Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

Iquique, veintiuno de enero de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece don Mario Espinosa Valderrama, abogado, en representación de don nombre reservado, trabajador dependiente, cédula de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por quien recurre de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, RUT N° RUT reservado, representada por su gerente general, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, RUT N° RUT reservado, representada por su gerente general, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por atentar en contra de su derecho reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que en el año 2015, el recurrente solicitó un crédito de dinero con Caja Los Andes por la suma de $7.027.148, pagadero en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $194.866, comenzando en julio de 2015 con la primera cuota.

Sin embargo, agrega, atendido diversos motivos, el recurrente cae en mora en el pago de las cuotas acordadas, adeudando desde la cuota que vencía el 30 de julio de 2017 en adelante.

De esta forma, Caja Los Andes hizo uso de la cláusula de aceleración, exigiendo el pago de todo lo adeudado mediante demanda ejecutiva ingresada con fecha 19 de mayo de 2018, ante el 2° Juzgado de Letras de Iquique, causa rol C-1896-2018. En dicha causa, refiere que el ejecutado opuso excepción de prescripción contenida en el numeral 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, la que fue acogida íntegramente y negado lugar a la ejecución.

Relata que habiendo transcurrido algunos meses, decide revisar su liquidación de sueldo pagado con fecha 31 de noviembre de 2020, oportunidad en que se percata que consta un descuento denominado “Préstamo Caja La Araucana”. Al analizar el detalle, constata que existía un cobro a favor de la referida Caja de Compensación, por la suma de $157.508. Posterior a ello, y a fin de dilucidar desde cuándo este cobro lo estaba afectando, solicitó sus liquidaciones de sueldo de meses anteriores, notando que este descuento llevaba tiempo siendo aplicado, sin que se diera cuenta, privándolo injustificadamente de la suma de $860.422.

Indica que la recurrida actuó de manera caprichosa e injustificada, reviviendo una deuda por medio del descuento mensual, cual es un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno. Y, con su actuar, está forzando una garantía de pago improcedente en la especie, considerando que el único juicio que inició por el cobro de esta deuda no tuvo un resultado favorable para dicha parte, por lo que deviene en antojadiza su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía, abusando de las facultades que le otorga la ley. Hace presente que las sumas descontadas son aleatorias mes a mes.

En cuanto al derecho, alega que el actuar de la recurrida vulnera claramente lo dispuesto por el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, constituyendo un acto ilegal al descontar por planilla del sueldo que mensualmente recibe el recurrente, una suma aleatoria, en circunstancias que tal modalidad está pensada para ser un cobro razonablemente respaldado y oportuno. Por ende, el actuar de la recurrida produce una privación en el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre el sueldo que le corresponde percibir.

Cita jurisprudencia y pide acoger la acción en todas sus partes, ordenando que las recurridas deben desistir en los descuentos por planilla efectuados sobre el sueldo que percibe el recurrente; la devolución de todos los dineros descontados con motivo del crédito antes señalado y condenar en costas a la recurrida.

Acompaña documentos.

Evacúa informe doña nombre reservado, abogada por la parte recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo.

Señala que el recurrente no figura en los registros de La Araucana C.C.A.F. con algún crédito social cuyo estado sea vigente o moroso, sino que única y exclusivamente, su representada a requerimiento de la C.C.A.F. Los Andes, y como mandataria de ésta, ha informado al empleador del Sr. nombre reservado, Buses Huelpen Limitada, la existencia de una deuda, solicitando el descuento en su remuneración, recibiendo los descuentos correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2019, enero a marzo 2020 y junio a noviembre 2020, por un monto total de $860.525 pesos; descuentos que se remesaron a Los Andes C.C.A.F., en virtud del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar – Cajas de Chile A.G., y de las normas legales pertinentes.

Cita artículo la Ley N° 18.833 y explica que para dar efecto a las instrucciones emanadas de la Superintendencia de Seguridad Social, en especial a la obligación de proteger el fondo social de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Inter Cajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, por lo que la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema Inter Cajas, es que se efectúa por un tercero, a saber otra Caja de Compensación de Asignación Familiar, permitiendo mediante este mecanismo regularizar a través de este sistema integrado la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud de la naturaleza jurídica de prestación de seguridad social de los mismos. Precisa que para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad intercajas, se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema.

Añade que el artículo 22 inciso 1° de la Ley N° 18.833, prescribe: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N° 91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones”, y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N° 17.322, que dispone: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.”

Concluye que su representada en su calidad de diputada en el pago, no ha privado, perturbado o amenazado derechos y garantías constitucionales del actor, pues en todo momento ha obrado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida, sin que se haya atribuido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia.

Pide el rechazo de la acción deducida. Adjunta documentos.

Asimismo, evacúa informe don Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando sea rechazado.

Indica que el 08 de junio de 2015, Caja Los Andes otorgó al recurrente la operación de crédito social código 62.22347-9, por un capital inicial de $6.931.072.-, pagadero en un plazo de 60 meses, con cuotas mensuales de $194.866, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de julio 2015. Agrega que la cuota de julio 2015 a junio 2017, N° 1 a la N° 24, fueron pagadas regularmente mediante descuentos la remuneración de dichos meses de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 18.833, cesando en el pago de las cuotas posteriores.

Expone que ante la falta de pago, el 19 de mayo de 2018 dedujo demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantizaba la referida operación, en autos ROL C-1896-2018 del 2º Juzgado de Letras de Iquique. Posteriormente, habiéndose detectado el ingreso del recurrente como trabajador de la empresa “Empresa de Buses Hualpén Ltda.” afiliada a C.C.A.F. La Araucana, señala que se solicitó a esta última la realización de los descuentos para el cobro de las cuotas adeudadas más los correspondientes intereses penales por mora, a través del Sistema Intercajas, recaudándose las cuotas Nº 25 a Nº 31, mediante remeses recibidas con fechas 28 de junio, 31 de julio, 27 de septiembre y 31 de diciembre de 2019; 24 de enero, 27 de abril y 24 de diciembre de 2020. Menciona que a la presente fecha, la referida operación de crédito mantiene en morosidad las cuotas de febrero 2018 a junio 2020.

Arguye que, en la especie, se está frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuya acción de cobro no se encuentra prescrita, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 es pertinente y oportuno.

En cuanto a los fundamentos, alega extemporaneidad de la acción, pues el recurrente en su presentación refiere como hechos objeto de su acción cobros que su representada ha venido realizando desde octubre de 2019.

Por otro lado, aduce el carácter social de los créditos otorgados por las cajas de compensación y mecanismo de cobro según el artículo 22 de la Ley N° 18.833, haciendo hincapié en que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador; mientras que el hecho que la Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado al recurrente, no libera a su parte ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Por lo anterior, refiere que el inicio de acciones judiciales para perseguir el cobro de lo adeudado no obedece a un mero capricho de la institución que representa, ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar de mala fe orientado a perseguir un doble cobro, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente.

En cuanto a la fuente de la obligación, precisa que la deuda que actualmente se cobra mediante descuentos en la remuneración del recurrente, no emana del pagaré cuyo cobro se intentó en la causa ejecutiva ROL C-1896-2018 del 2º Juzgado de Letras de Iquique, sino que su fuente corresponde al contrato de mutuo 62.22347-9 suscrito entre su representada y el recurrente con fecha 8 de junio de 2015, cuya acción de cobro se encuentra plenamente vigente.

Por lo que, concluye, que la obligación que actualmente se cobra y que es objeto del recurso de protección de marras no es la misma que dio origen a la causa ejecutiva referida por la recurrente. Hace presente que, además de la facultad legal, el cobro mediante descuento de sus remuneraciones se efectúa también de acuerdo al mandato convencional otorgado por el recurrente en el contrato de mutuo.

Narra que se está frente a un crédito vigente y actualmente exigible, el cual emana del contrato de mutuo celebrado entre su representada y el recurrente, y respecto del cual no concurre siquiera los requisitos para declarar la prescripción de la acción para su cobro, dado que mantiene en morosidad sus cuotas que van desde febrero 2018 a junio 2020, de modo que cualquier descuento efectuado y que en lo futuro pueda verificarse respecto del recurrente, es totalmente oportuno y habrá de producirse con total apego a lo establecido en el mentado artículo 22 de la Ley que regula las Cajas de Compensación, según lo ha entendido reiteradamente la jurisprudencia.

Describe latamente el Proyecto Intercajas, el que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente. Adiciona que se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema.

Aclara que Caja Los Andes ha solicitado a C.C.A.F. La Araucana que, como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente, informe a su empleador la existencia de esta deuda y requiera su descuento en la remuneración, en los términos del artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Del mismo modo, refuta una supuesta vulneración a garantías constitucionales, debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley N° 18.833; por otra parte, enfatiza en que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley antes referida.

Cita jurisprudencia y pide rechazar el recurso de protección intentado por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su parte, en relación con los hechos expuestos. Adjunta antecedentes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, se colige del libelo que lo reclamado por el recurrente radica en los descuentos a sus remuneraciones respecto de las cuotas provenientes de un contrato de mutuo de crédito social y pagaré, solicitando la devolución de todo lo descontado, pues conculca su derecho reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Magna.

TERCERO: Que, primeramente, respecto a la alegación procesal de extemporaneidad deducida por la recurrida, ésta será desestimada, al fluir que el recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma conforme lo previene el artículo N° 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección, pues el actor relata expresamente en el libelo que tomó conocimiento del acto que denuncia al revisar su liquidación de sueldo pagado con fecha 31 de noviembre de 2020.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, conforme el mérito de los antecedentes, es posible concluir que la declaración que persigue el actor excede el ámbito de esta acción cautelar, pues constituye una cuestión de derecho que no puede ser dilucidada en un recurso de protección, ya que esta acción constitucional fundamentalmente se encuentra destinada a resolver situaciones de hecho cuya tramitación debe ser breve y sumaria, no admitiendo mayores probanzas y opera sobre la base en que el derecho no se haya discutido por los contendientes, lo que es justamente la situación que se presenta en el caso sub lite, motivo por el cual está vedado, por esta vía, obtener la declaración de un derecho que se encuentra discutido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 864-2020 Protección.