Protección contra Banco de Crédito e Inversiones

Iquique, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece don Rodrigo Alexis Silva Figueroa, abogado, en representación de doña nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en haber dispuesto el término anticipado y bloqueo inmediato de la cuenta corriente N°[cuenta reservada] y de todos sus productos asociados, fundándolo en la expresión genérica "uso inadecuado del producto o servicio", sin individualizar conducta alguna, sin aportar antecedentes objetivos y apenas un día después de haber acogido el reclamo formulado por la actora bajo la Ley N°20.009 y restituido la suma de $576.550, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 2, 24 y, eventualmente, 21 de la Constitución Política de la República.

Expone la recurrente que el 3 de julio de 2026 fue víctima de la sustracción de sus pertenencias personales en Plaza Prat de la ciudad de Iquique, perdiendo su teléfono celular, documentos de identidad y bancarios. Hace presente que padece una discapacidad mental o psíquica acreditada por la COMPIN en un 50%, circunstancia por la cual mantenía anotadas sus claves en un papel adherido al aparato móvil, lo que facilitó el acceso no autorizado de terceros a sus productos financieros.

Señala que el 6 de julio de 2026 advirtió movimientos no reconocidos, procediendo de inmediato a solicitar el bloqueo de sus canales digitales (BciPass), formalizando la respectiva denuncia penal ante el Ministerio Público (RUC N° 2601035609-0) y suscribiendo la declaración jurada conforme al procedimiento de la Ley N° 20.009, por transacciones desconocidas que ascendían a un total de $576.550.

Añade que, tras ingresar requerimientos ante la Gerencia General del banco y ante el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), la entidad bancaria le comunicó por escrito el 14 de julio de 2026 que, tras una revisión de los antecedentes, resolvió acoger la reclamación y procedió al abono íntegro de la suma de $576.550 en su cuenta corriente a título de concesión excepcional, no obstante ello, refiere que al día siguiente, 15 de julio, el Banco recurrido le notificó un aviso de cierre unilateral y anticipado de su cuenta corriente y productos asociados (tarjeta de crédito, línea de sobregiro y Cuenta Prima), fijando un plazo de quince días para su efectividad y disponiendo el bloqueo inmediato de los mismos, fundándose únicamente en la cláusula genérica de "uso inadecuado del producto o servicio", motivo que fue reiterado en posteriores respuestas ante el SERNAC y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Sostiene que el acto recurrido constituye una represalia material y directa frente al ejercicio legítimo de los derechos contemplados en la Ley N° 20.009, carente de motivación fáctica y jurídica, que confunde indebidamente la condición de víctima de fraude con la de causante de un uso ilícito, infringiendo la buena fe objetiva contractual (artículos 1545 y 1546 del Código Civil), la Ley N° 19.496 y el principio de proporcionalidad, máxime al desatender su situación de especial vulnerabilidad.

Arguye que se conculca la igualdad ante la ley al dispensársele un trato discriminatorio y perjudicial por haber reclamado transacciones fraudulentas; el derecho de propiedad respecto de los derechos personales emanados de la convención bancaria y la libre disposición de sus fondos; y la libertad económica, en cuanto la privación intempestiva de medios de pago le impide el normal desenvolvimiento de sus actividades y pagos automáticos.

Solicita que se acoja el recurso de protección, se declare ilegal y arbitraria la decisión de término anticipado y bloqueo comunicada el 15 de julio de 2026, dejándola sin efecto; se ordene al Banco BCI reactivar y mantener operativos todos los productos asociados en las mismas condiciones previas; se ordene al recurrido abstenerse de adoptar medidas adversas fundadas directa o indirectamente en el reclamo de la Ley N° 20.009; se ordene eliminar de los registros internos toda anotación de "uso inadecuado" vinculada a estos hechos; y se adopten las demás providencias para restablecer el imperio del derecho, con costas. Acompaña documentos.

Evacuó informe don Jorge Rafael Cauas Montero, abogado, en representación de Banco de Crédito e Inversiones (BCI), solicitando el rechazo total de la acción constitucional deducida, con costas.

En cuanto a la delimitación de los hechos, señala que el libelo confunde dos actuaciones temporal y jurídicamente independientes: por un lado, la gestión del reclamo de operaciones no reconocidas al amparo de la Ley N° 20.009, el cual concluyó el 14 de julio de 2026 con el abono de $576.550 a título de concesión excepcional y sin reconocimiento de responsabilidad; y, por otro, la decisión de término anticipado de la cuenta corriente y productos conexos notificada el 15 de julio de 2026 con un plazo de preaviso de quince días, adoptada por las instancias competentes en el marco de un proceso autónomo de evaluación técnica de seguridad y gestión de riesgo posterior al incidente. Descarta categóricamente la existencia de una represalia, sosteniendo que la mera proximidad temporal entre ambos hitos no constituye prueba suficiente de un actuar sancionatorio.

En lo concerniente al marco jurídico, arguye que el banco ejerció la facultad reglamentaria de cierre unilateral contemplada en el Capítulo 2-2, N° 10, de la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en concordancia con los artículos 16 letra a) y 17 B letra b) de la Ley N° 19.496, las estipulaciones contractuales de adhesión y los deberes preventivos de monitoreo impuestos a los emisores por el artículo 6 de la Ley N° 20.009. Indica que la decisión se sustentó en la causal objetiva de "uso inadecuado del producto o servicio", la cual traduce la conclusión institucional de que la relación contractual dejó de ajustarse a los parámetros y umbrales de tolerancia de riesgo y seguridad técnica de la entidad, sin que la ley obligue a revelar detalles operativos o algoritmos de seguridad interna. Aclara, además, que en caso alguno se ha privado a la clienta de la titularidad o disponibilidad de sus fondos.

Descarta la infracción de las garantías fundamentales invocadas, sosteniendo respecto del artículo 19 N° 2 que la terminación obedeció a parámetros técnicos objetivos aplicables a la relación comercial y no a discriminaciones fundadas en la condición personal o de discapacidad de la actora; en relación con el artículo 19 N° 24, asevera que la garantía dominical no consagra un derecho perpetuo a la mantención forzada de un vínculo contractual bancario ni impide su resciliación conforme a las cláusulas pactadas; y sobre el artículo 19 N° 21, afirma que no se acreditó una actividad económica específica impedida.

Cita en su respaldo la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N° 27.556-2020), señalando que el recurso de protección no es la vía idónea para debatir la pertinencia sustantiva o la suficiencia técnica de las causales de término de contratos bancarios, al tratarse de materias de lato conocimiento que escapan al carácter urgente y cautelar de la acción constitucional. Concluye que las medidas impetradas por la actora exceden los fines cautelares al pretender imponer una contratación forzada y la supresión de registros internos de trazabilidad que la regulación financiera le impone mantener.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Asimismo, constituye un presupuesto indispensable para la procedencia de esta acción constitucional la existencia de un derecho preexistente, cierto e indubitado que afecte a la parte recurrente.

De esta manera, el recurso de protección no ha sido establecido como una instancia de declaración de derechos ni para dirimir controversias sobre la interpretación, cumplimiento o extinción de obligaciones derivadas de un vínculo contractual de derecho privado.

TERCERO: Que la materia sometida a decisión de este tribunal versa sobre la impugnación de la decisión adoptada por la entidad bancaria recurrida de poner término unilateral a la cuenta corriente N°[cuenta reservada] y los productos asociados a la misma, fundado en estipulaciones del contrato unificado de productos suscrito entre las partes y en las facultades contempladas en la normativa reglamentaria de la Comisión para el Mercado Financiero.

CUARTO: En tal sentido, la pretensión de la recurrente requiere determinar previamente la validez, alcance y aplicabilidad de las cláusulas contractuales sobre término anticipado bajo la hipótesis de “uso inadecuado del producto o servicio”, la suficiencia de tales antecedentes, y si la decisión de extinguir el contrato por la recurrida se ajusta al estatuto normativo aplicable.

QUINTO: El esclarecimiento de tales puntos configuran una litis de naturaleza declarativa y contractual, propia de un procedimiento de lato conocimiento en que las partes puedan ejercer sus facultades de alegación y prueba en un juicio contradictorio, excediendo el ámbito del recurso de protección, tal como ha sostenido la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia.

SEXTO: Cabe consignar, además, que la titularidad y disponibilidad de sus fondos no se encuentra discutida u obstaculizada y que la actora bien puede ejercer las acciones pertinentes en el procedimiento especial establecido al efecto, como también celebrar contrato de cuenta corriente con cualquier institución bancaria.

SEPTIMO: En consecuencia, al no verificarse la existencia de un derecho preexistente e indiscutido sobre las garantías constitucionales invocadas, que requiera protección urgente, el recurso deducido deberá ser desestimado.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada en favor de doña nombre reservado en contra de Banco de Crédito e Inversiones.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 659-2026 Protección.