Protección contra Servicio de Salud de Iquique por la destitución de la calidad de funcionaria a c

Iquique, veinticinco de marzo de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, debidamente representada, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio de Salud de Iquique por la destitución de la calidad de funcionaria a contrata comunicada mediante la Resolución Afecta N° 1.246 de fecha 13 de marzo de 2024, acto que vulnera los derechos y garantías contempladas en el artículo 19 N° 2, 3, y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que con fecha 25 de octubre de 2023 por Resolución Exenta N° 4461 se instruye sumario administrativo en su contra, a raíz de una denuncia formulada en su contra con fecha 4 de junio de 2023.

Consecuencialmente la fiscal instructora decide suspenderla preventivamente de su cargo sin expresar los fundamentos de hecho que motiven tan extrema decisión.

Respecto al proceso señala que los cargos formulados en su contra corresponden a actos y acciones de falta de cortesía y respeto, actos constitutivos de acoso laboral y maltrato en contra de la denunciante, en el período que media entre los meses de abril y octubre de 2023, lo anterior aprovechándose de su calidad de funcionaria en calidad de reemplazo, agregándose un tercer cargo por falta de probidad.

Indica que formulados sus descargos, solicita el sobreseimiento o absolución, señalando que mantiene antecedentes impecables en su carrera funcionaria, clarificando aspectos de la formulación de cargos, falta de objetividad en la investigación y la falta de precisión de los cargos formulados lo que ha dado lugar a una sanción en extremo gravosa. A pesar de lo anterior, estos fueron rechazados, sin considerar la trayectoria institucional de la recurrente, quien cuenta con una irreprochable conducta anterior, ya que no contaba con anotaciones negativas pretéritas, habiendo sido calificada por lo demás en lista 1 entre los años 2014 al 2023, y sin considerar además las atenuantes de responsabilidad, habiendo colaborado con la investigación, por lo que a pesar de ello se propuso la destitución afirmando numerosos hechos, pruebas y declaraciones que certifican la veracidad de existencia de acoso laboral. Al respecto, también decidió mantener la medida de suspensión preventiva sin dar fundamentos para ello, pese a que las razones que la habían motivado carecían de sustento pues ya no era jefe suplente del Departamento Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con lo que le correspondía retornar al cargo en propiedad grado 9, en otro departamento, esta decisión la privó del 50% de sus remuneraciones.

Precisa que la Resolución Afecta N° 1246 de fecha 14 de marzo de 2024, que resuelve el sumario administrativo aplicándole la medida de destitución fue tomada en razón con alcance el día 27 de enero de 2025, por parte de la Contraloría General de la República, y que a la luz de los hechos es ilegal y arbitraria vulnerando sus derechos asegurados en el numeral 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Lo anterior, en primer lugar, dada la extensión del sumario, incluida la medida de suspensión que se extendió por más de un año, constituyendo prácticamente una sanción adelantada y, segundo, por la privación de la remuneración que tendría derecho a percibir por el cargo de funcionaria de planta. Cita normativa.

Pide tener por interpuesta acción constitucional de protección por incurrir en una conducta arbitraria e ilegal, solicitando su reintegro al cargo grado 9 EUS que detenta en titularidad, el pago íntegro de las remuneraciones y emolumentos dejados de percibir durante el tiempo de tramitación del sumario y el presente recurso, con costas. Acompaña documentos.

Evacúa informe Leticia Robles Valenzuela, abogado, en representación del Servicio de Salud de Tarapacá, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes por resultar improcedente en virtud de los motivos que expresa.

Alega en primer término la extemporaneidad del recurso interpuesto por cuanto se interpone en contra de la Resolución Afecta N° 1246, de fecha de 14 de marzo de 2024, notificada a la recurrente el 19 de marzo de 2024, superando con creces el plazo regulado en la normativa. Añade que la notificación de la resolución requerida por Contraloría en su Oficio ES 9414 de 20 de enero de 2025, es solo para efectos de computar el plazo de impedimento de ingreso a la Administración del Estado, cumpliendo el trámite de registro en la hoja de vida funcionaria, en plataforma SIAPER de Contraloría General de la Republica.

Añade que de lo expuesto en el recurso no queda claro el acto recurrido, si lo es, el proceso sumarial y su extensión, o bien, la medida de suspensión preventiva dictada por el fiscal en el curso del proceso en virtud del artículo 136 de Estatuto administrativo o, bien, el acto de destitución.

Manifiesta además que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver este tipo de materias, toda vez que no procede impugnar por esta vía las resoluciones finales que se adopten en procesos sumariales válidamente tramitados, ya que lo contrario, implicaría desconocer el procedimiento fijado por el propio ordenamiento jurídico. Cita jurisprudencia.

En cuanto al fondo del asunto, relata las actuaciones del expediente administrativo. Al respecto, refiere que mediante memo N°9624, de fecha 4 de octubre 2023, la Jefa de Depto. Calidad de Vida Laboral del Servicio de Salud Tarapacá envía a la Directora del Servicio de Salud Tarapacá, denuncia 09/2023, para que instruya proceso administrativo de Investigación Sumaria o Sumario Administrativo, por lo cual mediante Resolución Exenta N°04461 de fecha 25 de octubre 2023, se instruye Sumario Administrativo para conocer los hechos denunciados.

Añade que, dada la gravedad de los hechos consignados en la denuncia y la probable veracidad de acuerdo a las primeras declaraciones, de conformidad al art.136 del Estatuto Administrativo, la Fiscal decidió aplicar la medida preventiva de suspensión de la sumariada, ello además por que las involucradas trabajaban a menos de 2 metros de distancia y en la misma Oficina de Partes, por lo que decretar la medida fue indispensable para proteger a la víctima y la correcta tramitación del proceso. Luego, en el curso del proceso sumarial la fiscal realiza investigación recabando los antecedentes y declaraciones pertinentes, dentro de ellas, la declaración de la recurrente formulándose cargos en contra de ella mediante resolución de Fiscal de fecha 29 de noviembre de 2023 los que fueron formulados de forma clara, precisa y concreta, detallando de forma pormenorizada los hechos constitutivos de las faltas que se le atribuyeron a la recurrente, y la forma en que dicha conducta incidió en los deberes funcionarios y por lo demás, los preceptos que se infringieron, tal como lo exige la ley y los reiterados dictámenes de Contraloría. Los cargos fueron notificados personalmente a la recurrida con fecha 11 de diciembre de 2023.

Precisa los cargos 3 cargos formulados en su contra y que configurarían las infracciones de los artículos 61 letra c), 84 letras l) y m) del Estatuto Administrativo; con relación a lo establecido en el artículo 2 inciso 2 del Código del Trabajo y a lo dispuesto en el “Manual de Procedimientos de Denuncia, Prevención y Sanción del Maltrato Laboral y Sexual y Discriminación Vol. 4”, aprobado por Resolución Exenta N° 4294 del 10/10/2019 del Servicio de Salud Tarapacá.

Respecto a la formulación de cargos, la recurrente presenta sus descargos y defensa, respecto a las cuales se da lugar a las diligencias probatorias solicitadas, accediéndose a ellas.

Luego, el 11 de enero de 2024 la Fiscal emitió su informe o dictamen proponiendo la destitución de la funcionaria, se emite la Resolución Exenta N°404 de 19 de enero de 2024, del Servicio de Salud Tarapacá que aplica a doña nombre reservado, contrata administrativa grado 19, la medida disciplinaria de destitución, de conformidad a la denuncia N° 9, formalizada en el Departamento de Calidad de Vida Laboral, agrega en su resuelvo N° II, que dicha medida se fundamentó, además, en la transgresión al principio de probidad administrativa consignado en el artículo 52 del DFL N° 01 -19653 fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases de la Administración del Estado, siendo notificada el 19 de enero de 2024. Respecto a esta última, se presenta recurso de reposición, el cual es rechazado a través de Resolución Exenta N° 1.216, de 13 de marzo de 2024. Luego, en la misma fecha, se dicta la Resolución Afecta N° 1.246, que confirma la medida de destitución, notificada el 19 de marzo de 2024 y mediante oficio E32936 de 27 de febrero de 2025, la Contraloría Regional de Tarapacá informa que ha tomado conocimiento de documento mediante el cual el servicio informa sobre la notificación a doña nombre reservado, de la medida de destitución.

En cuanto a las alegaciones de la recurrente, menciona en primer término que el sumario y la medida aplicada nacen de la facultad disciplinaria del estado y en nada se condice a la aplicación de las reglas del ius puniendi; en lo que refiere en sus descargos a la obligación del empleador de proveer condiciones materiales, laborales y humanas necesarias para desempeñar el cargo, al efecto, la recurrente realizó 18 cursos entre ellos Estatuto Administrativo, Desarrollo del Pensamiento Positivo y Crecimiento Personal en Beneficio de Nuestros Usuarios, Diplomado de Liderazgo, Autocuidado, entre otros, por lo que fue suficientemente capacitada por lo que pudo saber que conductas constituyen acoso laboral; se aprecia además una conducta reiterativa de discriminación contra la denunciante y por otro lado la falta grave del principio de probidad toda vez que todos los hechos descritos y comprobados, no pueden menos que calificarse como una conducta ajena al principio de probidad.

Se explaya en el proceso y en las normas relativas a las medidas disciplinarias Concluye solicitando que se rechace el recurso de protección interpuesto, con expresa condena en costas. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que se deduce acción proteccional en contra de la Resolución Afecta N°1.246 de 13 de marzo de 2024 del Servicio de Salud de Tarapacá, que dispuso la destitución de la recurrente, previo sumario administrativo, por considerar la sanción desproporcionada, arbitraria e ilegal, afectando las garantías constitucionales invocadas.

TERCERO: Que primeramente, respecto a la alegación procesal de extemporaneidad de la interposición del recurso intentado, del texto expreso de la acción, se desprende que el acto recurrido es la resolución afecta N°1246, de 13 de marzo de 2024 que resuelve el sumario administrativo aplicando su destitución, acto terminal, y habiéndose interpuesto el presente recurso el 28 de febrero del presente año, se desprende que la acción ha sido deducida fuera del plazo establecido en el artículo N°1 del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

CUARTO: Sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, consta de los antecedentes allegados por las partes, que la medida de destitución impuesta a la recurrente, ha sido dictada por autoridad competente, dentro del ámbito de sus atribuciones, debidamente fundada y, conforme a lo establecido en la normativa que rige la materia.

En ese sentido, fluye de lo razonado por la recurrida, que lo resuelto aparece como el producto de una reflexión clara, armónica y coherente respecto de la materia objeto del sumario y los descargos efectuados por la actora, debiendo observarse, además, que el procedimiento sumarial en estudio, se encuentra afinado, y con toma de Razón de la Contraloría General de la República, por lo que no se vislumbran actos u omisiones ilegales o arbitrarios que vulneren las garantías constituciones reclamadas por la actora.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada por nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°622-2025 Protección.