nombre reservado con SANTANDER DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN Y COBRANZA LIMITADA

Iquique, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, por sí, interponiendo acción de protección en contra de la empresa “Santander GRC Gestión de Recaudación y Cobranza”, representada por don nombre reservado, y en contra de Banco Santander- Chile, representado por don nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, a raíz de los reiterados actos arbitrarios e ilegales de los recurridos, que violentan su integridad psíquica y el respeto y protección a la vida privada y la honra de su persona y familia, consagrados en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Refiere que el Banco Santander-Chile presume poseer ciertos créditos en su contra, encomendando a “Santander GRC Gestión de Recaudación y Cobranza”, el cobro de esas supuestas acreencias, la que lo ha realizado mediante abusos, en forma desproporcionada y en contravención al artículo 37 de la Ley Nº 19.496.

Detalla que las recurridas, con insistencia y hostigamiento, le remiten cartas de cobranza; que recibe, a lo menos, 50 llamados diarios a su celular desde distintos números telefónicos, en un horario que va desde las 7:30 a las 22:00 horas; que realizan visitas a su hogar y oficina, solicitándole que concurra con urgencia a las oficinas del banco a solucionar el asunto de las deudas pendientes, delante de otras personas, remitiéndole además 5 correos electrónicos del mismo tenor durante el mes de agosto.

Indica, que estas maniobras de la recurrida le han provocado un alto grado de estrés, alterando su integridad psíquica, su desempeño laboral y tranquilidad. Asimismo, se ve afectada su intimidad y su honra frente a compañeros de trabajo, su vida familiar e intimidad.

Manifiesta que este trato, que califica de indigno y vejatorio, no resiste justificación, ya que los acreedores cuentan con las herramientas legales para actuar mediante la vía judicial.

Concluye citando jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, que han acogido recursos de protección por situaciones similares a las planteadas en autos, motivos por los que solicita se acceda a esta acción constitucional y se ordene a las recurridas cesar en forma total y definitiva los actos denunciados por esta vía, con expresa condena en costas.

Evacuando informe, el “Banco Santander-Chile” y “Santander Gestión de Recaudación y Cobranzas”, debidamente representadas, instan por la improcedencia de la acción deducida.

Plantean que el recurrente, a la fecha de las actuaciones cuestionadas, mantenía obligaciones impagas con el Banco Santander, provenientes del uso de la cuenta corriente y créditos de consumo, morosidades que sigue manteniendo en la actualidad.

Admiten que, producto de esas deudas, se iniciaron gestiones de cobranza extrajudicial. En primer lugar, se intentó contacto a través del teléfono celular registrado en el banco, sin resultados positivos; luego, se envió un correo electrónico a su cuenta personal, sin que fuera contestado por el destinatario. Debido a esto, el 7 de agosto pasado, se le hizo una visita a su domicilio, y como nadie atendió los llamados, se le dejó una citación en el antejardín, la cual se entrega cerrada para impedir su fácil lectura.

Añaden los recurridos, que el 18 de agosto se remitió un nuevo correo electrónico al actor, quien se comprometió a regularizar su situación el día 21 de ese mes. No obstante, éste no cumplió su compromiso, por lo que la ejecutiva de cobranza concurrió a su domicilio laboral y, al no encontrarlo, le dejó una nueva citación con un trabajador del lugar. Gestiones similares se hicieron los días siguientes, pero ante el nulo interés del recurrente por pagar sus obligaciones, el 29 de agosto se envió un último correo electrónico, pidiéndole cumplir su compromiso de pago, cesando en esa oportunidad la gestión de cobranza extrajudicial.

Reconocen que efectivamente se practicaron llamados telefónicos, pero siempre en días y horas hábiles, y jamás en el número que se expresa en el recurso. Por otra parte, esgrimen que las actuaciones de la ejecutiva de cobranza no pueden ser consideradas arbitrarias, ilegales o atentatorias de derechos fundamentales, ya que fueron realizadas dentro de los límites legales establecidos, en buenos términos y debido al incumplimiento del actor.

Sostienen que el supuesto comportamiento insistente y reiterado de que se les acusa, se habría evitado si el recurrente hubiese tenido la deferencia de contestar alguno de los correos electrónicos y/o concurrido a alguna de las citaciones, con lo que habrían cesado de inmediato los infructuosos intentos de la ejecutiva y el actor se habría ahorrado las molestias que dice haber sufrido.

Acotan que el presente recurso ha perdido oportunidad, pues a partir del 29 de agosto último no se han efectuado más gestiones de cobranza extrajudicial, no se han realizado nuevos llamados, remitido correos electrónicos o efectuado visitas domiciliaras, ya que los antecedentes pasaron a cobranza judicial.

Finalizan invocando un fallo de la Excma. Corte Suprema, que rechazó un recurso de protección que estiman similar al de autos y solicita que el presente tenga igual destino, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección es una acción constitucional mediante la cual se pretende reparar las consecuencias perjudiciales causadas, o evitar los perniciosos efectos futuros de todo acto arbitrario o ilegal que amague o produzca privación, perturbación, o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales que específicamente señala el artículo 20 de la Constitución Política del Estado. Se trata así de una acción protectora cuyo objetivo principal consiste en restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado, cuando este se haya visto amagado, en los términos antes indicados o tema sufrir un daño de ese orden en el futuro.

SEGUNDO: Que, teniendo presente la especial naturaleza del recurso de protección, es necesario para que prospere, se acredite la existencia de un derecho actual que además de favorecerle, esté claramente establecido y determinado, y que por cierto corresponda a uno de aquéllos a que se refiere el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental.

TERCERO: Que la presente acción constitucional, como lo ha resuelto invariablemente la jurisprudencia, constituye un mecanismo de emergencia, que a través de un procedimiento rápido e informal, está destinado a solucionar problemas de evidente y actual infracción a derechos contemplados en la Constitución. En el caso que nos ocupa, la recurrente señala haber sido privado, perturbado o amenazado en las garantías constitucionales consagradas en los números 1 y 4, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, respectivamente.

CUARTO: Que, de los antecedentes allegados y valorados conforme la sana crítica, es posible asentar que:

1.- Efectivamente existió una citación de cobranza extrajudicial los días 21, 22 y 24 de agosto del año en curso, respecto de la persona del recurrente, por varias cuotas morosas, señalando una de las recurridas que, las mismas se encontraban publicadas en el sistema de Morosos del Comercio y próximamente se haría su publicación –de no dar solución a la morosidad- en el Boletín Comercial, conforme los documentos allegados por el propio recurrente.

2.- En base a las dos declaraciones juradas es posible establecer que se realizaron al recurrente llamadas y visitas de personal de las recurridas, intentando ubicarlo, pero solo uno de aquellos documentos da cuenta que tales visitas y llamados lo eran por deudas que el recurrente mantenía con la entidad bancaria.

3.- Fotocopias de 5 correos electrónicos, dirigidos al recurrente por parte de una ejecutiva de cobranza del banco recurrido, fechados el 3, 18, 23, 24 y 29 todos de agosto del año en curso, despachados entre las 11:05 y 14:01 que en general le solicitan que se acerque a la sucursal bancaria a dar solución a la situación pendiente, que incluso tiene una campaña aprobada para renegociar y que además, se habría comprometido a resolver su situación el 21 de agosto lo que no había ocurrido.

QUINTO: Que para dilucidar el presente conflicto, preciso es tener en consideración que el artículo 37, inciso 6°, de la Ley N° 19.496, sobre Protección a los Derechos de los Consumidores, preceptúa que: “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor.” Por ello, resulta necesario determinar si las conductas que el recurrente atribuye a los recurridos son vulneradoras o no, de alguna de las garantías por aquel invocadas.

SEXTO: Que, el 26 de abril de 2016, nuestro máximo tribunal en los autos Rol N° 16.058-2016, se pronunció respecto de las llamadas telefónicas de cobranza efectuadas por una empresa, a raíz de una causa de Punta Arenas seguida entre una empresa de cobranza y la clienta de un banco, oportunidad en la que a juicio de la Excma. Corte Suprema resultaron insuficientes las declaraciones juradas aportadas por la recurrente –de aquella causa- para acreditar su existencia, toda vez que su contenido es vago e impreciso al no indicarse en las mismas las fechas, horas y cantidad exacta de llamadas supuestamente efectuadas a la recurrente, motivo por el que la acción intentada fue rechazada en lo tocante a tal acápite.

Lo anterior, a juicio de esta Corte es plenamente aplicable al caso subjudice, desde que si bien en alguna de las declaraciones, en particular, la acompañada el mismo día de la vista del recurso, y que corresponde a la cónyuge del recurrente se entregan más detalles, estas carecen de fuerza suficiente para ser valoradas conforme a la sana crítica por tratarse de simples declaraciones juradas. Que, el listado adjunto en el recurso de los números telefónicos de los cuales supuestamente se hubieren realizado las llamadas, no es más que una enumeración de números ignorándose a quien efectivamente pertenecen, por lo antes expuesto, no se avizora por ahora alguna lesión a las garantías señaladas como conculcadas por el recurrente.

SÉPTIMO: Que, en lo que respecta a los cinco correos electrónicos remitidos por la recurrida al recurrente, debe indicarse que tal como también lo precisó la Excma. Corte Suprema en la causa anotada en el motivo anterior, de los mismos se puede concluir que éstos no tienen el formato ni el contenido de un escrito judicial, ni contienen expresiones amenazantes, sino que por el contrario, en ellas se informa de la existencia de una deuda vencida con el objeto de buscar una solución al problema del deudor, incluso le señalan que tienen una campaña aprobada para renegociar, pudiendo concluirse entonces que se trata de correos meramente informativos dirigidos al recurrente, no siendo dable suponer que su contenido haya podido ser conocido por tercero ajenos a éste o a la entidad bancaria, es más, en uno de ellos se le hace presente al recurrente que de acuerdo a lo expuesto por él, el 21 de agosto se habría comprometido para resolver su situación.

OCTAVO: Que, por lo demás no puede desconocerse que el propio recurrente, aun cuando añade argumentos que son propios de una discusión de fondo, relativas a la época en que podrían informarse los créditos morosos y cuando éstos podrían incluirse para su información y comunicación en los registros pertinentes, lo cierto es que aparecen en el Boletín Comercial tres protestos cuyo emisor es una de las recurridas, cuestión que llama poderosamente la atención pues señaló en estrados que nada adeudaba al Banco recurrido, argumentando para ello que no aparecían en un título ejecutivo válido y vigente, explicación que no es posible dilucidar en este tipo de acciones constitucionales.

Por último, no replicó ni cuestionó el hecho informado por los recurridos, en cuanto éstos señalaron que ya no se efectúa ningún tipo de gestión relativa a la cobranza extrajudicial, desde que al ser infructuosas tales diligencias se optó por la vía judicial, careciendo entonces de fundamento el presente recurso, antecedente este que podría utilizarse desde luego para rechazar el presente arbitrio constitucional, sin embargo, por lo que se ha venido reflexionando no se estima por estos sentenciadores que los recurridos hubieren incurrido en una trasgresión a las garantías de los numerales 1 y 4 del artículo 19, máxime que por la profesión que ostenta el recurrente –abogado- y por el hecho, según lo alegado por el mismo en estrados, de haber en épocas pasadas trabajado para otras entidades comerciales o bancarias precisamente en el cobro de créditos impagos, resulta lógico que conozca a cabalidad los diversos procedimientos extrajudiciales que utilizan los bancos y las empresas de cobranza anexas a ellas, así como las implicancias y consecuencias de ellas, razones por las que no resulta atendible que haya sufrido una impresión ante las diligencias efectuadas a su respecto, que afectara su integridad psíquica. Finalmente, y respecto de la eventual vulneración a la vida privada y a la honra de su persona y familia, tampoco se sospecha una infracción a tales conceptos, en particular por el hecho que sólo se le trató de ubicar en su casa y oficina, lugares que el mismo aportó para ser encontrado, y que conforme lo informado por las recurridas al concurrir al domicilio, no salió nadie, por lo que se habría dejado la citación en el jardín, cerrada con corchetes para impedir que fuera leída por terceros, precaución que también se tomó al entregarse en el domicilio laboral, otra de las citaciones, de modo que conforme a tales antecedentes, parece más cercano a la realidad lo propuesto por el banco recurrido, por cuanto el recurrente en estrados desconoció cualquier deuda con la recurrente a pesar de no ser efectiva tal afirmación, más allá de la discusión relativa a los títulos que ostentaría el banco para perseguir su acreencia, sin perjuicio que también afirmó contar con un comprobante de pago que sin embargo, no acompañó.

NOVENO: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario imputable a las empresas recurridas, la acción constitucional intentada a su respecto será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la empresa “Santander GRC Gestión de Recaudación y Cobranza” y del “Banco Santander-Chile”, desde que el actuar de las referidas empresas no se estima arbitrario ni ilegal, sin costas por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Redactó la sentencia el Ministro don Rafael Corvalán Pazols Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol I. Corte N° 706-2017 Civil (Protección).

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