de la legítima defensa del personal ante agresiones que ponen en peligro su integridad. Además, en ese caso, el funcionario autorizado para operar este elemento disuasivo portará una cámara que grabará la forma como fue empleada, lo que permitirá determinar, en caso de ser procedente, si su actuación se ajustó a las reglas que se han fijado sobre la materia. Así, se aprecia que en la especie la recurrida ha adoptado políticas de funcionamiento acordes con los parámetros de proporcionalidad, necesidad y progresividad.

SEXTO: En consecuencia, atendida la actual regulación normativa pertinente, debe entenderse que las garantías de los recurrentes se encuentran suficientemente protegidas, lo que de verse amagado, requiere la activación de los mecanismos procesales que permitan el establecimiento de tales hechos en razón de presupuestos que correspondan.

SÉPTIMO: Por último, si de perseguir las eventuales responsabilidades penales o de otra naturaleza en que pudieron haber incurrido los funcionarios de Carabineros en la época de los hechos señalados, tal persecución debe efectuarse en los procedimientos pertinentes, no en sede cautelar; considerando además que en el recurso nada se dice acerca de personas determinadas que pudieran haber resultado afectadas por el personal de Carabineros, motivos por los cuales el recurso no puede prosperar.

Y visto además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 988-2019 Protección.