SOCIEDAD DE TRANSPORTES SAN LUIS SPA CONTRA SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA Y OTRO

Iquique, trece de octubre de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece don Roberto Ignacio Urrutia Araya, abogado, en representación de la Sociedad de Transportes San Luis SpA, persona jurídica del giro transporte de pasajeros, quien deduce acción constitucional de protección en contra de FINGO SpA, sociedad de factoring, y en contra de Servicios EQUIFAX Chile Limitada (DICOM EQUIFAX); por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en haber la primera recurrida comunicado, y la segunda publicado y mantenido publicada respecto de la actora, en registros de acceso público de obligaciones económicas y comerciales, una supuesta morosidad sustentada en facturas emitidas por la proveedora HT Gráfica SpA, documentos que no se encuentran contemplados en el catálogo legal habilitante para su difusión comercial y que, además, se encontraban anulados ante el Servicio de Impuestos Internos e incluso extinguidos con anterioridad a su cesión, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 3° inciso quinto, 21° y 24° de la Constitución Política de la República.

Expone como antecedentes de contexto que su representada es una empresa de transporte de pasajeros que opera cincuenta y tres vehículos y es titular de seis inmuebles, la cual mantuvo una relación comercial regular de suministro de impresos y señalética con la proveedora HT Gráfica SpA por montos históricos menores; no obstante, a partir de mayo de 2026 dicha proveedora emitió a su nombre catorce facturas electrónicas que no correspondieron a la entrega real de bienes ni a la prestación efectiva de servicios, evidenciando una manifiesta simulación y dispersión injustificada de precios por ítems idénticos.

Añade que, advertida dicha maniobra y a requerimiento de la recurrente, la propia emisora HT Gráfica SpA dejó sin efecto los documentos mediante notas de crédito electrónicas registradas ante el Servicio de Impuestos Internos con la glosa "ANULA DOCUMENTO DE LA REFERENCIA" (las N° 18 a 23, de 25 de junio de 2026, respecto de las facturas N° 230, 232, 238, 248, 250 y 258; y las N° 36 a 40, de 3 de agosto de 2026, respecto de las facturas N° 218, 219, 221, 246 y 272). Asimismo, refiere que la emisora reconoció por escrito que la obligación correspondía a ella y solicitó el 4 de agosto de 2026 a Fingo SpA que restara a la actora de la deuda cedida, conociendo la recurrida dicha anulación; y que la factura N° 194 fue pagada directamente al proveedor.

No obstante, lo anterior, sostiene que Fingo SpA anotó las cesiones en el Servicio de Impuestos Internos en julio y agosto de 2026 y comunicó las morosidades a Servicios Equifax Chile Limitada, la que procedió a su publicación y mantención en su base de datos comercial, verificándose la publicación el 21 de julio de 2026 respecto de las facturas N° 194, 218, 219 y 221, y el 5 de agosto de 2026 respecto de las facturas N° 230, 232 y 238.

Refiere que tomó conocimiento de tales anotaciones recién el 5 de agosto de 2026, fecha desde la cual computa el plazo de la acción, precisando que dichas publicaciones desplomaron su indicador de riesgo comercial a 1 sobre 999 (el peor de la escala) con siete documentos impagos informados, comprometiendo gravemente su acceso a financiamiento, líneas de crédito, seguros, garantías y contratos con mandantes.

En cuanto al derecho, alega que el actuar recurrido es ilegal por infringir los artículos 6°, 9°, 11 y 17 de la Ley N° 19.628, argumentando que las facturas no se encuentran comprendidas en la enumeración taxativa de obligaciones susceptibles de ser comunicadas prevista en el artículo 17 inciso primero de dicho cuerpo legal, sin que la cesión altere su naturaleza ni exista habilitación por decreto supremo bajo el inciso segundo.

Añade que el dato publicado es objetivamente inexacto y falso conforme al artículo 9°, por encontrarse las facturas anuladas y extinguidas antes de su cesión —según jurisprudencia de la Corte Suprema—, o bien pagadas. Arguye que la Ley N°19.628 resulta plenamente aplicable a las personas jurídicas al tenor de su artículo 9° y de la Ley N° 20.521. Sostiene además la arbitrariedad de Fingo SpA al usar el registro como instrumento de apremio extrajudicial ilegítimo, y la responsabilidad autónoma de Equifax al desatender su deber de diligencia (artículo 11) y actuar como una comisión especial al resolver sin bilateralidad la exigibilidad de la deuda.

Solicita que se acoja el recurso de protección y se declare ilegal y arbitrario el actuar de las recurridas, ordenando a Servicios Equifax Chile Limitada eliminar o bloquear dentro de tercero día toda anotación de morosidad de la actora originada en las facturas N° 194, 218, 219, 221, 230, 232 y 238 emitidas por HT Gráfica SpA y cesar su comunicación; a Fingo SpA dejar sin efecto la comunicación de dichas morosidades, requerir su eliminación de todo registro y abstenerse de comunicar morosidades derivadas de las catorce facturas emitidas por la proveedora; e informar por escrito el cumplimiento de lo resuelto, con expresa condenación en costas. Acompaña documentos.

Evacuando informe don Emilio Fernando Payera Velásquez, abogado, en representación de la recurrida FINGO SpA, solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

En primer término, alega la extemporaneidad de la acción respecto de las facturas N° 194, 218, 219 y 221, fundado en que la propia actora reconoce que su publicación se materializó el 21 de julio de 2026, de modo que al deducirse el recurso el 5 de septiembre de 2026 transcurrió con creces el plazo fatal de treinta días corridos previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, no resultando admisible fijar el cómputo unilateralmente al 5 de agosto de 2026 tratándose de registros comerciales públicos de acceso general y siendo la actora una gran empresa obligada a monitorear su situación.

En cuanto al fondo, expone que todas y cada una de las facturas fueron adquiridas de manera onerosa y de buena fe, inscribiéndose válidamente las cesiones en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos del Servicio de Impuestos Internos.

Afirma que los documentos se encuentran irrevocablemente aceptados y gozan de mérito ejecutivo conforme al artículo 3° de la Ley N° 19.983, al no haber sido devueltos a la entrega ni reclamados dentro del plazo legal de ocho días corridos, resultando inoponibles a Fingo SpA en su calidad de cesionaria tanto las excepciones personales como las notas de crédito emitidas con posterioridad por la cedente, según prescribe expresamente el inciso final de la citada disposición legal.

Asimismo, aduce que la acción de protección no constituye la vía idónea para dirimir la controversia planteada, por cuanto las alegaciones de la actora relativas a la simulación de servicios, la eficacia liberatoria de supuestos pagos al cedente o la oponibilidad de notas de crédito corresponden a materias complejas y disputadas de naturaleza contractual y mercantil que deben ser ventiladas en un juicio declarativo de lato conocimiento o en sede ejecutiva, careciendo la recurrente de un derecho indubitado y preexistente susceptible de cautela urgente.

Por otra parte, sostiene que la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada no resulta aplicable a las personas jurídicas, citando el artículo 2° letras f) y ñ) de dicho texto y uniforme jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones del país, conforme a la cual dicho estatuto ampara únicamente a personas naturales en resguardo del artículo 19 N° 4 de la Constitución, de manera que, rigiendo el derecho privado donde es lícito lo que no está expresamente prohibido, la remisión y publicación de facturas de personas jurídicas no transgrede el ordenamiento jurídico.

Finalmente, niega haber incurrido en actos arbitrarios o ilegales y descarta la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, sosteniendo que no ha operado como comisión especial ni se ha acreditado privación a la actividad económica o al derecho de propiedad, limitándose a comunicar datos ciertos y objetivos sobre obligaciones impagas en ejercicio de facultades crediticias reconocidas por la ley. Acompaña documentos.

Evacuando informe doña nombre reservado y doña nombre reservado, abogadas, en representación de la recurrida Servicios EQUIFAX Chile Limitada, solicitan el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, con costas.

Como cuestión previa, sostienen que la información de morosidad comunicada respecto de la actora proviene de la base de datos "INFOCOM / ICOM" (Boletín Comercial), cuyo único responsable y administrador es la Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS). Explican que la inclusión de dichos antecedentes en los reportes de Equifax deriva del contrato de distribución suscrito entre ambas entidades de 17 de julio de 2000, operando su representada como un mero retransmisor o canal técnico de consulta en línea, estando contractualmente y tecnológicamente imposibilitada de alterar, modificar o suprimir autónomamente los datos allí almacenados, toda vez que sus sistemas reflejan de manera automática las actualizaciones que practica la propia Cámara de Comercio de Santiago, por lo que carece de legitimación y responsabilidad sobre tales anotaciones.

En cuanto al derecho, alegan que la actora carece de un derecho indubitado y preexistente, existiendo un conflicto de fondo respecto de la vigencia, exigibilidad y validez de obligaciones que excede la naturaleza cautelar sumaria del recurso de protección, citando jurisprudencia en casos análogos.

Asimismo, afirman la inaplicabilidad de la Ley N° 19.628 a las personas jurídicas, fundadas en el tenor literal del artículo 2° letras f) y ñ) de dicha normativa, las reglas de interpretación de los artículos 19 y 20 del Código Civil, la doctrina nacional y reiterada jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia —entre ellas de esta propia Corte de Apelaciones de Iquique y de la Excma. Corte Suprema— que descartan la aplicación de dicho estatuto tutelar de la intimidad a entes morales, concluyendo que no existe prohibición legal para publicar facturas impagas asociadas a personas jurídicas.

Por último, descartan la existencia de un acto ilegal o arbitrario imputable a su representada y niegan la afectación de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 3° inciso quinto, 21° y 24° de la Carta Fundamental, señalando que su actuar se ha ceñido a la normativa aplicable y a sus obligaciones contractuales, solicitando la desestimación del arbitrio. Acompañan documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: El objeto de la presente acción constitucional se circunscribe a impugnar la comunicación efectuada por Fingo SpA y la publicación y mantención en los registros de Servicios Equifax Chile Limitada de obligaciones morosas asociadas a las facturas electrónicas N°194, 218, 219, 221, 230, 232 y 238 emitidas por HT Gráfica SpA y cedidas a la primera, lo que a juicio de la recurrente conculca las garantías de los numerales 3° inciso quinto, 21° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: En primer término, corresponde examinar la oportunidad de la interposición del recurso respecto de las facturas N°194, 218, 219 y 221.

Al respecto, consta en el informe comercial acompañado por la propia actora y en los antecedentes allegados por las recurridas que la publicación de la morosidad de los primeros cuatro documentos se practicó el 21 de julio de 2026.

Tratándose de información incorporada en un registro de acceso público, disponible para terceros, y habiéndose deducido la acción constitucional el 5 de septiembre de los corrientes, el plazo para impugnar la publicación de las citadas facturas se encontraba vencido, configurándose a su respecto la extemporaneidad de la acción.

CUARTO: En cuanto al fondo del asunto controvertido y respecto de las restantes facturas N°230, 232 y 238, los antecedentes acompañados dan cuenta de que los documentos fueron cedidos a Fingo SpA e inscritos en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos del Servicio de Impuestos Internos, no constando reclamo a su respecto.

A su turno, las partes debaten sobre la validez y mérito ejecutivo de los títulos bajo la Ley N°19.983; la irrevocabilidad de su aceptación; la oponibilidad o inoponibilidad a la cesionaria de notas de crédito emitidas con posterioridad; la eficacia liberatoria de pagos alegados; y la eventual simulación de los servicios que originaron su emisión.

QUINTO: Que el esclarecimiento de tales circunstancias complejas y controvertidas, corresponden a materias de naturaleza civil y comercial que requieren prueba y debate en un procedimiento contradictorio de lato conocimiento, no constituyendo el recurso de protección una vía declarativa de derechos.

SEXTO: Sin perjuicio de lo anterior, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad de las recurridas, toda vez que los antecedentes arribados demuestran que formalmente se cumplió con las fases de tramitación regulares de cesión de facturas.

SÉPTIMO: Finalmente, cabe recordar que la Ley N°19.628 sobre protección a la vida privada, ampara a personas naturales, por lo que no resulta homologable tal argumento a la situación de la empresa por la cual recurre.

OCTAVO: En consecuencia, al no existir un derecho indubitado y preexistente a favor de la recurrente, y no advirtiéndose en esta sede un acto u omisión ilegal o arbitrario, el presente arbitrio no puede prosperar y debe ser desestimado.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección deducida por don Roberto Ignacio Urrutia Araya, en representación de la Sociedad de Transportes San Luis SpA, en contra de FINGO SpA y de Servicios EQUIFAX Chile Limitada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 767-2026 Protección.