SOCIEDAD COMERCIAL VILAS MOTOR Y CIA LTDA. CONTRA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

IQUIQUE, diecisiete de enero de dos mil dieciocho.

VISTO:

Comparece don Rodrigo Campos Oliva, abogado, en representación de SOCIEDAD COMERCIAL VILA'S MOTORS y COMPAÑIA LIMITADA, del giro comercial, ambos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo acción de protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por don nombre reservado, o quien le subrogue o represente, ambos con domicilio en domicilio reservado, por la amenaza que representa la Resolución Exenta N°122 del 25 de octubre de 2017, notificada a su representado el 17 de noviembre de 2017, mediante Ordinario N°994.

El referido acto ordena el reintegro de las cantidades percibidas por la empresa por concepto de bonificación a la contratación de mano de obra, en el periodo mayo de 2012 a mayo de 2017, ascendente a la suma de $1.131.008.

Expresa el recurrente, que de conformidad al artículo 20 de la Constitución, sin perjuicio de los derechos que pueda hacer valer ante la autoridad administrativa que dictó la resolución o ante los tribunales de justicia, se hace necesario recurrir de protección a objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de su representada, puesto que Tesorería, al dictar la resolución que obliga a restituir dineros ya percibidos por la bonificación a la mano de obra, sin previo procedimiento administrativo y sin otorgar bilateralidad de la audiencia, ha cometido un acto manifiestamente arbitrario e ilegal, que ha amenazado, perturbado y privado a su representada del legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en los artículos 19 N°3, inciso 5°, y N°24 de la Constitución.

Respecto de la infracción a la garantía constitucional del artículo 19 N°3, inciso 5, refiere que la resolución de Tesorería ha significado su actuación fuera del ámbito de su competencia, atribuyéndose facultades jurisdiccionales al dar por sentado hechos contradictorios que solo pueden ser resueltos por un tribunal competente, luego de un debido proceso, por cuanto desde el año 2012 a la fecha se ha pagado a su mandante la bonificación a la mano de obra, todo siguiendo el procedimiento regular para su presentación al servicio, revisión por este último y posterior pago.

Agrega el reclamante que existe un acto administrativo formal que, en virtud del artículo 3 de la ley 19.880, goza de presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional.

Sostiene que ni el artículo 2° del DFL N°1 de 1994, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, ni el artículo 13 de la ley 19.041, facultan a la Tesorería para ordenar por si la restitución de un pago ya efectuado. En ese contexto, agrega que si bien la fiscalización del beneficio establecido en la ley 19.853 corresponde al Servicio de Tesorerías, éste no ha abierto proceso alguno en los términos de la ley 19.880, que haya tenido como resultado el acto administrativo impugnado.

Precisa que un debido proceso, exige la formulación de cargos, su notificación al inculpado, seguida de una oportunidad efectiva para que éste pueda ejercer el derecho a defensa, incluida la posibilidad de allegar y producir pruebas, de modo de satisfacer las garantías del artículo 19 N°3 de la Constitución, lo que en la especie no se dio.

Agravaría la situación el hecho de que la resolución recurrida dispone que su mandante tiene el plazo de 30 días para pagar y si no lo hace dentro de dicho periodo se procederá al cobro compulsivo. Es decir, se habría creado un título de cobro de manera unilateral y fuera de los casos establecidos por el legislador, respecto del cual, de iniciarse el cobro compulsivo, no podría discutir la existencia de la obligación, por expresa disposición del artículo 177 del Código Tributario.

En conclusión, expresa que el acto recurrido, constituye una actuación arbitraria en la medida que carece de razones y argumentos para disponer lo que ahí se indica y, asimismo, ilegal, pues no se ampara en el ordenamiento jurídico vigente.

Por otro lado alega que el actuar de Tesorería ha amenazado su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, puesto que sería un hecho no debatible que su representada ha incorporado en su patrimonio los montos percibidos por la bonificación a la contratación a la mano de obra, así como su derecho a percibirlo, y el acto impugnado amenaza tal derecho al disponer su reintegro.

Sostiene que el acto administrativo que otorgó a su representado el derecho a la bonificación se presume válido al tenor del artículo 3 de la ley 19.880, debiendo mantenerse en el tiempo salvo que mediante un procedimiento impugnatorio o jurisdiccionalmente se establezca algo diverso, lo que no ha ocurrido en la especie.

Concluye solicitando se restablezca el imperio del derecho, ante la amenaza que representa para su mandante la Resolución Exenta N°122 del 25 de octubre de 2017, requiriendo se ordene dejarla sin efecto, o disponiendo la medida que, ajustada a derecho, sea idónea para la protección de los derechos constitucionales vulnerados, todo ello con costas.

Comparece doña nombre reservado, abogado, por el Servicio de Tesorería, evacuando el informe solicitado.

En primer lugar alega que el recurso es extemporáneo por cuanto fluiría del mérito del Ordinario N°420 de 04 de mayo de 2017, que informa y da inicio al periodo de fiscalización, enviado por correo con fecha 09 de mayo de 2017, de las actas de fiscalización en terreno de fechas 16 y 25 de mayo de 2017, que, el recurrente tomó conocimiento de actos de fiscalización que son la base de la orden de reintegro decretada por la resolución impugnada, por lo que a la fecha de interposición del recurso el plazo para recurrir se encontraba vencido.

Conjuntamente, alega la preclusión de su derecho, pues el recurrente, una vez dictada la resolución que otorga el reintegro, podría haber interpuesto todos los recursos que franquea la ley 19.880, en sus artículos 59 y siguientes, sin perjuicio de lo cual no interpuso ninguno de dichos recursos.

En cuanto al fondo del recurso, sostiene que al Servicio de Tesorería le corresponde la fiscalización del beneficio establecido en la Iey 19.853, para lo cual cuenta con las facultades que señala el artículo 2 inciso 4° de la misma, lo que se ve reafirmado por lo dispuesto en la Circular Normativa de la Tesorería N°195, de 05 de febrero de 2016, que regula la fiscalización del pago de bonificación a la contratación de mano de obra zonas extremas, y el artículo 13 de la ley 19.041. Es así como se le informó al recurrido que el día 26 de mayo de 2017 se llevaría a cabo la fiscalización, solicitándosele, además, que presentara en las dependencias del servicio, la información correspondiente a los períodos abril de 2012 a enero de 2017, concluyendo que es imposible que el Servicio de Tesorería haya incurrido en alguna acción u omisión ilegal.

Aduce la inexistencia de la vulneración de la garantía del articulo 19 N°3 inciso 5, de la Constitución, pues todo lo mencionado por el recurrente no es más alejado de la realidad y olvida convenientemente que, dentro del marco normativo, se inició con fecha 04 de mayo de 2017, un, procedimiento de fiscalización, con visitas en terreno de fechas 16 y 25 de mayo de 2017, en que el fiscalizador de fue recibido en dependencias de la sociedad recurrente por don nombre reservado, Jefe del Departamento de Contabilidad, a quien se le pide una serie de antecedentes, dando como plazo final para entrega de documentos el 12 de junio de 2017, cuestión que no cumplió el recurrente, no vislumbrando la falta al debido proceso actuar fuera de la competencia de Tesorería.

En lo que respecta a la vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 N°24, cita las leyes 19.853, 20.655 y 19.041, para afirmar que la Tesorería está facultada legalmente para actuar en el modo como lo hizo, garantizándose el debido proceso, la bilateralidad de la audiencia, y no vulnerándose bajo ningún respecto el derecho de propiedad.

En definitiva solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección deducido, con expresa condenación en costas del recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEGUNDO: Que, la acción cautelar deducida por la recurrente se fundamenta en la vulneración de sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 3 y 24 de la Constitución Política de la Republica, ocasionada por la decisión ilegal y arbitraria de la Tesorería General de la República al ordenar el reintegro de la bonificación percibida al amparo de la ley 19.853; actuando fuera del ámbito de su competencia, atribuyéndose facultades jurisdiccionales, contraviniendo la garantía al debido proceso y amenazando su derecho de propiedad sobre los montos percibidos por la bonificación a la contratación a la mano de obra.

De lo anterior, fluye que la acción sólo puede prosperar si el acto imputado a la recurrida, efectivamente ha vulnerado las garantías constitucionales que se dicen amagadas.

TERCERO: Que, en su informe, la recurrida sostuvo que ha obrado en forma razonable y legal, en el oportuno ejercicio de las competencias fiscalizadoras que le son propias conforme emana del artículo 2 inciso 4º de la ley 19.041 y Circular del mismo servicio N°195, de 05 de febrero de 2016, así como del artículo 13 de la ley 19.041.

CUARTO: Que, deberá tenerse presente, que la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

Concatenado con lo expresado en la párrafo precedente, no es posible acudir al recurso de protección para solucionar conflictos sustantivos entre partes, pues éste se sostiene sobre la base de derechos indubitados amagados por un acto que se pretende ilegal o arbitrario; de modo contrario, serán los tribunales del fondo los llamados a resolver el asunto.

Que, en el caso de autos, conforme el tenor del libelo e informe, deberá centrarse el debate en lo que concretamente ha sido sometido a conocimiento de esta Corte, esto es, si el acto emanado de la recurrida es arbitrario o ilegal y que, como consecuencia, vulneraría el legítimo ejercicio de las garantías incoadas por el recurrente en su acción cautelar.

En relación a lo anterior, preciso es determinar si el acto que se le imputa a la recurrida es arbitrario e ilegal, y consecuentemente con ello importante es señalar que el inciso 1° del artículo 1 de la Ley 19.853, establece que “… a partir del 1º de enero del año 2012 y hasta el 31 de diciembre del año 2025, para los empleadores actuales o futuros de la Primera Región, XV Región, de las provincias de Chiloé y Palena, en la X Región, de la XI Región y de la XII Región, una bonificación equivalente al porcentaje que dispone el inciso siguiente, aplicado sobre la parte de las remuneraciones imponibles que no exceda de $182.000, que ellos paguen a sus trabajadores con domicilio y trabajo permanente, incluso aquellos con jornadas parciales, en la Región o provincia respectiva…”

QUINTO: Que, revisados los antecedente allegados al recurso, se infiere que la Resolución Exenta N°122 que resuelve sobre obligación de reintegro, se fundamenta en las circunstancias verificadas a propósito de un proceso legítimo de fiscalización, que acreditan que la empresa no cumplía con los requisitos legales para percibir el beneficio a la contratación de mano de obra, por cuanto los trabajadores no residen en la región acogida al beneficio ni tienen trabajo permanente en ella; siendo la propia ley 19.853, en su artículo 2°, la que entrega la fiscalización del beneficio establecido al Servicio de Tesorería, para cuyo efecto, podrá requerir a los empleadores la entrega de los antecedentes que estime pertinentes, y en su artículo 4° faculta al Tesorero General de la República para dictar las instrucciones necesarias para la aplicación del beneficio, lo que se ha plasmado en la dictación de la Circular Normativa N° 195 de 05 de febrero de 2016, que regula la fiscalización del pago de bonificación a la contratación de mano de obra en zonas extremas.

SEXTO: Que, según se ha reseñado y apreciado los antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica, no se advierte la afectación de la garantía constitucional esgrimida por la recurrente como quiera que el servicio de Tesorería, ha actuado en uso de sus facultades legales de fiscalización, de la cual ha concluido que las sumas percibidas con ocasión de la aplicación de la ley 19.853 a la que se acogió la sociedad recurrente es indebido, consideración que excluye la adopción de medida de restablecimiento alguna en el derecho quebrantado por cuanto esta supone el ejercicio legítimo del mismo, es más, también se desprende de los antecedentes aportados que la recurrente tuvo la posibilidad de entregar y aportar a la recurrida los antecedentes necesarios y suficientes para que el Servicio de Tesorería pudiera efectuar la fiscalización a la que por ley estaba facultada; que así las cosas no se aprecia infracción alguna a la garantía del artículo 19 N°3 de nuestra Carta Fundamental, como tampoco a la reseñada en el numeral 24 del mismo artículo.

Por estas consideraciones y conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el interpuesto por don Rodrigo Campos Oliva en representación de Sociedad Comercial Vila's Motors y Compaña Limitada.

Lo anterior fue acordado con el voto en contra del ministro suplente Sr. Frederick Roco Alvarado quien estuvo por acoger el recurso, en razón de los siguientes fundamentos:

1°: Que para resolver la acción planteada debe considerarse que la decisión del señor Director Regional Tesorero de Tarapacá, don nombre reservado constituye un acto mediante el cual ejercita la potestad invalidatoria estatal, pues conforme se lee de los considerandos de la resolución recurrida, el Servicio de Tesorería autorizó y procedió en su oportunidad al pago de la bonificación establecida en la ley 19.853 a la Sociedad Comercial Vila’s Motor y Compañía Limitada por los períodos desde mayo de 2012 a mayo de 2017; no obstante lo cual, mediante esta Resolución Exenta N° 122 de 25 de octubre de 2017, revoca aquello y resuelve el reintegro de las cantidades percibidas por la accionante en esos períodos.

2° Que en ese escenario es necesario atender a las facultades que detenta el señor Director Regional Tesorero para resolver en la forma que lo hizo, atento a lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política.

3° Que a ese respecto cabe consignar que de la normativa que le sirve de sustento a su Resolución, esto es el DFL N° 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, estatuto orgánico del Servicio de Tesorerías, los artículos 31 y 35 del DL 1263, Orgánico Constitucional de Administración Financiera del Estado, el artículo 13 de la Ley 19.041, la Resolución N° 1.600 de 2008 de Contraloría General de la República y las disposiciones de la Ley 19.853, no existe facultad especial alguna en tal sentido.

4° Sólo el artículo 13 de la Ley 19.041, dispone de manera concordante con el artículo 2 inciso cuarto de la Ley 19.853, que el Servicio de Tesorerías tiene la facultad de requerir todos los antecedentes necesarios que justifiquen los egresos de carácter no tributarios que deba efectuar en el ejercicio de sus funciones, como los relativos a los pagos de las bonificaciones y que, en el ejercicio de esta potestad, puede solicitar el respaldo de la documentación original que justifican tales operaciones; requerir información a los organismos que estime pertinente; verificar domicilios del destinatario del egreso y cualquiera otra acción que asegure el correcto cumplimiento del egreso en resguardo del interés fiscal, en especial suspender o rechazar el pago respectivo cuando los antecedentes lo ameriten.

5° Que frente al silencio regulatorio en el ejercicio de la potestad revocatoria o invalidatoria específicamente por el Servicio de Tesorería, en particular del Director Regional Tesorero, necesariamente ha de acudirse a la norma general que autoriza su ejercicio, contemplada en el artículo 53 de la Ley 19.880, bases de los procedimientos administrativos que fija su marco normativo y que autoriza a la autoridad administrativa para, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.

No se puede además olvidar la presunción de legalidad, imperio y exigibilidad de los actos administrativos, según dispone el inciso final del artículo 3 de ese cuerpo legal.

6° En ese análisis, se advierte que el señor Director Regional Tesorero incurre en un acto ilegal toda vez que por una parte obra sin previa audiencia de la sociedad interesada o afectada, pero además, lo que es más grave, se excede del límite legal de dos años que la potestad revocatoria puede alcanzar, en la medida que por el acto recurrido ordena a la Sociedad Comercial Vila’s Motor y Compañía Limitada reintegrar dineros percibidos por esta desde el año 2012 hasta el año 2017, invalidando tácitamente los actos o resoluciones que en su oportunidad autorizaron el pago de la bonificación por todo ese período.

7° Que, además, debe concluirse que la decisión recurrida en la forma dispuesta resulta asimismo arbitraria, pues en base a los mismos antecedentes fácticos y jurídicos que tuvo en vista el señor Director Regional Tesorero en su oportunidad, mediante los cuales reconoció a la recurrente el derecho a la bonificación, la que fue pagada y esta incorporó a su propiedad o patrimonio, la resolución recurrida niega tal derecho retroactivamente.

En efecto, la sociedad afectada no aportó nuevos antecedentes a partir de los cuales Tesorería pudiera adoptar su decisión, sino que esta obró sobre la base de aquellos que ya disponía, conforme aseveró en estrado en su alegato la abogada del Servicio, y la modificación legislativa al inciso cuarto del artículo 1 de la Ley 19.853, hecha mediante la ley 20.655, artículo primero, número 3, letras i) y ii) de fecha 01 de febrero de 2013, en nada afectó a las exigencias legales a la recurrente para postular al beneficio. Esto es, no hay diferencias entre las exigencias jurídicas que existen hoy a las que existían antes.

Luego, el cambio de criterio del Servicio de Tesorerías para sostener que desde hace cinco años a la fecha la recurrida no cumplía las exigencias para acceder a la bonificación estatal por contratación de mano de obra, en tanto no aparece fundado en una modificación normativa ni en alteración de las circunstancias de hecho, no aparece revestido de un fundamento lógico y racional, máxime si se trata de una decisión a la que se le otorga efecto retroactivo. Parece más bien una decisión inmotivada e injustificada, lo que la torna abusiva, irracional y arbitraria.

8° Que en cuanto a las garantías vulneradas, claramente se afecta el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto la resolución constituye hoy una amenaza de verse privada la recurrente de su derecho de dominio del dinero ya ingresado a su patrimonio proveniente de pago de la bonificación por todo el periodo comprendido entre mayo de 2012 y mayo del año 2017.

Constituye, además, una afectación al debido proceso administrativo, del numeral 3 inciso 6° del artículo 19 de la carta fundamental, en lo que dice relación al derecho a un procedimiento racional y justo y a un proceso legalmente tramitado, desde que no se cumplió por el órgano administrativo con la citación previa a que estaba obligado a disponer, antes de dictar la resolución administrativa cuestionada, lo que impidió al afectado conocer oportunamente los eventuales cargos, ejercer una debida defensa, sea para desvirtuar aquellos, para aportar pruebas, cuestionar la del órgano administrativo y para conocer y ejercer los recursos legales pertinentes.

9° Que en esas circunstancias y encontrándose esta Corte en condiciones de evitar el mal que se teme mediante la invalidación de la comunicación y resolución cuestionadas, el recurso deducido debió ser acogido.

Comuníquese, regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Rafael Corvalán Pazols.

ROL Nº951-2017 CIVIL (PROTECCIÓN).

Pronunciada por el Ministro Titular Sr. RAFAEL CORVALÁN PAZOLS, el Ministro Suplente Sr. FREDERICK ROCO ALVARADO y el Fiscal Judicial Sr. JORGE ARAYA LEYTON. Autoriza don nombre reservado, Secretario Titular.

En Iquique, a diecisiete de enero de dos mil dieciocho notifiqué por el estado diario de hoy, la sentencia que antecede.