Protección contra Director Regional Tesorero de Tarapacá

Iquique, seis de enero de dos mil catorce.

VISTO:

A fojas 8, don Raúl Ríos Llanca, abogado, en representación de don nombre reservado, ejecutado en autos sobre cobro de obligaciones tributarias, recurre de protección en contra del Director Regional Tesorero de Tarapacá, en su calidad de juez sustanciador exhortado, con domicilio en domicilio reservado, sobre la base de los siguientes antecedentes:

Señala que el pasado 2 de diciembre, su representado y el empleador de éste, fueron notificados del exhorto emanado de la ciudad de Concepción, Rol 207-2012, que ordena, por resolución de 25 de octubre de 2013, trabar embargo sobre la parte de sus remuneraciones, en lo que exceda a cinco Unidades Tributarias Mensuales, hasta por $9.407.968.- a fin de que proceda a la retención correspondiente y su entrega a la Tesorería.

Indica que el artículo 170 Nº 3 del Código Tributario, aplicable al efecto, se encuentra tácitamente derogado por el inciso 1º del artículo 57 del Código del trabajo, que prohíbe el embargo de remuneraciones, salvo lo que exceda de 56 unidades de fomento, por cuanto se trata de una norma dictada mediante el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 24 de enero de 1994, es decir, dictado con posterioridad al referido artículo 170 del Código Tributario. Agrega que esta disposición se contrapone también con el Derecho Internacional, desde que el Convenio Nº 95 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1949, en su artículo 10º, dispone “El salario no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional. El salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción en que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y su familia”.

Señala que la actuación arbitraria e ilegal del recurrido conculca su derecho de libertad de trabajo y su protección, reconocido en el artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política de la República, por cuanto ha generado una perturbación a las remuneraciones de su representado.

Conforme con lo expuesto, pide que se declare nulo el embargo, por vulnerarse normas de orden público, como lo es el principio de inembargabilidad de las remuneraciones o, en subsidio, se disponga su reducción a toda suma que exceda de 56 unidades de fomento; y que se dicten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

A fojas 25 informa el recurrido, quien en primer término alega la incompetencia del tribunal, por cuanto la orden de embargo emana del Juez Sustanciador de Concepción, mientras que la intervención de la Tesorería de Iquique se ha limitado a notificar dicha orden, en cumplimiento del exhorto despachado por el primero. En segundo lugar, advierte que el recurso es inadmisible, puesto que todas las actuaciones dictadas por aquella autoridad se ajustan al procedimiento de cobro de obligaciones tributarias del Título V del libro Tercero del Código Tributario, incluso la ampliación de embargo sobre las remuneraciones del recurrente, resuelta en conformidad con lo dispuesto expresamente en artículo 170 del mismo cuerpo legal. Sostiene, además, que la misma disposición hace excepción a la inembargabilidad prevista en el artículo 445 Nº 1 del Código de Procedimiento Civil, y se encuentra en el mismo rango legal que el artículo 57 del Código del Trabajo, por lo que atendiendo al principio de especialidad, prevalecen las disposiciones tributarias, de manera que en el actuar del recurrido no ha habido ilegalidad.

Enseguida, alega la improcedencia del recurso, por cuanto se ha dirigido en contra de una resolución judicial, toda vez el Juez sustanciador ejerce facultades jurisdiccionales, de manera que la materia ya se encuentra sometida al imperio del derecho; además, expresa que existen recursos e instancias jurisdiccionales destinadas a solucionar el conflicto, previstas en varias disposiciones del Código Tributario, a saber: el artículo 177, inciso 3º, del Código Tributario, de acuerdo con el cual, el Tesorero Provincial, de oficio o a petición de parte, dictará las resoluciones que procedan para corregir los errores o vicios manifiestos de que adolezca el cobro; el artículo 190 del mismo cuerpo legal, prescribe que las cuestiones que se susciten entre el Fisco y los deudores morosos, que no tengan señalado un procedimiento especial, se tramitarán incidentalmente ante el propio Tesorero Provincial; el inciso 2º de la misma disposición y el artículo 2º del Código Tributario, que hace aplicable supletoriamente las normas contenidas en el Libro III del Código de Procedimiento Civil; la oposición a la ejecución, regulada en el artículo 176 del código del ramo; las demás excepciones del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, reservadas al ejecutado par el juicio ordinario, conforme lo dispone el artículo 177 del mismo Código Tributario; y el artículo 193 del mismo cuerpo legal, que faculta a los contribuyentes para reclamar ante el Abogado Provincial, de las faltas o abusos cometidos durante el juicio por el Juez Sustanciador y sus auxiliares.

Así, sostiene, el recurso ni puede prosperar, pues se pretende obviar con él, los medios propios y especiales que prevé la ley tributaria para subsanar defectos o corregir errores en la tramitación. Por ello pide su rechazo, con costas.

A fojas 34, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Que en cuanto a la alegación de incompetencia de esta Corte para conocer del recurso deducido en autos, la recurrida advierte que la orden de ampliación de embargo decretada en contra del ejecutado en el correspondiente juicio de cobro de obligaciones tributarias, emana del Juez Sustanciador de Concepción, circunstancia que aparece refrendada con las copias agregadas por el propio recurrente de fojas 4 a 6. Asimismo, consta de los antecedentes que la actuación del recurrido se circunscribió a dar cumplimiento al exhorto emanado del referido tribunal de concepción, en orden a notificar la aludida ampliación de embargo.

TERCERO: De otra parte, es relevante destacar que el recurrente pide como petición principal, que se acoja el recurso declarándose la nulidad del embargo de marras, que como se ha dicho, emana del Juez Sustanciador de Concepción, lo que importa reconocer que el acto denunciado como ilegal y arbitrario nace en territorio jurisdiccional no comprendido en la esfera de competencia de esta Corte, según se desprende expresamente del numeral 1° del Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección.

CUARTO: A mayor abundamiento, no se advierte de qué manera podría acogerse la referida petición del recurrente, sin previo emplazamiento del funcionario que dictó la diligencia de ampliación de embargo, razón que se suma al basamento anterior, para arribar al rechazo del recurso, haciéndose innecesario el examen de las demás alegaciones de las partes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de protección, SE RECHAZA el deducido a fojas 8.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol I. Corte Nº 724-2013 Civil.

Pronunciada por los Ministros Titulares Sr. ERICO GATICA MUÑOZ, Srta. nombre reservado y el Fiscal Judicial Subrogante Sr. nombre reservado. Autoriza doña nombre reservado, Secretaria Subrogante.

En Iquique, a seis de enero de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.