Protección contra establecimiento educacional nombre reservado

Iquique, catorce de agosto de dos mil veintiséis VISTO:

Comparece doña Yasna Beatriz Pavelich González, abogada, en representación de nombre reservado, estudiante, 14 años de edad, por quien deduce acción constitucional de protección en contra del establecimiento educacional nombre reservado, representado legalmente por doña nombre reservado, por la dictación de la Resolución Exenta NUM004 de 14 de julio de 2026, confirmada mediante Resolución Exenta N° NUM000 de 31 de julio de 2026, mediante la cual se decretó la medida disciplinaria de expulsión e interrupción de la matrícula del estudiante recurrente, acto que califica de ilegal y arbitrario y que vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 11 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 14 de julio de 2026 el colegio recurrido emitió la resolución exenta impugnada, imputando al menor haber desplegado una conducta calificable de "connotación sexual" en contra de una compañera de curso.

Sostiene que dicha calificación resulta desproporcionada, ilógica, arbitraria e injuriosa, dado que el estudiante cuenta con 14 años de edad y se encuentra diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), asociándose a un coeficiente intelectual con índices cognitivos extremadamente bajos evaluados mediante test WISC-V (comprensión verbal de 67, velocidad de procesamiento de 65 y competencia cognitiva general de 62)

En razón de dicho deterioro cognitivo y del desarrollo, afirma que el menor carece de conciencia o intencionalidad de carácter sexual y no pudo representarse lo injusto de la conducta reprochada.

Sostiene que la medida adoptada a mitad del año escolar infringe el interés superior del niño garantizado en convenciones internacionales y en la Carta Fundamental, atentando contra su integridad psíquica (artículo 19 N° 1) y vulnerando el derecho preferente de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos (artículo 19 N° 11).

Asimismo, alega la vulneración del derecho de propiedad (artículo 19 N° 24) sobre un bien incorporal, consistente en la "condición de alumno" y los derechos emanados del contrato de prestación de servicios educacionales derivado de la matrícula vigente.

En virtud de lo expuesto, solicita que se acoja la acción constitucional, se declare que la conducta de la recurrida atenta contra las garantías invocadas, se deje sin efecto la medida de expulsión decretada y se ordene al colegio recurrido la reincorporación inmediata del estudiante nombre reservado, con expresa condenación en costas.

Evacua informe el colegio nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Como cuestión previa, alega que la vía constitucional no es idónea, sosteniendo que la contienda versa sobre materias técnico-educacionales sometidas al conocimiento del órgano administrativo especializado.

Precisa que la apoderada del menor presentó denuncia ante la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación de Tarapacá (Caso NUM001), organismo que mediante Ordinario N° NUM002 de 15 de julio de 2026 y posterior Resolución Exenta N° NUM003 de 5 de agosto de 2026 (que rechazó la reposición administrativa) concluyó que el establecimiento actuó con estricto apego a la normativa educacional y respetando el debido proceso.

Asimismo, informa que el Ministerio Público solicitó ante el Juzgado de Garantía de Iquique audiencia de formalización de la investigación en contra del estudiante (RUC N° 2601003092-6) como autor del delito de abuso sexual por sorpresa previsto en el artículo 366 del Código Penal.

Descarta la existencia de arbitrariedad e ilegalidad, fundado en que el hecho ocurrido el 30 de junio de 2026 durante la clase de Física —consistente en la tocación no consentida en la zona glútea a una compañera de curso— no fue un episodio aislado o fruto de una desregulación propia de su diagnóstico, sino la culminación de un patrón sostenido de transgresión de límites corporales, lenguaje soez y acoso de connotación sexual dirigido reiteradamente hacia sus compañeras, incluso en contra de alumnas del nivel de educación básica, situaciones que fueron abordadas previamente mediante intervenciones pedagógicas, mediaciones y planes de apoyo sin lograr modificación conductual.

Agrega que el Informe Técnico evacuado el 8 de julio de 2026 por el Equipo de Apoyo del establecimiento descartó que el acto constituyera una crisis de desregulación emocional o un tic involuntario.

Sostiene que el procedimiento sancionatorio se ajustó de manera estricta al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y al protocolo excepcional de la Ley N° 21.128 ("Aula Segura"), tipificándose el hecho como falta gravísima contra la indemnidad física y sexual. Asegura que se garantizó el debido proceso: se decretó suspensión cautelar por 10 días resguardando la continuidad pedagógica; se notificó formalmente a la apoderada quien presentó descargos por escrito el 6 de julio; el Director declaró su inhabilidad delegando el conocimiento en la Sostenedora; se analizó la evidencia audiovisual e informes técnicos; se convocó al Consejo de Profesores que recomendó la expulsión por unanimidad el 29 de julio; se dictó la Resolución Exenta de expulsión el 14 de julio; y se resolvió de forma fundada el recurso de reconsideración mediante Resolución Exenta N° NUM000 de 31 de julio de 2026, notificando a la SEREMI de Educación para coordinar la reubicación del estudiante.

Finalmente, desestima la conculcación de las garantías constitucionales invocadas, argumentando que el derecho a elegir colegio no impide la sanción legítima por faltas gravísimas, que la matrícula impone deberes de convivencia contractuales cuya infracción grave resuelve la relación, y que el derecho a la educación no se encuentra amparado directamente por esta vía cautelar.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Del tenor del recurso se colige un reclamo en contra de la resolución dictada por la sostenedora del establecimiento nombre reservado, mediante la cual se aplicó la medida de expulsión al estudiante nombre reservado, de 14 años, por la comisión de una falta gravísima de connotación sexual contra una compañera de curso.

Por su parte, la sostenedora del colegio afirma que su actuar se ciñó estrictamente al procedimiento legal del Reglamento Interno de Convivencia Escolar y de la Ley N° 21.128 conocida como “Aula Segura”, contando con la validación de la Superintendencia de Educación de Tarapacá.

TERCERO: Del análisis de los antecedentes documentales allegados a la causa, consta que el establecimiento educacional garantizó en todo momento el debido proceso administrativo y reglamentario.

Así, ante la concurrencia de una infracción calificada como gravísima contra la indemnidad e integridad física y psíquica de una estudiante, el establecimiento activó el protocolo previsto en la Ley N° 21.128, notificó formalmente a la apoderada del alumno investigado, le confirió el plazo legal para presentar descargos, los que fueron formulados e incorporados al proceso, se requirió informe técnico especializado del equipo de apoyo, analizó material visual del hecho, contó con el pronunciamiento unánime del Consejo de Profesores favorable a la expulsión y resolvió fundadamente tanto al decidir sobre el proceso de expulsión y su reconsideración.

CUARTO: De este modo, no es posible calificar la actuación de la recurrida de ilegal o arbitraria, por cuanto la autoridad escolar actuó dentro de la esfera de sus atribuciones reglamentarias y legales.

Asimismo, la alegación de la parte recurrente fundada en el diagnóstico de TEA del estudiante fue expresamente ponderada mediante el Informe Técnico de 8 de julio de 2026, evacuado por los profesionales del establecimiento, descartando que la conducta sancionada correspondiera a una desregulación emocional, conductual derivado de su condición.

QUINTO: De este modo, el deber de protección de los establecimientos educacionales abarca a la totalidad de la comunidad escolar, y ante hechos de gravedad que atentan contra la indemnidad sexual y el derecho de las alumnas a estudiar en un ambiente libre de violencia y acoso, la decisión de desvincular al estudiante, luego de haber fracasado medidas preventivas e intervenciones socioeducativas durante los meses anteriores, se presenta como una medida proporcional y razonable.

SEXTO: A mayor abundamiento, consta en autos que la actuación del colegio recurrido fue fiscalizada y ratificada por la Superintendencia de Educación Regional de Tarapacá mediante el Ordinario N° NUM002, descartándose infracción a la normativa educacional, encontrándose además el hecho derivado a sede penal, de manera que no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario ni la conculcación de garantías constitucionales que deban ser reparadas por esta vía cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada por doña Yasna Beatriz Pavelich González, en representación del adolescente nombre reservado, en contra del colegio nombre reservado.

De conformidad al artículo 4° del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema, procédase a su anonimización parcial.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 614-2026 Protección.