nombre reservado CONTRA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA IQUIQUE

IQUIQUE, catorce de enero del año dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 10, Oscar Ulloa Oviedo, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación convencional de nombre reservado, Cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección contra de nombre reservado, representante legal de la Universidad Bolivariana en la comuna de Iquique, Rut RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, por haber actuado de forma arbitraria e ilegal, vulnerando los derechos consagrados en la Constitución Política de la República, a saber, la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a asociarse sin permiso previo, el derecho a sindicarse en los casos y en la forma que señala la ley, además del derecho de propiedad.

Funda sus alegaciones en que con fecha 23 de diciembre de 2014, tomó conocimiento de los hechos que afectaban a su representado, en cuanto este fue discriminado en forma ilegal y arbitraria, cuando le fueron cambiadas las condiciones de su contrato educacional, respecto al año 2015, por haber hecho uso del derecho a afiliarse a la Asociación de Gendarmes de Chile.

Ello en base a que el funcionario recurrente, ingresó a estudiar durante el año 2013, a la casa de estudios representada por el recurrido, en la carrera de trabajo social, mientras era socio de otra Asociación de Gendarmes, que había suscrito un convenio con ese centro de estudios, a fin de obtener una rebaja en el arancel mensual entre otros beneficios.

Explica que el funcionario, con fecha 19 de diciembre de 2014 renovó su contrato educacional por todo el período académico correspondiente al año 2015, y por el simple cambio de asociación, se le informa que el contrato pactado carece de toda validez, lo que claramente infringe el artículo 1545 del Código Civil.

Desde el día 25 de agosto de 2014, el funcionario además es Dirigente Provincial de la asociación a la que pertenece. Además, no realiza ningún acto contrario al contenido de la cláusula 4, letra C, del contrato educacional, dado que la organización a la que pertenece no es contraria a la ley, al orden público y las buenas costumbres.

Señala que es arbitrario el limitar el proceso educacional por el solo hecho de pertenecer a una asociación gremial, más cuando dichos derechos están protegidos por la Constitución y las leyes. De ello, a su juicio también se deriva que el convenio celebrado por Asociación Nacional de Funcionarios Públicos, es arbitrario, dado que restringe los derechos de asociación y sindicación.

Adiciona que en su calidad de abogado, intentó solucionar de otra manera este problema, proponiendo la firma de un nuevo convenio a la recurrida, pero no tuvo respuesta a aquello.

La Ley 19.296, en su artículo 1 reconoce a los funcionarios de la administración del estado, el derecho a asociarse, sin autorización previa, lo que es concordante con el artículo 3 del citado cuerpo legal, que establece la afiliación y desafiliación voluntaria.

Asimismo, el precepto 5 establece que no podrá condicionarse el empleo de un trabajador a una afiliación o desafiliación determinada.

Por otro lado, la Ley 20.370 establece la Ley General de Educación, donde especifica que los alumnos y alumnas tienen derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, donde no sea vulnerada su integridad física y moral, sin ser objeto de tratos discriminatorios.

Es por ello que entiende que del actuar de la recurrida se vulnera, el derecho a la vida e integridad física y psíquica, artículo 19 N° 1, en cuanto se ha desestabilizado psicológicamente al recurrido, al no poder asegurar garantías mínimas respecto a sus estudios, sintiéndose culpable de haber cambiado de asociación.

La igualdad ante la Ley, artículo 19 N° 2, en cuanto es discriminado por el solo hecho de haberse cambiado de asociación gremial.

El derecho de asociarse sin permiso previo, 19 N° 5, a sindicarse en los casos y forma que establezca la ley, artículos 19 N° 19 y 19 N° 24 el derecho de propiedad, al serle impedido seguir estudiando, por no pertenecer a una asociación gremial determinada.

Por lo anterior, solicita tener por interpuesto recurso de protección a favor de su representado, ordenado al recurrido poner término en forma inmediata a su actuar arbitrario, ilegal y caprichoso, tomándose además las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, lo anterior con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación los documentos correspondientes a copia del contrato de prestación de servicios educacionales celebrado entre recurrente y recurrido con fecha 17 de octubre de 2013, 19 de diciembre de 2014; certificado N° 801/2014/881 donde se establece que la Asociación de Gendarmes de Concepción AGECH se encuentra legalmente constituida, convenio de colaboración de la Universidad Bolivariana y Asociación de Gendarmes de Concepción - Chile.

A fojas 19, el recurrido nombre reservado, informa respecto al recurso de protección, señalando que no es efectivos los hechos señalados por el recurrente, en cuanto no se han alterado de manera alguna los derechos, de nombre reservado, en el sentido de recibir un arancel más favorable en la carrera de trabajo social, dado que los aranceles se han mantenido y mantendrán de acuerdo a las condiciones del convenio institucional entre la Universidad Bolivariana y la Asociación de Funcionarios Penitenciarios.

A su juicio, lo aseverado por la recurrente corresponde a un mal entendido derivado de una comunicación deficiente respecto al beneficio arancelario, dado que a su representado le resulta indiferente la asociación gremial a la que pertenezca el funcionario de Gendarmería de Chile.

Señala que en consecuencia no ha vulnerado ninguna garantía constitucional, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

A fojas 20 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

En este sentido la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede deba exigirse la rendición de prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de lato conocimiento, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: En el presente caso, la acción de protección intentada se funda, esencialmente, en que el recurrente reclama ante la amenaza que habría sufrido su representado, en cuanto se produciría un cambio en las obligaciones contractuales pactadas con la recurrida, lo que se deriva del cambio de Asociación Gremial realizado.

TERCERO: Que en su informe el recurrido niega los hechos señalando que no se han alterado los derechos del sr. nombre reservado, al tenor del convenio entre la Universidad Bolivariana y la Asociación Nacional de funcionarios Penitenciarios, pues el beneficio arancelario está otorgado al alumno, independiente de la asociación funcionaria a la cual pertenezca dentro de Gendarmería.

CUARTO: De conformidad a lo expuesto, queda en evidencia que de la documental acompañada no se puede concluir acerca de una presunta amenaza, pues no se divisa antecedente plausible que acredite el sustrato fáctico en que la recurrente sostiene su alegación, resultando por ello que no es posible tener por acreditado la existencia de un hecho, amenaza o perturbación en los términos requeridos por esta acción constitucional.

QUINTO: Que, la naturaleza cautelar y urgente del recurso de protección requiere que se acredite o se trate de un derecho indubitado del recurrente o de aquellos a cuyo favor acciona, de manera que, encontrándose discutido por las partes del recurso los hechos en que éste se sustenta, no podrá prosperar, sin perjuicio asistirle a las partes el derecho para discutir en las respectivas sedes que el ordenamiento jurídico contempla, todos los asuntos en los que no están de acuerdo.

SEXTO: Teniendo presente lo expuesto anteriormente, por no darse los supuestos para la procedencia de la acción cautelar intentada, ésta será rechazada, por no constituir la vía adecuada para decidir sobre la materia referida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso deducido en lo principal de fojas 10, por Oscar Ulloa Oviedo, en representación de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol I. Corte Nº 619-2014 Civil (Protección).

Pronunciada por los Ministros Titulares Srta. MIRTA CHAMORRO PINTO y Sr. nombre reservado, y Ministro Suplente Sra. JUANA RÍOS MEZA. Autoriza don nombre reservado, Secretario Subrogante.

En Iquique, a catorce de enero de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.

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