Protección contra Asociación Gremial de Dueños de Camiones Puerto Iquique

IQUIQUE, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTO:

El 19 de octubre de 2017 comparecen nombre reservado, ingeniero, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, chofer de camiones, domiciliado en domicilio reservado; y nombre reservado, chofer de camiones, domiciliado en domicilio reservado; quienes interponen acción de protección en contra de Asociación Gremial de Dueños de Camiones Puerto Iquique, R.U.T. N° RUT reservado, representado legalmente por el presidente del Directorio, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Exponen, como antecedentes previos, que la recurrida es una Asociación Gremial (en adelante AG), que agrupa a 116 dueños de camiones de esta ciudad, desde hace 15 años aproximadamente, la cual se constituyó cuando el alcalde de esa época dio la posibilidad de estacionarse en Av. Circunvalación con Sotomayor S/N, prometiendo que entregaría ese terreno en comodato, pero nunca lo hizo por diversos motivos, sin embargo, los camioneros siempre se han estacionado en el lugar hasta la fecha, tratándose de un terreno municipal.

Agregan que la AG mantiene un trato con empresas de depósitos de contenedores para trasladar los vacíos al Puerto, por lo que reparte dicho trabajo entre sus asociados y cuando hay mucho traslado, llama a terceros, que sin ser socios, pagan un arriendo por estacionarse en el lugar físico en que la asociación funciona desde su creación. Explican que por esta actividad no se podía cobrar, pues es una AG sin fines de lucro, por lo que algunos de los socios formaron una Sociedad Anónima (en adelante SA) de 70 accionistas, con la finalidad de cobrar a esas empresas los trabajos que hacía la AG. Añade que la recurrida además mantiene otras formas de recibir dinero: cobra arriendo a los que no son socios (que denominan terceros), cobra arriendo como patios de vehículos Zofri a empresas del rubro y cobra por recibir escombros en el sitio, a pesar de no tener fines de lucro.

Manifiesta que frente a una serie de problemas de administración, ciertos socios descontentos, en el año 2015, comenzaron a pedir cuentas a través de una carta, la cual se leyó en la asamblea, pero no se dio ningún balance. Ante la insistencia de los socios, a finales del periodo de 2016, la directiva entregó un estado de cuentas en el cual quedaron al descubierto una serie de irregularidades.

En cuanto al Sr. nombre reservado, indica que es hijo de uno de los socios de la AG, don nombre reservado, quien le extendió un poder amplio para representarlo en la asociación con todas las facultades que ostenta, por lo que debe de entenderse tal y como si estuviese actuando el socio titular, por la modalidad de representación.

Señala que el 26 de septiembre de 2017, el padre de don nombre reservado recibe una carta de notificación de la AG., firmada por el Directorio y el Tribunal de Honor, en virtud de la cual se le notifica la prohibición de acceso a ambos al recinto asignado a la recurrida, por faltas reiteradas a la Asociación Gremial, descalificándola, desprestigiando y atentando en contra de aquella institución.

Asevera que su parte ha cumplido con todos los requisitos y mantiene todos los derechos y obligaciones como tal, en virtud de los estatutos. Además, en dicha calidad, ha sido el precursor de los actos de fiscalización respecto de la AG recurrida y que han sido considerados por la directiva como faltas reiteradas y que han dado motivo a la prohibición de desarrollar la actividad económica a que tiene derecho como socio de esta A.G.

Refiere que con fecha 24 de mayo de 2017, se efectuó una presentación al SEREMI de Economía de Tarapacá a objeto de plantear la problemática y se solucionaran las irregularidades de las que se daba cuenta, otorgando el servicio un plazo de 10 días a la AG para informar, ante la negativa de la recurrida, el ministerio de Economía informa al Directorio de la AG que le otorga 10 días más para dar cumplimiento al requerimiento de información (teniendo entendido que a la fecha no se ha informado). De esta forma –afirma-, como don nombre reservado ha sido el precursor de estas solicitudes para aclarar y trasparentar los fondos y la relación entre la A.G. y la S.A., es que se le remitió la carta referida a su padre, a objeto de hacer cesar sus acciones, haciendo presente al respecto que el Tribunal de Honor adoptó una medida su contra, sin embargo a él nunca se le pidió un informe o fue citado a declarar, estando frente una clara vulneración del derecho a defensa que la ley le franquea e impidiéndole el ejercicio de su actividad económica lícita.

En cuanto a don nombre reservado, se expresa que no es dueño de los dos camiones que trabaja ni tampoco es socio de la AG, sin perjuicio de lo cual se le está negando la posibilidad de trabajar, lo cual efectúa desde junio de 2016, por la calidad de la socia de la AG, Sra. nombre reservado, con quien mantiene un contrato para ejercer la actividad de Camionero. Indica que para tales efectos la AG le extendió una credencial, sin embargo al actor se le remitió una carta con fecha 12 de octubre de 2017, en la cual se le indica que a partir del 20 de octubre del mismo año le será prohibido el ingreso a las dependencias de la AG y que deberá entregar el calzo de estacionamiento asignado, por el cual él paga arriendo y que la AG extiende como “aporte voluntario” en algunos documentos y en otros casos como boletas electrónicas por “habilitación de patio a terceros”. Expresa que la carta de aviso indica que debe entregar un sitio que le fue asignado, pero eso no es efectivo, pues nunca se le ha asignado calzo alguno, sino que trabaja en el rol y calzo de la socia referida.

Respecto al recurrente nombre reservado, señala que tampoco es socio de la AG, pero arrienda 6 sitios a la AG por la suma de $40.000 mensual cada uno. Relata que los socios tienen preferencia de traslado de los contenedores al Puerto, pero como tercero, cuando hay mucho trabajo, se les considera también en el rol para trabajar en dichos traslados, pagando la AG la suma correspondiente al traslado menos el 7% y le descuenta el arriendo de los sitios, trabajando desde el año 2016 de esa manera.

Afirma que también le llegó la carta en el mismo tenor que al recurrente anterior, en el sentido que no podrá hacer ingreso a las dependencias de la AG, impidiéndole el ejercicio de la actividad económica lícita.

Conforme a lo expuesto, asevera que al recurrente nombre reservado, le fue notificado por carta una medida adoptada en su contra sin un proceso legalmente tramitado, verificándose una vulneración en el legítimo ejercicio de su derecho y garantía constitucional contemplada en el numeral 3 inciso 5° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas que "Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho", enfatizando que el referido Tribunal de Honor es una figura regulada por los estatutos de la AG., específicamente en su artículo 15, órgano colegiado que fue elegido hace alrededor de un año por la asamblea y sus miembros (por elección de los socios) son nombre reservado (presidente), nombre reservado y nombre reservado. Sin embargo, la carta en que se informa al Sr. nombre reservado de las medidas adoptadas en su contra, está claramente firmada por una comisión especial, pues además de los miembros del Tribunal de Honor elegido hay un cuarto juez firmante, don nombre reservado, por ende aunque los pie de firma digan “Tribunal de Honor” ese órgano no es el elegido por la asamblea y por ende no queda más que calificarlo como una comisión ad hoc o comisión especial que se arroga facultades que no tiene.

Además, señala que si bien el inciso 6° del numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental de nuestra República no está amparado en la acción de protección, es dable señalar que, como ya se indicó, fue conculcado gravemente el derecho a defensa de don nombre reservado, toda vez que se le juzgó sin respetar los principios elementales del debido proceso, sobre todo la bilateralidad de la audiencia y el derecho a defensa, pues ni siquiera fue escuchado siendo sumamente trascendente considerando la entidad de la decisión en forma de sanción que se le impone, subrayando que a la fecha ni siquiera existe el Código de Ética, jamás se ha discutido alguno ni menos se ha aprobado por la asamblea.

Por otra parte, respecto a los tres actores, agrega que se le han vulnerado y lesionado el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, consagrado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, al prohibírseles ingresar a las dependencias de la AG., lo que conlleva además la no inclusión en el rol de transporte, pues el Sr. nombre reservado y el Sr. nombre reservado como choferes representantes de socios y el Sr. nombre reservado como tercero, tienen derechos por el pago del arriendo del sitio a ser incluidos en este rol que en definitiva implica el ingreso económico de los recurrentes, su actividad económica, que se agota en el traslado de los contenedores al Puerto.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, indican que no tiene basamento legal alguno y es enteramente antojadizo, presumiendo que es por el hecho de apoyar las gestiones del Sr. nombre reservado en cuanto solicitar fiscalizaciones de cuentas y transparencia.

En base a todo lo expuesto, solicitan acoger el presente recurso de protección, decretando ilegales y arbitrarios los actos de la Asociación recurrida, de prohibición de acceso y por ende de no inclusión en los roles de transporte; y dejando sin efecto todas las medidas adoptadas en contra de los recurrentes, con expresa condena en costas.

Acompañan documentos para sustentar sus alegaciones.

El 13 de noviembre de 2017, Iván Jara Sepulveda, abogado, en representación de la recurrida Asociación Gremial de Dueños de Camiones Puerto Iquique, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo del mismo con expresa condenación en costas.

Manifiesta que la Asociación Gremial es una agrupación sin fines de lucro que reúne a más de 100 dueños de camiones, quienes gracias a un comodato otorgado por el ex alcalde don Jorge Soria Quiroga y el acuerdo unánime del Honorable Consejo Municipal de Iquique, utilizan las dependencias ubicadas en avenida Circunvalación con calle Sotomayor S/N de la ciudad de Iquique. En este sentido, indica que el terreno donde se emplaza la asociación es un recinto privado debidamente cercado y resguardado por una empresa de seguridad, donde los distintos socios tienen libre acceso, mientras que aquellas personas que no son socios deben presentarse ante el pórtico de seguridad y solicitar el ingreso correspondiente como en cualquier recinto privado donde se pretende resguardar la seguridad del mismo. Asevera que los recurrentes, don nombre reservado, don nombre reservado, y don nombre reservado, no son miembros de la asociación recurrida, pero sin embargo, han hecho uso de las instalaciones entregadas a la asociación gremial por diversos motivos. En el caso de don nombre reservado, refiere que éste se desempeña como conductor de los camiones de propiedad de la socia doña nombre reservado; el recurrente don nombre reservado arrienda sitios o espacios dentro del terreno otorgado en comodato a mi representada; y don nombre reservado, ha participado en representación de su padre, el socio don nombre reservado, por tanto, ninguno de los recurrentes forma parte de la Asociación Gremial y no gozan de ninguna de las facultades o atribuciones que un miembro de la Asociación Gremial tendría. Afirma que los únicos que se podrían ver afectados por no tener autorización para ingresar a este recinto privado son los miembros de la Asociación, sin embargo, ninguno de ellos ha visto vulnerado su derecho, prueba de ello es que ninguno ha presentado reclamo, demanda o recurso alguno, sino que son terceros o personas ajenas quienes denuncian una supuesta vulneración de derechos o garantías, lo cual es falso.

Expresa la presente acción de protección es improcedente, ya que, respecto a la supuesta prohibición de acceso, como se indicó, estamos en el marco de un terreno privado entregado a la Asociación recurrida, el cual se rige en virtud del estatuto, normas de seguridad y acceso acordado por los propios miembros de la asociación, reglamentación a la cual se le ha dado estricto cumplimiento, no quebrantándose garantía alguna, ya que no existe ningún derecho constitucional que faculte a una persona a ingresar a terreno privado ajeno libremente.

Respecto a la garantía constitucional a desarrollar cualquier actividad económica (artículo 19 N° 21 de la Constitución Política), indica que don nombre reservado y don nombre reservado, se desempeñan como chofer de camiones. Así las cosas, la Asociación Gremial no mantiene vinculo de subordinación y dependencia con ellos, más aun, como se ha indicado reiteradamente, no forman parte de la asociación, por lo que a la hora de desempeñar sus labores lo hacen de manera libre y totalmente apartada de las decisiones o actuaciones que puede realizar la recurrida, aseverando, asimismo, que la prohibición en caso alguno es arbitraria, ya que fue determinada por una institución privada y autónoma como es la Asociación Gremial respecto al ingreso de terceros al recinto privado que se les entregó en comodato, ello frente a los constantes actos de descalificación y desprestigio de la Asociación Gremial y sus miembros por parte de los recurrentes.

Añade que en el remoto caso que esta decisión de prohibir el ingreso causara algún tipo de perjuicio a alguno de los socios, son ellos los llamados a intentar algún tipo de acción legal, ya que ellos son quienes tienen algún derecho que pudiera verse vulnerado, situación que en este caso no ocurre.

Respecto a la garantía constitucional de no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho (artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política), expresa que, como señala el propio recurrente, es el estatuto de la asociación el que regula el establecimiento, composición, y duración del Tribunal de Honor. Así las cosas, el actual Tribunal de Honor se formó hace un año aproximadamente por votación de los socios, razón por la cual se entiende que éste está completamente dentro de sus facultades, no existiendo vulneración alguna en el caso de que tomara algún tipo de decisión.

Dicho lo anterior, hace presente que la decisión de prohibir el ingreso no fue tomada por alguna comisión especial creada únicamente para afectar a estas personas y sin tener fundamento alguno, como pretende hacer creer el recurrente, muy por el contrario, la decisión de prohibir el ingreso al recinto privado fue tomada por la Asociación Gremial como institución privada y autónoma, haciendo cumplir los estatutos que regulan su funcionamiento, toda vez que los recurrentes en reiteradas oportunidades han ocasionado desordenes al interior del recinto privado, alterando la normal convivencia de los miembros de la asociación, lo cual se ve aún más agravado frente a los constantes actos de desprestigio y descalificación, todo lo cual ha generado un clima de tensión y desconfianza entre los asociados que antes nunca existió, sin tener fundamento o prueba alguna para las acusaciones que han proferido, haciendo insostenible esta situación. De esta forma, indica que los recurrentes se han encargado de desprestigiar y descalificar a la asociación gremial, los miembros del directorio y otros miembros de la asociación con falsas acusaciones, por supuestas irregularidades en la administración, pero sin embargo no han seguido los protocolos establecidos en los estatutos, siendo este el motivo por el cual la asociación decidió prohibir su ingreso, toda vez que ni siquiera son miembros de la misma, no existiendo vulneración alguna a algún derecho.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEGUNDO: Que de los antecedentes proporcionados por los actores, valorados en conformidad con las reglas de la sana crítica, es posible tener por establecido que efectivamente la Directiva y el Tribunal de Disciplina de la accionada, Asociación Gremial de Dueños de Camiones Puerto Iquique, por medio de carta fechada 26 de septiembre del año en curso, dirigida al socio nombre reservado, le informa que han adoptado la medida de prohibirle el acceso al recinto asignado a la Asociación Gremial a su hijo y representante nombre reservado, por estimar que éste ha cometido faltas reiteradas en contra de la Asociación, descalificándola y desprestigiándola.

Asimismo, la Directiva de la Asociación Gremial, el 12 de octubre del presente, informa a los actores nombre reservado y nombre reservado, que el 20 del mismo mes, deberán entregar el sitio asignado por la Asociación.

TERCERO: Que los hechos establecidos, deberán ser analizados en relación con los presupuestos del recurso, consistentes en la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, contrario a derecho, vulnerador de preceptos normativos obligatorios, o, producto del mero capricho, carente de razonabilidad, cuya finalidad es evitar consecuencias dañosas por la ocurrencia u omisión de actos de esa naturaleza, en directa relación también con la garantía del artículo 19 Nº 3, inciso 5, y artículo 19 N°21, todos de la Constitución Política de la República que dicen conculcados.

CUARTO: Que, de los antecedentes aportados por los actores y lo expuesto por la propia recurrida, se desprenden ciertos presupuestos fácticos que es del caso resaltar, por revestir importancia para la adecuada resolución de la cuestión planteada mediante el presente recurso:

1° El recurrente, nombre reservado, es hijo de nombre reservado, socio de la Asociación Gremial recurrida, quien, mediante carta poder de 2 de septiembre de 2011, está facultado para representar a su padre ante la Asociación Gremial de Dueños de Camiones Puerto Iquique y cediéndole además su padre el cupo de inscripción como socio integrante de la Asociación, el 4 de marzo de 2016.

2° El actor nombre reservado, no es socio de la Asociación Gremial, desempeñándose como conductor de los camiones de propiedad de la socia nombre reservado, otorgándosele credencial de acceso por la accionada a los terrenos en los cuales se emplaza la Asociación, pagando $20.000 mensuales por derecho a estacionar.

3° Por su parte, el recurrente nombre reservado, no es asociado a la entidad recurrida, pero arrienda sitios o espacios dentro del terreno de la Asociación Gremial, pagando $40.000 por cada uno, proporcionándosele por parte de la accionada una credencial de acceso para dichos efectos.

4° Las medidas dispuestas por la recurrida en contra de lo actores, las funda la Asociación en el hecho que, a su parecer, los recurrentes han efectuado actos que desprestigian y descalifican a la Asociación Gremial, los miembros del Directorio y otros miembros de la Asociación con falsas acusaciones, por supuestas irregularidades en la administración, sin seguir los protocolos establecidos en los estatutos.

5° El artículo 15 del Reglamento del Estatuto de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones del Puerto de Iquique, dispone que "La Asamblea designará por un periodo de tres años a un Tribunal de Honor, compuesto de tres miembros, quienes serán los encargados de aplicar el Código de Ética que la Asociación le dé (...)" QUINTO: Que, de los antecedentes antes referidos, se colige que la entidad recurrida al adoptar la medida de prohibir el ingreso al actor nombre reservado, ha incurrido en una actuación ilegal y arbitraria, pues el órgano interno del que emanó la decisión, sea este el Directorio o el Tribunal de Disciplina (u Honor), no tienen la facultad para ello, por cuanto, según se desprende de los Estatutos de la Asociación Gremial, dicha potestad se radica en el Tribunal de Honor en base a lo establecido en el Código de Ética, no constando en autos que aquél haya sido aprobado por la Asamblea, por tanto, ni las conductas que deban ser sancionadas ni las medidas a aplicar a aquellas, lo que convierte su actuar en arbitrario e ilegal, vulnerándose de esta forma la garantía constitucional consagrada en el numeral 3 inciso quinto del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que dispone que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.”, atendido que la recurrida se ha erigido en “una comisión especial”, que juzgó y sancionó la conducta del recurrente nombre reservado, sin respetar elementales principios del debido proceso, entre ellos la bilateralidad de la audiencia y el derecho a defensa, lo que resulta trascendente más aun considerando la entidad de la medida adoptada; y si bien esta última garantía no se encuentra protegida por la acción de protección, no por ello deja de tener relevancia.

SEXTO: Que, asimismo, la decisiones adoptadas por la entidad recurrida, constituyen actos arbitrarios e ilegales que amenazan el legítimo ejercicio del derecho de los recurrentes a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional, consagrada en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, ya que no se trata - como afirma la accionada- de simples terceros o personas ajenas a la Asociación Gremial, sino que por el contrario, estos mantienen relaciones jurídicas y contractuales vigentes, que no pueden ser soslayadas por la decisión unilateral de un ente que no está facultado expresamente para aquello, por lo que en la especie, sólo cabe concluir que el recurso debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones Puerto Iquique, representada por don nombre reservado, ordenándose a la recurrida únicamente dejar sin efecto las medidas de prohibición de acceso al recinto y entrega de sitios asignados, según corresponda, al que aluden los comunicados suscritos por la recurrida de 26 de septiembre y 12 de octubre, todos del año 2017, que afectan a los recurrentes, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte Nº 816-2017 Civil (Protección).

6