nombre reservado CONTRA JUEZ DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE ALTO HOSPICIO

IQUIQUE, veintisiete de noviembre de dos mil quince.

VISTO:

A fojas 5, comparece doña nombre reservado, Secretaria Abogada del Juzgado de Policía Local de Alto Hospicio, funcionaria de planta, grado 5, interponiendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, Juez de Policía Local de Alto Hospicio.

Expone que el día 28 de octubre del presente año, a las 7:30 horas, se reintegró a sus funciones después de una licencia médica psiquiátrica de 3 meses y medio, a raíz de una sintomatología ansiosa en el ámbito laboral, al presenciar constantes malos tratos y menoscabos. Refiere que al ingresar a las dependencias del Juzgado, se encontró con su oficina prácticamente vacía, ya que se había dado la orden de trasladar todos sus muebles, archivos, documentos, libros y caja chica del tribunal al despacho privado del Juez recurrido, como se lo informó personalmente él mismo. De igual forma, no contaba con su notebook institucional, ni con material de escritorio.

Agrega que el Juez arribó al tribunal a las 8:40 horas y sin saludarla, en forma agresiva y ofuscada le cuestiona el hecho de haber aparcado su vehículo en el estacionamiento del Juzgado. Aclara la recurrente que ignoraba aquella instrucción, a lo que el Juez le conmina a que retire su automóvil o que lo hará sacar del lugar. Puntualiza que desde que inició su funcionamiento el tribunal, el 10 de agosto de 2012, el Juez, la Secretaria y el Oficial Primero han tenido asignado un estacionamiento en el inmueble que sirve de Juzgado, pudiendo dejar sus vehículos particulares sin ningún inconveniente.

A continuación, manifiesta que el recurrido le pide que tengan una reunión, en la cual le expresa sentirse molesto y decepcionado por la declaración que ella prestó ante el Sr. Fiscal nombre reservado de esta Corte, con fecha 10 de julio de 2015, y le solicita se busque otro trabajo, porque no quiere ni puede seguir laborando con la actora, acusándola que funcionarios del tribunal se congregan en su domicilio particular y que de esos encuentros salieron las denuncias efectuadas en contra del Juez que tienen por objeto removerlo de su trabajo.

Enseguida, relata la recurrente que le solicitó al Juez instrucciones en cuanto a sus funciones, haciéndole presente que toda la documentación del tribunal, y cuya custodia le correspondía, ya no estaba en su oficina, sino en el despacho del Juez. El recurrido le respondió que por orden dada el día 27 de octubre de 2015, él asumiría las funciones relacionadas con recursos humanos y custodia de documentos y que las labores de la actora quedaban reducidas a firma de despacho, atención de abogados y ayudar con las sentencias. Asimismo, se le ordenó que no atendiera personal ni telefónicamente a personal (sic) de la Municipalidad de Alto Hospicio, tarea que estaría a cargo de otras funcionarias, al igual que el manejo de la cuenta de correo institucional.

Luego de narrar que fue reprendida por no ir a firmar los días que estuvo con licencia médica, que se le impidió atender usuarios, que fue objeto de gritos y que se le dificultó la firma de despacho, expresa que estos comportamientos humillantes importan una desautorización de su cargo, afectan su dignidad e integridad, y configuran un acoso laboral, en los términos del artículo 2, inciso segundo, del Código del Trabajo, viéndose privada de las funciones que a los Secretarios le reconocen los artículo 379 y 380 del Código Orgánico de Tribunales y la Ley 15.231.

Por último, manifiesta que los hechos reseñados vulneran gravemente su derecho a la integridad psíquica, la garantía a un debido proceso y la libertad de trabajo, consagrados en los N° 1, 3 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pretendiendo mediante el ejercicio de la presente acción cautelar ser restablecida en sus derechos.

A fojas 74, evacúa informe don nombre reservado, abogado, Juez Titular del Juzgado de Policía Local de Alto Hospicio, solicitando el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Después de señalar que se ha desempeñado como Juez del referido tribunal desde su creación, en el mes de agosto de 2012, aborda una a una las aseveraciones de la recurrente. Refiriéndose al punto de estar la oficina de la actora semi vacía y el traslado de sus muebles y documentos a otro lugar, sostiene que el mobiliario es de propiedad municipal. Además, la recurrente se reintegró a sus funciones luego de estar con licencia médica desde el 14 de julio de 2015, por lo que nadie podría esperar que la Secretaría debiese paralizar su funcionamiento a la espera de su retorno; de esta forma, los archivos y otros muebles se reubicaron por razones de servicio.

Acerca de la asignación de un estacionamiento, el recurrido admite que efectivamente la Secretaria del tribunal contaba anteriormente con aparcadero, pero tal prerrogativa fue retirada por la Municipalidad, y no solo a ella, sino también al Oficial Primero y al Juez.

Sobre el hecho de haber manifestado su molestia por no haber ido la recurrente a firmar los días que estaba con licencia médica, el recurrido expresa que previo a hacer uso del permiso, la actora dejó pendientes más de 70 resoluciones sin autorizar, 700 reclusiones nocturnas sin enviar y 654 anotaciones del Registro de Anotaciones sin enviar, comprometiéndose a ir a suscribirlas, sin que lo hiciere. Por ello, dictó un Decreto Económico designando una Secretaria Subrogante, para regularizar las actuaciones pendientes.

Respecto a que la reclamante no contaba con su notebook, materiales y muebles, aquellos se le fueron devolviendo en el transcurso de la mañana, mientras se reinstalaba en sus dependencias.

En cuanto a que la actora ya no tendría la función de apoyo en la redacción de fallos, el recurrido afirma que aquella es labor exclusiva del Juez.

Acto seguido, el recurrido acusa falta de precisión en los hechos materia de la acción constitucional, puesto que de ellos no se logra colegir una relación con las garantías supuestamente conculcadas. Por ejemplo, no se explica en qué consistiría la eventual discriminación o cómo se afectan el debido proceso, el derecho a la vida o la libertad de trabajo.

Profundizando sobre la prohibición de ingreso de vehículos particulares al recinto del Juzgado de Policía Local, afirma que dicha medida se aplica a todos los funcionarios del tribunal, incluido el Juez, por lo que de mala forma puede considerarse arbitrario o transgresor de garantías constitucionales.

Luego, citando el numeral 4º del artículo 380 de Código Orgánico de Tribunales, manifiesta que es deber de los Secretarios guardar los procesos y demás papeles conforme a las instrucciones dadas por el Juez, por tanto, es su atribución determinar el lugar donde permanecerán los archivadores del Juzgado, ya que se trata de documentación del tribunal y no de la Secretaria. Sin perjuicio de ello, asevera que en ningún caso ha privado a la recurrente de las facultades que la ley confiere a los Secretarios.

Esgrime el recurrido que no se ha afectado la libertad de trabajo de la actora, pues aquel derecho está referido a la posibilidad de optar libremente a cualquier empleo, pero no importa una garantía de permanencia en el mismo. Respecto al supuesto acoso laboral, existe un procedimiento especialdestinado a resolver estas materias -el de tutela de derechos fundamentales-, que resulta aplicable para los funcionarios municipales o que se desempeñan en Juzgados de Policía Local. Así las cosas, habiendo un proceso de lato conocimiento para resolver hechos como los denunciados, no resulta procedente la aplicación del recurso de protección para resolver la contienda.

Finalmente, llama la atención del recurrido que el acoso laboral denunciado hubiese ocurrido solo en un día, considerando que la actora lleva tres años en su cargo y que la definición de acoso laboral requiere una conducta reiterada en el tiempo, la que no concurre.

Por lo expuesto, indica que no existe una afectación de los derechos invocados por la recurrente, correspondiendo el rechazo de la acción cautelar.

A fojas 33 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Por ende, está acción protectora de Garantías Constitucionales, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Como consecuencia de lo anterior, es requisito de su esencia la existencia de un acto u omisión ilegal, o sea, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, aquello que es producto del mero capricho de quién incurre en él. Del mismo modo, dichos actos deben provocar algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto en esta causa.

SEGUNDO: De lo expuesto tanto por la recurrente como por el recurrido en sus respectivos escritos, y realizado un análisis de la documentación allegada, conforme a las reglas de la sana crítica, es posible arribar a la convicción de que lo que se discute en este proceso cautelar de urgencia, dice relación con la naturaleza y entidad de los hechos imputados al Juez Sr. Cordano, los cuales, según la propia actora constitucional, dan cuenta o configuran un acoso laboral, en los términos establecidos en el artículo 2 del Código del Trabajo, y que ella a su vez vincula con las garantías constitucionales que estima vulneradas, a partir de los referidos hechos.

TERCERO: Sin embargo, lo anterior constituye una controversia cuya solución se debe efectuar por medio de una sentencia declarativa, todo lo cual excede el marco y los propósitos de una acción constitucional extraordinaria como la de autos.

Refuerza lo anterior, el hecho que la misma legislación laboral contempla un procedimiento especial, declarativo y de lato conocimiento, para la solución de aquellas controversias en que se discuta la existencia de alguna de las hipótesis de acoso laboral, y que vulnere derechos fundamentales de los trabajadores.

En tal sentido, este recurso, atendida su especial naturaleza cautelar, no puede transformarse en la sede procesal en la que se atribuya certeza a los derechos inciertos o controvertidos, siendo, por tanto, inadmisible convertir este arbitrio en un sustituto procesal para resolver contiendas jurídicas que deben ser solucionadas en un procedimiento distinto, que permita a las partes hacer ejercer plenamente sus derechos procesales en defensa de sus derechos sustantivos.

CUARTO: Dadas las características esenciales de esta acción de cautela de derechos constitucionales, su tramitación está encaminada a decretar o dar curso a diligencias y medidas breves y sumarias, destinadas a conceder la protección que demanda el afectado, si en definitiva sus derechos son ciertos o están indubitadamente comprobados, y si éstos, en su caso, y en los hechos sobre los cuales se invocan, no han sido controvertidos con fundamentos plausibles.

QUINTO: En la especie, la situación fáctica y jurídica presentada por la recurrente -malos tratos por parte del recurrido, configurativos de acoso laboral-, ha sido contradicha, y una controversia así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cuyo no es el caso, como se ha señalado precedentemente, no siendo esta acción cautelar la vía idónea para obtener tal declaración.

SEXTO: En tales condiciones, al no concurrir los presupuestos esenciales que conforman el recurso de protección, éste no puede prosperar y debe ser desestimado, sin perjuicio de otros derechos que pudieren hacerse valer por la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en lo principal de fojas 5, por doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministro señorita Mirta Chamorro Pinto.

Rol I. Corte N° 757-2015 Civil (Protección).

Pronunciada por los Ministros Srta. MIRTA CHAMORRO PINTO, Sr. ERICO GATICA MUÑOZ, Sra. MÓNICA OLIVARES OJEDA y Sr. PEDRO GÜIZA GUTIÉRREZ. No firma la Ministro Sra. OLIVARES OJEDA, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de este fallo, por encontrarse ausente, haciendo uso de permiso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales. Autoriza don nombre reservado, Secretario.

En Iquique, a veintisiete de noviembre de dos mil quince, notifiqué por el estado diario de hoy, la sentencia que antecede.

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