Protección contra Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia “Mejo

Iquique, veintidós de junio de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, abogada coordinadora del Programa de representación especializada de niños, niñas y adolescentes “Mi abogado” de Iquique, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial en convenio de colaboración con la Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, deduce recurso de protección en favor de adolescentes de iniciales N.R.R.R., L.A.O.G., A.M.P.P., F.O.M., J.J.L.C., N.A.V.P., A.B.I.M., K.N.G.R., Y.D.M.Z., F.C.R.C., S.F.S.F.D., K.A.D.H., K.V.O., J.F.V.T., R.L.P., F.S.B.B., Y.J.H.V., M.A.C.R., A.C.L.C., A.S.R.R. y G.A.M.V., respecto de los cuales los funcionarios de dicho Programa fueron designados como curadores ad litem por el Juzgado de Familia de Iquique y Juzgado de Letras de Familia, Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio, respectivamente, en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia “Mejor Niñez”, por los argumentos que expone.

En cuanto a los hechos, explica que son curadores de la totalidad de niños y adolescentes ingresados a la residencia REM-PER Shekinha, ubicada en la ciudad de Iquique, como medida de protección judicial, que contempla un perfil de ingreso de sólo niños y adolescentes varones entre 7 y 18 años o más, dependiendo de las condiciones de cada joven una vez alcanzada la mayoría de edad. Esta residencia es la única oferta en la Región, por lo que ingresan también adolescentes sujetos a medida cautelar del sistema de responsabilidad penal adolescente, cuando no existe un adulto responsable.

Actualmente esta residencia se encuentra administrada por el organismo colaborador Corporación Prodel, que licitó la ejecución del proyecto residencial desde el 01 de enero de 2023 hasta la actualidad. Anteriormente fue administrado por la Fundación Niño y Patria, bajo el nombre de Residencia nombre reservado.

Refiere que producto de las vulneraciones sufridas por los niños y adolescentes bajo la anterior administración, consistentes en falta de separación por edad, malos tratos y hacinamiento, se ingresó en los juzgados con competencia de familia, con fecha 08 de abril de 2021, una nueva medida de protección respecto de cada uno de sus representados, dando cuenta de estas vulneraciones al derecho a la privacidad, confidencialidad, victimización secundaria, entre otras, solicitando diversas medidas en su resguardo. El 17 de abril de 2021 el Juzgado de Familia de Iquique ofició a la Residencia Teniente Merino, a fin de que contratara un psicólogo, con experiencia en niñez y adolescencia, a objeto que intervenga la residencia, respecto de conflictos internos entre adolescentes y evalúe procedimientos y estándares, entre otras medidas, debiendo ser costeado por la Fundación Niño y Patria o, en subsidio, por los fondos del Sename regional.

No existió solución a dicha problemática, pese a las coordinaciones con la Fundación administradora y el Sename, profundizándose los delitos al interior de la residencia, el ambiente criminógeno, la venta y consumo de drogas, poniendo en peligro la seguridad física y psíquica de los usuarios, lo que conllevó el despido de los funcionarios y el término de la licitación con la Fundación Niño y Patria, siendo administrado de forma directa y provisoria por el Servicio “Mejor Niñez” desde octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Así las cosas, el Programa “Mi Abogado” solicitó el 03 de noviembre de 2022 medida cautelar innovativa respecto de sus representados en residencia, considerando el término de la oferta y la peligrosidad del ambiente, consistente en el traslado de los usuarios a un inmueble, como hotel u hostería, en la región, costeado por el Servicio “Mejor Niñez”, por el plazo de tres meses, para evitar el traslado a otra región. A lo que el tribunal accedió, respecto del niño A.P.P., por el plazo de seis meses, debiendo dar respuesta dentro de 10 días. Por su parte, el Servicio “Mejor Niñez” nunca dio cuenta del cumplimiento de lo ordenado.

Por otro lado, da cuenta de agresiones en la esfera de la sexualidad, dentro de la residencia, de su representado de 10 años, de iniciales Y.M.Z., por parte de otro de sus representados, mayor de 14 años, dando origen a la correspondiente causa proteccional en el Juzgado de Letras de Familia, Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio, disponiéndose a petición del Programa “Mi Abogado”, la estadía del niño por tres meses en un hotel junto a una educadora de trato directo. Esta medida se mantiene hasta la actualidad, dado que no existe nueva oferta residencia acorde a su rango etario y que impida el retorno al establecimiento donde fue víctima del delito. Complementa que esta situación, de vulneraciones en la esfera de la sexualidad, se ha repetido también respecto de niño de iniciales D.G.A.A. y el adolescente de iniciales A.C.L.C.

Al interior de la residencia también se producen lesiones físicas, como las sufridas por el usuario de iniciales K.V.O., quien fue hospitalizado e intervenido quirúrgicamente de emergencia.

Los hechos descritos son consecuencia de una serie de negligencias que agravan las vulneraciones de derechos de sus representados, poniendo en riesgo su libertad personal y seguridad individual, manteniéndose la situación bajo la administración del nuevo organismo colaborador. La medida de ingresar a adolescentes en lugares distintas a la residencia se ha repetido respecto de los usuarios de iniciales Y.A.S.C. y K.A.D.H.

Refiere que no han tenido respuesta del Servicio Mejor Niñez, pese a haber sido requerido judicialmente, lo que da cuenta del sistemático incumplimiento de las resoluciones de la magistratura de parte de dicho Servicio y del organismo colaborador ejecutor.

En cuanto a los fundamentos de derecho, refiere en primer lugar el interés superior del niño, principio que tiene por finalidad la plena satisfacción de sus derechos, contemplado en el artículo 3° de la Convención sobre derechos del niño de 1989, incorporado a nuestro sistema jurídico como tratado internacional, y las disposiciones de derecho interno en el Código Civil y leyes especiales en la materia.

Invoca como aplicable, en especial, la ley N° 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, transcribiendo en este punto los artículos 2°, 12 y 14 de dicha normativa, que establece deberes y responsabilidad en materia de protección para el Estado de Chile. Asimismo, conforme lo dispone el artículo 51 de la ley, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia debe otorgar prestaciones necesarias para la recuperación, reintegración familiar e integración social y educativa de todo niño, niña o adolescente vulnerado en sus derechos por abandono, explotación o abuso, entre otras hipótesis similares.

Relaciona la omisión arbitraria o ilegal, consistente en la negativa de cumplimiento de las diversas resoluciones judiciales y negligencia en la ejecución de prestaciones de protección, con lo dispuesto en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, porque es deber de los órganos del Estado adoptar, como garante, todas las medidas tendientes a dar efectividad a los derechos que le son reconocidos a los niños en los diversos cuerpos normativos, respecto de los niños y adolescentes bajo su cuidado y proporcionar oferta programática.

Propone que debería existir oferta residencial para niños de 7 a 14 años y separar a los niños que ingresan por medida de protección de aquellos que lo hacen cumpliendo una medida cautelar de responsabilidad penal adolescente.

Solicita tener por interpuesto el recurso de protección en favor de los adolescentes individualizados, acogerlo y ordenar el arriendo de inmueble, hotel u hospedería según la oferta de la región, costeado por Servicio Mejor Niñez, por el plazo de seis meses a fin de impedir que los niños de edad inferior a los 14 años se encuentren en la misma residencia Shekinah con población adolescente y adulta que actualmente se encuentra en el establecimiento; contratación de un profesional psicólogo externo, con larga data de experiencia en niñez y adolescencia que intervenga la residencia Shekinah, respecto de los conflictos internos entre los adolescentes, evalué procedimientos, estándares de personal, idoneidad técnica de los trabajadores, directivos y responsables, con fondos destinados por Servicio Mejor Niñez para tal efecto y se ordene el Servicio Nacional de Protección a la Infancia y la Adolescencia “Mejor Niñez” a objeto que informe contenidos, notas y observaciones de supervisión técnica respecto a las supervisiones realizadas a la residencia masculina de Iquique (tanto bajo la ejecución de Fundación Niño y Patria como de la Corporación PRODEL) desde el inicio de funciones del Servicio Nacional de Protección especializada a la Niñez y Adolescencia, fiscalizaciones y procesos sancionatorios respecto a la residencia, su ejecutor y trabajadores y trabajadoras del centro de protección residencial.

Acompaña documentos, consistente en medidas de protección y sus respectivas resoluciones.

Evacua informe doña nombre reservado, Directora (S) del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Región de Tarapacá, solicitando se rechace el recurso de protección deducido por no existir omisión arbitraria e ilegal, no ser este arbitrio la vía idónea para discutir los requerimientos de la recurrente y carecer de oportunidad.

En primer lugar, en cuanto a las omisiones por falta de cumplimiento de resoluciones judiciales, señalando que se contrató a un psicólogo externo y que dio respuesta a la magistratura respecto de la medida cautelar innovativa de traslado de usuarios a inmuebles distintos de la residencia, porque en cada una de las audiencias de revisión de medida de protección participó el abogado del Servicio como tercero coadyuvante y entregó información. Esta medida no se pudo materializar por falta de oferta por ese período de tiempo y complicaciones presupuestarias.

Hace presente que además los antecedentes fácticos en que se sustentó dicho requerimiento no existen en la actualidad, lo que hace que el recurso pierda oportunidad, porque se basaba en el hecho que el Servicio “Mejor Niñez” había puesto término al contrato con la Fundación Niño y Patria, lo que implicaba el término de la oferta del organismo colaborador, pero esto no ocurrió debido a que la Corporación PRODEL opera la residencia desde el 01 de enero de 2023 hasta la fecha, con certeza, no existiendo posibilidad de traslado de adolescentes a otras regiones.

Alega extemporaneidad porque las resoluciones judiciales referidas serían de los meses de noviembre y diciembre de 2022 y enero de 2023, habiendo transcurrido el plazo de interposición del recurso.

En segundo lugar, en cuanto a las omisiones asociadas a la falta de oferta especializada. En este sentido puntualiza que, al tenor del artículo 8, letra d), de la ley N° 21.302, que creó el Servicio, su función se materializa en las supervisiones técnicas y financieras por parte de la Unidad de Supervisión y Fiscalización de la Dirección Regional. En el año 2023 se han realizado cinco supervisiones técnicas regulares y dos de urgencia en la respectiva residencia.

Hace presente que, en virtud de lo dispuesto en la letra e) del citado artículo 8, la Dirección Regional mantiene actualmente cuatro procesos sancionatorios vigentes y cinco procesos terminados respecto de la entonces residencia Teniente Merino, con sanción por infracción grave.

Además, según lo dispuesto en la letra g) del mismo artículo, la Dirección ha dispuesto dos proyectos emergencia de salud en beneficio de algunos de los niños recurrentes. Asimismo, refiere el ejercicio de otras facultades entregadas por la ley, como la administración provisoria de los colaboradores acreditados y se designe administrador provisional o de cierre, cuando corresponda.

Refiere que la Dirección Regional visualizó la necesidad de la instalación de una nueva oferta de cuidado alternativo que permita la separación por rango etario para niños y adolescentes menores de 14 años y otra ofertas para mayores de aquella edad, conforme lo establecido en la letra f) del artículo 8 de la ley 21.302. Informa en este sentido que se determinó la instalación de una residencia de administración directa en esta región, que iniciaría sus funciones el primer día del mes de diciembre de este año.

Explica que la Unidad de Asistencia Técnica está desarrollando un plan de estabilización y de acompañamiento a la residencia Shekinah, en cumplimiento del deber de asistencia técnica del Director Regional, contemplada en la letra m) del artículo precitado.

En tercer lugar, en cuanto a la omisión arbitraria o ilegal, refiere que la Dirección Regional adoptó todas las medidas que legalmente corresponden.

En cuarto lugar, alega la improcedencia de la acción de protección atendido los fines pretendidos por la recurrente, porque las vulneraciones de derechos que originaron el ingreso de los niños y adolescentes al sistema de cuidado alternativo son competencia de los juzgados de familia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 N° 7 de la Ley N° 19.968.

En relación al petitorio, señala que la contratación de psicólogo externo es contraria a la actual configuración orgánica del Servicio, debido a la existencia de la unidad de asistencia técnica que cumple con el rol que se pretende suplir.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del tenor del recurso se colige que la abogada coordinadora del Programa de representación especializada de niños, niñas y adolescentes “Mi abogado” de Iquique, recurre en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia “Mejor Niñez”, denunciando negligencia de su parte en relación al ejercicio de sus facultades legales y en el otorgamiento de prestaciones necesarias para la recuperación, reintegración familiar e integración social y educativa de todo niño, niña o adolescente vulnerado en sus derechos por abandono u otra causa, en favor de los protegidos que refiere en su comparecencia, respecto de los cuales ejerce la curaduría en procesos judiciales en sede familiar, quienes no serían separados según rango etario ni por motivo de ingreso, sufrirían de hacinamiento en la residencia que habitan, y se relacionarían con otros menores que estarían sujetos a medidas cautelares como infractores de ley penal, circunstancias todas que afectarían su integridad física y psíquica en términos del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

A su turno, el Servicio respectivo solicita el rechazo del recurso intentado al no existir acto arbitrario e ilegal, no ser ésta la vía procesal idónea para la resolución de lo solicitado y en algunos casos ser el presente arbitrio extemporáneo.

TERCERO: Que del mérito de los antecedentes acompañados por la recurrente, valorados según las reglas de la sana critica, puede colegirse que sin perjuicio de no ser extemporánea la acción constitucional deducida, toda vez que les hechos narrados en el recurso permanecerían en el tiempo hasta la interposición del mismo, no existen antecedentes suficientes para estimar que concurre la vulneración del derecho constitucional invocado respecto de los niños, niñas y adolescentes por quienes se comparece en estrado.

Efectivamente, fluye de los antecedentes analizados y lo expuesto en estrados por ambas partes, que la situación atribuida a la recurrida se encuentra actualmente en conocimiento de los tribunales de familia de la ciudad de Iquique y Alto Hospicio, cuya intervención no ha sido objeto de este recurso, por tanto, en la sede que resulta competente para analizar en particular y resguardando el interés superior del niño, contemplado en la legislación interna y la Convención Internacional de Derechos del Niño, la situación de cada uno ellos y disponer lo que en derecho corresponda, no siendo este recurso de emergencia y cautelar el adecuado para disponer lo peticionado por la actora.

Por otra parte, surge de lo manifestado en el informe del recurrido y lo sostenido por éste en estrados, que ha adoptado las providencias necesarias tendientes a resolver los problemas que aquejan a los menores en referencia, en la medida en que sus facultades lo permitan, comprometiéndose además en proporcionar una nueva oferta programática para diciembre de este año, consistente en la apertura de una residencia familiar masculina, para adolescentes entre 14 a 17 años, que vendría a solucionar los problemas de segregación y eventual hacinamiento de los menores.

CUARTO: Que, en consecuencia, no divisándose acto u omisión ilegal o arbitrario que infrinja la garantía constitucional invocada por la recurrente, el presente recurso será desestimado.

Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia “Mejor Niñez” su deber en torno a la protección y adecuado tratamiento de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren incluidos en los programas que de éste dependen, y propender a una adecuada coordinación con el Programa recurrente y las demás instituciones pertinentes.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Remítase copia de lo resuelto a los tribunales de familia que corresponda.

Rol N° 671-2023 Protección.