Protección contra BCI NOVA

Iquique, nueve de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece doña Romina Ormeño Angotzi, abogada, a favor de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, conductor profesional, domiciliado en domicilio reservado, recurriendo de protección en contra del BCI NOVA, Rol Tributario N° 97.006.000-6, representado legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados domicilio reservado, y en contra de NORMALIZA S.A, entidad de cobranza, Rut RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por vulnerar su derecho reconocido en el artículo 19 numerales 1, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Como antecedente previo, indica que el recurrente y BCI Nova celebraron un contrato de mutuo, el que, en su cláusula séptima estableció el “PAGO AUTOMÁTICO”, y como consecuencia de aquello, todos los meses el Banco le descontaba al recurrente de su cuenta el monto exigible adeudado correspondiente. Pese a ello, menciona, que con el pasar del tiempo, la entidad bancaria no sólo descontaba el monto exigible adeudado, sino que descontaba cuotas que aún no se encontraban vencidas, por lo que el recurrente efectuó reclamos al respecto.

Hace presente que BCI Nova encarga las gestiones de cobranza de los créditos a Normaliza S.A, la que realiza innumerables llamados al teléfono personal del recurrente con el fin de regularizar la morosidad respecto al cumplimiento de pagos o servicio de sus deudas, situación que en el caso de marras, no acontece, ya que la modalidad de pago es automático.

Añade que la situación ya se ha vuelto intolerable, afectando ya no sólo su integridad psíquica, provocándole angustia y molestia, sino que también su actividad laboral, en atención a que el recurrente se desempeña en turnos de noche, manejando buses en una empresa minera de la región, pero debido al hostigamiento diario en su contra, llamadas que se realizan durante todo el día exigiéndole el pago de lo adeudado y cientos de correos electrónicos solicitando la regularización de la deuda, no le permiten descansar las horas correspondientes, lo que ha traído aparejado a que el protegido sienta temor, al no poder descansar las horas suficientes que su trabajo le demanda.

Refiere que sumado a lo anterior, el recurrente la semana pasada al solicitar un crédito hipotecario, se enteró que figuraba en DICOM por deudas impagas que mantenía con el Banco BCI, pese a reclamar ante los ejecutivos de dicha institución bancaria, y volviendo a señalarles que su modalidad de pago es el cobro automático, no recibió respuestas favorables. Ello, implica una perturbación de su derecho a la honra y a la protección de su vida privada consagrado en el artículo 19 Nº 4 de la Carta Magna.

Agrega que los hechos anteriormente descritos también han producido una amenaza del derecho de propiedad, contenido en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política, por cuanto se evidencia una insolvencia inexistente que ha disminuido tanto la potencialidad para el libre desenvolvimiento en las actuaciones civiles y comerciales, como especialmente para obtener créditos necesarios en la vida moderna que permiten adquirir bienes y servicio de alto valor.

Pide se declare que la recurrida debe cesar en el acto el acoso telefónico desplegado sobre el teléfono personal del recurrente, número +56 988123291, se adopten las medidas necesarias para que se elimine de los registros de DICOM al recurrente y que se condene a la parte recurrida en costas.

Evacúa informe doña Marcela Wachtendorff Valencia, abogada, en representación del Banco de Crédito e Inversiones y de Servicios Normalización y Cobranza Normaliza S.A, quien indica que la acción deducida es de tal vaguedad, que dificulta la comprensión y extensión de los hechos, la época en que se desarrollan, lo que compromete la adecuada defensa de las recurridas. Asimismo, hace presente que se acompaña por el actor “una hoja” de un contrato, sin mayor individualización, lo que impide conocer de qué tipo de contrato se trata, y si éste corresponde o no a algún documento en que tenga intervención el mismo.

Por otro lado, refiere que la jurisprudencia ha resuelto que, para que prospere una acción constitucional de protección, los hechos deben quedar de tal forma evidenciados con la sola presentación de los antecedentes que hagan indiscutible la existencia de un derecho amagado en alguna de las formas descritas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo que no ocurre en la especie.

Alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que el recurrente durante toda la narración de su recurso no ha señalado una fecha cierta de ocurrencia los supuestos hechos denunciados y que habrían vulnerado las garantías constitucionales señalas en su libelo, mientras que los documentos acompañados tampoco reflejan fecha cierta de su ocurrencia.

Asimismo, en cuanto al fondo, alega ausencia de afectación de las garantías que se reclama como vulneradas y del agente a quien le atribuye vulneración.

Aduce que no acompaña algún detalle de la frecuencia y las horas en las que se habrían producido los supuestos innumerables llamados, impidiendo circunscribir la litis y efectuar alegaciones.

Sin perjuicio de ello, expone que lo cierto es que el recurrente tiene contratada una cuenta vista y no una cuenta corriente con BCI Nova, y los pagos de forma automática se efectúan en la medida que la cuenta contratada mantenga saldos con cargo a los cuales efectuar tales pagos, lo que en el caso del Sr. nombre reservado no siempre ocurre. Es así como en los 3 últimos pagos, correspondientes a la cuota 32 del crédito pactado, que debía ser satisfecha el 5 de agosto de 2020, fue pagada el 10 de agosto; la cuota N° 33 con vencimiento el día 7 de septiembre de 2020 fue pagada el día 13 del mismo mes; y la cuota 34 con vencimiento el 5 de octubre de 2020 fue pagada con 10 días de retraso, esto es, el 15 de octubre, de manera que no es efectivo que jamás haya registrado moras, incluso, como es posible evidenciar, los pagos se van haciendo con mayor distanciamiento en relación a la fecha pactada, citando al efecto el artículo 1551 del Código Civil.

Por lo anterior, frente a las situaciones de mora como ocurre en la especie, explica que el Banco queda facultado para hacer efectiva la cobranza extrajudicial de la deuda, lo cual es de conocimiento y aceptación del cliente desde que contrata un crédito con BCI, por lo tanto, es efectivo que se hicieron llamados y comunicaciones, pero a diferencia de lo que menciona la recurrente, éstos no tienen el carácter de innumerables, sino que en ellas se informa de la existencia de una deuda vencida con el objeto de buscar una solución al problema del deudor.

Precisa que el contacto con el cliente se efectúa dentro del marco legal, ya que los llamados se realizan en días y horas hábiles, entre las 10 y 17 horas, según los rangos establecidos como horas hábiles por el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil y que dichos llamados no afectan de manera alguna la privacidad del recurrente, ni muchos menos su ámbito laboral, toda vez que los teléfonos a los cuales se han efectuado las llamadas fueron proporcionados por el mismo recurrente como números de contacto en caso que existiera algún tipo de dificultad entre el banco y el cliente, respetando a su vez la normativa contenida en la Ley N° 19.496 sobre protección al consumidor.

En cuanto a la aseveración del recurrente respecto de haberse enterado que figura en Dicom por deudas impagas que mantenía con el Banco BCI, sostiene que nuevamente ello constituye una indefensión, al no mencionar ni precisar cuál sería la institución financiera o crediticia que le habría informado que Banco de Crédito e Inversiones lo habría incluido en DICOM ni tampoco se menciona la fecha en que se habría tomado conocimiento de la ocurrencia de este hecho.

Respecto a aquello, indica que en documento que adjunta a su informe, da cuenta de manera irrefragable que el recurrente no registra anotaciones en Dicom, de manera que la supuesta vulneración del derecho a la protección a la honra y la vida privada, fundado en la incorporación del recurrente en el Boletín comercial, queda sin fundamento alguno.

En cuanto al derecho de propiedad denunciado como conculcado, señala que el recurso no se sustenta a sí mismo, ya que no se acompaña ningún antecedente que evidencie la realidad de lo reclamado, basándose en los solos dichos del actor, reiterando que el actor no presenta incumplimientos comerciales informados por el Banco de Crédito e Inversiones.

Finalmente, concluye que no se cumple con los requisitos de la acción impetrada, el que además incide en un aspecto de fondo de la cuestión debatida, como lo es la existencia o no de morosidad en el servicio de la deuda durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2020, discusión que no puede ser amparada como una materia propia del recurso de protección, sino que debe ser conocido mediante un procedimiento de lato conocimiento.

Solicita rechazar el recurso entablado, con expresa condena en costas para el recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, se colige del recurso impetrado que lo reclamado radica en diversas llamadas telefónicas efectuadas al recurrente, con el fin de regularizar la morosidad por incumplimiento de pagos o servicio y su registro en plataforma DICOM, cuestiones todas que conculcan sus derechos reconocidos en el artículo 19 N° 1, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, primeramente, la alegación procesal de extemporaneidad será desechada, atendidos los hechos expuestos por el actor en su escrito, relativos a la persistencia de los llamados telefónicos que por esta vía denuncia, de lo que se desprende que formalmente el recurso ha sido interpuesto en concordancia con lo dispuesto en el N° 1 del Auto Acordado que regula la tramitación del Recurso de Protección.

CUARTO: Que, útil resulta dejar asentado que respecto del registro en plataforma DICOM que impugna el protegido, conforme el documento aparejado al proceso por la recurrida denominado “Informe de deudas” de DICOM, queda establecido con claridad y precisión suficiente que aquel no registra incumplimientos comerciales, por lo que la acción no podrá prosperar en lo tocante a este punto.

QUINTO: Que, en cuanto al acto consistente en las llamadas telefónicas efectuadas por la empresa de cobranza recurrida, es evidente que el actor no acompañó antecedente alguno que sustente sus dichos, especialmente en relación a su calificación de reiterados, tornando del todo imprecisos y vagos sus dichos, lo que impide avizorar a este tribunal la existencia de alguna actuación ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, que amague los derechos denunciados como conculcados, por lo que la acción constitucional será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, el recurso deducido por nombre reservado en contra de BCI NOVA y NORMALIZA S.A.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 789-2020 Protección.

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