Protección contra Dirección Regional Aduanas de Iquique

Iquique, doce de abril de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece doña Lin-Kiu Ly Fumey, abogada, a favor de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, transportista, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Dirección Regional Aduanas de Iquique, representada por su Director Regional don Cristian Molina Silva, ambos con domicilio en domicilio reservado, por atentar en contra de la garantía establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 08 de septiembre del año 2020 fue detenido don nombre reservado, por Carabineros de Chile en el Control de Quillagua, con ocasión de haber provocado lesiones a una funcionaria de Aduanas, siendo fiscalizado y además encontrado pacas de cigarrillos de contrabando. En razón de ello, se procede a incautar vehículo tracto camión, PPT DWDB-99-0, del año 2003, marca Volvo, Modelo VNL64T610, color blanco rojo, y su Semirremolque PPT JL-2320 marca Great Dane, modelo 7911TZ1, del año 1996, ambos de propiedad de la recurrente.

Por otro lado, relata que en causa RIT 1901-2020, RUC N°2010047911-8, seguida ante el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, consta que con fecha 11 de septiembre de 2020, el Servicio de Adunas de Iquique, presentó querella por el delito de lesiones menos graves en contra de don nombre reservado, y con fecha 30 de octubre de 2020, presenta ampliación de querella por el delito de contrabando en contra de la misma persona. Hace especialmente presente que en dicha causa no consta formalización alguna.

Indica que su representada, en su calidad de dueña y tercerista, solicitó en reiteradas oportunidades por sistema SIAU del Ministerio Público, la entrega de sus bienes, en razón a que no existe antecedente alguno que ella pudiese tener conocimiento sobre las especies de cigarrillos incautados, menos aun si el que se encargaba de cargar el camión y transportarlo era el Sr. nombre reservado. Asimismo, refiere que se solicitó audiencia y se desarrolló el día 14 de diciembre de 2020, ante el Juzgado de Pozo Almonte, para discutir la tercería de dominio, solicitándose la devolución de sus bienes, negándose ello, argumentándose que aún estaba en etapa de investigación. Alega que ello resulta ilógico, ya que no existe formalización de ningún sujeto y menos un plazo de investigación formal del proceso, lo que solo acarrea un perjuicio a su representada, quien aún mantiene sus herramientas de trabajo, camión y semirremolque inmovilizados, sin contarse con una fecha cierta de la investigación o término del proceso en contra de don nombre reservado.

Señala que volvió a realizar solicitud de devolución de especies ante el fiscal de la causa de Pozo Almonte, indicándole nuevamente la inexistencia de antecedentes que logren relacionar a la dueña del camión con los hechos del delito, lo cual, quien informó que no es facultad de él, sino de Aduanas, quien mantendría la incautación.

Ante dicho escenario, con fecha 18 de febrero del presente año, refiere que envió correo electrónico a la abogada de la Dirección Regional de Aduanas de esta ciudad, doña Raquel Arellano, solicitándose la entrega de especies a nombre de la tercenista por no mantener participación en los hechos, quien contestó que corresponde a resolución en sede judicial, entendiéndose como una negativa.

En cuanto al derecho, alude que se ha infringido la garantía constitucional señalada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, relativa al derecho de propiedad, vulnerándose el libre uso y goce de los bienes de la recurrente, no existiendo fundamentos que exijan la retención de éstos, ya que no es sujeto de un procedimiento judicial o investigación, sino un tercero afectado.

Colaciona el artículo 178 del Decreto con Fuerza de Ley N° 30, Ordenanza de Aduanas, y 31 del Código Penal.

Pide se acoja el recurso en todas sus partes, declarando la restitución a su dueña del vehículo tracto camión PPT DWDB-99-0, del año 2003, marca Volvo, Modelo VNL64T610, color blanco rojo, y su Semirremolque PPT JL-2320 marca Great Dane, modelo 7911TZ1, del año 1996, y se condene en costas a la contraria.

Acompaña documentos.

Evacúa informe doña Raquel Arellano Bravo, abogada del Departamento de Asesoría Legal de la Dirección Regional de Aduanas de Iquique, el que es suscrito por Cristian Molina Silva, Director Regional de Aduanas de Iquique, Región de Tarapacá, solicitando el total y absoluto rechazo de la acción deducida, con costas.

Expone que mediante Oficio Ordinario N° 418, de 11 de septiembre de 2020, el Sr. Jefe de la nombre reservado, denunció hechos acaecidos el 08 de septiembre, en que se detectaron ocultas pacas de cigarrillos de procedencia extranjera, las que fueron incautadas junto con el vehículo camión PPU DWDB-99 y semirremolque PPU JL-2320, los que fueron remitidos al Servicio Nacional de Aduanas mediante Oficio Ordinario N° 53 de 08 de septiembre de 2020.

Por lo anterior, refiere que se presentó querella con fecha 11 de septiembre de 2020 por el delito de lesiones menos graves en representación de una de sus funcionarias, la que fue posteriormente ampliada por el delito de contrabando de cigarrillos, declarándose admisible dicha acción el 03 de noviembre de 2020. En dicha causa, RIT 1901-2020, con fecha 02 de diciembre de 2020 la recurrente interpuso acción de tercería de dominio y reclamación respecto del Tracto Camión y Semirremolque, llevándose a efecto audiencia de tercería el 14 de diciembre de 2020, oportunidad en la que se declara el dominio pero no se hace lugar a la devolución de los rodados.

Precisa que la solicitud que efectúo la actora al Ministerio Público, la hizo en causa diversa, la que se apertura paralelamente por la remisión que hace Carabineros de Chile del parte policial, y posteriormente remite correo electrónico a la institución, recibiendo respuesta el mismo 19 de febrero del año en curso, por la misma vía electrónica. En base a ello, sostiene que como la actora toma como acto o hecho fundante dicho correo electrónico, éste no alcanza a tener la naturaleza jurídica invocada por la recurrente, toda vez que sólo se limita a constatar los antecedentes de la causa RIT 1901-2020, haciendo mención a lo resuelto con fecha 14 de diciembre de 2020, la que no fue susceptible de recurso alguno.

Arguye que no ha existido acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la institución que representa, pormenorizando el alcance de los conceptos de ilegalidad y arbitrariedad.

Por otro lado, alega la extemporaneidad de la acción, pues los hechos que dan origen al procedimiento de contrabando cuestionado datan de 08 de septiembre de 2020, mientras que se ha ejercido la acción penal previa instancia particular con fecha 30 de octubre de 2020, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, por lo que las mercancías y los vehículos objeto de la retención pasaron a disposición del Ministerio Público y es ese órgano el llamado a resolver sobre la petición de devolución de los vehículos, ya sea en sede administrativa o judicial, mediante los mecanismos establecidos por el legislador. Reitera que con fecha 14 de diciembre de 2020 se negó la devolución solicitada por la actora, por parte de dicho tribunal.

Recalca que el actuar del Servicio Nacional de Aduanas, al proceder a la retención de las mercancías y de los instrumentos de un procedimiento de contrabando, para ponerlos a disposición del Ministerio Público, no ha sido ilegal, pues ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, ni tampoco arbitrario, ya que no ha sido producto de un antojo ni de un impulso.

Respecto al actuar del servicio recurrido, aduce que tanto la Ordenanza como la Ley Orgánica del mismo, ha dotado al Servicio de un conjunto de atribuciones, citando artículo 2° de la Ordenanza de Aduanas, de lo que deviene que se encuentran sujetas a la potestad aduanera no sólo las mercancías, sino también las personas y la importación y exportación de servicios.

Por otro lado, refiere que el artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio se encuentra facultado para: “4. Hacer detener a quienes aparezcan como presuntos responsables de los delitos de fraude o contrabando, para ponerlos a disposición de la justicia ordinaria, junto con los efectos del delito”, por consiguiente, la retención de las cajetillas de cigarrillos y de los instrumentos por medio de los cuales se ejecutó el delito de contrabando, para ser puestos a disposición del órgano persecutor de la investigación penal, constituyó una decisión cuyo fundamento son las facultades legales que gozan los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas.

Por último, hace presente que habiéndose ejercido la acción penal respectiva, la competencia del presente asunto se ha radicado en el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, debiendo en esa sede judicial discutirse la pretensión de la recurrente, toda vez que excede la competencia de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones.

Concluye, sosteniendo que el acto no agravia las garantías constitucionales invocadas, evidenciando ausencia de requisitos para la procedencia de la acción ejercida y ausencia de relación de causalidad.

Acompaña antecedentes y solicita el total y absoluto rechazo de la acción constitucional, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Que, del recurso se desprende que el acto reprochado por la recurrente está constituido por la retención de su vehículo tracto camión PPT DWDB-99-0, del año 2003, marca Volvo, Modelo VNL64T610, color blanco rojo, y su Semirremolque PPT JL-2320 marca Great Dane, modelo 7911TZ1, del año 1996, realizada de forma ilegal y arbitraria por la institución recurrida e informado vía correo electrónico por la referida con fecha 19 de febrero de 2021, cuestión que conculca su derecho contenido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Magna.

TERCERO: Que respecto de la alegación procesal de extemporaneidad de la acción deducida, ésta será desestimada, atendido que el acto atacado se ha mantenido produciendo sus efectos, por lo que solo cabe entender que el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo establecido en el artículo 1 del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

CUARTO: Que, asentado lo anterior, cabe analizar que la situación fáctica reclamada en la presente acción se encuentra regulada y prevista pormenorizadamente en el artículo 189 del Código Procesal Penal, precepto legal que viene en proteger la propiedad que quepa a los intervinientes o terceros en el marco de una investigación y resolución de un acto delictual, estableciendo el procedimiento y órgano jurisdiccional ante el que debe acudirse, evidenciándose en consecuencia, la impertinencia y falta de idoneidad de tal pretensión por la vía constitucional activada.

QUINTO: Que, por otro lado, conforme el mérito de los antecedentes tenidos a la vista, no puede estimarse por esta Corte que el actuar de la recurrida sea ilegal o arbitraria, toda vez que han invocado antecedentes fundantes que promueven una investigación actual respecto del delito por parte del ente persecutor establecido por ley; sin perjuicio, como se dijo, del derecho que le asista a la parte para reclamar de las especies en la forma y oportunidad que prevé la normal legal citada. Máxime lo anterior, si no hay constancia alguna que la recurrente haya impugnado lo decidido por el tribunal, respecto de la negativa a la devolución de los muebles reclamados en audiencia de 14 de diciembre de 2020.

SEXTO: Que, no concurriendo los requisitos para que la acción cautelar pueda prosperar, necesariamente deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado en contra de la Dirección Regional Aduanas de Iquique.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 83-2021 Protección.

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