ISS SERVICIOS INTEGRALES LTDA CONTRA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO IQUIQUE

Iquique, trece de octubre de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, abogada, por la Sociedad ISS Servicios Integrales Ltda., ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por quien deduce acción de protección en contra de la Inspección del Trabajo de Iquique, representada por doña nombre reservado, por atentar en contra de los derechos garantizados en el artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Presenta la acción de autos, por los actos que reclama ilegales y arbitrarios, cometidos al informar las multas laborales cursadas a su representada, que se encuentran con acciones judiciales pendientes en el Boletín F 30.

Refiere que su representada presta servicios de mantención, aseo, mantención de jardines, limpieza de vidrios, seguridad, etc., y en las faenas sus dependientes sólo son operarios, no concurriendo las características del artículo 4° del Código del Trabajo; agrega, que dichas dependencias corresponden a los clientes a quienes se presta servicios y en caso alguno tiene dominio o posesión sobre ellas, por lo anterior, su representada constantemente pide informes a la Dirección del Trabajo sobre las multas administrativas que mantiene para llevar un control sobre las mismas.

Expone que su representada detectó una multa por infracción de la que no tenía conocimiento y al pedir copia de la resolución, constató que la misma fue notificada en la dirección del mandante, esto es, la ubicada en Puerta 9 Zofri s/n, Iquique, lo que no corresponde, ya que tiene la casa matriz en domicilio reservado y la sucursal en Iquique, donde debió notificarse la multa, tal como se refleja de la centralización de documentación que corresponde a N° 7, de 18 de julio de 2017 que acompañó, indica que la documentación será centralizada en Avda. nombre reservado° 2247, Iquique; mencionando que es extraño que no se haya notificado como corresponde, ya que todas las multas son debidamente notificadas por correo electrónico.

Reclama que los citados actos ilegales y arbitrarios, constituyen privación, perturbación y amenaza de sus derechos, por cuanto, habiéndose cursado la resolución de multa su representada no fue debidamente notificada, no obstante, se informó a la Tesorería General de la República lo que provocó que la resolución de multa figure en el certificado F30.

Precisa que la recurrida cursó la resolución de multa 1155.20.26; describe que su representada es una empresa contratista, que presta los servicios indicados, por lo que mes a mes en virtud de las leyes laborales que rigen la subcontratación debe acreditar una serie de cumplimientos laborales a sus clientes, generalmente mediante las respectivas empresas certificadoras, como el pago de remuneraciones, cotizaciones y no registrar deudas por multas laborales pendientes, por lo tanto, cada vez que la recurrida informa a Tesorería multas laborales que se encuentran con acciones judiciales pendientes, y ésta a su vez, las inserta en el Certificado F 30, los clientes de su parte, no le pagan las facturas al figurar con deuda por multa laboral, afectándose su patrimonio y en consecuencia su derecho de propiedad.

Añade, se infringen las normas del debido proceso, pues la recurrida no esperó el pronunciamiento del Juzgado Laboral en cuanto si confirmaba, rebajaba o dejaba sin efecto la multa, informando la multa a Tesorería General de la República, lo que provoca que el certificado F30 figure con una deuda por una multa laboral que no está firme.

Pide que se acoja el recurso, declarando que la multa no ha sido legalmente notificada y sea eliminada del F-30 emitida por la Dirección del Trabajo y Certificado de Deuda de la Tesorería, con costas.

Informa doña nombre reservado, abogada, por la recurrida, quien indica que el 30 de abril de 2020 el fiscalizador Alexis Guzmán Quezada cursó la multa administrativa N° 1155/2020/26 a la empresa ISS SERVICIOS INTEGRALES LTDA., conforme el enunciado y norma que refiere, notificándose la multa por carta certificada vía correos de Chile el 7 de julio de 2020 al empleador, al domicilio ubicado en domicilio reservado; menciona que el 16 de septiembre de 2020 se retiene el pago de la multa vía control de egresos efectuados por Tesorería General de la República a la recurrente, la que no dedujo recurso administrativo previsto en el artículo 511 del Código del Trabajo, ni judicial de reclamo de multa conforme el artículo 503 del mismo código.

Refiere que del análisis del arbitrio de protección, se desprende que se recurre contra multa cursada por su parte, señalando que esta le ocasiona perjuicio económico al no ser informada a Tesorería General de la República, ya que afecta sus obligaciones para con sus mandantes, argumentándose no haber sido notificada en el domicilio de la empresa sino en el de la mandante y haberse informado a Tesorería General de la República no esperando resolución de Tribunales Laborales respecto de acciones contra la multa.

Reclama la improcedencia del recurso, indicando que es importante establecer la realidad objetiva de las declaraciones del recurrente, primeramente, la facultad sancionatoria y punitiva de su parte está legalmente entregada, así, mediante el DFL N° 2 Orgánica de la Dirección del Trabajo, la define como el organismo creado legalmente para supervigilar la aplicación de estas leyes con facultades para fiscalizar, controlar y velar por el cumplimiento de la normativa laboral en el país. En segundo término, indica que respecto de la notificación de la multa en cuestión ella fue realizada en la dirección señalada por la recurrente en Iquique, respecto de la cual poseen resolución de centralización, tal como consta en guía de correos y hoja de la misma emitida por Correos de Chile en que consta el domicilio ubicado en domicilio reservado, no siendo efectivo lo que indica el recurrente. En tercer lugar añade, respecto de la retención de dineros por parte de Tesorería General de la República, que esta última es un organismo independiente de su parte, y la competencia de su representada se refiere sólo a la facultad punitiva de cursar multas por infracciones a leyes laborales, no teniendo facultad de percibir dineros que no son propios, sino de índole fiscal. Precisa que semanalmente se limita a informar a Tesorería General las multas cursadas respecto de las cuales no existan recursos administrativos ni judiciales deducidos, ya que lo primero que se realiza después de notificada una multa es revisar la existencia de recursos en su contra, sea administrativa o judicial, siendo este el paso final administrativo del servicio, quedando de allí en adelante el cobro de las mismas en manos de Tesorería General de la República.

Indica que sobre esta multa no existen recursos interpuestos, ni administrativos ni judiciales, por lo que al no existir recursos en su contra, solo cupo realizar la respectiva notificación al organismo estatal encargado de recaudar los dineros fiscales; precisa que la recurrente no menciona RIT alguno respecto del supuesto reclamo judicial de la multa, a su vez refiere que su parte revisó el sistema informático del Poder Judicial sin obtener resultado positivo de acción alguna ante tribunales laborales por parte de la recurrente respecto de la multa en cuestión, sólo existiendo un único reclamo contra la Inspección del Trabajo de Iquique bajo el Rit I-37-2020 que corresponde a reclamo de multa en procedimiento monitorio por multa N° 7863/2019/23.

Añade que el recurso de protección no es la vía adecuada para zanjar una cuestión de interpretación, ni para realizar un control de legalidad sobre los actos administrativos, sino sólo para tutelar derechos garantizados por la Constitución, por lo que si la recurrente pretende revisar una resolución de multa dictada por su parte, debe ejercer la acción ante el Juzgado de Letras del Trabajo competente de acuerdo al artículo 503 del Código del Trabajo.

Indica que las actuaciones de su parte, obedecen a facultades legales, careciendo el acto administrativo impugnado de algún rasgo de arbitrariedad o ilegalidad; añadiendo que de ninguna manera se le impide a la recurrente ejercer sus derechos ni amenazado o perturbado su derecho de propiedad.

Pide se tenga por evacuado el informe solicitado que incide en el recurso de protección deducido, y con lo informado, se declare su improcedencia o en subsidio sea rechazado en todas sus partes, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Que del recurso se colige que lo reclamado radica principalmente en que se cursó resolución de multa respecto de la recurrente, la que no habría sido debidamente notificada, no obstante, se informó a la Tesorería General de la República, lo que provocó que la resolución de multa figure en el certificado F30, lo que afectaría sus derechos en la forma que expone, entre otros motivos, porque la recurrida no habría esperado el pronunciamiento del Juzgado Laboral en cuanto si confirmaba, rebajaba o dejaba sin efecto la multa TERCERO: Que de la ponderación de los documentos que la recurrente acompaña para sustentar su acción, esto es, el certificado de deuda de Tesorería General de la República de 15 de septiembre de 2020 y documento o imagen relativa a la identificación de multa N° 1155/2020/26, valorados conforme las reglas de la sana crítica, no es posible establecer el basamento de la acción de autos, esto es, la falta de correcto emplazamiento respecto de la multa dictada mediante la resolución N° 1155/2020/26.

En efecto, si bien en el segundo documento acompañado por el recurrente se alude como dirección del infractor el ubicado en domicilio reservado, en el documento formato tabla acompañado por la recurrida, se indican -en lo pertinente- los siguientes datos: folio: 110; Of: IPT Iquique; Código Of. 101; Región: 1; Fecha de envío: 01-06-20; N° Dcto envío: 3; Sistema de correo (C1, C3 o C5): C3; Tipo de Documento (Rs, Dic, Of, CC, CM, CG, Ca, Prov, OS, Cir, It): Rs; N° Doc. 1155/2020/26; Unidad Origen del Documento: U. Fiscal; Nombre: ISS SERVICIOS GENERALES LIMITADA; Referencia: nombre reservado; Calle: nombre reservado 2247; Comuna: Iquique. A su vez, en el documento denominado guía de entrega empresas, de Correos de Chile, se indica en el N° de guía cliente M39.

De lo anterior se desprende que la guía de cliente M39, que contuvo la resolución de multa N°1155/2020/26, fue enviado mediante Correos de Chile a la dirección de la recurrente ubicada en calle nombre reservado 2247 de la comuna de Iquique, dirección que coincide con su domicilio de acuerdo a lo señalado en su recurso, con lo cual se desvirtúa la falta de emplazamiento reclamada.

CUARTO: Que por otro lado, lo señalado por la recurrente en cuanto a la comunicación de la multa por parte de la recurrida a Tesorería General de la República, pese a que existiría un reclamo judicial pendiente, no se encuentra justificado; de suerte que no se advierte en la comunicación antedicha una conducta distinta de aquellas que dicen relación con la correcta labor fiscalizadora de la recurrida.

QUINTO: Que en consecuencia, no se observa en la especie la ocurrencia de alguna conducta de parte de la recurrida que ilegal o arbitrariamente atente en contra de los derechos de la recurrente, motivos por los cuales la acción presentada será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada en favor de Sociedad ISS Servicios Integrales Ltda., en contra de la Inspección del Trabajo de Iquique.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 714-2020 Protección.

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