Protección contra Carabineros de Chile

Iquique, once de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparecen doña nombre reservado, abogada; Camila Paz Castillo Guerrero, abogada; Kimberly Álvarez Vicencio, abogada; Ana María Peralta Cáceres, abogada; Rosa Amanda Peralta Salfate, abogada; nombre reservado Daniela Morales Meneses, abogada; nombre reservado, egresada de derecho; Mileska María Romero Quezada, abogada; María de los Ángeles Dubo Cortés, abogada; Natalia Andrade Encalada, abogada; nombre reservado, profesora; nombre reservado, profesora; nombre reservado, estudiante; nombre reservado, trabajadora social; todas domiciliadas en domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, representados por su General Director nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado y en contra del Ejército de Chile, representado por el General de División nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad.

Exponen que en los últimos días, nuestro país ha vivido un clima de agitación como consecuencia inevitable de la sensación generalizada de abuso por parte de quienes detentan el poder y concentran los medios de producción.

Agregan que como integrantes de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), de la Coordinadora Feminista de Tarapacá y Profesoras feministas de Tarapacá, han estado vigilantes de la situación que se vive y que han puesto sus herramientas y capacidades al servicio de quienes más lo necesitan.

Como voluntarias han concurrido a las comisarías a lo largo del país, detectando una serie de ilegalidades en detenciones, el incumplimiento reiterado de los protocolos que guían las actuaciones de Carabineros, llamados a garantizar el orden público y persecuciones. Asimismo, por las actividades que realizan y a través de derivaciones de distintas organizaciones, así como a través de sus propias redes sociales y correos institucionales, han tomado conocimiento de actos ilegales y arbitrarios por parte de Carabineros de Chile y Ejército de Chile, en lo que respecta a la utilización injustificado de balines y perdigones, haciendo uso desmedido de la fuerza, misma que encuentra sus límites en la observancia de los Derechos Humanos, presentando una amenaza cierta en el legítimo ejercicio del derecho fundamental a la integridad física y psíquica y el derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas, por parte de la población de la región de Tarapacá, ambos garantizados en los artículos 19 Nº 1 y 13 de la Constitución Política de la República, y también en sede internacional, entre ellos, el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ambos ratificados por Chile, y vigentes en la actualidad, dichas vulneraciones a las mencionadas garantías constitucionales han sido materializadas por agentes del Estado en el marco de diversas manifestaciones que se desarrollan a diario en la región, desde hace ya más de veinte días.

Indican que en el contexto de movilización en nuestro país, ha dado espacio para que en la región de Tarapacá, Carabineros de Chile actúe normalizando el acallar de las voces de los manifestantes, coartando su derecho a manifestación libre y espontánea, dispersando en la mayoría, sino en todas las marchas o manifestaciones pacíficas convocadas, a las y los manifestantes, sin previo aviso, haciendo uso de elementos de disuasión, como gases lacrimógenos, carro lanza agua e incluso armas menos letales, como perdigones, balines u otros elementos contundentes, como regla general en sus procedimientos; y no bajo el carácter de excepcional que conlleva el uso de la fuerza; sin la observancia necesaria a protocolos nacionales e internacionales, de uso de fuerza por agentes del Estado, no cumpliendo las exigencias de legalidad, absoluta necesidad y sobretodo proporcionalidad, lo que advierten como una situación de total abuso.

Agregan que a pesar de repetirse en la comuna de Iquique, la represión constante a las y los manifestantes, hay un elemento que diferencia el contexto local del nacional, y es que gran parte de las movilizaciones y marchas convocadas, se concentran o finalizan en Avenida Arturo Prat, frente al Cuartel de la Sexta División del Ejército, hecho que coincide con denuncias de asistentes a las protestas, quienes dicen haber resultado lesionados, por perdigones, balines u otros elementos de naturaleza desconocida, dirigidos desde el interior de aquel recinto militar, por agentes del Estado, no identificados, apostados en el cierre perimetral. Indican que conforme a los relatos de denunciantes, estos han sido intimidados mediante fusiles con mira telescópica, igualmente haber sido testigos del uso indiscriminado y desproporcionado de armas potencialmente letales, como perdigones y balines u otro objeto de similar naturaleza, lo que se condice con las lesiones ocasionadas en la población, entre ellas, a menores de edad, las que han sido categorizadas de leves a graves, lo constituye un acto ilegal y arbitrario, dado que, el mandato de resguardar el orden público por regla general es a Carabineros de Chile, en todo momento, y en ningún caso, distinto del estado de excepción, a las Fuerzas Armadas, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política de la República.

Señalan que gran conmoción ha causado no solo en Chile, sino en el mundo entero, el número de lesionados por agentes del Estado, en estos veinte días de movilizaciones, de igual forma el carácter de estas lesiones, entre ellas especialmente las de traumatismo ocular, teniendo como consecuencia la pérdida irreparable de visión. Al efecto, señalan que en la región se conocen ante la opinión pública, a lo menos seis casos similares, de personas que han visto afectadas grave e irreparablemente su integridad física en este sentido.

Indican que es del todo evidente que lo relatado no se encuentra dentro de los límites que establecen los principios de legalidad y proporcionalidad ni mucho menos a la convivencia como sociedad en un Estado de Derecho; inclusive no son situaciones fácticas que encuadren dentro de estados de excepción constitucional, puesto que bajo ningún pretexto, incluyendo el resguardo del orden público, se puede justificar la mutilación que ha sufrido el pueblo chileno. Manifiestan categóricamente que, la ejecución de disparos indiscriminados, sin la distancia suficiente, dirigidos estos, directamente hacia el cuerpo de un manifestante, no se adecua a los cánones de legítima defensa, que pudiese concurrir, respecto de algún funcionario, con miras a restablecer el orden público y resguardar la seguridad dentro del Estado.

Con respecto a los casos señalados, exponen el de una mujer de 18 años de edad, la que individualizan con las iniciales A.B.S.A., quien el día 26 de octubre de 2019, a eso de las 21:00 horas, en el sector de Avenida Arturo Prat, frente al cuartel de la VI División General del Ejército, comuna de Iquique, en el contexto de una manifestación pacífica, sin mediar provocación alguna, ni tampoco en el contexto de detención o aprehensión siquiera, fue alcanzada por perdigón en el labio inferior derecho, perforando su labio dicho elemento, y causando herida categorizada de moderada, a la espera de pericia de dichas lesiones y determinar si estás comprometen tejido nervioso, provocando evidentemente trauma en la víctima, afectándose su integridad psíquica además. Además exponen el caso de otra mujer de iniciales J.A.S.G., quien el 31 de octubre de 2019, a eso de las 19:30 horas, fue alcanzada por proyectil, lesionada directamente, en su pierna derecha, específicamente en la zona del muslo, hechos que ocurren igualmente en el sector de Avenida Arturo Prat, frente al cuartel de la VI División del Ejército de Iquique, diagnosticada de traumatismo contuso por proyectil de polímero, a nivel 1/3 del muslo, en cara lateral derecha, afectándose igualmente su integridad psíquica como consecuencia obvia de dichas lesiones.

Agregan que, sin perjuicio de ser observadoras de lo que ocurre en las manifestaciones sociales, y de ser receptoras de denuncias, al ser una organización perteneciente a la sociedad civil chilena, los hechos que refieren revisten caracteres de públicos y notorios, toda vez que redes sociales y medios de prensa han registrado y difundido los innumerables casos de personas heridas gravemente en distintas zonas del cuerpo con perdigones en la región de Tarapacá, a manos de agentes del Estado, entre ellos señalan el caso del reportero gráfico municipal nombre reservado, quien en ejercicio de su labor periodística, fue alcanzado con proyectil de plomo, disparado desde el Cuartel General de la VI División del Ejército de Iquique, el día 2 noviembre del presente año, sufriendo fractura expuesta en el tercer metacarpio de su mano derecha de carácter grave, de acuerdo a lo informado en diarios digitales y en video grabado por la propia víctima.

En igual sentido, indican que el día 24 de octubre de 2019, a solo días de haberse iniciado la movilización nacional, el Fiscal Regional, Raúl Arancibia, declaraba ante la prensa, la investigación de catorce casos por posibles delitos de violencia institucional que habrían ocurrido en la región de Tarapacá, entre los que se encuentra, un menor de edad afectado por disparos de perdigones que le produjeron lesiones graves en uno de sus ojos. Al respecto, señalan que es evidente que desde el día 24 de octubre de 2019, a la fecha, el nivel de violencia desmedida, y desproporcionada por parte de agentes del Estado ha aumentado; y lo más grave las denuncias por casos de personas lesionadas también, quedando claro entonces, que la población residente en la región de Tarapacá está en grave riesgo frente al actuar policial, y militar, mediante uso de balines, perdigones, u otros elementos contundentes, los que comprometen el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, de estos.

Finalmente, exponen que durante todos los días de movilización nacional ocurridos durante el mes de octubre y lo que va de noviembre de presente año, en la comuna de Iquique y en general en la Región de Tarapacá, ha existido un número menor de detenciones, siendo gran parte de los detenidos puestos en libertad solo bajo apercibimiento, y declarándose ilegales un número importante de las detenciones al pasar a control de esta; demostrando que el uso de la fuerza por parte de funcionarios de Carabineros, no están enfocadas a perseguir a quienes están cometiendo un hecho que podría ser constitutivo de delito, sino que, simplemente a criminalizar a quienes legítima y legalmente ejercen su derecho a reunión y manifestación pacífica, sin justificarse entonces el poner en riesgo efectivo su integridad física y psíquica.

Piden en definitiva, se ordene a Carabineros de Chile y al Ejercito, que se abstengan por completo usar elementos disuasivos, uso de armas potencialmente letales de poder de fuego, especialmente el uso de perdigones, balines, proyectiles y u otras municiones, en el contexto de las manifestaciones pacíficas que se desarrollan actualmente, y a las que se llame en lo sucesivo. En subsidio piden que se ordene la suspensión por parte de Carabineros el uso de elementos disuasivos, uso de armas potencialmente letales de poder de fuego, especialmente el uso de perdigones, balines, proyectiles y u otras municiones. Que se dicte por dicha institución una nueva normativa que regule su uso en estricta sujeción a nuestra Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos vigentes; se informe exhaustivamente acerca de esa normativa y de las medidas de capacitación sustantiva que haya desarrollado para que la misma sea efectivamente respetada por los funcionarios de Carabineros de Chile; y, se informe en detalle acerca de qué tipo de elementos de disuasión pretende usar específicamente Carabineros en las manifestaciones sucesivas que se desarrollen. Además, que se ordene al Ejército de Chile, específicamente al Cuartel General de la Sexta División, comuna de Iquique, que instruya sumario administrativo con el objeto de determinar responsabilidades administrativas en los hechos denunciados, con costas.

Evacúa informe por el Ejército de Chile, nombre reservado, General de División Comandante del Comando Conjunto Norte, quien manifiesta que conforme consta en el recurso uno de los recurridos es el Ejército de Chile, sin embargo, los recurrentes dirigen la presente acción constitucional en su contra. En este sentido, agrega que el recurso de protección carece de legitimación pasiva, ya que conforme al inciso segundo del artículo 1 de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las Fuerzas Armadas y, consecuencialmente, el Ejército de Chile, al ser un órgano que forma parte de la administración centralizada del Estado y, por tanto, carecer de personalidad jurídica y patrimonio propio, su representación judicial, según el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional del Consejo de Defensa del Estado, contenida en el DFL Nº 1 de 1993, corresponde a este último Organismo, debiendo por ello emplazarse al Consejo de Defensa del Estado.

Señala que los hechos denunciados dicen relación con situaciones que habrían ocurrido frente al Cuartel General de la VIDE, respecto de las cuales dos de ellas habrían ocurrido fuera del estado de excepción constitucional decretado en la zona, sin embargo, el recurso se dirige en contra del Comandante del Comando Conjunto Norte, quien solo fue Jefe de la Defensa Nacional de Iquique entre los días 21 al 27 de octubre de 2019, y no en contra del Comandante de la VI División de Ejército.

Agrega que el recurso perdió toda oportunidad, ya que, como es de público conocimiento, el estado de excepción constitucional de emergencia decretado en la ciudad de Iquique tuvo lugar desde el día 21 al 27 de octubre del presente año, época durante la cual el personal militar de la Sexta División de Ejército cumplió funciones de resguardo del orden público, por lo que en la actualidad no existe ya acto arbitrario o ilegal que motive medidas a tomar respecto del Ejército de Chile.

Indica que el recurso es improcedente, atendido que los hechos sobre los cuales se funda, pudieren ser constitutivos de delito, respecto de los cuales las recurrentes le atribuyen participación a personal militar de la VI División de Ejército y, encontrándonos en un estado de derecho actualmente vigente, en virtud del cual el Ejército de Chile se encuentra sujeto a la constitución, a las leyes y a los reglamentos vigentes, si la conducta desplegada por personal de la institución transgrede tales parámetros, dichas conductas pueden ser revisadas y eventualmente sancionadas por los tribunales de justicia, situación que hace innecesario acoger la acción constitucional cautelar de autos, debiendo, por tanto, así declararse.

Para fundamentar su improcedencia señala el caso del reportero gráfico don nombre reservado, respecto del cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por los mismos hechos, entabló, en contra de quienes resulten responsables, querella criminal por el delito de torturas, la que fue acogida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Iquique, en los autos RIT O-5482-2019, y cuya investigación está a cargo del Ministerio Público de Iquique.

Luego, desarrolla en su informe los tres casos mencionados en el recurso.

Respecto a los casos de las mujeres de iniciales A.B.S.A. y J.A.S.G., señala que no se proporcionan mayores antecedentes, ni queda claro la supuesta participación de personal militar en los hechos, por lo que no le es posible informar al respecto.

Con respecto al caso del reportero gráfico nombre reservado informa que actualmente existe una querella por torturas entablada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) con fecha 1 de noviembre de 2019, ante el Juzgado de Garantía de Iquique, en causa RIT O-5482-2019, querella que fue acogida a tramitación y cuya investigación se encuentra a cargo del Ministerio Público de Iquique. Además, por resolución de fecha 4 de noviembre de 2019, la cual se adjunta a su informe, el Comandante en Jefe de la VI División de Ejército, General de Brigada nombre reservado, ordenó instruir una Investigación Sumaria Administrativa en averiguación de establecer si efectivamente la lesión sufrida por el Sr. nombre reservado, fue ocasionada por algún tipo de elemento antidisturbios desde el interior del CGVIDE o Casa Comando del CJVIDE, y las responsabilidades disciplinarias correspondientes, en caso de verificarse la efectividad de los hechos imputados.

Agrega que el recurso debe ser rechazado por falta de imputación objetiva de las lesiones producidas a las personas indicadas por las recurrentes, respecto al personal militar de la VI División de Ejército, por no existir elementos suficientes que permitan atribuir objetivamente un resultado jurídicamente desaprobado a supuestas acciones desplegadas por dicho personal, ni durante el estado de excepción constitucional de emergencia decretado en la zona, ni fuera de éste. Indica que el personal militar de la VI División no ha hecho uso de la fuerza para disolver manifestaciones pacíficas, ni utiliza armamento no letal en el contexto de las mismas, sino que solo ha usado la fuerza, bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad, en hipótesis de legítima defensa, cuando manifestantes violentos han atacado el Cuartel General de la VI División de Ejército, poniendo en peligro la vida y/o integridad física del personal de dicha unidad, o ante daños o intentos de incendio en contra en contra de dicho cuartel militar, acompañando set fotográfico al efecto.

En relación a las supuestas garantías vulneradas, señalan que no se cumplen con las condiciones y requisitos establecidos por el artículo 20 de la constitución, para la interposición del recurso de protección, pues las actuaciones puntuales y concretas en las cuales el personal militar ha hecho uso de la fuerza, han sido única y exclusivamente en hipótesis de legítima defensa, ante agresiones ilegitimas efectuadas en contra del personal y de la infraestructura del Cuartel General de la VI División de Ejército. Ni durante el estado de excepción constitucional decretado en la ciudad de Iquique, ni fuera de éste, el personal militar cumplió funciones en manifestaciones populares, sino que sólo operó en resguardo y/o protección de instalaciones críticas para la ciudad, no pudiéndose limitarse ex ante el uso de la fuerza para hipótesis de legítima defensa, que han sido los únicos casos en que personal militar ha hecho uso de la fuerza de un modo legal, racional y proporcional.

Agrega que el recurso de protección no es sustituto de otros procedimientos, no existiendo medidas concretas y efectivas que se puedan tomar en contra del Ejército para restablecer el imperio del derecho.

En relación a las garantía vulneradas señala que las recurrentes no indican en parte alguna de su recurso de protección de qué forma el personal del Ejército de Chile pudo haberles privado, perturbado o amenazado su derecho a la vida o a su integridad física y psíquica y de su derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, sino que sólo se ha limitado a actuar dentro del marco constitucional, legal y reglamentario vigente.

Pide en definitiva, rechazar el recurso de protección.

Evacua informe nombre reservado, General de Carabineros, Jefe de Zona Tarapacá quien señala que el presente recurso no cumple con los requisitos que establece el Auto Acordado sobre la materia, ya que sólo contiene la mención de ciertos hechos que no permiten a Carabineros de Chile poder informar de aquellos, dada su vaguedad, en tanto no se determina fecha, lugar de ocurrencia o las supuestas personas afectadas. Que aquella falta de determinación incide directamente en la competencia de esta Iltma. Corte para resolver, ya que al parecer la ocurrencia de las eventuales vulneraciones, se habrían verificado en distintos lugares de la región y del país.

Luego de referirse a los hechos que motivan la intervención de Carabineros, alude a la normativa que fundamenta y justifica su actuar, indicando al efecto, que dentro de las obligaciones que corresponde a Carabineros, está el resguardo del orden público, citando el artículo 101 de la Constitución Política y artículo 1 de la Ley N° 18.961. Menciona que para garantizar y mantener el orden público, la institución desarrolla acciones de carácter preventivo y otras de mayor intensidad para restablecerlo cuando ha sido quebrantado, en este último caso, dependiendo de las circunstancias se utiliza la fuerza necesaria en la forma y con los elementos que señalan el D.S. 1.364 de 2018, Circular N° 1.832 del año 2019 y la Orden General N° 2.635 del año 2019.

Precisa que Carabineros para el uso de la fuerza, se ajusta al estándar internacional que fija el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Indica que la Orden General N° 2.635, que contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público, se estructura en base a cuatro escenarios, a) resguardo del derecho de manifestación; b) restablecimiento del orden público; c) desalojos y d) procedimiento con infractores de ley.

Añade que el empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención, depende del tipo de manifestación conforme a su violencia o agresividad, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista para los manifestantes pacíficos y para el personal policial.

Indica que los elementos que pueden emplearse para el control del orden público, son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego, los que se utilizan bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención que la Orden General N° 2.635 ha definido. Precisa en cuanto al uso de la escopeta antidisturbios, que procede cuando los demás mecanismos han sido insuficientes para controlar el orden público y cuando esté en riesgo la integridad física de transeúntes, manifestantes y Carabineros. Además aclara que la Circular N° 1.832, establece que este medio está un peldaño antes de las armas de fuego que se ocupan con munición legal, es decir, es considerado un elemento que no pone en riesgo la vida de las personas, pues funciona con un cartucho 12 mm, que contiene como proyectil con 12 postas de goma endurecida de material de caucho, o bien, con un cartucho de 12 mm súper-sock que se compone de un saquete o bolso, una tapa de cartón del plano de la boca y una vaina.

Agrega que si bien la mencionada escopeta está categorizada como un elemento no letal, por su propia naturaleza eventualmente podría causar afectación a la integridad física de las personas, pero ello también podría ocurrir con los demás mecanismos, como el cañón de agua y el gas lacrimógeno.

Expone que la decisión de incrementar el uso de la fuerza, llegando incluso hasta la escopeta antidisturbios, en ningún caso puede considerarse un actuar arbitrario, porque obedece a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que han determinado los instrumentos jurídicos que regulan la materia, por ello, si se accediera a lo solicitado en el recurso, en cuanto a que no pudiera usarse la escopeta antidisturbios, por aplicación del principio de progresividad los funcionarios de la Institución se verían obligados a utilizar sus armas letales, lo que causaría un peligro real para la vida de las personas.

Indica que mediante el Documento Electrónico N.C.U. 105493134, de fecha 20.11.2019, la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, ordenó la suspensión de la escopeta antidisturbios, dicha instrucción señala “Se ordena suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, sólo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte”, en este caso el funcionario autorizado para operar este elemento disuasivo portará una cámara que grabará la forma como fue empleada, lo que permitirá determinar, en caso de proceder, si su actuación se ajustó a las reglas que se han fijado sobre la materia. Se debe aclarar que esta orden se mantendrá mientras no se tengan a la vista los resultados de las pericias que la Institución encargó para determinar la composición de la munición que estaba siendo utilizada.

Concluye su informe indicando que Carabineros de Chile, en ningún caso podría vulnerar el derecho a reunión que la Carta Fundamental asegura a los recurrentes, ello porque, en el evento de ejecutar el protocolo para el mantenimiento del orden público, ejerce una facultad que le ha sido conferida, es decir, se ajusta al Principio de Legalidad.

Pide en definitiva, rechazar el recurso de protección.

Que se encuentra allegados a la causa los siguientes oficios:

- Del Fiscal Regional del Ministerio Público don Raúl Arancibia Cerda, quien señala que revisado los registros de casos ingresados por las Fiscalías Locales de la región de Tarapacá, desde el 18 de octubre al 14 de noviembre del año en curso, se iniciaron 58 investigaciones por hechos que podrían configurar delitos que se enmarcan dentro del concepto de violencia institucional, las que se dividen en 38 investigaciones correspondientes a la Fiscalía Local de Iquique, 19 investigaciones correspondiente a la Fiscalía Local de Alto Hospicio y 1 investigación correspondiente a la Fiscalía Local del Tamarugal. Finalmente señala que de las 58 investigaciones mencionadas, al menos 30 de ellas corresponden a investigaciones por lesiones de diversa consideración, producidas por disparos de munición no letal.

- De la Jefa Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, doña nombre reservado, quien da cuenta sobre el trabajo de observación de manifestaciones y de comisarías de Iquique y Alto Hospicio, realizado por funcionarios del Instituto desde el 19 de octubre del año en curso.

En relación a las manifestaciones señala que han podido observar el uso de gases lacrimógenos en presencia de familias con niñas, niños y adolescentes y adultos mayores. El uso de la escopeta antidisturbios por parte del personal de Carabineros de Chile en contra de manifestantes, resultando varias de ellas heridas, incluyendo a quienes no se encontraban realizando acciones violentas en contra de personal policial. Agrega que se han observado y conocidos casos de personas heridas en el sector cercano a la VI División de Ejército quienes indicaron haber recibidos proyectiles disparados por funcionarios del Ejército desde el interior del recinto militar, situación que se ha mantenido pese a no existir estado de excepción constitucional, evaluando cada uno de los casos para la interposición de la querella criminal respectiva. En relación a la observación en Comisarias, los detenidos y detenidas han manifestado vulneraciones tales como no conocer los motivos de su detención, no haber sido informado sobre sus derechos, demorar en poder realizar la llamada telefónica o simplemente no poder hacerla y el uso excesivo de la fuerza durante el procedimiento de detención.

Agregan que la sede regional del INDH, ha recibido denuncias de 106 personas lesionadas, comprendiente 79 hombres, 20 mujeres y 7 NNA. De ese universo, 70 presentan heridas de balines, perdigón o postón y 6 han recibido proyectiles de lacrimógenas.

Concluye su informe señalando que se han presentado un total de 30 querellas, en 20 de ellas corresponden a víctimas que presentan lesiones por balines, perdigones u otro tipo de proyectiles, 5 de esas víctimas han recibidos proyectiles en un ojo.

De igual forma se solicitó oficio al Hospital Regional, reiterándose el mismo, no recibiendo respuesta a la fecha.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Se colige que se reclama en síntesis, que Carabineros y el Ejército de Chile habría utilizado en las manifestaciones ocurridas en Iquique en los veinte días previos a la presentación del recurso el 13 noviembre pasado, con infracción a la regulación pertinente, métodos disuasivos relativos principalmente al uso de escopeta antidisturbios y gases lacrimógenos. Estimando que tal situación vulneraría sus derechos a integridad física y psíquica y el derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas.

TERCERO: Para abordar la cuestión de autos, resulta útil tener presente que el Decreto N° 1364 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado el 4 de diciembre de 2018, sobre disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, prevé lineamientos generales para ello, los que deben ser observados por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, en que se indica, que Carabineros de Chile dentro del plazo de 90 días corridos, contados desde la publicación del presente decreto, deberá revisar y actualizar la Orden General N° 2.287 de 2014 de Carabineros de Chile que aprueba la actualización de Protocolos de Intervención del Orden Público; la Circular N° 1.756, de 2013, de Carabineros de Chile, que imparte instrucciones sobre el uso de la fuerza, con el objeto de verificar que dicha normativa interna de cumplimiento de los lineamientos generales establecidos en el artículo anterior.

Por otro lado, la Orden General N° 2.635, de 1 de marzo de 2019, suscrita por don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile, trata sobre diversas materias y protocolos, que en lo pertinente, versan sobre el resguardo del derecho de manifestación, restablecimiento del orden público (en intervención en manifestaciones lícitas con autorización, manifestaciones lícitas sin autorización, manifestaciones ilícitas violentas, manifestaciones ilícitas agresivas), a su vez se trata sobre el restablecimiento del orden público y trabajo del vehículo lanza aguas, trabajo de vehículo táctico de reacción, empleo de disuasivos químicos, empleo de escopeta antidisturbios (munición no letal) y empleos de armas de fuego. En relación al empleo de disuasivos químicos, se indica en el N° 1 respectivo, que deberán existir alteraciones al orden público que se encuentren en el nivel 4 del cuadro de uso de la fuerza para Carabineros de Chile, donde se autoriza el uso de armas no letales, además se señala que para su utilización se deberá tener presente el espacio físico donde se va a hacer uso de gas (espacio abierto, cerrado, dirección de viento, etc.), añadiéndose que en caso que se trate de un lugar cerrado, deberá procurarse la existencia de una vía que permita a los manifestantes salir de éste. Por otro lado se indica en el N° 6 que de acuerdo a la actitud de los manifestantes se hará uso gradual de los gases con el fin de conseguir el objetivo visual y psicológico definido. En relación al empleo de escopeta antidisturbios (munición no letal), se indica en el N° 1 respectivo, que el empleo de la escopeta antidisturbios deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios cuando el efecto de otros elementos tales como agua, humo, gases y otros resulten insuficientes o el nivel de agresividad haga aconsejable su utilización para evitar un mal mayor en donde esté en riesgo la integridad física de los transeúntes, manifestantes o Carabineros, agregándose que conforme la Circular N° 1832 de fecha 1 de marzo del año 2019, el uso de la escopeta antidisturbios corresponde a los niveles 4 y 5 “Agresión Activa” y “Agresión Activa Potencialmente Letal”, la cual tiene directa relación con el uso de la fuerza autorizada, además en el N° 2 respectivo se indica que el usuario debidamente calificado, quien deberá contar con la correspondiente certificación al día, verificará que el tipo de cartuchos a utilizar sean los que correspondan para el uso antidisturbios, tanto en la parte legal como reglamentaria, debiendo tener tipos de munición no legal, tales como perdigones de goma, super-sock, añadiéndose que será él quien deberá utilizar, manipular, cargar y descargar dicho armamento, a su vez en el N° 3 se señala que se deberá considerar en todo momento por parte del usuario aspectos como la distancia entre el tirador y la muchedumbre, las características del lugar (abiertos, cerrados, pasajes, calles, etc.) o si en la muchedumbre se encuentran participando niños, niñas o adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con capacidades diferentes o con notorios problemas de salud, lo anterior con la finalidad de evaluar el tipo de munición a utilizar o la conveniencia de su uso.

CUARTO: Confrontada dicha normativa a la discusión de autos, en el contexto de la tramitación de una acción constitucional de protección, se observan dificultades para dar lugar a la pretensión intentada.

Primeramente se advierte, que no se aprecia la ocurrencia de algún hecho concreto y específico que importe una afectación de las garantías constitucionales de los recurrentes, desde que no se ha justificado suficientemente que en las manifestaciones ocurridas en Iquique, entre octubre y noviembre pasado, hubiere acontecido alguna conducta que directa, individual y acotadamente, pudiere significar un atentado, en grado de privación, perturbación o amenaza, en contra de los derechos de los recurrentes relativos a la integridad física o psíquica y a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas.

Asimismo, aun de existir tales acontecimientos, no parece adecuado que mediante este procedimiento cautelar, urgente, breve y sumario, se establezcan los hechos sobre los cuales se construye la acción de autos, esto es, el uso indebido e incorrecto de los métodos disuasivos mencionados, resultando necesario que tales hechos se determinen en la sede que corresponda según el procedimiento que en cada caso resulte pertinente, no pudiendo la acción constitucional de protección sostenerse sin tales basamentos cuya edificación, excede del instituto activado.

QUINTO: Por otro lado, se aprecia de lo informado por el recurrido, que parte de la pretensión de los recurrentes se ha cubierto, desde el momento en que se indica que la Institución se encuentra actualizando el protocolo de mantenimiento del orden público, y desde ya se ordenó que la escopeta antidisturbios sólo puede ser usada ante muchedumbres agresivas y violentas, en el ejercicio de la legítima defensa del personal ante agresiones y previo al uso de las armas letales para esta defensa. Además, en ese caso, el funcionario autorizado para operar este elemento disuasivo portará una cámara que grabará la forma como fue empleada, lo que permitirá determinar, en caso de ser procedente, si su actuación se ajustó a las reglas que se han fijado sobre la materia. Así, se aprecia que en la especie la recurrida ha adoptado políticas de funcionamiento acordes con los parámetros de proporcionalidad, necesidad y progresividad.

SEXTO: En consecuencia, sin perjuicio que los accionantes refieren que su acción no pretende el establecimiento de responsabilidades ni la revisión de la normativa pertinente al uso de la fuerza en el mantenimiento del orden público, sino sólo el interés de ejercer los derechos civiles y políticos más simples, esto es, la libertad de reunirse y expresar su parecer, sin necesidad de autorización previa, ni temer la mutilación de sus órganos de parte del Estado, lo cierto es que atendida la actual regulación normativa pertinente, debe entenderse que sus garantías se encuentran suficientemente protegidas, lo que de verse amagado requiere la activación de los mecanismos procesales que permitan el establecimiento de tales hechos en razón de presupuestos que correspondan.

SÉPTIMO: Por último, si de perseguir las eventuales responsabilidades penales o de otra naturaleza en que pudieron haber incurrido los funcionarios de Carabineros o el Ejercito en la época de los hechos señalados, tal persecución debe efectuarse en los procedimientos pertinentes, no en sede cautelar; máxime si de los propios antecedentes allegados a la causa aparece que ellos ya están siendo conocidos por la justicia penal; motivos todos por los cuales el recurso no puede prosperar.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de los fundamentos latamente expuesto en los considerandos precedentes para desestimar la acción constitucional, adicionalmente, en lo que respecta al Ejercito de Chile, el recurso deberá ser igualmente ser rechazado, desde que su intervención en el resguardo de la seguridad y orden públicos se ve limitada al estado de excepción constitucional que rigió en la Región de Tarapacá entre los días 21 y 27 de octubre pasado, por lo que el recurso en ese sentido ha perdido oportunidad.

Y visto además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada por las recurrentes nombre reservado, Camila Paz Castillo Guerrero, Kimberly Álvarez Vicencio, Ana María Peralta Cáceres, Rosa Amanda Peralta Salfate, nombre reservado Daniela Morales Meneses, nombre reservado, Mileska María Romero Quezada, María de los Ángeles Dubo Cortés, Natalia Andrade Encalada, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 986-2019 Protección.

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