Protección contra Junta Especial de Selección del Personal del Cuadro Permanente y Tropa Profesion

Iquique, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, Sargento Segundo de la Fuerza Aérea de Chile, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Junta Especial de Selección del Personal del Cuadro Permanente y Tropa Profesional de la Fuerza Aérea de Chile y en contra del Comandante del Comando de Personal de la Fuerza Aérea de Chile, General de Aviación don nombre reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el acuerdo adoptado por la referida Junta Especial de Selección, comunicado mediante el Oficio reservado CP.D.RR.HH. DM. "R" N°120436/596/03 de 3 de julio de 2026, y confirmado sucesivamente al rechazarse los recursos administrativos de reconsideración y de apelación, por medio del cual se dispuso su incorporación al Escalafón de Complemento a contar del 1 de enero de 2027; actuación que estima vulnera sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone el recurrente que registra 20 años de servicio efectivo e ininterrumpido en la Fuerza Aérea de Chile, manteniendo una conducta funcionaria intachable, profesional y disciplinada. Señala que durante el ejercicio de su carrera militar ha sido sometido a periódicas evaluaciones de desempeño y exámenes sanitarios, encontrándose la institución en pleno conocimiento de su diagnóstico médico neurológico, el cual data del año 2008 y fue calificado mediante Acta de la Comisión de Sanidad N° 114/2012, ocasión en que se determinó su permanencia en servicio activo con ciertas restricciones laborales (servicio liviano, sin porte de armamento, ni guardias nocturnas).

Refiere que, lejos de estimar incompatible su estado de salud, la superioridad institucional le encomendó continuas funciones de responsabilidad y confianza, desempeñándose actualmente como Encargado de la Subsección Educacional del Grupo de Mantenimiento N° 54, perteneciente a la Iª Brigada Aérea, a cargo de la coordinación, planificación y control de los procesos de instrucción y capacitación del personal, labor en la que ha obtenido calificaciones sobresalientes (nota de mérito 6,21 en Lista 1 para el período 2025-2026), sin registrar sumarios, anotaciones de demérito, ni incidentes operacionales.

No obstante, el 6 de julio de 2026 le fue notificado el Oficio reservado CP.D.RR.HH. DM. "R" N°120436/596/03, que comunicó el acuerdo de la Junta Especial de Selección que resolvió su pase al Escalafón de Complemento a contar del 1 de enero de 2027. Frente a ello, dedujo oportunamente recurso de reconsideración, acompañando informes de su médico neurólogo tratante que acreditan la estabilidad clínica de su patología, adherencia terapéutica y ausencia de crisis durante los últimos cuatro años; impugnación que fue desestimada mediante Oficio reservado CP.D.RR.HH. DM. "R" N° 131677/48/03 de 20 de julio de 2026.

Posteriormente, interpuso recurso de apelación ante la Junta de Apelaciones del Personal del Cuadro Permanente y Tropa Profesional, arbitrio que igualmente fue rechazado a través del Oficio reservado CP.D.RR.HH. DM. "R" N° 141409/37/03 de 31 de julio de 2026, notificado personalmente el 3 de agosto de 2026, agotando la vía administrativa interna.

Sostiene la ilegalidad del acto administrativo terminal impugnado, argumentando que infringe el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, y los artículos 3° de la Ley N° 18.575 y 11 y 41 de la Ley N° 19.880, toda vez que carece de la debida y suficiente motivación, limitándose a comunicar el resultado decisorio sin exteriorizar los fundamentos técnicos, fácticos, ni jurídicos que expliquen por qué una condición médica conocida y tolerada durante años justifica actualmente apartarlo de la carrera regular activa, omitiendo además ponderar la prueba médica y funcional aportada durante el procedimiento.

Asimismo, alega que el acto resulta manifiestamente arbitrario, al carecer de razonabilidad y sustentarse en una contradicción con los propios actos históricos de la Administración castrense, la cual durante más de una década validó su aptitud para prestar servicios y le confió tareas de alta responsabilidad, vulnerando los principios de confianza legítima, buena fe administrativa y proporcionalidad, al optar por la medida más gravosa posible sin analizar alternativas menos restrictivas compatibles con su desempeño administrativo.

En cuanto a las garantías fundamentales, afirma conculcada la igualdad ante la ley, por dispensársele un trato desfavorable y desprovisto de justificación racional respecto de su situación funcionaria consolidada; la libertad de trabajo, al restringir ilegítimamente la continuidad del ejercicio de su función pública profesional respecto de la cual mantiene plena capacidad; y el derecho de propiedad al perturbarse los derechos estatutarios y patrimoniales incorporados a su patrimonio tras dos décadas de servicio, incidiendo en sus remuneraciones, expectativas de ascenso y régimen previsional.

Solicita acoger el recurso de protección; declarar que las actuaciones denunciadas son ilegales y arbitrarias; declarar que vulneran sus garantías constitucionales; ordenar a la recurrida proporcionar información suficiente de su situación jurídica y antecedentes médicos, hojas de vida y calificaciones anuales; y adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho. Acompaña documentos.

Evacua informe don nombre reservado, General de Aviación, Comandante del Comando de Personal de la Fuerza Aérea de Chile, por sí y en representación de la Junta Especial de Selección del Personal del Cuadro Permanente y Tropa Profesional de la institución, solicitando el rechazo íntegro de la acción constitucional, con costas.

En primer término, alega la extemporaneidad de la acción constitucional deducida. Expone que el recurrente tomó conocimiento formal del acto originario que dispuso su incorporación al Escalafón de Complemento el 6 de julio de 2026, fecha a contar de la cual comenzó a correr el plazo fatal de treinta días corridos establecido en el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, sin que la interposición de los recursos administrativos de reconsideración y apelación contemplados en el DFL N° 1 de 1997 tengan la virtud de prorrogar o renovar dicho término. Hace presente, además, que el actor interpuso un recurso de protección previo ante este tribunal de alzada bajo el Rol N° 672-2026 el 7 de agosto de 2026, el cual fue tenido por no presentado con fecha 18 de agosto de 2026 tras no subsanar un apercibimiento decretado en autos, deduciendo este nuevo arbitrio el 19 de agosto de 2026 de manera manifiestamente extemporánea.

En cuanto al fondo, expone los antecedentes de la carrera del funcionario, quien ingresó a la Escuela de Especialidades en el año 2006, fue nombrado en la planta en el grado de Cabo en 2008 en la especialidad de Armamento, y ascendió al grado de Sargento Segundo en enero de 2023, desempeñándose en el Grupo de Mantenimiento N° 54 de la Iª Brigada Aérea. Señala que en el período calificatorio 2025-2026, su calificación médica anual figura como "Limitada" permanente y eximido de la prueba de capacidad física, en virtud del Acta de Comisión de Sanidad N° 114/2012 que determinó su condición de portador de epilepsia clasificado como "No Apto Militar", con servicio liviano permanente, prohibición de porte y uso de armamento, sin servicios nocturnos, guardias, ni desfiles.

Sostiene que las Fuerzas Armadas constituyen cuerpos armados esenciales para la seguridad nacional, jerarquizados y disciplinados, que demandan un adecuado alistamiento operativo permanente de sus integrantes, estándar que no puede limitarse a la ejecución de labores administrativas de oficina, sino que exige una aptitud militar integral, especialmente para un funcionario perteneciente a un Escalafón de Armas (Mantenimiento y Armamento).

Explica que la conformación del Escalafón de Complemento se encuentra legalmente regulada en los artículos 6° de la Ley N° 18.948 y 18, 19, 97, 100, 116 y 125 del DFL N° 1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, obedeciendo a necesidades institucionales y a un estudio técnico anual fijado por el Comandante en Jefe de la institución mediante la Resolución Reservada Exenta N°0163 de 1 de junio de 2026 (que determinó una cuota de hasta 18 funcionarios del Cuadro Permanente para el año 2027), proceso en el cual la Junta acordó el ingreso de 6 funcionarios, encontrándose 5 de ellos en situaciones médicas análogas de limitaciones para el servicio.

Enfatiza que de conformidad con el artículo 26 de la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, las Juntas de Selección y de Apelaciones son órganos colegiados soberanos en las apreciaciones que emitan sobre idoneidad, eficiencia profesional y condiciones personales de los calificados, careciendo otros órganos ajenos a las instituciones castrenses de facultades para revisar los fundamentos de sus decisiones.

Asimismo, alega el carácter secreto y reservado de las sesiones y actas de las referidas Juntas en virtud del inciso sexto del citado artículo 26 de la Ley N° 18.948, en armonía con el artículo 105 del DFL N° 1 de 1997, el artículo 8° de la Constitución y el artículo 436 del Código de Justicia Militar, motivo por el cual la autoridad únicamente se encuentra habilitada por ley para notificar el resultado de los acuerdos, sin que dicha reserva legal configure falta de motivación, ni arbitrariedad, hallándose el sustento fáctico de la decisión en los antecedentes objetivos del expediente de calificación y hoja de vida del funcionario, los que fueron conocidos por éste al ejercer sus impugnaciones.

Finalmente, controvierte la vulneración de garantías constitucionales, afirmando que no existe discriminación arbitraria, al aplicarse un criterio uniforme y objetivo a quienes presentan limitaciones de salud; no se vulnera el derecho de propiedad, dado que el funcionario mantiene su estabilidad laboral y empleo, quedando únicamente sujeto a las limitaciones legales de permanencia y ascenso que impone el estatuto, ni se afecta la libertad de trabajo, pues la medida corresponde al régimen reglamentario que rige la carrera militar. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: La presente acción constitucional se dirige en contra de la Junta Especial de Selección del Personal del Cuadro Permanente y Tropa Profesional de la Fuerza Aérea de Chile y del Comandante del Comando de Personal de dicha institución, por haber acordado y confirmado el ingreso del recurrente al Escalafón de Complemento a contar del 1 de enero de 2027, comunicado mediante Oficio Reservado de 3 de julio de 2026, y ratificado al rechazarse los recursos administrativos deducidos; actuación que el actor estima contraria a derecho y vulneratoria de las garantías consagradas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su turno, la recurrida solicita el rechazo del recurso alegando la extemporaneidad de la acción deducida; y, en cuanto al fondo, que el acto fue dictado por la autoridad competente en ejercicio de sus funciones, sustentado en la hoja de vida, el estado de salud y las necesidades del servicio, rigiendo respecto de las actas de deliberación expresa reserva legal.

TERCERO: Que, previo al examen del fondo, corresponde pronunciarse sobre la oportunidad de la interposición del recurso.

Al respecto, el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que la acción se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto del mismo, y en la especie, el acto que dispuso el ingreso del actor al Escalafón de Complemento fue adoptado por la Junta Especial de Selección y notificado personalmente al recurrente el 6 de julio de 2026, fecha a contar de la cual comenzó a correr el plazo de treinta días corridos.

Por su parte, la interposición de los recursos administrativos contemplados en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1997, no tiene la virtud de interrumpir, suspender, ni renovar dicho plazo fatal de naturaleza constitucional, por lo que, habiéndose deducido la presente acción el 19 de agosto de 2026, el plazo de treinta días corridos se encontraba vencido, determinando la extemporaneidad de la acción intentada.

CUARTO: Sin perjuicio de lo anterior, y aun en el evento de prescindirse de la extemporaneidad, del examen de los antecedentes no se advierte la existencia de un actuar ilegal o arbitrario atribuible a los órganos recurridos.

Así, de conformidad con los artículos 6° y 26 de la Ley N°18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, y artículos 18, 97 letra f), 100, 116 y 125 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, las Juntas Especiales de Selección y las Juntas de Apelaciones son cuerpos colegiados legalmente facultados para clasificar al personal y disponer su incorporación al Escalafón de Complemento, las cuales son soberanas en cuanto a las apreciaciones que emiten sobre la idoneidad, eficiencia profesional y condiciones personales de los calificados, no correspondiendo a otros organismos ajenos a las respectivas instituciones castrenses la revisión de los fundamentos de sus decisiones.

Dicha determinación se adoptó en el marco de un procedimiento reglado, en ejercicio de atribuciones legales, y en concordancia con la cuota anual fijada por la Comandancia en Jefe tendiente a satisfacer necesidades del servicio institucional.

QUINTO: Bajo este marco normativo, la decisión adoptada resulta fundada en los antecedentes objetivos que obran en el expediente de calificación del período 2025-2026 y en la Hoja de Vida del recurrente, los que dan cuenta de una limitación física permanente para el servicio militar establecida en el Acta de la Comisión de Sanidad N°114/2012, consistente en diagnóstico de epilepsia con prohibición de portar y hacer uso de armas de fuego, exención de guardias, servicios nocturnos y pruebas de capacidad física, condiciones inciden en el alistamiento operativo que demanda la institución armada y el escalafón de armas, estándar que compete valorar de manera privativa a los órganos calificadores institucionales de conformidad con el artículo 26, inciso quinto, de la Ley N° 18.948.

SEXTO: Que, en relación con la alegación de falta de fundamentación, cabe señalar que el artículo 26, inciso sexto, de la Ley N° 18.948 dispone de manera imperativa que las sesiones y actas de las Juntas de Selección y Apelaciones son secretas, precepto complementado por el artículo 105 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1997, el cual establece que respecto de los acuerdos adoptados únicamente corresponde notificar su resultado al funcionario interesado.

Dicha reserva se encuentra amparada en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución y artículo 436 N°1 del Código de Justicia Militar, en atención a la naturaleza de las funciones de la defensa nacional, por consiguiente, la falta de transcripción del debate no constituye una omisión contraria a derecho, encontrándose la justificación fáctica en los registros de calificación que integran la hoja de vida del funcionario.

SÉPTIMO: De este modo, al emanar el acto de órganos competentes en el ejercicio regular de sus atribuciones, sobre la base de los antecedentes de la hoja de vida del funcionario y bajo la observancia de la normativa Constitucional y legal aplicable, no se constata privación, perturbación o amenaza a las garantías consagradas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, debiendo desestimarse la acción cautelar deducida.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada por don nombre reservado en contra de la Junta Especial de Selección del Personal del Cuadro Permanente y Tropa Profesional de la Fuerza Aérea de Chile y del Comandante del Comando de Personal de la misma institución.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 707-2026 Protección.