Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes

Iquique, veintitrés de noviembre de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, RUT N° RUT reservado, trabajadora dependiente, con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad, quien patrocinada, recurre de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, RUT N° RUT reservado, persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por su Gerente General, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado de esta ciudad, por atentar en contra de sus derechos reconocidos en el artículo 19 N° 3 inciso 5° y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que en el mes de julio de 2020 suscribió contrato de trabajo con la sociedad Lonza Hermanos Ltda., con el objeto de prestar servicios de vendedora en sus dependencias.

En dicho contexto, indica que el 01 de octubre de pasado, al momento de recibir la liquidación de sueldo correspondiente al mes de septiembre de 2020, advirtió que existía un descuento por la suma de $97.027.- que, al momento de consultarle a su empleador sobre su procedencia, éste le comunicó que se trataba de un descuento de cuotas correspondiente a un crédito que mantendría con la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Menciona que revisados sus antecedentes, verificó que efectivamente con fecha 09 de diciembre de 2014, suscribió un contrato de mutuo por la suma de $1.257.225.- que se desglosaron en diferentes ítems y cuyo monto figura como pactado en 36 cuotas mensuales y sucesivas de $55.444.- cada una, afirmándose que el contrato de mutuo tendría una duración hasta el día 31 de diciembre de 2017. Agregando que, paralelamente, también existe un pagaré suscrito la misma fecha, por la suma de $1.257.225.- y cuyo monto figura como pactado en 36 cuotas mensuales y sucesivas de $55.444.- cada una, título de crédito que figura suscrito como respaldo del mutuo al tratarse de la misma fecha, monto, cuotas y vencimientos. Asimismo, hace presente que en el mes de noviembre de 2015 quedó cesante y en adelante, no supo más de la existencia de aquel crédito sino con ocasión del descuento que se le hizo en la forma descrita precedentemente.

Señala como antecedente relevante que la recurrida dedujo demanda ejecutiva en su contra, para cuyos efectos se apoyó en el pagaré suscrito con fecha 09 de diciembre de 2014 por la suma de $1.257.255.- y que se trata del mismo monto que corresponde al mutuo de crédito social, siendo rechazada de plano la demanda ejecutiva por encontrarse sostenida en un título ejecutivo cuya acción estaba prescrita, la que no fue impugnada en su oportunidad.

Sostiene que el actuar de la recurrida resulta ilegal y arbitrario, pues al amparo del artículo 22 de la Ley N° 18.833, ésta permite que las Cajas de Compensación cobren en forma oportuna los créditos sociales que otorgan, pero habiendo transcurrido más de 5 años desde la morosidad y, peor aún, habiendo ejercido la recurrida la acción ejecutiva de cobro de aquel crédito, la que fue declarada prescrita, y a pesar de ello, se vale antojadizamente de una facultad legal, prácticamente por vía de la autotutela.

Respecto de la violación a la garantía constitucional que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales consagrada en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Ley Suprema, alega que la recurrida ha ejercido y revivido, al margen de la ley, una prerrogativa legal como lo es el ordenar el descuento de cuotas prescritas.

Por consiguiente, deviene en ilegal el descontar cuotas de un crédito cuya acción de cobro fue declarada prescrita por un sentencia firme por parte de un tribunal de la República porque se quebrantan las normas del debido proceso como es el caso del procedimiento ejecutivo, al mismo tiempo que deviene en arbitraria aquella conducta de descontar cuotas prescritas y declaradas por sentencia firme en la medida que tal capricho se manifiesta en la desobediencia a la autoridad de cosa juzgada emanada de una sentencia firme que declaró la prescripción de la acción de cobro.

Por otro lado, y en cuanto a la violación al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Ley Suprema, afirma que el proceder descrito aparece antojadizo y conculca el derecho de propiedad de la actora sobre sus remuneraciones.

Cita a su turno el artículo 41 inciso primer del Código del Trabajo, relativo a las remuneraciones y artículos 578 y 583 del Código Civil.

Luego de desarrollar el cumplimiento de los requisitos para accionar de protección e invocar jurisprudencia, pide, en definitiva, adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida que se inhiba de descontar de sus remuneraciones las cuotas provenientes del crédito que reflejan el contrato de mutuo de crédito social y pagaré, ambos de fecha 09 de diciembre de 2014, y ordenar la devolución de todo lo descontado en la liquidación del mes de septiembre de 2020 y las posteriores, con costas.

Acompaña documentos.

Evacúa informe Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien solicita el rechazo de la acción deducida.

Explica que el 09 de diciembre de 2014, Caja Los Andes otorgó a la recurrente el crédito social código 020262541-k, por la suma de $1.257.225, pagadero en 36 meses, con cuotas mensuales de $55.444.-, cuyo primer vencimiento se verificó el 31 de enero de 2015. Las cuotas de enero a julio de 2015, Nº 1 a Nº 7 fueron pagadas regularmente mediante descuentos efectuados en la remuneración de dichos meses, de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 18.833.

Añadiendo que posteriormente no se recibieron nuevos pagos por parte de la recurrente, sino hasta en el mes de octubre de 2020, cuando se detectó su ingreso como trabajadora de una entidad afiliada a Caja Los Andes, motivo por el cual se informó para la reanudación de descuentos, de acuerdo a lo establecido en el mentado artículo 22 de la Ley Nº 18.833. De esta forma, a través de descuentos en las remuneraciones de octubre y noviembre de 2020, fueron recaudadas las cuotas Nº 14 y Nº 15.

Explica que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo ya citado, que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Haciendo presente que su representada se encuentra efectuando el cobro de una deuda vigente y cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, toda vez que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible.

En razón de ello, aduce que mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con la recurrida a través del ejercicio de una acción constitucional, en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

De dicho modo, refuta haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional de la recurrente.

Sin perjuicio de lo expuesto, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime la recurrente en el recurso de protección, indica que Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito 020262541-k otorgado a la recurrente, excluyéndose dicha operación de las planillas de cobro que se dirigen a su empleador. Asimismo, dispondrá la restitución de las sumas descontadas y que hubieran sido remesadas a partir de la reanudación de los descuentos, esto es, a partir octubre de 2020.

Por lo anterior, pide tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de los argumentos planteados, rechazar por falta de oportunidad la acción de protección incoada en marras.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Se colige del libelo que lo reclamado por la recurrente radica en los descuentos a sus remuneraciones, dispuestos por la recurrida, respecto de las cuotas provenientes del contrato de mutuo de crédito social y pagaré, ambos de fecha 09 de diciembre de 2014, solicitando la devolución de todo lo descontado en la liquidación del mes de septiembre de 2020 y las posteriores, pues conculca sus derechos reconocidos en el artículo 19 numerales 3 inciso 5° y 24 de la Carta Magna.

TERCERO: Que, en su oportunidad, al evacuar el informe requerido, la institución recurrida expone que se ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito 020262541-k otorgado a la recurrente, excluyéndose dicha operación de las planillas de cobro que se dirigen a su empleador. Asimismo, dispondrá la restitución de las sumas descontadas y que hubieran sido remesadas a partir de la reanudación de los descuentos, esto es, a partir octubre de 2020.

CUARTO: Que, con el mérito de dicho informe emitido se desprende que la pretensión de la actora ha sido cubierta, no existiendo acto ilegal o arbitrario emanado de la recurrida que prive, perturbe o amenace en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías.

Con lo anterior, consecuencialmente, el sustento fáctico del recurso ha desaparecido, no existiendo medida alguna posible de adoptar mediante la vía constitucional activada, por lo que la acción intentada necesariamente será desestimada.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección presentado por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Se alza la orden de no innovar decretada en autos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 803-2020 Protección.