EULEN CHILE S.A CONTRA INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE POZO ALMONTE

IQUIQUE, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTO:

El 26 de octubre de 2017 comparece don Anibal Rogel Sepúlveda, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien, en representación de la empresa Eulen Chile S.A., persona jurídica de derecho privado, interpone acción de protección en contra del Inspector Comunal del Trabajo de Pozo Almonte, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por afectar sus derechos garantizados en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 14 de agosto de 2017 la recurrida realizó una fiscalización a su parte, constatándose los siguientes hechos: 1) No llevar correctamente el libro de asistencia y determinación de las horas extras; 2) No cumplimiento de la resolución que autoriza sistema excepcional de distribución de jornada de trabajo y descanso; 3) No dar cumplimiento a las medidas de prevención de riesgos sugeridos para el departamento de prevención de riesgos.

Indica que en razón de tales hechos, junto a lo prevenido en los artículos 33, 184 y 506 del Código del Trabajo, en relación al artículo 20 del Reglamento 969 de 1933 y 66 inciso 5° de la Ley 16.744, la recurrida mediante la resolución 8871.17.38-1, 2, 3, le cursó una multa de 180 unidades tributarias mensuales, siendo está notificada el día 14 de agosto de 2017.

Señala que el 14 de septiembre de 2017 presentó ante la recurrida recurso de reconsideración, sin embargo, el pasado 23 de octubre se le notificó del Ordinario N° 137, mediante el cual se le comunica la inadmisibilidad de la reconsideración planteada por ser extemporánea al formularse fuera del plazo de 30 días corridos.

Afirma que el Ordinario referido, constituye un acto ilegal en tanto el plazo para promover su solicitud de reconsideración de 30 días, previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo, es de días hábiles y no corridos, de manera que la interpretación de la recurrida, en razón de la cual aquella entiende que dicho plazo es de días corridos, atenta contra la norma antes transcrita, siendo además arbitraria y vulneradora de sus derechos garantizados en los números 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en tanto se violenta su derecho de acceder a una instancia de reclamación administrativa ilegal e injustificadamente.

Agrega que el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, argumentando para ello que esta reclamación se realiza ante un órgano administrativo, por lo que este mecanismo de impugnación se sujeta a la Ley 19.880, norma que en su artículo 25 prescribe que el cómputo de los plazos del procedimiento administrativo es de días hábiles, entendiendo que no lo son, los sábados, domingos y festivos, de manera que dicha norma ha de integrar el sentido y alcance del artículo 512 del Código del Trabajo al ser aplicable según lo estatuido en el artículo 432 del referido Código.

Por lo anterior, afirma que su solicitud de reconsideración fue presentada oportunamente, reiterando que fue notificado de la resolución que le impuso la multa antes señalada el 14 de agosto de 2017, por lo que su presentación de reconsideración formulada el 14 de septiembre del mismo año, se realizó previo al vencimiento del plazo correspondiente.

Junto a lo anterior estima que la conducta reprochada importa una conculcación de su derecho garantizado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, pues le impide acceder a una legítima defensa de sus derechos ante la autoridad administrativa y los Tribunales de Justicia.

Pide que se acoja la acción promovida y en consecuencia se deje sin efecto la resolución impugnada, aceptándose su solicitud de reconsideración administrativa, con costas.

Acompaña documentos para sustentar sus alegaciones.

El 10 de noviembre de 2017, evacuando el informe requerido, doña nombre reservado, abogada, por la recurrida, expone que cursada la multa referida por el actor en su libelo, esta fue notificada de forma personal el 14 de agosto de 2017, ante lo cual la recurrente el 14 de septiembre de 2017 depositó en la oficina de Chilexpress la solicitud de reconsideración administrativa, siendo esta recepcionada por dicha oficina el 22 de septiembre de 2017 y posteriormente el 11 de octubre de los corrientes el Inspector Comunal del Trabajo declaró inadmisible la solicitud de reconsideración por no haberse presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos desde la notificación de la multa, dictando al efecto el Ordinario N° 137.

Afirma que la acción intentada en autos es improcedente, ya que la recurrente utiliza la vía de la protección como un sustituto procesal de los procedimientos establecidos en la Ley contenidos en los artículos 420 y 504 del Código del Trabajo, en los cuales se establece la posibilidad al administrado de reclamar contra la resolución de multa y la resolución que se pronuncia sobre una reconsideración de multa, siendo el Ordinario N° 137 una resolución que se pronuncia sobre una solicitud de reconsideración, por lo que corresponde que el recurrente ejerza la acción ante el Juzgado de Letras del Trabajo, quien a través de un procedimiento de lato conocimiento pueda resolver la controversia. Sin perjuicio de ello, estima que el plazo contenido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles y no corridos, ya que al no explicitarse en la norma aquello, corresponde aplicar el artículo 50 del Código Civil, en virtud del cual se infiere que la regla general es que los plazos comprendan los días feriados a menos que expresamente el plazo señalado sea de días útiles, de manera que revisado el artículo 512 del Código del Trabajo, no se advierte alguna regla que ordene vulnerar la regla general antes expuesta, por lo que en razón del principio de especialidad, debe estimarse que este plazo es de días corridos.

Luego de citar jurisprudencia que avala sus alegaciones insiste en cuanto a que la acción presentada no es la idónea para conocer y resolver la pretensión de la recurrente, destaca que su comportamiento es legal, justificado y se ampara en el ejercicio de facultades que legalmente le son reconocidas por el artículo 511 del Código del Trabajo, subrayando que en razón de lo expuesto no ha vulnerado los derechos indicados por la recurrente.

Pide que se declare la improcedencia del presente recurso de protección y en subsidio, rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el propósito de evitar posibles consecuencias dañosas o lesivas de actos u omisiones arbitrarios o ilegales que causen en los afectados privación, perturbación o amenaza en el legítimó ejercicio de las garantías o derechos que se protegen con este instrumento jurisdiccional, con el fin de que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los perjudicados.

SEGUNDO: Que en síntesis, la recurrente estima vulnerada las garantías fundamentales previstas en los numerales 2 y 3 inciso 1º del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, que reconocen el derecho a la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, respectivamente, toda vez que la recurrida no admitió a tramitación una solicitud de reconsideración presentada dentro del plazo de 30 días hábiles.

Por su parte, la recurrida alega la improcedencia de la acción de protección por existir un procedimiento ordinario para reclamar en contra de la resolución que rechaza una solicitud de reconsideración y por estimar que el plazo de 30 días previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos y no hábiles.

TERCERO: Que previo a analizar el fondo de la cuestión controvertida, es necesario referirse a la alegación de improcedencia del recurso por existir un procedimiento en la ley laboral, en los artículos 511 y 512, que permite reclamar de la resolución que se pronuncia sobre una solicitud de reconsideración.

Tal defensa será desestimada, teniendo únicamente presente que el artículo 20 de la Carta Fundamental hace procedente el recurso de protección para la cautela de los derechos y garantías que la disposición menciona, “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el afectado, ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que son hechos pacíficos entre las partes que la Resolución de Multa N° 8871.17.38-1, 2 y 3 de 14 de agosto de 2017, fue comunicada personalmente en la misma fecha y que la solicitud de reconsideración fue formulada el día 14 de septiembre de 2017.

De lo hasta acá razonado, aparece que la problemática a dilucidar por esta Corte estriba en la naturaleza que ostenta el plazo de 30 días contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo para recurrir de reconsideración en contra la resolución de multa, que en concepto de la recurrente es de días hábiles, por aplicación supletoria del artículo 25 de la Ley N° 19.880, mientras que la recurrida sostiene que es de días corridos, en razón de lo dispuesto en el artículo 50 del Código Civil.

QUINTO: Que el artículo 18 de la Ley N° 19.880, define al procedimiento administrativo como una sucesión de trámites emanados de la Administración, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal. Por su parte, el Código del Trabajo no contempla un procedimiento administrativo específicamente reglado, con indicación de sus principios, etapas y pasos de tramitación, de modo que debe aplicarse supletoriamente el procedimiento previsto en la citada ley, conforme a lo dispuesto en su artículo 1º.

En este orden de ideas, al no señalar el artículo 512 del Estatuto Laboral la forma de computar el plazo de 30 días para presentar reconsideración, es procedente hacer aplicación del artículo 25 de la Ley N° 19.880, que en lo pertinente señala que los plazos de días establecidos en aquella ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

SEXTO: Que, en consecuencia, de acuerdo a los fundamentos precedentes, la reconsideración deducida por la actora ante la Inspección Comunal del Pozo Almonte lo fue dentro de plazo legal, y al negarse a darle tramitación al recurso administrativo la recurrida cometió un acto ilegal, vulneratorio del derecho a la igualdad ante la ley, motivo por el que la acción constitucional será acogida.

SÉPTIMO: Que, al haberse accedido al recurso de protección por violación a la igualdad ante la ley, no se omitirá pronunciamiento sobre una eventual infracción a la garantía del inciso 1º del artículo 3, por inoficioso.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE el recurso de protección entablado en representación de la empresa Eulen Chile S.A., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Pozo Almonte y, en consecuencia, se deja sin efecto el Ordinario N° 137 de 11 de octubre de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación la solicitud de reconsideración presentada por la actora con fecha 14 de septiembre pasado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 850-2017 Civil (Protección)́.

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