Protección contra Servicio de Vivienda y Urbanismo

PODER JUDICIAL CORTE DE APELACIONES IQUIQUE IQUIQUE, veinte de enero de dos mil diecisiete.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, accionando de protección constitucional en contra del Servicio de Vivienda y Urbanismo, con domicilio en domicilio reservado y en contra de la empresa Movic S.A, domiciliada en domicilio reservado, de Iquique. Funda su recurso en que habiendo suscrito, en febrero y marzo del año pasado, contratos de obra con la empresa recurrida respecto de las viviendas de Puchuldiza, dos de ellos para las reparaciones interiores y dos para las exteriores, el 21 de noviembre pasado ésta habría negado la deuda que mantiene con su empresa. Imputa a la empresa recurrida haberle exigido contratar personal para dichas obras mientras se autorizaban las partidas de los contratos por reparaciones interiores, que no se han ejecutado; refiere que los contratos ejecutados son aquellos referidos a los exteriores que suman $136.230.251 + IVA, dando un precio unitario por block de $10.479.250, a los que se anexaron después dos más, bonificando con un monto de $15.000.000 al monto real por cada uno; que desde un principio hizo presente a los gerentes y al administrador de obra que los valores eran bajos para la ejecución del contrato, sobre todo considerando el personal que debía mantener debido a los otros dos convenios que iniciaron en diciembre; agrega que verbalmente le avisaron que estaban fuera de las actividades que estaban por contrato, argumentando que estaban caducadas, generándose un sobresueldo de $59.243.446 que pagaron los recurridos. Agrega que la empresa Movic S.A a través de un anexo de contrato ofreció un bono por producción de $15.000.000, que no pudo recibir por no haber finalizado las obras por un hecho imputable a la recurrida; que en junio de 2016 el administrador de la obra despidió a un gran número de trabajadores los que luego demandaron a la empresa recurrente, sin que Serviu fiscalizara el accionar de la empresa Movic, indicando que ésta dio la orden a través de un comunicado que ninguna empresa subcontratista podría factorizar las facturas emitidas por estados de pago y que solo se podrían cancelar las facturas de forma inmediata realizando una nota de crédito y dicha empresa cancelaría la factura descontando un 8% del total de la factura emitida, pese a no tener giro de empresa financista. El 25 de octubre sostuvo una reunión con la Directora Subrogante del Serviu en la que éste les informó que el Servicio no puede tener ninguna injerencia entre los mandantes y subcontratistas, debiendo cada uno de ellos demandar civilmente. Finaliza indicando que Movic adeuda el IVA de las facturas emitidas, días de paro de los trabajadores por falta de material en obra y no instalación de andamios para ejecución de actividades, infringiendo con ello el derecho a la integridad psíquica, la libertad de trabajo y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, por lo que solicita a la Corte restablezca el imperio del Derecho de tal manera que conmine a los recurridos a detener todo acto ilegal y arbitrario que impida que desarrolle su libertad de trabajo.

Acompaña a su recurso listado de facturas emitidas no canceladas – IVA impagos, listado de actividades solicitadas fuera de contrato, planilla de total de costo de remuneraciones e imposiciones del personal en el proyecto condominio, planilla de cobro por días de paro por no materiales en obra, cuadro consolidado de actividades solicitadas fuera de contrato, listado de facturas emitidas de JRG a Movic desde enero a septiembre de 2016, Contrato de Construcción en PPPF Condominio Puchuldiza entre el recurrente y Movic Construcciones celebrado el 22 de febrero de 2016 para la pintura impermeabilización fachadas con texturado; Contrato entre las mismas partes, de igual fecha relativo a reparación de fisuras y estuco 1:3 + aditivo impermeabilizante e=25 cm; Contrato entre las mismas partes de 11 de marzo de 2016 relativo a 27 item relacionados con la reparación de las viviendas ya mencionadas, Contrato de igual fecha en relación a reparación de zonas húmedas del condominio, Anexo de Contrato de 25 de julio para el término de obras inconclusas, Informativo de 12 de septiembre pasado emanado de Movic recordando la imposibilidad de factorizar, Acta de Término de Obras de 30 de septiembre de 2016, Declaración Jurada del recurrente autorizando a Movic para el pago de suples, liquidaciones de sueldo e imposiciones, siendo descontadas de los estados de pagos venideros y facturas venideras; Carta Poder del recurrente a Movic asumiendo una deuda por $59.243.446 autorizándolo a descontar el 5% de cada factura correspondiente a estados de pago que se generen en las futuras obras que JRG tenga con Movic hasta completar el pago de la deuda; 3 actas de cancelación de dinero; diversas facturas y control de pago de facturas.

Al informar Serviu indica que de los hechos del recurso no se desprende ningún actuar ilegal, abusivo o arbitrario de los funcionarios del Servicio que puedan constituir vulneración a las garantías constitucionales que se indican infringidas; que el contrato de Puchuldiza es uno solo, cuya vía de financiamiento es el DS 255 que regula el Programa de Protección del Patrimonio Familiar, mediante el Titulo I y II, cuyos montos fueron autorizados mediante la Resolución Nª 618 del 31 de julio de 2015 de la Seremi, firmándose el respectivo “Contrato de Construcción y Mandato de Postulación Colectiva denominado Proyecto de Condominio Social (Titulo I y II) en los que la empresa recurrida fue contratada directamente por el Comité Cooperativa Puchuldiza en conjunto con la EP Serey y otros asociados S.A; que el Servicio no tiene ninguna participación, sólo opera otorgando subsidios a las personas interesadas que reúnan los requisitos pertinentes, es la entidad patrocinante o EP la encargada de asesorar a los postulantes al optar a los beneficios de los subsidios y de confeccionar los contratos de construcción de postulación colectiva en los cuales se manifiesta expresamente que dichas entidades tienen el control directo de la ejecución de las obras por parte del contratista que técnicamente ejecute la obra, acompaña a su informe el Contrato ya referido, copia de la Resolución Exenta N° 618 de 31 de julio de 2015 de la Seremía de Vivienda y Urbanismo que aprueba la nómina de postulantes seleccionados y asigna recursos para el financiamiento de subsidios para el desarrollo de proyectos de reparación de condominio sociales en el marco del programa de protección al patrimonio familiar en su modalidad regulada por el capítulo II, Informe Técnico Administrativo de Serviu de 9 de enero pasado del estado actual de la obra, Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales 200/2017/669 de la empresa recurrida y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales de la misma empresa.

La empresa recurrida previo a informar, solicita tener por interpuesta la excepción de falta de legitimación activa debido a que no celebró contrato alguno con la persona natural que acciona de protección sino con una empresa individual de responsabilidad limitada; luego, refiere que nombre reservado Construcciones e Ingeniería EIRL tenía la calidad de subcontratista y Movic la de mandante conforme a lo establecido en el artículo 183-A del Código del Trabajo en el Proyecto PPPF Condominio Puchuldiza, Iquique; que la EIRL prestó servicios con su personal, siendo empleador directo de una serie de trabajadores que contrató por obra o faena que luego los desvinculó y éstos demandaron a dicha empresa como demandado principal y contra Movic y Serviu en calidad de demandados solidarios/subsidiarios, agregando que varias de dichas acciones fueron por nulidad del despido al haber incumplido el recurrente con su obligación de pagar las cotizaciones previsionales oportunamente. Indicando a modo ejemplar 9 RIT de causas laborales: O-314-2016, O-404-2016, O-480-2016, O-483-2016, O-487-2016, O-515-2016, O-518-2016, M-313-2016 y M -394-2016; que actuó conforme a la ley ejerciendo su derecho a ser informada y el derecho de retención que le confiere la ley en un régimen de subcontratación, siendo ésta la razón por la que decidió poner fin a la relación contractual que los ligaba, por lo que solicita el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los Derechos y Garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEGUNDO: Que, el accionante, en una confusa formulación, sostiene conculcadas a su respecto las garantías constitucionales de los N° 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, la vida e integridad física; aquella del ordinal 16 de ese mismo precepto, libertad de trabajo y su protección y la contemplada en el N° 23 de igual norma, Libertad para adquirir toda clase de bienes, también llamada “Libre apropiabilidad de bienes”, todas ellas relacionadas a los créditos que tendría en contra de la empresa Movic S.A., por altos montos que detalla, vinculados con la reparación exterior de los Blocks de departamentos de la Villa Puchuldiza, en Iquique, trabajos que ya realizó y que el Servicio de Vivienda y Urbanismo había adjudicado a su contratante, que a su vez subcontrató a su empresa individual de responsabilidad limitada ó “nombre reservado E.I.R.L”, para que ejecutara tales obras, además de la reparación interior de dichas viviendas, cuya realización está pendiente, agregando que para realizar todos estos trabajos contrató un gran número de trabajadores, parte de los cuales se vio en la necesidad de despedir, debido al incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras que no le son imputables, lo que se tradujo en ingentes desembolsos de dinero para cancelar a aquellos las obligaciones laborales resultantes, sin que se le haya permitido por la contratista y el Serviu ejecutar las obras pendientes ni factorizar los estados de pago y facturas por él emitidas, todo lo que le ha provocado un gran perjuicio económico y un quebranto a su salud a resultas del mismo.

Las recurridas concordaron en la descripción fáctica de la actora pero discreparon de sus conclusiones, asegurando que su complicada situación económica, es resultado directo de su pésima gestión al gerenciar su empresa -y en particular- la ejecución de estos contratos, agregando Movic S.A. que producto de la mala administración de la recurrente, ha debido asumir obligaciones comerciales y laborales de ésta, las que cubrió en parte con los estados de pago y facturas que le adeudada.

TERCERO: Que, el cuadro de hechos fundante del recurso, esbozado precedentemente evidencia que lo que se pretende por esta via no es el amparo de derechos concretos y ya existentes, merecedores por su valía de tal resguardo constitucional, sino la declaración de acreencias que se enuncian, generadas al alero de una relación contractual en curso, entre la recurrente y los recurridos, que involucra a terceros, incluso con aristas de orden laboral y tributario, lo que ostensiblemente escapa al objetivo de esta acción tutelar de derechos relevantes y no controvertidos, y corresponde más bien a pretensiones que deben ser declaradas en un procedimiento de lato conocimiento, motivo más que suficiente para negar asilo al reclamo de tutela levantado por el recurrente con la presente acción.

CUARTO: Que sin perjuicio de lo anterior, se ha de destacar la falta de legitimidad activa del Sr. nombre reservado para levantar este reclamo, desde que lo interpone como persona natural, en circunstancias que el mismo reconoce que las relaciones contractuales que fundamentan el recurso, no fueron trabadas por él con los recurridos, sino que por su empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que sería aquella legitimada activamente en esta Litis, al corresponder a aquella supuestamente perjudicada en sus derechos por el accionar de los reclamados.

Por estas consideraciones y de conformidad además con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia, SE RECHAZA sin costas, la acción de protección intentada.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol I. Corte N° 917-2016 Civil (Protección).- Redacción del Ministro Suplente Sr. Felipe Ortiz de Zárate F.

Pronunciada por la Ministro Titular Sra. MÓNICA OLIVARES OJEDA, el Ministro Suplente Sr. FELIPE ORTIZ DE ZARATE FERNANDEZ y la Ministro Interina Sra. JUANA ROSA RIOS MEZA. Autoriza don nombre reservado, Secretario Subrogante.

5