Protección contra Carabineros de Chile

Iquique, cinco de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparecen doña nombre reservado y don nombre reservado, abogados, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, representados por don nombre reservado, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Señalan que no interponen la presente acción constitucional para defender otro interés que el propio de ejercer los derechos civiles y políticos más simples, la libertad de reunirse y expresar su parecer, sin necesidad de autorización previa, ni temer la mutilación de sus órganos de parte del Estado. Indican que planifican asistir a las marchas y actividades auto convocadas, en el ejercicio del derecho de reunión y petición. Mencionan que el objeto de este recurso no es impugnar las normas reglamentarias y demás actos que regulan el uso de la fuerza por parte de Carabineros, tampoco se busca usar este recurso, como pretexto para perseguir eventuales responsabilidades de Carabineros, sino que sólo se busca allanar el camino para el ejercicio de sus derechos constitucionales.

Expresan que desde el inicio de las manifestaciones sociales, el 18 de octubre de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha reportado el número de personas detenidas y heridas en hospitales, al 10 de noviembre de 2019 se reportaron 2.009 heridos, de las cuales 42 fueron heridas a bala, 643 heridas por perdigones y 41 por balines. Añaden que del total, 197 personas presentaban heridas oculares. Precisan que en Iquique se han presentado numerosos casos, siendo uno de los más bullados el del reportero herido por postonazo, lo que generó una declaración del gremio de comunicadores.

Señalan que el 9 de noviembre de 2019, la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador, ha hecho público un informe con el registro de pacientes con trauma ocular severo, entre los días 19 de octubre y 2 de noviembre de 2019, detallándose que el trauma ocular grave incluye patologías como herida penetrante ocular, estallido ocular, contusión ocular del globo ocular y tejido orbitario, entre otros. Respecto del número de afectados por lesiones de esta naturaleza, se fija un hito en el inicio de las manifestaciones desde el 19 de octubre de 2019, paralelo al decreto de estado de emergencia, se genera un aumento exponencial de los casos de trauma ocular, añaden que de ellos, al menos 20 corresponden a Iquique; agregan que desde el 19 al 2 de noviembre se presentaron 133 pacientes con trauma ocular severo, señalándose que en el 80,9% de los casos se identificó como mecanismo de acción el impacto de perdigones o balines antidisturbios. Exponen que se da cuenta que los balines extraídos son de aproximadamente 8 mm de diámetro, color negro y parecen ser de goma, sin embargo, realizados los exámenes se ha constatado que tienen densidad metálica.

Añaden que ante estos alarmantes hechos, reconociendo el peligro que el uso de balines antidisturbios supone para la población, el Sistema de Naciones Unidas en Chile y el INDH llamó al Gobierno a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones; asimismo, el 10 de noviembre el Instituto Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado, exigiendo que se ponga fin al uso indiscriminado de escopetas antimotines; además se reitera al Gobierno que instruya a Carabineros, a través del Ministerio del Interior, el respeto irrestricto de los protocolos policiales. Refieren que probablemente el caso más dramático registrado hasta el momento es el de nombre reservado, estudiante de psicología de 21 años de edad, quien recibió impacto de balines en sus dos ojos.

Mencionan que el uso de la fuerza por parte de Carabineros no es autónomo, sino resultado de una orden de la autoridad competente. Agregan que la autoridad competente para ordenar a Carabineros el empleo de la fuerza pública para resguardar el orden público en manifestaciones públicas, es el Intendente; añaden que Carabineros se inserta en un sistema jerárquico en cuanto órgano de la Administración del Estado, encontrándose su dependencia sujeta al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien a través de normas administrativas ha regulado las hipótesis en que se puede utilizar la escopeta antimotines. Destacan el D.S. N° 1364/2018/M del Interior y Seguridad Pública, que prevé los lineamientos generales relativos al uso de la fuerza, de los cuales concluyen que el rol de los funcionarios policiales es tanto la protección de la seguridad pública como de los derechos de las personas, prefiriendo el empleo de elementos o la adopción de medidas menos dañinas para lograr sus objetivos. Agregan que en marzo de 2019, se dictó la Orden General N° 2.635 sobre protocolos para el mantenimiento del orden público, que reitera los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad, además regula el empleo de la escopeta antidisturbios, requiriéndose que debe tratarse de una manifestación ilícita, esto es, violenta o agresiva; deben haberse agotado los demás medios disuasivos, o debe ser necesaria para evitar un mal mayor, esto es, un riesgo a la integridad física de los transeúntes, manifestantes o Carabineros; debe existir una agresión activa o una agresión activa potencialmente legal de parte del destinatario del uso de la fuerza, señalándose además criterios de ponderación.

Mencionan que la escopeta antidisturbios ha sido empleada desproporcionadamente desde el 18 de octubre, así comparado su uso con otros países, se observa un uso excepcionalmente frecuente en Chile; en contra de las normas administrativas, ya que se ha empleado ante reuniones públicas o manifestaciones no violentas ni agresivas; como una forma ordinaria de disuadir, sin agotar otros medios menos invasivos, sin que se presenten las condiciones de una agresión activa; a una menor distancia a la señalada; en contra de niños, niñas y adolescentes; sin prestar auxilio a los lesionados ni detener a los responsables.

Indican que la amenaza reclamada, constituye un riesgo del derecho a la integridad física y psíquica, así la amenaza radica en el riesgo de perder el uso, parcial o total, temporal o definitivo, de uno o ambos ojos. Asimismo estiman infringida la libertad de reunión, desde que el uso constante de esta escopeta, con el resultado de mutilación ocular, constituye un factor paralizante en el ejercicio de este derecho; a su vez alegan, que se infringe el derecho a la libre expresión sin censura previa.

Amplían su recurso, agregando que durante la manifestación ocurrida el 12 de noviembre se reportó al menos dos heridos, uno por bomba lacrimógena, disparada a quemarropa y un menor, herido con perdigones. Luego de ese día durante las marchas a las que asistieron los días 13, 14 y 15 de noviembre, también se registraron numerosos altercados con Carabineros, aunque en menor escala, y también heridos de perdigones y balines que han sido disparados en contra de manifestantes pacíficos, reunidos para manifestarse conjuntamente con sus familias, menores de edad y adultos mayores entre ellos. Agrega sobre el particular, que durante el transcurso de los días posteriores al 12 noviembre, han aparecido en redes sociales gran cantidad de información y videos que dan cuenta del actuar del recurrido, por ejemplo un video donde se capta a un funcionario de Carabineros gritando “tírale balines a los ojos”, y fotografías que dan cuenta de heridas. Concluyen que los hechos ocurridos durante los días indicados, y que se han extendido al menos hasta este día viernes, dan cuenta de una conducta, reiterada y anómala, pues, de ser efectivo por parte de la Institución el cumplimiento de las leyes, circulares y reglamentos que han acusado como incumplidos, no se habría producido estos lamentables atentados a la integridad y salud. Añaden que debe considerarse que, de acuerdo al estudio de perdigones que acompaña, los balines usados para controlar a los manifestantes no son de goma o caucho como exige la normativa vigente, sino que tan solo contienen un 20% de caucho, el 80% restante corresponde a otros compuestos.

Piden en definitiva, se declare la ilegalidad y/o arbitrariedad del acto atribuible a funcionarios de Carabineros, consistente en disparar balines y/o perdigones en forma contraria a sus protocolos, causando lesiones gravísimas, y de la amenaza que esto representa para los derechos constitucionales de los recurrentes, que se declaren amenazados el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, la libertad de reunión y libertad de expresión, ordenándose a Carabineros suspender el empleo de los proyectiles “perdigón de goma y supersock”, y en general, los de similares características, cualquiera sea su denominación, que tengan los mismos efectos, sin perjuicio de disponerse las providencias que se disponga adoptar para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, subsanando los efectos de las conductas ilegales y/o arbitrarias que amenazan los derechos constitucionales de los recurrentes.

Evacúa informe don nombre reservado, General de Carabineros, Jefe de nombre reservado, señala que la acción deducida adolece de problemas de determinación de los hechos que inciden en la competencia de esta Corte para resolver, así, no se especifica el lugar en que ocurrieron las eventuales vulneraciones; agrega que los antecedentes de hecho en que se funda el recurso resulta ser un relato confuso e impreciso, añade que la acción constitucional versa respecto de hechos no acontecidos en ninguna ciudad de la Región de Tarapacá.

Luego de referirse a los hechos que motivan la intervención de Carabineros, alude a la normativa que fundamenta y justifica su actuar, indicando al efecto, que dentro de las obligaciones que corresponde a Carabineros, está el resguardo del orden público, citando el artículo 101 de la Constitución Política y artículo 1 de la Ley N° 18.961. Menciona que para garantizar y mantener el orden público, la institución desarrolla acciones de carácter preventivo y otras de mayor intensidad para restablecerlo cuando ha sido quebrantado, en este último caso, dependiendo de las circunstancias se utiliza la fuerza necesaria en la forma y con los elementos que señalan el D.S. 1.364 de 2018, Circular N° 1.832 del año 2019 y la Orden General N° 2.635 del año 2019.

Precisa que Carabineros para el uso de la fuerza, se ajusta al estándar internacional que fija el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Indica que la Orden General N° 2.635, que contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público, se estructura en base a cuatro escenarios, a) resguardo del derecho de manifestación; b) restablecimiento del orden público; c) desalojos y d) procedimiento con infractores de ley.

Añade que el empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención, depende del tipo de manifestación conforme a su violencia o agresividad, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista para los manifestantes pacíficos y para el personal policial.

Indica que los elementos que pueden emplearse para el control del orden público, son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego, los que se utilizan bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención que la Orden General N° 2.635 ha definido. Precisa en cuanto al uso de la escopeta antidisturbios, que procede cuando los demás mecanismos han sido insuficientes para controlar el orden público y cuando esté en riesgo la integridad física de transeúntes, manifestantes y Carabineros. Además aclara que la Circular N° 1.832, establece que este medio está un peldaño antes de las armas de fuego que se ocupan con munición legal, es decir, es considerado un elemento que no pone en riesgo la vida de las personas, pues funciona con un cartucho 12 mm, que contiene como proyectil con 12 postas de goma endurecida de material de caucho, o bien, con un cartucho de 12 mm súper-sock que se compone de un saquete o bolso, una tapa de cartón del plano de la boca y una vaina.

Agrega que si bien la mencionada escopeta está categorizada como un elemento no letal, por su propia naturaleza eventualmente podría causar afectación a la integridad física de las personas, pero ello también podría ocurrir con los demás mecanismos, como el cañón de agua y el gas lacrimógeno.

Expone que la decisión de incrementar el uso de la fuerza, llegando incluso hasta la escopeta antidisturbios, en ningún caso puede considerarse un actuar arbitrario, porque obedece a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que han determinado los instrumentos jurídicos que regulan la materia, por ello, si se accediera a lo solicitado en el recurso, en cuanto a que no pudiera usarse la escopeta antidisturbios, por aplicación del principio de progresividad los funcionarios de la Institución se verían obligados a utilizar sus armas letales, lo que causaría un peligro real para la vida de las personas.

Añade que la Institución se encuentra actualizando el protocolo de mantenimiento del orden público y desde ya se ordenó, que la escopeta antidisturbios sólo puede ser usada ante muchedumbres agresivas y violentas, en el ejercicio de la legítima defensa del personal ante agresiones y previo al uso de las armas letales para esta defensa, además, en ese caso, el funcionario autorizado para operarla portará una cámara que grabará la forma como fue empleada, lo que permitirá determinar, en caso de ser procedente, si su actuación se ajustó a las reglas que se han fijado sobre la materia.

Señala en cuanto al único hecho concreto ocurrido en esta región que se describe en el recurso de protección, corresponde a la lesión sufrida por don nombre reservado, ocurrido el 1 de noviembre de 2019 alrededor de las 21:00 horas frente al Cuartel de la VI División de Ejército, señala que de los hechos relatados en la querella respectiva, el disparo que pudo originar la lesión no fue ejecutado por Carabineros, de modo tal que ello no puede ser invocado como un antecedente fáctico que fundamente una acusación de uso de la fuerza arbitrario e ilegal por parte del personal policial de la Región de Tarapacá.

Pide en definitiva, rechazar el recurso de protección.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Se colige que se reclama en síntesis, que Carabineros de Chile habría utilizado en las manifestaciones ocurridas en Iquique entre el 12 y 15 de noviembre pasado, con infracción a la regulación pertinente, métodos disuasivos relativos principalmente al uso de escopeta antidisturbios y gases lacrimógenos.

Estimando que tal situación vulneraría sus derechos a la integridad física y psíquica, reunión y libre expresión sin censura previa.

TERCERO: Para abordar la cuestión de autos, resulta útil tener presente que el Decreto N° 1364 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado el 4 de diciembre de 2018, sobre disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, prevé lineamientos generales para ello, los que deben ser observados por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, en que se indica, que Carabineros de Chile dentro del plazo de 90 días corridos, contados desde la publicación del presente decreto, deberá revisar y actualizar la Orden General N° 2.287 de 2014 de Carabineros de Chile que aprueba la actualización de Protocolos de Intervención del Orden Público; la circular N° 1.756, de 2013, de Carabineros de Chile, que imparte instrucciones sobre el uso de la fuerza, con el objeto de verificar que dicha normativa interna de cumplimiento de los lineamientos generales establecidos en el artículo anterior.

Por otro lado, la Orden General N° 2.635, de 1 de marzo de 2019, suscrita por don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile, trata sobre diversas materias y protocolos, que en lo pertinente, versan sobre el resguardo del derecho de manifestación, restablecimiento del orden público (en intervención en manifestaciones lícitas con autorización, manifestaciones lícitas sin autorización, manifestaciones ilícitas violentas, manifestaciones ilícitas agresivas), a su vez se trata sobre el restablecimiento del orden público y trabajo del vehículo lanza aguas, trabajo de vehículo táctico de reacción, empleo de disuasivos químicos, empleo de escopeta antidisturbios (munición no letal) y empleos de armas de fuego. En relación al empleo de disuasivos químicos, se indica en el N° 1 respectivo, que deberán existir alteraciones al orden público que se encuentren en el nivel 4 del cuadro de uso de la fuerza para Carabineros de Chile, donde se autoriza el uso de armas no letales, además se señala que para su utilización se deberá tener presente el espacio físico donde se va a hacer uso de gas (espacio abierto, cerrado, dirección de viento, etc.), añadiéndose que en caso que se trate de un lugar cerrado, deberá procurarse la existencia de una vía que permita a los manifestantes salir de éste. Por otro lado se indica en el N° 6 que de acuerdo a la actitud de los manifestantes se hará uso gradual de los gases con el fin de conseguir el objetivo visual y psicológico definido. En relación al empleo de escopeta antidisturbios (munición no letal), se indica en el N° 1 respectivo, que el empleo de la escopeta antidisturbios deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios cuando el efecto de otros elementos tales como agua, humo, gases y otros resulten insuficientes o el nivel de agresividad haga aconsejable su utilización para evitar un mal mayor en donde esté en riesgo la integridad física de los transeúntes, manifestantes o Carabineros, agregándose que conforme la Circular N° 1832 de fecha 1 de marzo del año 2019, el uso de la escopeta antidisturbios corresponde a los niveles 4 y 5 “Agresión Activa” y “Agresión Activa Potencialmente Letal”, la cual tiene directa relación con el uso de la fuerza autorizada, además en el N° 2 respectivo se indica que el usuario debidamente calificado, quien deberá contar con la correspondiente certificación al día, verificará que el tipo de cartuchos a utilizar sean los que correspondan para el uso antidisturbios, tanto en la parte legal como reglamentaria, debiendo tener tipos de munición no legal, tales como perdigones de goma, super-sock, añadiéndose que será él quien deberá utilizar, manipular, cargar y descargar dicho armamento, a su vez en el N° 3 se señala que se deberá considerar en todo momento por parte del usuario aspectos como la distancia entre el tirador y la muchedumbre, las características del lugar (abiertos, cerrados, pasajes, calles, etc.) o si en la muchedumbre se encuentran participando niños, niñas o adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con capacidades diferentes o con notorios problemas de salud, lo anterior con la finalidad de evaluar el tipo de munición a utilizar o la conveniencia de su uso.

CUARTO: Confrontada dicha normativa a la discusión de autos, en el contexto de la tramitación de una acción constitucional de protección, se observan dificultades para dar lugar a la pretensión intentada.

Primeramente se advierte, que no se aprecia la ocurrencia de algún hecho concreto y específico que importe una afectación de las garantías constitucionales de los recurrentes, desde que no se ha justificado suficientemente que en las manifestaciones ocurridas en Iquique, entre el 12 y 15 de noviembre pasado, hubiere acontecido alguna conducta que directa, individual y acotadamente, pudiere significar un atentado, en grado de privación, perturbación o amenaza, en contra de los derechos de los recurrentes relativos a la integridad física o psíquica, libertad de reunión y expresión sin censura previa.

Asimismo, aun de existir tales acontecimientos, no parece adecuado que mediante este procedimiento cautelar, urgente, breve y sumario, se establezcan los hechos sobre los cuales se construye la acción de autos, esto es, el uso indebido e incorrecto de los métodos disuasivos mencionados, resultando necesario que tales hechos se determinen en la sede que corresponda según el procedimiento que en cada caso resulte pertinente, no pudiendo la acción constitucional de protección sostenerse sin tales basamentos cuya edificación, excede del instituto activado.

QUINTO: Por otro lado, se aprecia de lo informado por el recurrido, que parte de la pretensión de los recurrentes se ha cubierto, desde el momento en que se indica que la Institución se encuentra actualizando el protocolo de mantenimiento del orden público, y desde ya se ordenó que la escopeta antidisturbios sólo puede ser usada ante muchedumbres agresivas y violentas, en el ejercicio de la legítima defensa del personal ante agresiones y previo al uso de las armas letales para esta defensa. Además, en ese caso, el funcionario autorizado para operar este elemento disuasivo portará una cámara que grabará la forma como fue empleada, lo que permitirá determinar, en caso de ser procedente, si su actuación se ajustó a las reglas que se han fijado sobre la materia. Así, se aprecia que en la especie la recurrida ha adoptado políticas de funcionamiento acordes con los parámetros de proporcionalidad, necesidad y progresividad.

SEXTO: En consecuencia, sin perjuicio que los accionantes refieren que su acción no pretende el establecimiento de responsabilidades ni la revisión de la normativa pertinente al uso de la fuerza en el mantenimiento del orden público, sino sólo el interés de ejercer los derechos civiles y políticos más simples, esto es, la libertad de reunirse y expresar su parecer, sin necesidad de autorización previa, ni temer la mutilación de sus órganos de parte del Estado, lo cierto es que atendida la actual regulación normativa pertinente, debe entenderse que sus garantías se encuentran suficientemente protegidas, lo que de verse amagado requiere la activación de los mecanismos procesales que permitan el establecimiento de tales hechos en razón de presupuestos que correspondan.

SÉPTIMO: Por último, si de perseguir las eventuales responsabilidades penales o de otra naturaleza en que pudieron haber incurrido los funcionarios de Carabineros el día de los hechos señalados, tal persecución debe efectuarse en los procedimientos pertinentes, no en sede cautelar; considerando además que en el recurso nada se dice acerca de personas determinadas que pudieran haber resultado afectadas por el personal de Carabineros, lo que tampoco aparece del registro audiovisual aportado por las partes, motivos todos por los cuales el recurso no puede prosperar.

Y visto además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada por los recurrentes doña nombre reservado y don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 983-2019 Protección.

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