CORPORACIÓN DE DESARROLLO DEL NORTE S.A. CONTRA INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO POZO ALMONTE

IQUIQUE, quince de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTO:

Comparece don Rodrigo Campos Oliva, abogado, en representación de Sociedad Contractual Minera Corporación de Desarrollo del Norte, interponiendo recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Pozo Almonte, por cuanto la recurrida ha dictado la Resolución Nº 8871/17/043-1, la que califica de arbitraria e ilegal, pues perturba su legítimo ejercicio de los derechos recogidos en el artículo 19 Nº 3, inciso 5º, y Nº 24 de la Constitución Política.

Expone que el pasado 13 de octubre, se le notificó a su representada la referida Resolución, fechada el día 2 de ese mes, que le aplica una multa de 20 UTM. Dentro de sus fundamentos, menciona que fiscalizadores de la Inspección Comunal constataron que no dio respuesta oportuna, dentro del plazo establecido en el artículo 335 del Código del Trabajo, al proyecto de contrato colectivo presentado el 4 de septiembre de 2017, por el Sindicato Nº 2 de la empresa, respuesta que recién fue evacuada el 26 de septiembre último.

Indica que para adoptar esta determinación, el órgano recurrido tomó como antecedente que dicho sindicato habría presentado una propuesta de contrato colectivo en el contexto de una nueva negociación, regida por las normas incorporadas por la Ley 20.940. Sin embargo, no consideró lo argumentado por la empresa, en orden a que no se estaba en presencia de un nuevo contrato, sino que se trataba de la continuación de la negociación relativa al contrato colectivo de 6 de junio de 2014, respecto del cual las partes, el 20 de mayo de 2016, prorrogaron la negociación, en ejercicio del derecho que otorgaba el artículo 369 del Código del Trabajo, lo que era conocido por la Inspección Comunal, ya que fue notificada formalmente el 23 de mayo de 2016.

De este relato fáctico, sostiene que la Inspección recurrida procedió a interpretar jurídicamente los hechos relacionados con la existencia de una prórroga de contrato y la aplicación de la legislación laboral reformada en tal negociación y, como consecuencia de esa actividad, efectuó una calificación jurídica acerca de que se trataba de una nueva negociación colectiva, regida por la actual normativa. De esta forma, indica que la Inspección Comunal excedió las facultades que le reconoce el artículo 505 del Código del Trabajo, atribuyéndose aquellas que son propias de los tribunales de justicia, en los términos del artículo 420 del cuerpo legal citado.

Detalla que las partes acordaron un contrato colectivo el 6 de junio de 2014, con vigencia hasta el 1 de junio de 2016. Luego, el 20 de mayo de 2016, se optó por suscribir una prórroga de la negociación colectiva, de acuerdo al artículo 369 del Código del Trabajo que regía en la época, el cual debe entenderse incorporado al contrato, en conformidad al artículo 22 de la Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes.

Añade que la prórroga -puesta en conocimiento de la recurrida el 23 de mayo de 2016- tuvo como objetivo aplazar la conclusión del proceso de negociación colectiva por un lapso de 18 meses, de manera que el proceso se suspendió hasta el 1 de noviembre de este año, y cualquier actividad previa a esa fecha no constituye un nuevo proceso de negociación colectiva, sino que la continuación de aquel prorrogado, no siendo aplicables las nuevas disposiciones sobre la materia.

Acota que el Sindicato Nº 2, desconociendo lo acordado, el 4 de septiembre de este año presentó una nueva propuesta de contrato colectivo, diferente del prorrogado. La empresa, el 26 de ese mes, le respondió con los mismos argumentos hasta acá desarrollados, pero la Inspección Comunal hizo caso omiso de estas razones y, resolviendo en calidad de juez, dictaminó que su parte habría incumplido el artículo 335 del Código del Trabajo en su actual redacción, asentando que no se trata de una prórroga de la negociación anterior, sino de una nueva negociación, negando la aplicación de la Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes, todo esto fuera de sus atribuciones.

Estima que la única manera de determinar que se está en presencia de una nueva negociación colectiva es a través de un procedimiento judicial y por un tribunal competente, jamás por el ente administrativo, lo que denota la ilegalidad de su acto.

En cuanto a fundamentos jurídicos, cita las letras a) y b) del artículo 420 del Código del Trabajo, que entregan competencia a los Juzgados de Letras del Trabajo en lo relativo a la interpretación y aplicación de contratos colectivos, y a cuestiones derivadas de la aplicación de las normas de negociación colectiva. En este sentido, indica que se infringe la garantía del artículo 19 Nº 3, inciso 5º, de la Carta Fundamental, desde que su representada ha sido juzgada por una comisión especial, pues la recurrida carece de facultades para decidir como lo hizo, arrogándose competencias judiciales. Asimismo, como consecuencia del acto arbitrario e ilegal le impone una multa, viéndose también afectado su derecho de propiedad.

Por lo anotado, pide se deje sin efecto la Resolución Nº 8871/17/043-1, con expresa condena en costas.

Evacuando informe, doña nombre reservado, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo de Pozo Almonte, pide el rechazo del recurso.

En primer lugar, coincide con la recurrente en que el 20 de mayo de 2016 la empresa y el Sindicato Nº 2, en uso de la prerrogativa del artículo 369 del Código del Trabajo, prorrogaron el contrato colectivo que vencía el 1 de junio de 2016 hasta el 1 de noviembre de 2017. Adiciona que la organización sindical, al alero del artículo 333 del estatuto laboral, presentó contrato colectivo de trabajo el 4 de septiembre pasado, siendo entregada la respuesta de la empresa el 26 de septiembre. Al día siguiente, por requerimiento del sindicato, la Inspección Comunal constató que no se había dado respuesta dentro de plazo legal, por lo que se procedió a cursar la multa reclamada por esta vía.

Insta por la improcedencia del recurso de protección, pues la Inspección del Trabajo, de acuerdo al artículo 505 del código del ramo, y artículos 1, 5, 20 y 23 del D.F.L. Nº 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social -Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo-, tiene la facultad de fiscalizar e interpretar la ley laboral, sin perjuicio de la competencia de otros órganos administrativos.

Asevera que es imposible fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral sin que previamente se precise el concepto, sentido y alcance de la prestación a que se encuentran obligadas las partes en la relación laboral, es decir, el acto de fiscalización supone lógica y necesariamente interpretar la norma por cuyo cumplimiento debe velar el servicio, como lo ha reconocido la jurisprudencia que cita.

Señala que privar a la Dirección del Trabajo de su potestad interpretativa implicaría restarle parte sustantiva de sus atribuciones fiscalizadoras, de modo que, en este caso concreto, se limitó a ejercer sus facultades, con estricto apego a las normas que la regulan.

Acto seguido, en cuanto a los fundamentos de la multa impuesta a la actora, señala que la Ley 20.940, en vigencia desde el 1 de abril de este año, en su artículo 2º transitorio dispone que las negociaciones colectivas se regirán por las normas vigentes al día de presentación del proyecto, agregando que los instrumentos colectivos suscritos con anterioridad a su entrada en vigencia regirán hasta la fecha convenida. Sostiene por tanto, que corresponde aplicar el actual artículo 335 del Código del Trabajo, que obliga al empleador a responder el proyecto de contrato dentro de los diez días siguientes a su presentación. La existencia de la prórroga hasta el 1 de noviembre de 2017 no altera esta conclusión, por aplicación del artículo 333, que obliga a presentar el proyecto no antes de sesenta ni después de cuarenta y cinco días anteriores a la fecha de término de la vigencia del instrumento.

Por otro lado, afirma que la recurrente no cuenta con un derecho indubitado y que se está en presencia de un asunto controvertido que debe resolverse en un procedimiento de lato conocimiento, según el artículo 420 de Código del Trabajo, que entrega competencia a los tribunales para conocer de las reclamaciones judiciales de multas administrativas, por lo que se pretende utilizar al recurso de protección como sustituto de un procedimiento establecido en la ley.

Finaliza señalando que la Inspección Comunal ha actuado previa investidura regular de sus funcionarios, dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley, motivada en el principio de inexcusabilidad que consagra el artículo 5º de la Ley 19.880, sin que su comportamiento comprometa las garantías invocadas en el recurso, razones por las que reitera su petición de rechazo, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEGUNDO: Que aparecen como hechos no cuestionados los siguientes:

1.- Que la Sociedad Contractual Minera Corporación de Desarrollo del Norte (en adelante la Minera) y el Sindicato de Trabajadores N° 2 de la Corporación de Desarrollo del Norte (en adelante el Sindicato) prorrogaron la vigencia del contrato Colectivo por 18 meses a partir del 1 de junio de 2016.

2.- Que por lo anterior, el contrato colectivo vencía el 01 de noviembre de 2017;

3.- Que dicha prórroga fue comunicada a la Inspección del Trabajo mediante presentación de fecha 23 de mayo de 2016;

4.- Que el 4 de septiembre de 2017, el Sindicato presenta proyecto de contrato Colectivo;

5.- Que la Minera le da respuesta con fecha 25 de septiembre de 2017;

6.- Que en dicha respuesta la Minera expresa al Sindicato que la prórroga del Contrato Colectivo lo fue para seguir negociando, y que dicho proceso no ha concluido;

7.- Que ese mismo día el Sindicato formula denuncia a la Inspección del Trabajo de Pozo Almonte, en el sentido que la respuesta no se dio dentro de plazo.

8.- Que el día 27 de septiembre recién pasado, el Fiscalizador emite informe dando cuenta de la presentación fuera de plazo 9.- Que en virtud de dicho informe de fiscalización se multa a la Minera en 20 Unidades Tributarias Mensuales, la que se encuentra contenida en la Resolución N° 8871/201743-1.

10.- Que en el informe presentado, la recurrida expresa que la presentación del nuevo proyecto de contrato colectivo responde al cumplimiento de los plazos que la ley establece, pues el contrato anterior concluía el 1 de noviembre de 2017.

TERCERO: Que la discusión se centra en determinar el alcance de la potestad de fiscalización de la Inspección del Trabajo, y en tal contexto, determinar si ese órgano actuó o no interpretando, en definitiva, los alcances de la cláusula segunda del acuerdo alcanzado entre el Sindicato y la Minera el 20 de mayo de 2016, misma que prorroga el contrato colectivo vigente a esa fecha y en el que manifiestan proseguir con las negociaciones, ello conforme lo establece el inciso 1 del artículo 369 del Código del Trabajo, y si ello acarrea como efecto el término o no de la Negociación Colectiva en la que se efectuó la prórroga de dicho instrumento.

CUARTO: Que a juicio de esta Corte la actividad de la Inspección del Trabajo excedió de sus atribuciones, puesto que la competencia para realizar ese tipo de interpretación le corresponde a los Juzgados del Trabajo, conforme lo prevenido en el artículo 420 del Código del ramo, conforme al cual estos últimos deben conocer de las controversias suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o que se originen de la interpretación y vigencia de los contratos individuales y colectivos de trabajo. Así, lo ha sostenido, por lo demás, la Excma. Corte Suprema en fallo de 17 de julio de 2017, en causa N° 14589-2017.

QUINTO: Que de lo que se viene diciendo, aparece que la Inspección del Trabajo de Pozo Almonte, incurrió en un acto ilegal al emitir la Resolución N° 8871/201743-1, por la que se impuso una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales a la recurrente, y que afecta la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, toda vez que la Administración se avocó a conocer y resolver una controversia jurídica vinculada al término o no de una negociación colectiva, cuestión que únicamente pertenece a los órganos jurisdiccionales que la ley ha señalado, cuestión por lo demás, que es señalado por la propia recurrida en su informe.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE el recurso de protección entablado por la Sociedad Contractual Minera Corporación de Desarrollo del Norte, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Pozo Almonte, y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución 8871/201743-1, que impuso una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del Abogado Integrante señor Hans Mundaca Assmussen.

Rol I. Corte N° 829-2017Civil (Protección).

Pronunciada por los Ministros Sr. PEDRO GÜIZA GUTIÉRREZ y Sr. RAFAEL CORVALÁN PAZOLS y el Abogado Integrante Sr. HANS MUNDACA ASSMUSSEN. Autoriza don nombre reservado, Secretario Titular.

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