COOPEUCH LTDA. CONTRA RAÚL SANTANDER PADILLA JUEZ SUPLENTE DEL JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE POZO ALMONTE

PODER JUDICIAL CORTE DE APELACIONES IQUIQUE Iquique, seis de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTO:

Comparece don Felipe Frías Jones, abogado, como mandatario judicial y en representación convencional de la Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile Limitada, y recurre de protección en contra del Juez Suplente del Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte don Raúl Santander Padilla, por el acto arbitrario e ilegal en que ha incurrido al negar autorización para el remate solicitada por el Juez Subrogante del Segundo Juzgado de Letras de Iquique, don Edgardo Castro Fuentes.

Señala que el 17 de octubre del presente año, en los autos Rol C-3159-2016, caratulados “Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile Limitada con nombre reservado", del Segundo Juzgado Civil de Iquique, solicitó oficiar al Juzgado de Familia de Pozo Almonte para que en la causa RIT Z-11-2012, RUC 1220071189-9, autorizara la subasta decretada en la causa civil ya mencionada.

El 25 de octubre de 2017, resolviendo el oficio N° 2528-2017, del Segundo Juzgado de Letras de Iquique, el recurrido no dio lugar a la autorización del remate, debido a que en la causa de cumplimiento referida no se ha solucionado la deuda alimenticia que le dio origen. En atención a la negativa de autorizar el remate, su parte se vio en la necesidad de solicitar la suspensión del mismo el 26 de Octubre de 2017.

Estima entonces que la resolución de 25 de octubre de 2017 es manifiestamente arbitraria e ilegal, toda vez que el Juez, excediéndose de sus facultades legales, ha impuesto una carga adicional que no le empece a su parte, y que afecta gravemente los derechos consagrados en los N° 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Agrega que la resolución en comento constituye un acto abiertamente ilegal y arbitrario por parte del recurrido, en razón de lo siguiente:

1) Porque el recurrido se excede en sus facultades jurisdiccionales al decretar que no se autoriza el remate mientras no se haya solucionado la deuda alimenticia; y 2) Porque la resolución condiciona la autorización para el remate del inmueble hipotecado al pago de la deuda alimenticia, en circunstancias que existen otras medidas cautelares como la retención del excedente del producto del remate a favor del deudor y después de pagado íntegramente el acreedor hipotecario.

Adjunta antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales que avalan su postura, así como antecedentes que dan cuenta de la existencia de una hipoteca constituida el año 1998.

En cuanto a los derechos vulnerados, estima que el Magistrado del Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte ha causado a su representado una perturbación y privación a los derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política.

Informando el recurso, el Magistrado don Raúl Santander Padilla indica que en dicho Tribunal se tramitó la causa RIT C-61-2009, donde se estableció una pensión de alimentos en favor de los niños nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, acordándose el pago de la suma de $ 140.000 a través de retención judicial por el empleador del alimentante. La pensión se cumplió sin problemas hasta el mes de diciembre de 2014, cuando el demandado fue despedido de su trabajo, acumulando una deuda por concepto de pensión de alimentos al 29 de marzo de 2016 equivalente a la suma de $ 2.491.569. En septiembre de 2016, se solicitó el embargo del inmueble de propiedad del demandado y posteriormente se inició un juicio ejecutivo, respecto del cual el ejecutado no se opuso. El 19 de octubre de 2017, el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Iquique solicita la autorización para el remate del inmueble, la que fue negada por él, debido a que no consta que la pensión de alimentos se encuentre solucionada.

Añade que en cuanto al hecho de existir otras vías para asegurar los alimentos de los menores, no le consta que ello sea posible pues no se conoce ni la cuantía del proceso civil ni si existirán excedentes.

Indica finalmente que los alimentos no gozan de privilegios y la recurrente de protección no tiene obligación de consignar o afianzar los alimentos debidos, por lo que estima que autorizar el remate es sustraer del patrimonio de los beneficiarios los alimentos devengados a su favor, vulnerando su interés superior.

Acompaña finalmente los antecedentes de la causa en que se niega lugar a la autorización de remate.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Que de lo expuesto por el recurrente y lo informado por el recurrido, así como los antecedentes allegados al recurso, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, es posible tener como hechos asentados los siguientes:

a) Que en la causa Rol C-3159-2016, del Segundo Juzgado Civil de Iquique, caratulada “Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile Limitada con nombre reservado", la ejecutante solicitó oficiar al Juzgado de Familia de Pozo Almonte, para que autorizara la subasta decretada en el juicio civil mencionado, por registrar la propiedad a rematar un embargo en la causa RIT Z-11-2012 de este último tribunal.

b) Que por resolución de 25 de octubre de 2017, dictada en los autos RIT Z-11-2012, del Juzgado de Familia de Pozo Almonte, el juez suplente del mismo, don Raúl Santander Padilla, no dio lugar a la autorización del remate, solicitada mediante el oficio N° 2528-2017, del Segundo Juzgado de Letras de Iquique, fundamentado su negativa en el hecho que en la causa de cumplimiento de alimentos no se ha solucionado la deuda alimenticia que le dio origen y en conforme lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño.

c) Que en atención a la negativa de autorizar el remate, la ejecutante, y ahora recurrente, solicitó la suspensión del remate, fijado para el día 26 de octubre de 2017.

TERCERO: Que establecido lo anterior, conforme a la naturaleza extraordinaria de la acción de protección en la forma que ya ha sido referida en el motivo primero, y sus efectos, que no son otros que el restablecimiento rápido y eficaz del imperio del derecho, ante la ocurrencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, capaz de vulnerar el ejercicio legítimo de alguna de las garantías fundamentales señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política, corresponde hacerse cargo del fundamento jurídico de la actuación del recurrido, quien sostuvo que como en la causa de que conoce no se ha solucionado la deuda de alimentos existente, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 3 de la Convención de los Derechos del Niño, 11, 12 y siguientes de la Ley 14.908, 321 y siguientes del Código Civil, no autoriza el remate del inmueble embargado, que corresponde a un departamento ubicado en la comuna de Iquique, Al respecto, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, señala que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen los tribunales, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Por su parte, los artículos 11 y 12 de la ley 14.908, se refieren a la forma de ejecutar una pensión alimenticia, señalando los casos en que tienen mérito ejecutivo, el tribunal competente para conocer de la ejecución, la forma de notificar el requerimiento de pago al ejecutado, las excepciones admisibles y sus exigencias.

CUARTO: Que el recurrente, también ejecutante en la causa seguida ante el Segundo Juzgado de Letras de Iquique, solicitó en ella que, por encontrarse embargado el bien raíz que pretende subastar, por haberlo ordenado el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte en una causa de alimentos, se oficiara a este último tribunal, para que proceda a autorizar la subasta decretada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1464 N° 3 del Código Civil, que indica: “Hay un objeto ilícito en la enajenación: 3° De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello”.

En tales condiciones, ninguna de las normas invocadas por el juez recurrido para no autorizar la subasta a realizar por otro tribunal, contempla como posibilidad que manifieste su negativa a otorgar tal autorización, y menos en la forma como lo ha hecho, evidenciándose entonces que el actuar del recurrido se aparta de la legalidad, dado que se ampara en normas que no lo facultan para resolver de esa manera, no siendo un argumento legalmente admisible indicar las circunstancias que la pensión de alimentos no se encuentre pagada y que autorizar el remate es sustraer del patrimonio de los beneficiarios los alimentos devengados a su favor, vulnerando su interés superior.

Por lo mismo, dicho proceder también puede considerarse arbitrario, por cuanto no resulta razonable la exigencia de que se encuentren pagados los alimentos respectivos, para proceder a la autorización, desde el momento que existen otros medios destinados a apremiar al deudor y también para asegurar el pago de las pensiones adeudadas.

QUINTO: Que de este modo, siendo arbitraria e ilegal la decisión judicial, estos mismos argumentos conducen a estimar que ella afectó gravemente las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, esto es, las contempladas en el artículo 19 N° 3, inciso quinto, y N° 24 de la Constitución Política, al considerar que el juez recurrido obvió el mandato contenido en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, que lo obligaban a actuar dentro de su competencia, sometiendo su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a la misma; al igual que lo previsto en los artículos 108 del Código Orgánico de Tribunales y 182 del Código de Procedimiento Civil, motivos por los que se acogerá el recurso en la forma que se indicaré en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el deducido por don Felipe Frías Jones, en representación de la Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile Limitada, en contra de don Raúl Santander Padilla, Juez suplente del Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte y en consecuencia se deja sin efecto la resolución dictada por él en esa calidad, el día 25 de octubre de 2017, que negó lugar a la autorización para remate de un inmueble, debiendo resolverse lo pertinente por el señor juez no inhabilitado que corresponda.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol I. Corte N° 897-2017 Civil (Protección).

Pronunciada por los Ministros Sra. MÓNICA OLIVARES OJEDA, Sr. PEDRO GÜIZA GUTIÉRREZ y Sr. RAFAEL CORVALÁN PAZOLS. No firma el Ministro Sr. CORVALÁN PAZOLS, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo por encontrarse ausente, con feriado legal. Autoriza don nombre reservado, Secretario Subrogante.

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