ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE IQUIQUE con SERVICIO NACIONAL DE MENORES TARAPACA

Iquique, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete.

VISTO:

Comparece nombre reservado, Abogada, en representación de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique, deduciendo acción de protección de garantías constitucionales, en contra del Servicio Nacional de Menores Región de Tarapacá, a fin que se ordene el restablecimiento del imperio del Derecho y adopte toda medida necesaria para el ejercicio pleno y legítimo del derecho a la propiedad del que es titular y que se ha visto vulnerado con la dictación de la la Resolución Exenta N° 444, de 18 de agosto de 2017.

Expone que la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique (YMCA), es una persona jurídica sin fines de lucro y Colaborador Acreditado, que el año 2015, tras participar en proceso de concurso público, celebró dos convenios con el Servicio Nacional de Menores por un término de cinco años para desarrollar los proyectos denominados "REM CODITFAM RESIDENCIAL IQUIQUE" y "PER CODITFAM RESIDENCIAL IQUIQUE", durando el primero de ellos como máximo hasta el 01 de junio de 2020, mientras que el segundo como máximo hasta el 24 de marzo de 2020.

Refiere que el 26 de enero de 2017, la Directora Regional del Servicio Nacional de Menores de la Región de Tarapacá, les notificó mediante carta N° 80, las Resoluciones Exentas N° 040 y 041, ambas de 25 del mismo mes y año, en virtud de la cuales dispuso el término unilateral a los proyectos denominados "REM CODITFAM RESIDENCIAL IQUIQUE" y "PER CODITFAM RESIDENCIAL IQUIQUE", por las razones expresadas en los referidos actos administrativos, disponiendo como fecha de términos de tales proyectos, el 28 de abril del año 2017. No compartiendo los fundamentos del Servicio, refiere que se presentaron oportunamente los recursos administrativos correspondientes, notificándose mediante carta N° 184, de 20 de marzo de 2017, la Resolución Exenta N° 125, de igual fecha, mediante la cual sólo se acogió parcialmente el recurso de reposición en orden a modificar la fecha de término de los mencionados convenios, fijando como plazo el 22 de agosto de 2017, elevando los antecedentes a la Dirección Nacional para el conocimiento del recurso jerárquico deducido de manera subsidiaria. El día 27 de junio de 2017, la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, emitió la carta N° 603, mediante la cual adjunta la Resolución Exenta N° 1469, de 16 de junio de 2017, por la que rechaza el recurso jerárquico deducido en todas sus partes, quedando indefectiblemente los términos de dichos convenios, como se dispuso al resolverse el recurso de reposición.

Indica que, en virtud de lo dispuesto en las resoluciones referidas, a contar de la notificación de Resolución Exenta N° 1469, tomó todas las medidas administrativas correspondientes para dar cumplimiento a lo resuelto, tales como, comunicar el término de las relaciones laborales a sus dependientes y comunicar el término del arriendo al dueño del inmueble.

Agrega como dato relevante, que en el mes de julio de 2017, producto de una denuncia que recibió el SENAME de Tarapacá, dicho Servicio procedió a entablar una acción de Protección en su contra- causa seguida ante el Juzgado de Familia de Iquique bajo el RIT: P-477-2017 y mediante la cual el 4 de agosto de 2017, se arribó a una solución colaborativa con SENAME, teniendo especialmente presente que el término de ambos proyectos a su cargo, se produciría el día 22 de agosto del año en curso, la que consistió en que el SENAME asumiría por el lapso de ocho meses la administración de la residencia, comprometiéndose a mantener la continuidad en el arriendo de la propiedad o residencia, la relación laboral de las trabajadoras, -atendido al término de los convenios el 22 de agosto de 2017- la atención de salud de las niñas y adolescentes, además de otorgar el abastecimiento alimenticio adecuado y demás tendientes al resguardo de los derechos de los niños y adolescentes involucrados.

Con posterioridad a aquello, por Resolución Exenta N° 444, de 18 de agosto, emanada del Director Regional (S) del SENAME, se dispuso modificar el Resuelvo de la Resolución Exenta N° 040 y 041 de 25 de enero, estableciendo como nueva fecha para el término de los referidos convenios, el 4 de abril del año 2018, pese a que las resoluciones se encontraban ya administrativamente ejecutoriadas, produciéndose el desasimiento de la autoridad, por lo que la Dirección Regional del SENAME se encuentra privada de todo derecho o potestad de pronunciarse sobre tales resoluciones exentas, ni mucho menos modificarlas.

Agrega la recurrente, que la Resolución Exenta N° 444, resulta no sólo ilegal, por contrariar la norma expresa del artículo 59 de la Ley N° 19.880, sino claramente arbitraria, por pasar a llevar su propia conducta y decisiones que, planteadas incluso ante un Tribunal de la República, le obligan a las vinculaciones contractuales referidas, sin involucrar a la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique, más allá del 22 de agosto del año 2017.

Explica la recurrente que, con fecha 21 de julio de 2017, procedió a notificar a los trabajadores que prestan servicios en la residencia en donde se ejecutan los proyectos del término de la relación laboral a contar del día 22 de agosto de 2017, fecha en la que también culminaba el contrato de arriendo de la residencia, sin embargo, al amparo del referido acto administrativo ilegítimo, el señor nombre reservado de la residencia cursó cartas a los ex trabajadores de la Asociación Cristiana de Jóvenes, señalándoles que queda sin efecto la carta de aviso de despido y que ponía término a las relaciones laborales, cuestión antijurídica pues un tercero ajeno a una vinculación laboral extinta, no puede tomar la decisión de revivirla, sino que además debe entenderse en el contexto del compromiso asumido por el Servicio Nacional de Menores en la solución colaborativa. De este modo, la recurrida pretende imponerle que continúe en su calidad de empleador sin mediar su voluntad y a pesar de su propia conducta reflejada en los convenios extintos por la voluntad de la recurrida, decisión que se encuentra administrativamente ejecutoriada.

Argumenta que las actuaciones, ilegales y arbitrarias denunciadas, perturban y amenazan el legítimo ejercicio del derecho de propiedad consagrado en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues las decisiones tales como extender artificialmente contratos de trabajo originalmente celebrados por su parte y los dependientes de la residencia “REM PER CODITFAM IQUIQUE”, conllevan la conservación a favor de éstos últimos, de los derechos emanados de instrumentos individuales tales como el derecho a las indemnizaciones por término de contrato de trabajo previstas en los artículos 163 y 162 inciso cuarto del Código del Trabajo, más allá de lo previsto oportunamente por la recurrente, encontrándose de manera forzada, obligada arbitraria e ilegalmente a proporcionar ocupación efectiva, pagar remuneraciones, enterar cotizaciones previsionales de dichos trabajadores y asumir defensas ante eventuales demandas laborales. La Resolución impugnada es contraria a derecho y arbitraria, existiendo una evidente carencia de razonabilidad en su dictación y derivado en actuaciones de la misma naturaleza.

Pide, en definitiva se acoja el recurso adoptando de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del Derecho, adoptando toda medida o providencia tendiente al legítimo y pleno ejercicio del derecho a la propiedad, tales como la invalidación del acto administrativo recurrido.

Con fecha 14 de septiembre informa nombre reservado, Directora Regional del SENAME. Expone, en síntesis y en lo pertinente, que luego de supervisiones y visitas que fueron realizadas por parte del Juzgado de Familia de Iquique, durante el año 2016 al proyecto Residencial dependiente de la recurrente se establecieron una serie de deficiencias que se mantuvieron durante todo el período, correspondientes a pésimas condiciones de habitabilidad y hacinamiento de las niñas y adolescentes. El 02 de febrero de 2017 mediante Oficio N° 02-2017 la Mesa de Trabajo Conjunta compuesta por los Juzgados de Familia de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte observan las deficiencias más graves y se pide adoptar medidas para que las niñas no continúen viviendo en precarias condiciones.

Agrega que por lo anterior y en vista de las claras deficiencias en la ejecución del proyecto residencial, junto a hechos vulneratorios que estarían vivenciando las niñas y adolescentes sujetas de atención de la residencia mediante las Resoluciones Exentas N°040 y 041, ambas de 25 de Enero de 2017, dictadas por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Menores de la Región de Tarapacá dispuso el Término Unilateral del Convenio suscrito con la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique relativo a los Proyectos denominados "REM CODIT FAM RESIDENCIAL IQUIQUE" y "PER CODIT FAM RESIDENCIAL IQUIQUE" cuyo último día de funcionamiento recaía en un principio el 28 de abril del 2017, rechazándose parcialmente el recurso de reposición deducido por resolución de 20 de marzo de 2017, rectificado por resolución de 8 de mayo de 2017, modificando la fecha de término de los convenios para el día 22 de agosto de 2017. Hace presente que el recurso jerárquico deducido en contra de la resolución que dispuso el cierre también se rechazó.

Indica que la Directora Regional, previo a remitir todos los actos administrativos a la Contraloría Regional para dar cumplimiento al trámite de Toma Razón correspondiente, pudiendo- solo a través de este quedar totalmente afinado el acto administrativo- tomó conocimiento sobre graves irregularidades que se suscitaron al interior de la Residencia “REM PER CODIT FAM IQUIQUE”, mediante una carta anónima, y en ese contexto se estimó que existía mérito suficiente para tomar la decisión de colocar los antecedentes ante la Judicatura en sede Familia, y elaborar presentación conforme a lo indicado en el Artículo 16 del Decreto Ley 2465, que crea el Servicio Nacional de Menores que otorga facultades al juez del domicilio donde funciona el establecimiento para disponer la administración provisional del establecimiento, abriéndose causa P-477-2017 ante el Juzgado de Familia de Iquique y en audiencia de juicio fijada para el día 04 de agosto 2017, se aprobó Solución Colaborativa por la cual las partes acuerdan que el Servicio Nacional de Menores asumirá por el lapso de ocho meses la administración provisional del “REM PER CODITFAM”, comprometiéndose a entregar al Tribunal, a la mayor brevedad posible, el acta de traspaso al nombre reservado y comprometiéndose, en la medida de lo posible, a mantener la continuidad en el arriendo, la relación laboral de las trabajadoras que ahora se encuentran prestando servicios para la Asociación Cristianas de Jóvenes, la atención de salud de las niñas y adolescentes, además de otorgar el abastecimiento alimenticio adecuado.

Señala que a partir de lo establecido en el Decreto Ley N°2465 la figura del nombre reservado supedita su procedencia y funcionamiento a la subvención que se otorga al colaborador acreditado objeto de la medida, por ende, se requiere la existencia de un convenio vigente con alguna Entidad Colaboradora de SENAME ya que su rol de interventor se enmarca en la toma de decisiones, conforme a las facultades otorgadas en el artículo 39 del Decreto N° 356, sobre personal, gestiones y otros, que se encuentran bajo dependencia y subordinación del Organismo Colaborador.

Refiere que a la luz de todos los antecedentes expuestos, y teniendo especial consideración que el acto administrativo, específicamente Resolución Exenta N° 040, no se encontraba totalmente tramitada puesto que faltaba sellarlo por la Contraloría Regional por medio de la Toma Razón, resultó del todo imperioso modificar el Resuelvo 1° de las Resoluciones Exentas N°040 y 041, ambas de fecha 25 de Enero de 2017, a través de la Resolución Exenta N° 444, de fecha 18 de Agosto de 2017, estableciendo como nueva fecha de término para el 4 de abril de 2018, fecha en que expiraría el plazo de los 8 meses de duración de la Administración nombre reservado dispuesta por el Juzgado de Familia.

Argumenta indicando que la decisión adoptada por el Servicio es claramente excepcional y primera vez en la Región que se solicita, pero no por ello esta determinación se encuentra fuera del amparo legal, dado que es el propio legislador quien crea la figura de la Administración nombre reservado bajo la concurrencia de presupuestos facticos, que en este caso resultan más que suficientes para validarla.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEGUNDO: Que es requisito imprescindible para que pueda acogerse el recurso, la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías contemplados en el precepto constitucional ya citado, en la especie, la recurrente señala que los supuestos agravios los ha hecho consistir en la supervivencia de sus obligaciones laborales con trabajadores a quienes ya había anunciado el término de la relación laboral, como también del contrato de arrendamiento cuya terminación anticipada ya había comunicado al arrendador, todo ello como consecuencia de haberse acogido parcialmente la reposición administrativa que interpuso ante la dirección regional del SENAME, y que finalmente fijaba como fecha de término de los convenios que los ligaba el 22 de agosto de 2017.

TERCERO: Que las condiciones y fechas recién descritas fueron unilateralmente modificadas por la recurrida, a través de la resolución Exenta N°444 de 18 de agosto último, que prorrogó el plazo antes dicho hasta el 4 de abril de 2018.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes reunidos en esta causa y lo expuesto por ambas partes en estrados, resultan excluídas la perturbación o amenaza a los derechos por la recurrente denunciados, pues, por un lado las resoluciones que pusieron término anticipado a los convenios, no se encuentran ejecutoriadas, desde que se encuentran aún pendientes respecto de ellas las respectivas Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República, y por el otro, la recurrente concurrió al acuerdo a que arribaron en la causa P-477-2017 del Juzgado de Familia de esta ciudad el 4 de agosto último, en cuyo segundo punto la recurrida se comprometió en la medida de lo posible, “a mantener la continuidad en el arriendo; la relación laboral que ahora se encuentran prestando servicios para la Asociación Cristiana de Jóvenes…”, de manera que su solo consentimiento a este acuerdo excluye los perjuicios en que hizo descansar el presente recurso y, finalmente, ellos no resultan ciertos y actuales, sino hipotéticos y eventuales, dado que incluso en estrados, y ante la consulta expresa de esta Corte, la abogada de la recurrente no pudo explicar de qué modo se vería afectado el patrimonio de su representada, sino que siempre lo hizo consistir en un acaso, situación ante la cual el presente recurso no puede prosperar.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo que se lleva dicho, no ha pasado inadvertido a esta Corte la incongruencia en los motivos de las resoluciones que pusieron término anticipado a los convenios con la recurrente, con aquellos en que sustentó la resolución exenta N°444 de 18 de agosto en curso, invocada en autos por esta última.

Y vistos además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema en esta materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en representación de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique, en contra del Servicio Nacional de Menores de la Región de Tarapacá, sin costas, por estimar que existió motivo plausible para litigar.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Rafael Corvalán Pazols.

Rol I. Corte Nº 681-2017 Civil (Protección).

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