Protección contra Tesorería General de la República

Iquique, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece don Javier Lea-Plaza Micheli, abogado, en representación de don nombre reservado, camionero, RUN N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por quien deduce recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por don nombre reservado, domiciliados en domiciliado en domicilio reservado, por haberse realizado un embargo y retención indebida por la suma de $3.376.820, afectando las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 18 de octubre de 2015 y el 30 de noviembre de 2015, conforme al Certificado de Deudores Morosos, la recurrida despachó mandamiento de ejecución y embargo contra su representado, iniciando así el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias Rol N° 12.268-2015 y Rol N° 11.954-2016, siendo notificado, requerido de pago y posteriormente trabado embargo sobre un departamento de su propiedad; siendo ampliado en tres oportunidades sobre bienes muebles e inmuebles del contribuyente, como así también sobre toda prestación que deba percibir el contribuyente de otra persona natural o jurídica.

Relata que el 25 de noviembre pasado, en ambas causas, dedujo incidente de abandono del procedimiento, mientras que con misma fecha la recurrida ordenó a los Bancos BCI y Estado, el embargo de las cuentas del contribuyente, reteniendo $585.421 en Banco Estado y $2.791.399 en Banco BCI. Alega que la recurrida de forma ilegal y arbitraria ordenó sustraer los dineros del contribuyente, antes de que se resuelva el incidente de abandono, haciendo gala de ser juez y parte en el procedimiento.

Por otro lado, alude como ilegalidad que la resolución que ordenó la retención de los fondos no fue válidamente notificada, pues sólo se notificó por correo electrónico de forma conjunta para ambos roles y sólo respecto del embargo practicado en Banco Estado, siendo que el contribuyente nunca autorizó dicho modo de notificación, debiendo efectuarse por carta certificada, conforme lo dispuesto en el artículo 171 del Código Tributario. Asimismo, denuncia la omisión de notificación por cédula, conforme lo establecido en el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil.

Concluye así, que la recurrida ordenó retener fondos a diversos bancos en respuesta a dos incidentes de abandono del procedimiento en causas en las cuales no existían gestiones útiles de hace más de 5 años, y que lo hizo a través de la ejecución de resoluciones que no fueron válidamente notificadas, lo que torna su actuación en ilegal y arbitraria, vulnerando gravemente la garantía constitucional comprendida en el artículo 19 N° 3 de la Constitución, en particular, de la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y a las garantías de un procedimiento racional y justo.

Por último, hace presente que se mantienen dos embargos vigentes sobre un bien del recurrente que supera notoriamente y con creces el valor de los créditos.

Pide se deje sin efecto la retención efectuada con fecha 25 de noviembre de 2021, o en subsidio, la rebaje al monto que se estime, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho, con costas, en caso de oposición. Acompaña documentos.

Evacúa informe don nombre reservado, Director Regional Tesorero (S) de Iquique, solicitando el total rechazo del recurso por improcedente, con expresa condenación en costas.

Señala que el recurrente se encuentra demandado en los expedientes Rol 12.268-2015 y 11.954-2016, ambos de la comuna de Iquique, los que se tramitan conforme a las normas relativas al Cobro Ejecutivo de las Obligaciones Tributarias en Dinero, establecidas en el Título V Libro III del Código Tributario artículos 168 y siguientes; correspondiendo la deuda a cuatro formularios 21, por la suma neta de $1.655.245, $2.856.466, $969.644 y $1.206.006, por impuesto IVA postergado. Precisa que el título ejecutivo corresponde a la nómina de deudores morosos, el que se encuentra firme y ejecutoriado.

Arguye que la institución no ha cometido ningún acto arbitrario e ilegal que amenace, perturbe o prive al recurrente del legítimo ejercicio de sus derechos, pues ha ejercido sus potestades legales dentro del ámbito legal, limitándose a cumplir el mandato legal establecido en el artículo 35 del Decreto Ley N° 1263 del año 1975, al efectuar el cobro de los impuestos girados por el Servicio de Impuestos Internos y adeudados por el recurrente.

Asimismo, indica que por resolución de 09 de diciembre pasado se rechazó el incidente de abandono del procedimiento formulado por el recurrente.

Pormenoriza las actuaciones contenidas en las causas antes citadas, refiriendo que el 07 de noviembre de 2016 y 25 de mayo de 2017 se procedió a embargar un inmueble del recurrente, y teniendo en consideración el monto de la deuda morosa, se decretó la ampliación de embargo, sobre las cuenta corrientes que mantenía el deudor en el Banco Santander (Banefe), Bci y Banco Estado. Añade que al practicarse la diligencia, ésta no puedo ser efectiva, toda vez que la cuenta se encontraba sin saldo a esa fecha, lo cual consta en notificaciones de fechas 06 y 07 de junio de 2017; posteriormente, se dictaron sucesivas ampliaciones de embargo, las que tampoco fueron exitosas.

Por su parte, aclara que al practicarse la diligencia en el BCI, se procedió con fecha 22 de noviembre de 2021 al embargo de la suma de $2.791.399, que mantenía el deudor en la cuenta corriente N° [cuenta reservada], lo que consta en acta de ampliación de embargo y certificación de retenedor de esa misma fecha. Mientras que en el Banco Estado, se procedió con fecha 23 de noviembre de 2021 al embargo de la suma de $585.421, que mantenía el deudor en la cuenta vista N° [cuenta reservada], lo que consta en acta de ampliación de embargo y certificación de retenedor de esa misma fecha. Finalmente, expone que recién el día 25 de noviembre el contribuyente compareció en el proceso Rol N° 12268-2015 de la comuna de Iquique, interponiendo incidente de abandono de procedimiento, al que no se le dio lugar el 09 de diciembre pasado.

Conforme a lo expuesto, controvierte los antecedentes del recurso, pues sostiene que los embargos cuestionados fueron realizados con anterioridad a que el recurrente formulara el incidente de abandono del procedimiento, así como también habían sido decretados previo a ello.

En cuanto al derecho, asegura que en ninguna actuación se ha pretendido vulnerar los derechos del contribuyente, si no que se ha dispuesto conforme a las facultades establecidas en los artículos 170 y 174 ambos del Código Tributario, el embargo de todos los bienes del deudor, conforme además al Derecho de Prenda General establecido en el artículo 2465 del Código Civil.

Pide el rechazo del recurso de protección interpuesto, con costas. Adjunta antecedentes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Del recurso se desprende que el acto reprochado por el recurrente está dado por el embargo y retención de una suma total de $3.376.820 desde dos cuentas bancarias, las que tienen como origen una resolución dictada por la Tesorería Regional de Tarapacá en el marco de la tramitación de expedientes administrativos de cobranza, lo que conculcaría sus garantías contenidas en el artículo 19 numerales 3 y 24 de la Carta Magna.

TERCERO: Que previo a entrar al fondo del asunto, debe tenerse presente el fundamento y petitorio de la acción, toda vez que lo atacado, en definitiva, son las resoluciones pronunciadas por la recurrida y actuaciones de embargo en el marco del procedimiento de cobranza judicial contenido en el expediente administrativo, tramitado conforme las disposiciones del Código Tributario.

CUARTO: Que de acuerdo a la antecedentes allegados al proceso y tal como lo arguye la recurrida en su informe, la resolución que se cuestiona fue emitida en el marco de un procedimiento reglado por la ley, debiendo por tanto, impugnarse o solicitar lo que corresponda por los medios y recursos procesales idóneos que franquea la misma ley para subsanar defectos o corregir errores en la tramitación de juicios tributarios ejecutivos, no siendo viable la revisión de una cuestión jurídica de fondo mediante una acción cautelar como la que se intenta a través del presente recurso.

QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, aparece que la medida denunciada no merece el reproche de ilegalidad o arbitrariedad per sé atribuido en la presente acción, pues de las copias de los expedientes administrativos allegados, seguidos en contra del recurrente, se desprende que el incidente de abandono del procedimiento al que alude en su recurso de protección fue deducido con posterioridad a la diligencia de traba de embargo sobre sus cuentas bancarias, razones todas que llevan a desestimar la acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada por don nombre reservado en contra de Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 840-2021 Protección.