Protección contra Sociedad Educacional Arturo Prat S

IQUIQUE, cinco de abril de dos mil dieciocho.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, Presidenta del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Universitario UNAP, por sí y en tal calidad, interponiendo recurso de protección en contra de la Sociedad Educacional Arturo Prat S.A., representada por su Directora y representante legal doña nombre reservado, por haber incurrido por sí mismas, o por personal de su dependencia, en actuaciones ilegales y/o arbitrarias en el marco del proceso de negociación colectiva con el sindicato de empresa adscrito al establecimiento, lo que mantiene a los alumnos sin iniciar el año académico, afectando las garantías reconocidas en los numerales 10 y 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República tanto de los educandos como de sus familias.

Expone que el sindicato de profesores del Colegio Universitario UNAP se encuentra ejerciendo su derecho a huelga legal desde el 18 de diciembre de 2017. Luego del cierre del año escolar, la Dirección Regional del Trabajo, estableció que el proceso de huelga se entendía reiniciado a contar del 1 de marzo de este año, debiendo iniciarse el año lectivo el día 5 de ese mes. No obstante, desde el 1 de marzo pasado, el directorio del colegio ha mantenido la suspensión indefinida de todas las actividades docentes, situación que persiste a la época de interposición de la presente acción constitucional, pese a las promesas de reanudar las actividades.

Añade que por Resolución Exenta Nº 121, de 6 de marzo último, la Seremi de Educación rechazó la solicitud de suspensión de clases en el colegio, por cuanto la petición no se ajustaba a los requisitos previstos en la resolución que fija el calendario escolar 2018 para los establecimientos educacionales de la Región de Tarapacá. La misma resolución descartó como justificación posible un eventual caso fortuito o fuerza mayor.

Acota que pese a las gestiones realizadas tanto por el Centro General de Padres como por el sindicato, la recurrida ha perseverado en el cierre del colegio y la suspensión unilateral de las clases, manteniéndose únicamente las labores administrativas.

Denuncia transgresión al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, precisando que, en los hechos, la recurrida ha forzado a un gran número de alumnos a intentar cambiar de establecimiento, con la dificultad añadida de la escasez de vacantes, debido a que ya comenzó el año lectivo a nivel nacional, y a que otros colegios no cuentan con un programa de integración escolar.

Profundiza que el establecimiento recurrido ha incumplido la resolución que ordena la no suspensión de actividades; que ha comenzado a circular la información de un cierre definitivo del colegio; y que existe una denuncia en contra de la recurrida por prácticas desleales en el proceso de negociación colectiva.

Por esas consideraciones, pide se acoja la acción de protección y se disponga el ingreso inmediato del alumnado, personal docente y paradocente a las actividades académicas, dando inicio al año escolar en el menor plazo posible.

Evacuando informe, la Sociedad Educacional Arturo Prat S.A., debidamente representada, requiere el completo rechazo del recurso de protección.

Refiere que en el marco de la negociación colectiva entre el colegio y su sindicato, así como en lo que dice relación con las actividades académicas, no ha cometido arbitrariedad ni ilegalidad alguna. Aclara que no existe cierre ni material ni jurídico del establecimiento educacional, y que la suspensión del inicio del año escolar se debió a que los profesores e inspectores estaban en huelga legal, sin que pueda procederse a su reemplazo o recurrirse a la institución de los servicios mínimos, por estar vedada esa posibilidad en el Código del Trabajo. Por esta razón, la Resolución Exenta Nº 121, de la Seremi de Educación, que rechazó la solicitud de retraso del año escolar, fue objeto de recursos de reposición y jerárquico, este último en subsidio, por lo que de mala forma se le puede imputar a su representada desacato.

Después de reseñar el historial del proceso de negociación colectiva, afirma que jamás ha incurrido en prácticas desleales, y que el sindicato se desistió de la denuncia presentada en sede laboral. Insiste en que nadie está obligado a lo imposible, y al estar impedida legalmente de reemplazar a los trabajadores en huelga, no podía dar inicio a las actividades académicas, de modo que no puede reprochársele ninguna suspensión unilateral o ilegal de las clases.

Por último, hace presente que el contrato colectivo de trabajo entre el colegio y el sindicato fue suscrito el 23 de marzo del presente año, reiniciándose las clases el día 26 de ese mes, por lo que la acción cautelar carece de presupuestos fácticos.

A solicitud de la actora, se recabó informe de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, que contiene una cronología de la huelga llevada a cabo en el Colegio UNAP, siendo la última etapa el inicio de las actividades académicas el día 26 de marzo del presente año.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior, se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto, sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Que, de lo reseñado en la parte expositiva, se colige que doña nombre reservado, por sí y a favor del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Universitario UNAP, accionó de protección en contra de la Sociedad Educacional Arturo Prat S.A., acusando que esta última suspendió unilateral e ilegalmente el inicio del año escolar, que ha incumplido una resolución de la Seremi de Educación que rechazó el retraso del inicio de actividades académicas, que ha incurrido en prácticas desleales con el sindicato del colegio y que ha anunciado un inminente cierre del establecimiento. Como peticiones concretas solicitó el inmediato ingreso de la comunidad educativa a las actividades académicas y que se diera inicio al año escolar en el plazo posible.

Al informar, la recurrida negó las imputaciones y explicó que el retraso en el inicio del año lectivo obedeció a la existencia de una huelga legal por parte del sindicato, no estando permitido el reemplazo de los trabajadores movilizados. Por otra parte, aclaró que la resolución de la Seremi de Educación que denegó el retraso en el inicio escolar se encuentra con recursos pendientes, que ya se suscribió el contrato colectivo de trabajo, que se iniciaron las actividades lectivas, que el sindicato se desistió de su denuncia por prácticas desleales y descartó categóricamente un próximo cierre del colegio.

TERCERO: Que, de lo que se viene razonando, las actuaciones que se tildan de arbitrarias e ilegales fueron lo suficientemente esclarecidas por el establecimiento recurrido; y al tenor de las peticiones concretas formuladas a esta Corte, el presente recurso de protección ha perdido el sustento fáctico sobre el cual descansa, haciéndose innecesaria la adopción de medidas de emergencia, por cuanto aparece de los antecedentes reunidos en la tramitación del procedimiento, que se valoran de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que el día 26 de marzo pasado se dio comienzo al año escolar en el Colegio Universitario UNAP.

Por estas razones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección entablado por doña nombre reservado, por sí y a favor del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Universitario UNAP, en contra de la Sociedad Educacional Arturo Prat S.A..

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol I. Corte N° 67-2018 (Protección).