Recurso de protección

Iquique, cinco de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece nombre reservado, en su calidad de beneficiario de Programas de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) y Salud Trans (PST), deduciendo recurso de protección en contra la Contraloría General de la República, por vulneración de las garantías del artículo 19 N°1 y 4 de la Constitución Política de la República.

Hace consistir el acto ilegal y arbitrario en el Oficio 8.163 de 14 de enero de 2026 en que la entidad recurrida reitera a la Subsecretaría de Redes Asistenciales la solicitud de información detallada de los beneficiarios de la "Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género" y del "Programa Salud Trans”, exigiendo la remisión de antecedentes que por su naturaleza se encuentran contenidos en fichas clínicas y registros de salud bajo reserva legal, en conformidad a los artículos 10 de la Ley N°19.628 y 13 de la Ley N°20.584.

Argumenta que la facultad de fiscalización, contemplada en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría de la República no es absoluta y debe respetar el núcleo esencial del derecho a la privacidad y protección de datos personales.

En suma, solicita ordenar la abstención de entregar o procesar cualquier dato que permita su identificación personal en relación a los programas señalados.

Acompaña el oficio respectivo.

Evacúa informe la Contraloría General de la República explicando que la auditoria de cumplimiento de los programas, ejecutados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en los años 2023 a 2025, por los montos que indica en su recurso, se realiza a instancias de una Comisión Investigadora de la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas y en cumplimiento de sus atribuciones, contempladas en el artículo 1 de la Ley N°10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. Refiere la reticencia del servicio en la entrega de la individualización de los beneficiarios desde noviembre del año pasado, lo que constituye una información necesaria para realizar la auditoria correspondiente, porque no se puede realizar con los datos estadísticos, globales o anonimizados.

Precisa que el oficio se dirige a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, no al recurrente, que no divulgará información o datos sensibles de los usuarios de los programas que se auditarán y que se enmarca en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales que detalla, las que han sido aplicadas en ocasiones anteriores en relación con información en materia de salud de adultos, niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, señala que el inciso 4° del artículo 9 de la Ley N°10.336, en lo pertinente dispone: “(…) las normas que establezcan el secreto o reserva sobre determinados asuntos no obstarán a que se proporcione a la Contraloría General la información o antecedente que ella requiera para el ejercicio de su fiscalización, sin perjuicio de que sobre su personal pese igual obligación de guardar tal reserva o secreto.”

Argumenta que de acogerse este recurso múltiples programas públicos quedarían excluidos de su control, solo por incluir datos personales o sensibles y, por otro lado, que la auditoria tiene, entre otros objetivos, dar protección a los beneficiarios de los programas públicos, que en éstos se dé estricto cumplimiento a sus derechos y lograr la mejora en la ejecución de tales programas. Añade que la información requerida es necesaria y proporcional para los fines de la fiscalización y que no hay vulneración de ninguno de los derechos invocados.

Concluye que no cometió un actuar ilegal o arbitrario, por lo que solicita el rechazo del recurso y acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del tenor del recurso se colige que el actor, quien se atribuye la calidad de beneficiario de Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) y Salud Trans (PST), alega la ilegalidad y arbitrariedad del Oficio 8.163 de 14 de enero de 2026 de la Contraloría General de la República que reitera a la Subsecretaría de Redes Asistenciales la solicitud de información detallada de los beneficiarios, afectando su integridad física y psíquica y, asimismo, su honra, en los términos constitucionalmente garantizados.

TERCERO: Que el artículo 98 de la Constitución Política de la República, establece en su inciso primero: “Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva”.

A su turno, la primera parte del inciso primero del artículo 1 de su Ley Orgánica Constitucional dispone en lo pertinente: “La Contraloría General de la República, independiente de todos los Ministerios, autoridades y oficinas del Estado, tendrá por objeto fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades, de la Beneficencia Pública y de los otros Servicios que determinen las leyes”.

En este sentido, el artículo 9 de dicha normativa establece en su primer inciso: “El Contralor General estará facultado para dirigirse directamente a cualquier Jefe de Oficina o a cualquier funcionario o persona que tenga relaciones oficiales con la Contraloría o que le haya formulado alguna petición, a fin de solicitar datos e informaciones o de dar instrucciones relativas al Servicio”.

CUARTO: Que, por otro lado, en lo relativo al deber de reserva de las informaciones que los servicios entregan al ente contralor en el ejercicio de sus funciones, el inciso 4° del artículo 9 dispone: “Las normas que establezcan el secreto o reserva sobre determinados asuntos no obstarán a que se proporcione a la Contraloría General la información o antecedente que ella requiera para el ejercicio de su fiscalización, sin perjuicio de que sobre su personal pese igual obligación de guardar tal reserva o secreto”.

QUINTO: Que la relación de las normas citadas en los considerandos anteriores llevan a sostener la legalidad y razonabilidad del actuar de la Contraloría General de la República, desde que, a instancias de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas, requirió información mediante oficio a la Subsecretaría de Redes Asistenciales en relación a los beneficiarios, con el objeto de realizar una auditoria jurídica y financiera de los mentados programas, permitiendo de esta forma, respetando el deber de reserva, el ejercicio de sus funciones propias, motivos suficientes para rechazar el recurso intentado.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°79-2026 Protección.