Protección contra Servicio de Vivienda y Urbanización

Iquique, siete de octubre de dos mil veintiséis.

VISTO:

Que comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) Región de Tarapacá, representado legalmente por su Director Regional, domiciliados en domicilio reservado, por el acto que atribuye al funcionario de la recurrida don nombre reservado, consistente en negarse reiteradamente a actualizar la composición de su núcleo familiar en el Comprobante de Reserva del subsidio habitacional que le fue asignado para el Proyecto Habitacional Condominio Arunta I, código 154986, pese a haberle exhibido su Certificado de Matrimonio con la subinscripción de la sentencia de divorcio dictada en su favor, acto ilegal y arbitrario que conculcaría sus garantías constitutucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Carta Fundamental.

Relata que es titular de un subsidio habitacional individual otorgado por SERVIU, para cuya postulación, efectuada el año 2021, declaró como parte de su núcleo familiar a quien era entonces su cónyuge, encontrándose separados de hecho desde hace más de tres años y habiendo regularizado dicha situación en su Registro Social de Hogares, añadiendo que habría adquirido un inmueble después del cese de convivencia que pertenece a su patrimonio exclusivo; que, encontrándose la nueva constructora próxima a obtener la recepción final del proyecto, con entrega física programada para octubre de 2026, concurrió el 30 de julio y el 7 de agosto de 2026 a las oficinas de SERVIU Tarapacá, siendo atendida por el funcionario don nombre reservado, quien en la primera ocasión le indicó la existencia de vías técnicas para modificar su núcleo familiar, y en la segunda, exhibiéndosele ya su sentencia de divorcio, se negó rotundamente a recibir dicha documentación y a tramitar la actualización, señalando que solo se regía por lo que constara en el Registro Civil; que el 10 de agosto de 2026 concurrió nuevamente, esta vez portando su Certificado de Matrimonio con la subinscripción de divorcio ya practicada, persistiendo no obstante el funcionario en su negativa, indicándole que ingresara un reclamo por escrito para ser respondido en el plazo de 20 días hábiles.

Argumenta que dicho actuar es ilegal, por infringir el principio de coordinación y servicialidad del Estado consagrado en la Ley N° 18.575, desconocer los efectos jurídicos de una sentencia judicial firme y vulnerar la Ley de Transparencia al no fundar por escrito un acto administrativo; y arbitrario, por pretender privarla de su vivienda en atención al patrimonio de un tercero ajeno a su régimen de separación total de bienes, vulnerando con ello las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita se ordene a SERVIU Tarapacá la actualización inmediata de su ficha técnica excluyendo a su excónyuge y se autorice la firma de su documento de actualización de reserva con la actual inmobiliaria, requiriendo además orden de no innovar.

Que evacuando informe, el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Tarapacá, representado por su abogada doña Ana María Vargas Vásquez, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Al respecto, señala que, como organismo ejecutor de las políticas, planes y programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, carece de facultades de planificación conforme al Decreto Supremo N° 355 de 1976; que a la recurrente le fue asignado el subsidio habitacional mediante Resolución Exenta N° 1322 de 2021, que modificó la Resolución Exenta N° 488 de 2021, por 1.400 Unidades de Fomento, Tramo 1, para ser aplicado en el Condominio Arunta I; que, conforme al artículo 65 del D.S. N° 1 de 2011 (V. y U.), el núcleo familiar declarado al momento de la postulación constituye un factor determinante del puntaje de selección, otorgándose 40 puntos por cada integrante declarado, de manera que la composición familiar informada en dicha oportunidad —que incluyó a quien era su cónyuge— no resulta susceptible de modificación con posterioridad, por corresponder al antecedente mismo en virtud del cual se le asignó el beneficio.

Añade que, no obstante lo anterior, con fecha 10 de agosto de 2026 el Servicio de Registro Civil e Identificación practicó la subinscripción de la sentencia de divorcio de la recurrente, encontrándose dicha información ya incorporada en la base de datos del Servicio, según consta del documento emitido por la plataforma RUKAN con fecha 9 de septiembre de 2026, que se acompaña en autos.

Concluye que no ha existido actuar arbitrario ni ilegal de su parte, por cuanto las decisiones adoptadas lo han sido en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento del principio de legalidad y de las disposiciones del D.S. N° 1 de 2011 (V. y U.).

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°, 3° inciso quinto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°, 12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24° y 25°, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEGUNDO: Que del recurso se colige un reclamo en contra de la recurrida por la negativa de actualizar en su ficha interna la composición del núcleo familiar, excluyendo a quien fuera su cónyuge, no obstante haberse acreditado ante la recurrida la disolución de dicho vínculo matrimonial mediante sentencia de divorcio debidamente subinscrita, acto que se califica de ilegal y arbitrario y que conculcaría las garantías fundamentales de la recurrente consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que, de los antecedentes expuestos en el informe evacuado y corroborados con los documentos acompañados —específicamente el documento emitido por la plataforma RUKAN del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con fecha 9 de septiembre de 2026—, se evidencia que el arbitrio interpuesto ha perdido oportunidad, puesto que el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Tarapacá ya ha incorporado a su base de datos la subinscripción de la sentencia de divorcio de la recurrente, reflejándose en consecuencia su actual estado civil y la consiguiente exclusión de su excónyuge del núcleo familiar registrado, no existiendo en la especie alguna medida cautelar que sea necesario adoptar, motivo por el cual el recurso será desestimado.

CUARTO: Que, finalmente, respecto de la otra petición planteada por la recurrente, relativa a autorizar la firma de su documento de actualización de reserva con la actual inmobiliaria, es dable mencionar que aquella excede del ámbito del recurso protección, atendida su naturaleza cautelar.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada por doña nombre reservado en contra del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE TARAPACÁ.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 680-2026 Protección.