Protección contra Dirección Regional Aduanas de Iquique

Iquique, veintinueve de octubre de dos mil veinte.

VISTO:

nombre reservado, empresaria, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Dirección Regional Aduanas de Iquique, representada por su Director Regional don Cristian Molina Silva, ambos con domicilio en domicilio reservado, por atentar en contra de las garantías establecidas en artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Primeramente, expone que tiene una empresa que presta servicios de transporte de carga por carretera, iniciando actividades ante el Servicio de Impuestos Internos con fecha 30 de julio de 2004, entregando dichos servicios a diferentes clientes a lo largo del país.

Relata que, en dicho contexto, el día 11 de abril de 2020, a las 16:00 horas aproximadamente, el conductor de su camión PPU WG-7741, don nombre reservado, se encontraba estacionado en el sector denominado cargadero de los gitanos en la ciudad de Arica, esperando carga para viajar de regreso a la ciudad de Santiago, siendo contactado por un tercero, nombre reservado, quien le señaló ser vendedor de verduras en la Feria Lo Valledor en la ciudad de Santiago, por lo que requería transportar de manera inmediata desde la ciudad de Arica a Santiago distintas frutas y verduras, ofreciendo pagar la suma de $1.100.000 por el referido servicio de transporte acordado, por lo que abonó la suma de $200.000 al conductor, procediendo a comenzar la carga del camión con la verdura y fruta. En ese instante, el conductor se dirige a un local comercial cercano a fin de comprar algunos alimentos, mientras se realizaba la carga del camión y al regresar se estaba concluyendo dicha labor de carga del camión, pudiendo advertir el conductor en ese momento que habían cajones de tomate y mallas de coco. Posteriormente, alrededor de las 21:00 horas, el conductor inicia el viaje hacia la ciudad de Santiago, llegando a la avanzada aduanera de Quillagua el día 12 de abril de 2020, a las 07:50 horas aproximadamente, presentándose al control rutinario con el Manifiesto N° 763257, en el que se declaraban las verduras y frutos transportados. Ante ello, se procede por personal de aduanas a realizar una revisión de la mercadería, encontrando -debajo de las cajas con frutas y verduras- cajas plataneras en cuyo interior contenían cartones de cigarrillos extranjeros, ante lo cual se consulta al conductor por dicha circunstancia, quien manifiesta desconocer la existencia de los referidos cigarrillos, accediendo a declarar voluntariamente ante los funcionarios de aduanas que adoptaron el procedimiento, llamando en presencia de los mismos funcionarios al Sr. nombre reservado, a quien le informa del hallazgo de los cigarrillos por Aduanas, requiriendo una explicación por lo ocurrido, cortando el referido la comunicación y no volviendo a contestar los llamados que se efectuaron.

Con lo anterior y ante dicho hallazgo, señala que personal de Aduanas incautó los cartones de cigarrillos, ante la eventual existencia de un delito de Contrabando, formulando la correspondiente denuncia mediante Of. Ord. N° 133 de fecha 12 de abril de 2020, al que se adjuntó la correspondiente acta de incautación de los cigarrillos. Asimismo, personal de Aduanas procedió a la incautación de su tracto camión usado marca Renault, modelo Premium 420.26, año 2006, color Blanco, PPU WG-7741, N° de Motor 83M0636437, N° de Chasis VF622KVA000000074, según consta en el acta de incautación agregada a la denuncia.

Alega que la referida actuación de personal de Aduanas es manifiestamente ilegal y arbitraria, atendido que no se encuentran facultados por el ordenamiento jurídico para proceder a la incautación de su rodado.

Cita artículo 178 de la Ordenanza de Aduanas, evidenciando que la única institución que se encuentra legitimada activamente para requerir la incautación de un vehículo al Juzgado de Garantía correspondiente -en el marco de una investigación por delito de contrabando- es el Ministerio Público.

Añade que la denuncia derivó en que la Dirección Regional de Aduanas de Iquique dedujere una querella por los mismos hechos, ante el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, generándose la causa RUC 2010020231-0, RIT 492-2020, en la que no se me menciona como persona imputada y que revisado el sistema SIAGJ la única resolución dictada, dice relación con que la referida querella fue admitida a tramitación, dando cuenta que no consta que dicho Juzgado haya decretado la incautación del vehículo ni que haya sido solicitado por el Ministerio Público, por lo que por lo que actualmente el mismo se encuentra incautado en virtud de una actuación ilegal y arbitraria ejecutada por los funcionarios dependientes de la Dirección Regional de Aduanas de Iquique.

Finalmente, reitera que conforme el artículo 178 de la Ordenanza de Aduanas, el único que se encuentra legitimado activamente para requerir al Juzgado de Garantía de Pozo Almonte la incautación del referido camión, es el Ministerio Público, cuestión que no ha ocurrido en la especie. Lo anterior, se traduce en una amenaza inminente sobre el legítimo ejercicio del derecho de propiedad y a desarrollar actividad económica.

Asimismo, hace presente que el hecho descrito se ejecuta de manera continua y permanente desde el día 12 de abril de 2020, por lo que la acción se interpone dentro de plazo.

Pide se acoja el presente recurso, disponiendo que se ordene a la recurrida la devolución inmediata del vehículo marca Renault, modelo Premium 420.26, año 2006, color Blanco, PPU WG-7741, N° de Motor 83M0636437, N° de Chasis VF622KVA000000074. Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Informa don nombre reservado, Juez Presidente del Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, quien expone que en causa RUC 2010020231-0, RIT 492-2020, de dicho Tribunal, consta que con fecha 17 de abril del año en curso, doña Marlene Ivonne Peralta Aguilera, abogada del Departamento de Asesoría Legal de la Dirección Regional de Aduana de Iquique, en representación del Director Nacional de Aduanas, interpone querella criminal por el delito de contrabando, previsto y sancionado en los artículos 168 y 178, en relación al artículo 179 letra c) y d) y artículo 180, todos de la Ordenanza de Aduana, en carácter de consumado, en contra de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, y de quienes resulten responsables; la cual fue declarada admisible el 21 de abril del presente año.

Indica que no existe constancia en la causa referida que se haya decretado por el Tribunal la incautación del tracto camión PPU WG-7741.

Asimismo, informa Javier Gutiérrez Figueroa, Fiscal Adjunto (S) de Pozo Almonte, quien refiere que la investigación RUC 2010020231-0 se inicia por querella criminal presentada el pasado 17 de abril de 2020, por el Servicio Nacional de Aduanas, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, en contra del imputado nombre reservado y quienes resulten responsables, por el delito de contrabando, previsto y sancionado en los artículos 168 y 178, en relación al artículo 179 letra c) y d) y artículo 180, todos de la Ordenanza de Aduana, en carácter de consumado.

En dicha querella, se da cuenta del resultado de la fiscalización y revisión realizada por personal de servicio público, el 12 de abril de 2020, en la avanzada aduanera de Quillagua de la comuna de Pozo Almonte, oportunidad en que el camión placa patente WG-7741 y su semirremolque conducidos por el querellado nombre reservado, se presentó a controlar su salida de la zona franca de extensión hacía el sur de la región, detectando oculta entre la carga consistente en verduras, una considerable cantidad de mercancías no declaradas consistentes cartones de cigarrillos extranjeros, procediendo en aquella oportunidad el personal aduanero a la incautación, tanto de los cigarrillos extranjeros, como del tracto camión placa patente WG-7741 y su semirremolque.

En dicho contexto, indica que la Fiscalía no ha solicitado por ahora la incautación judicial de los vehículos retenidos por personal de Aduana en el procedimiento administrativo antes descrito, haciendo presente además que, a la fecha, la devolución de tales vehículos no ha sido requerida ante la Fiscalía Local de Pozo Almonte ni ante el Juzgado de Letras y Garantía de la misma comuna.

Finalmente, adjunta informe Marlene Peralta Aguilera, abogado del Departamento de Asesoría Legal de la Dirección Regional de Aduanas de Iquique, el que es suscrito por Cristian Molina Silva, Director Regional de Aduanas de Iquique, Región de Tarapacá, solicitando el total y absoluto rechazo de la acción deducida, con costas.

Expone que mediante Ordinario N° 133, de 12 de abril de 2020, el Sr. Jefe de la nombre reservado, denunció hechos acaecidos el mismo día, en circunstancias en que se presentó a controlar salida de la Región, procedente de la ciudad de Arica, el conductor del tracto camión usado, marca Renault, modelo Premium 420.26, año 2006, N° de Motor 83M0636437, N° de Chasis VF622KVA000000074, color blanco, placa patente WG-7741, y su semirremolque, marca Manac, sin modelo, año 1999, chasis N° 2M5141464X1059594, color negro, carga 25.000 kilos, placa patente KDGK-64-8, identificado como nombre reservado, declarando transportar tomates, jengibre y cocos frescos.

Así, en el proceso y labor de revisión y fiscalización del vehículo y mercancías declaradas en el Manifiesto Aduanero respectivo, se detectó cajas de tipo plataneras que, en su interior, contenían cartones de cigarrillos extranjeros, señalando el conductor desconocimiento de dicha circusntancia.

Por lo anterior, refiere que se procedió a la retención de las mercancías correspondientes y a los instrumentos del delito, esto es, los vehículos tracto camión y semirremolque, pues no contaban con los documentos de importación que acreditaran el pago de impuestos.

Alega que no ha existido acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la institución que representa, precisando el alcance de los conceptos de ilegalidad y arbitrariedad.

Recalca que el actuar del Servicio Nacional de Aduanas, al proceder a la retención de las mercancías – cigarrillos - y de los instrumentos – vehículos – de un procedimiento de contrabando, para ponerlos a disposición del Ministerio Público, no ha sido ilegal, pues ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, ni tampoco arbitrario, ya que no ha sido producto de un antojo ni de un impulso.

Seguidamente, alega la extemporaneidad de la acción deducida, toda vez que los hechos descritos acaecen el 12 de abril del presente año. Y, posteriormente, habiendo sido ejercida la acción penal previa instancia particular el 17 de abril, por el delito de contrabando ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte e iniciándose la causa RIT 492-2020, las mercancías y los vehículos objeto de la retención, pasaron a disposición del Ministerio Público, siendo dicho órgano persecutor el llamado a resolver sobre la petición de devolución de los vehículos, mediante los mecanismos establecidos por el legislador.

Respecto al actuar del servicio recurrido, aduce que tanto la Ordenanza como la Ley Orgánica del mismo, ha dotado al Servicio de un conjunto de atribuciones, citando artículo 2° de la Ordenanza de Aduanas, de lo que deviene que se encuentran sujetas a la potestad aduanera no sólo las mercancías, sino también las personas y la importación y exportación de servicios.

Por otro lado, refiere que el artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio se encuentra facultado para: “4. Hacer detener a quienes aparezcan como presuntos responsables de los delitos de fraude o contrabando, para ponerlos a disposición de la justicia ordinaria, junto con los efectos del delito”, por consiguiente, la retención de las cajetillas de cigarrillos y de los instrumentos por medio de los cuales se ejecutó el delito de contrabando, para ser puestos a disposición del órgano persecutor de la investigación penal, constituyó una decisión cuyo fundamento son las facultades legales que gozan los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas.

Por último, hace presente que habiéndose ejercido la acción penal respectiva, la competencia del presente asunto se ha radicado en el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, debiendo en esa sede judicial discutirse la pretensión de la recurrente, toda vez que excede la competencia de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones.

Concluye, sosteniendo que el acto no agravia las garantías constitucionales invocadas, evidenciando ausencia de requisitos para la procedencia de la acción ejercida y ausencia de relación de causalidad.

Acompaña antecedentes y solicita el total y absoluto rechazo de la acción constitucional, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Que, del recurso se desprende que el acto reprochado por la recurrente está constituido por la incautación de su tracto camión usado marca Renault, modelo Premium 420.26, año 2006, color Blanco, PPU WG-7741, N° de Motor 83M0636437, N° de Chasis VF622KVA000000074, realizada de forma ilegal y arbitraria por la institución recurrida, cuestión que conculca sus derechos contenidos en artículo 19 N° 21 y 24 de la Carta Magna.

TERCERO: Que, asentado lo anterior, cabe analizar que la situación fáctica reclamada en la presente acción se encuentra regulada y prevista pormenorizadamente en el artículo 189 del Código Procesal Penal, precepto legal que viene en proteger la propiedad que quepa a los intervinientes o terceros en el marco de una investigación y resolución de un acto delictual, estableciendo el procedimiento y órgano jurisdiccional ante el que debe acudirse, evidenciándose en consecuencia, la impertinencia de tal pretensión por la vía constitucional activada.

CUARTO: Que, por otro lado, conforme el mérito de los antecedentes tenidos a la vista, no puede estimarse por esta Corte que el actuar de la recurrida sea ilegal o arbitraria, toda vez que han invocado antecedentes fundantes que promueven una investigación actual respecto del delito por parte del ente persecutor establecido por ley; sin perjuicio, como se dijo, del derecho que le asista a la parte para reclamar de la especie en la forma y oportunidad que prevé la normal legal citada. Máxime lo anterior, si no hay constancia alguna que la recurrente haya efectuado la petición ante el órgano administrativo, ente persecutor o tribunal respectivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado en contra de la Dirección Regional Aduanas de Iquique.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 771-2020 Protección.

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