Protección contra Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de la Gobernación Provinc

Iquique, veinticuatro de septiembre de dos mil veinte.

VISTO:

nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, entrenador deportivo, nacionalidad colombiana, por sí y en representación de su cónyuge nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, estudiante, y en representación de sus hijas nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado y nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, estas últimas de nacionalidad chilena, todos con domicilio en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de la Gobernación Provincial de Iquique, con domicilio en domicilio reservado, por atentar en contra de sus derechos garantizados en los numerales 1, 2, 3, 10 y 15 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a Chile junto a su madre en el año 2010, con 14 años de edad, con el sueño de comenzar una nueva vida producto de la pésima situación socioeconómica que atraviesa Colombia.

Indica que estudió en Arica, con visa de turista, saliendo del país hacia Tacna cada 3 meses para renovarla, terminando en esas condiciones su enseñanza media y, posteriormente, le otorgaron la visa siendo ya mayor de edad, pero no pudo renovarla, pues no se encontraba estudiando ni tampoco trabajando. Refiere que el 2017 fue beneficiado de una beca deportiva otorgada por la Universidad Arturo Prat, que le pagaba el arancel completo de su carrera universitaria, y en esas condiciones pudo obtener una nueva visación de residente en el país, sin embargo, no pudo renovarla, ya que tuvo que trabajar tiempo completo y abandonar sus estudios, producto de las necesidades que demandan sus hijas.

Se refiere al nacimiento de sus hijas, y posteriormente menciona que contrajo matrimonio con nombre reservado en enero del presente año, solicitando en febrero de 2020 visa temporaria a la recurrida. Agrega que con fecha 27 de agosto de 2017 (sic), consultando el estado de beneficios migratorios disponible en la página web de extranjería, le informaron que su solicitud se encuentra con un avance del 30% en su tramitación.

Sostiene que cumple con los requisitos para acceder a la visación de residente temporario, sin embargo, pese a que se han cumplido los plazos legales para su otorgamiento, todavía no ha recibido respuesta a su solicitud.

Se refiere a las normas y principios que rigen los procedimientos administrativos, cita lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 en relación a la duración del procedimiento administrativo, alega que existe una vulneración a los derechos de familia establecidos en el Código Civil y a los derechos consagrados en los numerales 1, 2 y 3, del artículo 19 de la Constitución Política, pues a pesar de llevar 10 años viviendo en Chile, todavía no puede contar con permanencia definitiva y actualmente tampoco con una visa vigente, indicando que tener la cédula de identidad vencida siendo extranjero lo limita a acceder a muchos beneficios del Estado, que en estos tiempos de cuarentena son imprescindibles, lo que conlleva que no pueda satisfacer las necesidades de sus hijas de la forma que quisiera, provocándole una frustración personal y familiar; añade que está siendo víctima de un trato desigual por su calidad de extranjero, todo lo cual se deriva de la falta de adecuación de los procedimientos establecidos en el reglamento y la Ley de extranjería en relación a las normas y a los principios de que deben regir los procedimientos administrativos que se encuentran contemplados en la Ley N° 19.880 y que estima han sido vulnerados fehacientemente, así como la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, pues estima no han sido sometidos a un justo y racional procedimiento.

Asimismo, alega que existe vulneración a los derechos de la Convención de Derechos del Niño, en relación a sus hijas de dos y cinco años, y seguidamente sostiene que la recurrida, incurrió en una falta de servicio, consistente en dilatar la tramitación de la solicitud de Visa sujeta a Contrato del recurrente, conducta que estima arbitraria, injusta y contra la racionalidad.

Finalmente, tras citas legales, pide se otorgue un plazo máximo de 3 días para que la recurrida resuelva su solicitud de visa temporaria, y en general, se adopten todas las demás medidas que estime necesarias para esos efectos, con costas.

Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Evacúa informe Sergio Tunesi Muñoz, abogado, por la recurrida Gobernación Provincial de Iquique, quien indica, en cuanto a los antecedentes migratorios del recurrente, que durante el durante el año 2014 se registra una solicitud de visación ante la Gobernación Provincial de Arica, resuelta mediante la Resolución Exenta N° 2219 de fecha 19 de mayo de 2014, sellada con fecha 25 de agosto de 2014 y vigente en consecuencia hasta el 25 de agosto de 2015, visación que fue otorgada previa sanción al extranjero por residencia irregular, multa impuesta por la Resolución Exenta N° 996 de 2 de mayo de 2014 de la Intendencia Regional de Arica y Parinacota.

Añade que al vencimiento de la visación referida, el Sr. nombre reservado no efectuó solicitud de prórroga para su extensión, ingresando una nueva petición de residencia sólo con fecha 27 de noviembre de 2017 ante la Gobernación Provincial de Iquique, previa multa por residencia irregular impuesta por la Resolución Exenta N° 634 de 15 de marzo de 2017 de la Intendencia Regional de Arica y Parinacota. Luego, con fecha 16 de octubre de 2018 la Gobernación Provincial de Iquique resuelve su solicitud de visación mediante su Resolución Exenta N° 10.080, la cual es sellada en el pasaporte del recurrente con fecha 18 de enero de 2019, con vigencia hasta el 18 de enero de 2020.

Indica que al vencimiento de la visación referida, nuevamente el citado extranjero no efectúa en tiempo la solicitud para requerir prórroga, conforme lo señalado en el artículo 129 N° 2 del Decreto Supremo N° 597 de 1984, Reglamento de Extranjería. Refiriendo que sólo un mes después de su vencimiento, el 24 de febrero de 2020, el recurrente efectúa una reserva de cita a la cual acompañó la petición de residencia temporaria, habiéndose mantenido en condición irregular en el país desde el día 19 de enero de 2020, luego de vencida la visación antedicha.

Precisa que la solicitud no fue tramitada en atención a que, al encontrarse irregular en el país, el recurrente debía previamente tramitar su respectiva sanción migratoria, cuestión que realizó electrónicamente durante el mes de mayo ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior (DEM), quien emitió con fecha 23 de mayo de 2020 su Resolución Exenta N° 19.727, mediante la cual le aplicó una multa de $99.163 por 126 días de estadía irregular en el país, pagada el 25 de mayo del año en curso.

Asimismo, indica que el 22 de mayo de los corrientes, a través del sistema electrónico de extranjería se asigna al recurrente reserva de hora de atención para el día 28 de mayo de 2020, ingresando éste en esa fecha, mediante correo electrónico remitido a la dirección correo reservado, su solicitud de visación de residente temporario, actualmente en trámite, a la cual adjuntó una serie de documentos que individualiza.

Añade que también efectuó el día 28 de mayo de 2020 una solicitud provisoria de trabajo, la que fue resuelta por la Gobernación de Iquique con fecha 30 de junio de 2020, mediante su Resolución Exenta N° 3814 y por la cual se le autoriza para ejercer labores remuneradas desde el 30 de junio de 2020 al 30 de octubre de 2020, periodo de tramitación de la residencia. Destaca que actualmente su solicitud se encuentra en trámite, habiéndose recibido informe correspondiente de la Policía de Investigaciones y en espera de análisis conforme el orden de revisión dispuesto internamente.

Se refiere a la atención electrónica debido a la pandemia COVID 19, los pasos a seguir para el ingreso de solicitudes de residencia y sostiene que no ha existido ningún retardo en la tramitación de la solicitud del recurrente, toda vez que la solicitud de residencia apta para tramitación es efectuada por el recurrente sólo con fecha 28 de mayo de 2020, habiendo transcurrido a la fecha tres meses y fracción desde el inicio del procedimiento.

Añade que el plazo límite señalado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no resulta aplicable al caso, conforme lo dispuesto en los artículos 13 del Decreto Ley N° 1094 Ley de Extranjería; 135 del Reglamento de Extranjería y 1 de la Ley N° 19.880, indicando que de estimarse aplicable tal disposición, resulta igualmente indudable que la situación excepcional por la que atraviesa el país y el mundo derivada de la pandemia COVID 19, y que ha obligado a declarar el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública desde el pasado 15 de marzo de 2020, debe llevar a la conclusión que no resulta exigible el plazo referido en la especie, atendido que la propia norma refiere como causal de exclusión de sus prescripciones la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor, circunstancias que, evidentemente se presentan en la especie, aludiendo a la jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República.

Finalmente, señala que al no existir retardo en la tramitación de la solicitud del recurrente, no ha mediado acción u omisión arbitraria o ilegal atribuible a la recurrida, que pudiese afectar alguna garantía constitucional del extranjero o de las personas a favor de las cuales recurre, respecto de las cuales ninguna medida o resolución ha dispuesto la autoridad administrativa.

Pide se desestime el recurso, con costas.

Acompaña documentos a su informe.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, en síntesis, el recurrente reclama por el retardo en la resolución de su solicitud de visa temporaria ejercida ante la recurrida, cuestión que conculcaría sus derechos garantizados en los numerales 1, 2, 3, 10 y 15 del artículo 19 de la Constitución Política República.

A su vez, la recurrida expone que la tramitación de su solicitud de visación de residente temporario, efectuada el 28 de mayo de los corrientes, se encuentra en curso, no existiendo acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible.

TERCERO: Que colacionados los antecedentes tenidos a la vista, especialmente con el mérito de lo informado, fluye que la solicitud del recurrente consistente en la obtención de la visa temporaria se encuentra actualmente en tramitación, no transgrediéndose, por ende, plazo alguno establecido en la Ley N° 19.880, ni tampoco se evidencia por este tribunal acto arbitrario o ilegal que deba ser enmendado mediante la adopción de medida alguna, por lo que la acción deducida será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada por nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 638-2020 Protección.

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