nombre reservado CONTRA nombre reservado

Iquique, dieciocho de enero de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, funcionario público, con domicilio laboral en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de doña nombre reservado, abogada, domiciliada en domicilio reservado, por atentar en contra de sus derechos reconocidos en los numerales 1 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone el desarrollo de audiencia de cautela de garantías en autos RIT 2952-2020, de 09 de septiembre, en Juzgado de Garantía de Iquique; oportunidad en que la recurrida, defensora pública, se refiere a su persona, transcribiendo pasajes de la pista de audio.

Con lo expuesto, arguye la existencia de una persecución de parte de la recurrida hacia su persona, particularmente en su desempeño como Educador de Trato Directo, ya que acusa vulneración de derechos y maltrato sin antes haber visto y considerado que en los registros conductuales se señala el proceder de acuerdo a los protocolos y especificaciones técnicas, en la cual se hizo y se realizó el procedimiento. Agrega que a su parecer existe una manipulación por encontrar culpables en donde no existen, dar un giro a la situación misma y lo intenciona hacia su persona.

Hace presente que en la referida causa se fijó una segunda cautela de garantías, el 22 de septiembre de 2020, por lo que la recurrida ha efectuado una seguidilla de imputaciones y agravios a su persona, sin pruebas ni antecedentes concretos que fundamente las mismas.

Finalmente, indica que a raíz de anteriores imputaciones que realizó la defensora nombre reservado el año pasado, en que también realizó acusaciones solicitando cautela de garantía a favor de otro joven -las que no fueron comprobadas ni sancionadas-, vio afectada su situación personal, profesional y familiar, ocasionando un trastorno “Depresivo Ansioso por estrés severo por Acoso Laboral”.

Colaciona los audios de las audiencias expuestas, concluyendo que la recurrida realiza imputaciones gratuitas sin antes haber mediado investigación al respecto, pasando por alto la presunción de inocencia, ignorando los registros conductuales de los procedimientos llevados a cabo en los respectivos Registros.

Alega como garantías conculcadas las contenidas en el artículo 19 N° 1 y 3 de la Constitución Política de la República, relativas al derecho a la integridad psíquica y en orden a que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales.

Pide adoptar todas aquellas medidas de protección que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, permitir al recurrente el pleno ejercicio de las garantías constitucionales conculcadas; y en particular, declarar que los recurridos dejen de referirse a su persona en los términos señalados y respeten el trabajo que realiza, con condena en costas.

Evacúa informe doña nombre reservado, abogada, defensora penal juvenil, quien solicita el rechazo de la acción deducida.

Hace presente que ejerce el cargo de defensora penal juvenil desde el año 2011, cargo que implica el ejercicio de la representación de las personas menores de edad imputables que tienen la calidad de imputados o condenados. Lo anterior, refiere, implica la comparecencia a audiencias y visitas permanentes a los jóvenes que se encuentran dentro del Centro Iquique.

Relata que en el año 2019 recibió una denuncia de un joven, indicando que el señor nombre reservado lo había agredido físicamente; ante ello, interpuso una acción de cautela de garantías, la que fue acogida, ordenándose al recurrente no acercarse al joven denunciante. Continúa exponiendo que durante el año 2019 recibió denuncias de varios jóvenes indicando también que el señor nombre reservado junto a otro funcionario propiciaban y organizaban “bautizazos y despedidas”, consistentes en golpes.

Señala que en el año 2020 interpuso dos acciones judiciales de cautela de garantías a favor de diferentes jóvenes, quienes habrían denunciado que habían sido “gaseados”, golpeados y ahorcados por personal de Gendarmería, ante la mirada e inacción de funcionarios de Sename, entre los cuales estaba el actor, quienes no impidieron que los hechos ocurrieran y no habrían informado a la dirección del Centro. Agrega que se aperturó una investigación en la Fiscalía local y los hechos fueron además objeto de una acción constitucional de amparo.

Respecto a los hechos expuestos por el recurrente, cita artículo 2 del Código del Trabajo y arguye que no son efectivas sus aseveraciones, pues no es su empleadora ni tampoco su colega, no teniendo una relación directa, manifestando incluso desconocer quién es físicamente.

Agrega que en su calidad de funcionario, el actor rige su función conforme a la Ley N° 18.575, por lo que está sujeto a los principios allí establecidos, mientras que su persona, en su calidad de funcionaria pública, tiene el deber legal de denunciar los hechos constitutivos de delitos que lleguen a su conocimiento.

Por otro lado, añade que todas las acciones impetradas por su persona se han realizado en el contexto de las normas internas que se encuentran en el estatuto de responsabilidad penal adolescente y Convención de los Derechos del Niño. Por lo que, habiendo recibido denuncias, que afectan la integridad física y dignidad de sus defendidos, no podría sino haber accionado para que el juez de garantía tome conocimiento de las mismas, se tomen medidas y se deriven las denuncias correspondientes para su investigación.

Por último, alega que la acción evidentemente es extemporánea, ya que los hechos que se denuncian se habrían producido en audiencia de cautela de garantías en el mes de septiembre de 2019.

Solicita el total y completo rechazo del recurso deducido, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior, se infiere que para su procedencia es requisito indispensable, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Que, en el presente recurso se denuncia por el recurrente una serie de imputaciones y agravios a su persona proferidas por la recurrida en el contexto del ejercicio de su labor como defensora penal pública en audiencias ante tribunal respectivo, cuestión que conculcaría su garantía constitucional consagrada en el N° 1 y 3 del artículo 19 de la Carta Magna.

TERCERO: Que, ponderados los antecedentes allegados conforme los elementos de la sana crítica, se desprende que el actuar de la recurrida no denota arbitrariedad o ilegalidad alguna, específicamente en los dichos expuestos a propósito de audiencias de cautela de garantías llevadas a efecto ante el tribunal competente, lo que malamente podría importar una perturbación o amenaza de los derechos que invoca el actor.

CUARTO: Que, a mayor abundamiento, conforme el tenor literal del relato del recurrente, las audiencias en que se produjeron las imputaciones indicadas se llevaron a cabo en el mes de septiembre de 2020, por lo que evidentemente la acción constitucional es, además, extemporánea a la luz de lo previsto en el artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de la materia del recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 858-2020 Protección.

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