Protección contra Carabineros de Chile

Iquique, cinco de diciembre de dos mil diecinueve.

Proveyendo al primer otrosí del Folio N° 7: no ha lugar por innecesario.

VISTO:

Comparece don Benjamín Ignacio Opazo Basaez, abogado, en representación de don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, domiciliado en domicilio reservado y en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, domiciliado en domicilio reservado.

Expone que nos encontramos viviendo el llamado estallido social, conmoción que ha alterado de manera importante el normal devenir de la vida. Agrega que lamentablemente, en el proceso de manifestación ciudadana, resulta un hecho público y notorio que los agentes del Estado, principalmente Carabineros, en el cumplimiento de su función de resguardar el orden público y actuando supuestamente bajo el imperio de los protocolos que los rigen, ha hecho uso indiscriminado de armas no letales, tales como escopetas antidisturbios de balines, gas lacrimógeno u otro gas tóxico para la salud.

Añade que no es posible que ejercer este derecho condicione el desplazamiento libre por la ciudad, además de ser imposible y nocivo respirar, sumado al riesgo de quedar con trauma ocular por este uso indiscriminado de la escopeta antidisturbios.

Señala que en este sentido, es importante recalcar que las fuerzas policiales se encuentren limitadas por el protocolo de uso de la fuerza que los rige, que indica que Carabineros sólo debe usar la fuerza de manera diferenciada y gradual, contra infractores de ley en específico o para dispersar reuniones que afecten severamente la convivencia, limitando el empleo de los medios mínimos necesarios, de forma gradual, siempre que los demás medios no resulten suficientes, teniendo especial cuidado con el entorno, máxime si existen hospitales, colegios, jardines u otros, así como la presencia de ciudadanos de riesgo, menores de edad, mujeres, adultos mayores o con capacidades diferentes, guardando la distancia con la muchedumbre y asistiendo al afectado o herido por las armas en comento de forma presta y dando cuenta al mando.

Indica que dicho protocolo dista de ser aplicado en nuestra Región, donde han visto la utilización de estos medios de fuerza en manifestaciones pacíficas, sin distinción alguna, llegando a atacar a la masa en plena playa Cavancha durante los fines de semana o arremetiendo contra los manifestantes de un tecito rebelde o una actividad de menores, sin preocuparse por el entorno y sin actuar de forma gradual, sino que repentina y en muchas oportunidades sin mediar provocación ni justificación, provocando una serie de afectados y heridos que no han recibido asistencia alguna, encontrando en la Región menores heridos, asimismo, profesionales de la prensa, mujeres e incluso un adolescente perdió su globo ocular.

Menciona a mayor abundamiento que el día indicado, funcionarios policiales utilizaron este tipo de armamento no letal, sin respetar los mentados protocolos, durante la manifestación pacífica que se desarrolló en la zona céntrica de la ciudad alrededor del mediodía, a la cual concurrieron los recurrentes como participantes, manifestación que lamentablemente fue reprimida por Carabineros sin ninguna justificación, utilizando gases y disparos de balines, hecho constatado por personal del INDH de Tarapacá y una serie de lesionados que arrojó el hecho.

Señala que el Presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Médicos de Chile, nombre reservado, menciona que "son más de 200 personas que en estos días han perdido uno de sus ojos. Esto es muy grave. No ha ocurrido nada de esta magnitud en ninguna parte del mundo", lo que se refuerza con las cifras internacionales que demuestran que Chile en tan solo tres semanas alcanza alrededor del 60% del total del número de heridos oculares de todo el resto de las manifestaciones del mundo en los últimos 30 años.

Menciona que el Gobierno ha desvalorizado, descalificado y criminalizado su derecho de manifestarse pacíficamente, vulnerando así derechos con plena protección constitucional, como lo son aquellos señalados en la Carta Fundamental en su artículo 19 N° 6, 8, 13, 14 y 15, además del derecho de quienes suscriben el presente recurso al libre tránsito, a la seguridad individual y de todos los habitantes de la Región de Tarapacá que se manifiestan de forma tranquila y pacífica.

Agregan que cuando se opta por el ejercer el derecho de manifestarse, se corre el serio riesgo de perder un ojo, ser secuestrados, intoxicados, golpeados, privados de la libertad o perder la vida, lo que ha quedado manifestado públicamente en las marchas pacíficas realizadas en nuestra ciudad por diversos grupos sociales, donde el día 12 de noviembre Carabineros ha tenido un actuar completamente represivo ante la protesta pacífica convocada con motivo del gran paro nacional.

Indica que la Constitución Política de la República consagra expresamente en su artículo 19 las siguientes garantías, que el presente recurso busca proteger y las cuales se están siendo vulneradas, privadas y amenazadas arbitrariamente día a día, estas son; El Derecho a la Vida, a la Integridad Física y Psíquica, La Libertad de Conciencia y Expresión de las Creencias; El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; La Libertad de Emitir Opinión, El Derecho a Reunirse Pacíficamente sin Permiso Previo y Sin Armas, El Derecho a Presentar Peticiones a la Autoridad y el Derecho a Asociarse sin Permiso Previo, todas estas consagradas en el artículo 19 numerales 6, 8, 12, 13, 14 y 15 de Nuestra Carta Fundamental.

Pide se ordene a la recurrida y a las autoridades que correspondan, atenerse estrictamente al protocolo dispuesto por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para la situación actual, ordenando la detención inmediata del uso de armas letales y no letales, de balines y otros medios represivos frente a las marchas pacíficas en nuestra región, además se ordene la prohibición o se limite la utilización indiscriminada de bombas lacrimógenas o cualquier otro método o procedimiento que afecte la integridad física de las personas, a las situaciones extremas que lo ameriten, así como todas las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho, tendientes a asegurar la debida protección de las garantías constitucionales, con costas.

Evacua informe en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, don nombre reservado, abogado, quien indica que en el recurso no hay referencia expresa alguna a una conducta de esa Secretaría de Estado que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales reclamados y que pueda ser remediada mediante esta acción constitucional. Añade que el recurso tampoco hace referencia expresa a una actuación concreta de personal operativo de Carabineros, sino que a actuaciones genéricas.

Menciona que las situaciones expuestas, podrían enmarcarse dentro de la responsabilidad que le cabe personalmente a cada funcionario que incurre en estos hechos, pero de ninguna manera es el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el responsable de alguna conducta ejercida en forma personal por un funcionario de Carabineros en el ejercicio de sus labores.

Añade que dado el carácter cautelar, excepcional, urgente de tramitación informal, breve y sumaria que presenta la acción de protección, no concurre circunstancia alguna que remediar mediante la presente acción judicial, sin perjuicio de los demás mecanismos que el ordenamiento jurídico nacional ofrece a los recurrentes para satisfacer sus pretensiones.

Indica que al tratarse el personal de Carabineros de funcionarios públicos, el ejercicio deficiente de su cargo puede llegar a generar responsabilidades de orden administrativo, penal o civil; todas ellas, las que no son posibles de determinar y establecer en un proceso de naturaleza cautelar o de urgencia, sino que necesariamente a través de procedimientos de lato conocimiento.

Expone que el recurso pasó a perder oportunidad, toda vez que su pretensión principal, cual es, ordenar la detención inmediata del uso de armas letales y no letales frente a las marchas pacíficas en la región ha sido satisfecha mediante el comunicado por Carabineros del pasado 19 de noviembre del año en curso, en efecto, el General Director de Carabineros de Chile comunicó respecto del uso de escopeta antidisturbios con munición no letal, que como una conducta de prudencia se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios y sólo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte. Por su parte en cuanto a la solicitud de prohibir o limitar la utilización indiscriminada de “bombas lacrimógenas”; cabe evidenciar que el uso de disuasivos químicos se encuentra limitado en el ordenamiento jurídico nacional, bajo ciertos y razonables supuestos, los que Carabineros debe cumplir en el ejercicio de su función.

Señala que la acción de protección debe ser rechazada, por no haber acreditado cómo se afectan los derechos constitucionales invocados por los recurrentes, no haciéndose tampoco una referencia a la relación de causalidad entre los hechos relatados y el actuar de la Secretaría de Estado, invocándose incluso derechos como el de petición, el que no está resguardado por medio de este remedio judicial, no verificándose una conducta, ilegal o arbitraria imputable al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que atente en contra los derechos constitucionales de los recurrentes.

Evacúa informe por Carabineros de Chile, don nombre reservado, General de Carabineros, Jefe de Zona Tarapacá, quien luego de referirse a los hechos que motivan la intervención de Carabineros, expone sobre la normativa que fundamenta y justifica su actuar, indicando al efecto que dentro de las obligaciones que corresponde a Carabineros, está el resguardo del orden público, citando el artículo 101 de la Constitución Política y artículo 1 de la Ley N° 18.961. Menciona que para garantizar y mantener el orden público, la institución desarrolla acciones de carácter preventivo y otras de mayor intensidad para restablecerlo cuando ha sido quebrantado, en este último caso, dependiendo de las circunstancias, se utiliza la fuerza necesaria en la forma y con los elementos que señalan el D.S. 1.364 de 2018, Circular N° 1.832 del año 2019 y la Orden General N° 2.635 del año 2019.

Precisa que Carabineros para el uso de la fuerza, se ajusta al estándar internacional que fija el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.

Indica que la Orden General N° 2.635, que contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público, se estructura en base a cuatro escenarios, a) resguardo del derecho de manifestación; b) restablecimiento del orden público; c) desalojos y d) procedimiento con infractores de ley.

Añade que el empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención, depende del tipo de manifestación conforme a su violencia o agresividad, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista para los manifestantes pacíficos y para el personal policial.

Indica que los elementos que pueden emplearse para el control del orden público, son el dialogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego, los que se utilizan bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención que la Orden General N° 2.635 ha definido. Precisa en cuanto al uso de la escopeta antidisturbios y aquella para el lanzamiento de lacrimógenas, que es un elemento disuasivo que los cuerpos policiales utilizan para el control de las muchedumbres, que procede cuando los demás mecanismos han sido insuficientes para controlar el orden público y cuando esté en riesgo la integridad física de transeúntes, manifestantes y Carabineros.

Expone que la decisión de incrementar el uso de la fuerza, llegando incluso hasta la escopeta antidisturbios, en ningún caso puede considerarse un actuar arbitrario, porque obedece a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que han determinado los instrumentos jurídicos que regulan la materia, por ello, si se accediera a lo solicitado en el recurso, en cuanto a que no pudiera usarse la escopeta antidisturbios, por aplicación del principio de progresividad los funcionarios de la Institución se verían obligados a utilizar sus armas letales, lo que causaría un peligro real para la vida de las personas.

Añade que Carabineros se encuentra actualizando el protocolo de mantenimiento del orden público, ordenado a su personal, y que la escopeta antidisturbios y los gases lacrimógenos sólo pueden ser usados ante muchedumbres agresivas y violentas, en el ejercicio de la legítima defensa del personal ante agresiones que ponen en peligro su integridad, además, en ese caso, el funcionario autorizado para operarla portará una cámara que grabará la forma como fue empleada, lo que permitirá determinar, en caso de ser procedente, si su actuación se ajustó a las reglas que se han fijado sobre la materia.

Menciona que la escopeta antidisturbios y aquella destinada para el lanzamiento de lacrimógenas, sólo se utilizan para contrarrestar el actuar de las personas que ocasionan desórdenes graves, en ningún caso se pretende atacar a quienes legítimamente participan en las marchas pacíficas.

Señala que a partir del 19 de noviembre, se ha dispuesto como una medida de prudencia suspender el uso de tal munición no letal como herramienta antidisturbios, pudiendo ser utilizada a partir de dicha fecha, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte del personal de Carabineros y de terceros.

Pide en definitiva, se rechace el presente recurso de protección, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Se colige que se reclama en síntesis en contra de los recurridos, que Carabineros de Chile habría utilizado en las manifestaciones ocurridas en Iquique el 12 de noviembre pasado, con infracción a la regulación pertinente, métodos disuasivos relativos principalmente al uso de escopeta antidisturbios y gases lacrimógenos.

Estimando que tal situación vulneraría sus derechos a la vida e integridad física y psíquica, libertad de emitir opinión y reunión, y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

TERCERO: Para abordar la cuestión de autos, resulta útil tener presente que el Decreto N° 1364 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado el 4 de diciembre de 2018, sobre disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, prevé lineamientos generales para ello, los que deben ser observados por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, en que se indica, que Carabineros de Chile dentro del plazo de 90 días corridos, contados desde la publicación del presente decreto, deberá revisar y actualizar la Orden General N° 2.287 de 2014 de Carabineros de Chile que aprueba la actualización de Protocolos de Intervención del Orden Público; la circular N° 1.756, de 2013, de Carabineros de Chile, que imparte instrucciones sobre el uso de la fuerza, con el objeto de verificar que dicha normativa interna de cumplimiento de los lineamientos generales establecidos en el artículo anterior.

Por otro lado, según la Orden General N°2.635, de 1 de marzo de 2019, suscrita por don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile, se trata sobre diversas materias y protocolos, que en lo pertinente, versan sobre el resguardo del derecho de manifestación, restablecimiento del orden público (en intervención en manifestaciones lícitas con autorización, manifestaciones lícitas sin autorización, manifestaciones ilícitas violentas, manifestaciones ilícitas agresivas), a su vez se trata sobre el restablecimiento del orden público y trabajo del vehículo lanza aguas, trabajo de vehículo táctico de reacción, empleo de disuasivos químicos, empleo de escopeta antidisturbios (munición no letal) y empleos de armas de fuego. En relación al empleo de disuasivos químicos, se indica en el N° 1 respectivo, que deberán existir alteraciones al orden público que se encuentren en el nivel 4 del cuadro de uso de la fuerza para Carabineros de Chile, donde se autoriza el uso de armas no letales, además se señala que para su utilización se deberá tener presente el espacio físico donde se va a hacer uso de gas (espacio abierto, cerrado, dirección de viento, etc.), añadiéndose que en caso que se trate de un lugar cerrado, deberá procurarse la existencia de una vía que permita a los manifestantes salir de éste. Por otro lado se indica en el N° 6 que de acuerdo a la actitud de los manifestantes se hará uso gradual de los gases con el fin de conseguir el objetivo visual y psicológico definido. En relación al empleo de escopeta antidisturbios (munición no letal), se indica en el N° 1 respectivo, que el empleo de la escopeta antidisturbios deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios cuando el efecto de otros elementos tales como agua, humo, gases y otros resulten insuficientes o el nivel de agresividad haga aconsejable su utilización para evitar un mal mayor en donde esté en riesgo la integridad física de los transeúntes, manifestantes o Carabineros, agregándose que conforme la Circular N° 1832 de fecha 1 de marzo del año 2019, el uso de la escopeta antidisturbios corresponde a los niveles 4 y 5 “Agresión Activa” y “Agresión Activa Potencialmente Letal”, la cual tiene directa relación con el uso de la fuerza autorizada, además en el N° 2 respectivo se indica que el usuario debidamente calificado, quien deberá contar con la correspondiente certificación al día, verificará que el tipo de cartuchos a utilizar sean los que correspondan para el uso antidisturbios, tanto en la parte legal como reglamentaria, debiendo tener tipos de munición no legal, tales como perdigones de goma, super-sock, añadiéndose que será él quien deberá utilizar, manipular, cargar y descargar dicho armamento, a su vez en el N° 3 se señala que se deberá considerar en todo momento por parte del usuario aspectos como la distancia entre el tirador y la muchedumbre, las características del lugar (abiertos, cerrados, pasajes, calles, etc.) o si en la muchedumbre se encuentran participando niños, niñas o adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con capacidades diferentes o con notorios problemas de salud, lo anterior con la finalidad de evaluar el tipo de munición a utilizar o la conveniencia de su uso.

CUARTO: Confrontada dicha normativa a la discusión de autos, en el contexto de la tramitación de una acción constitucional de protección, se observan dificultades para dar lugar a la pretensión intentada.

Primeramente se advierte, que no se aprecia la ocurrencia de algún hecho concreto y específico que importe una afectación de las garantías constitucionales de los recurrentes, desde que no se ha justificado suficientemente que en las manifestaciones ocurrida en Iquique el 12 de noviembre pasado, hubiere acontecido alguna conducta que directa, individual y acotadamente, pudiere significar un atentado, en grado de privación, perturbación o amenaza, en contra de sus derechos a la integridad física o psíquica, libertad de reunión y expresión sin censura previa.

Asimismo, aún de existir tales acontecimientos, no parece adecuado que mediante este procedimiento cautelar, urgente, breve y sumario, se establezcan los hechos sobre los cuales se construye la acción de autos, esto es, el uso indebido e incorrecto de los métodos disuasivos mencionados, resultando necesario que tales hechos se determinen en la sede que corresponda según el procedimiento que en cada caso resulte pertinente, no pudiendo la acción constitucional de protección sostenerse sin tales basamentos cuya edificación, excede del instituto activado.

QUINTO: Por otro lado, se aprecia de lo informado, que parte de la pretensión del recurrente se ha cubierto, desde el momento en que se indica en el informe respectivo que Carabineros de Chile se encuentra actualizando el protocolo de mantenimiento del orden público, ordenando a su personal, y que la escopeta antidisturbios y los gases lacrimógenos sólo pueden ser usados ante muchedumbres agresivas y violentas, en el ejercicio de la legítima defensa del personal ante agresiones que ponen en peligro su integridad. Además, en ese caso, el funcionario autorizado para operar este elemento disuasivo portará una cámara que grabará la forma como fue empleada, lo que permitirá determinar, en caso de ser procedente, si su actuación se ajustó a las reglas que se han fijado sobre la materia. Así, se aprecia que en la especie la recurrida ha adoptado políticas de funcionamiento acordes con los parámetros de proporcionalidad, necesidad y progresividad.

SEXTO: En consecuencia, atendida la actual regulación normativa pertinente, debe entenderse que las garantías de los recurrentes se encuentran suficientemente protegidas, lo que de verse amagado, requiere la activación de los mecanismos procesales que permitan el establecimiento de tales hechos en razón de presupuestos que correspondan.

SÉPTIMO: Por último, si de perseguir las eventuales responsabilidades penales o de otra naturaleza en que pudieron haber incurrido los funcionarios de Carabineros el día de los hechos señalados, tal persecución debe efectuarse en los procedimientos pertinentes, no en sede cautelar; considerando además que en el recurso nada se dice acerca de personas determinadas que pudieran haber resultado afectadas por el personal de Carabineros, lo que tampoco aparece del registro audiovisual aportado por las partes, el recurso no puede prosperar.

Y visto además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 984-2019 Protección.

6