nombre reservado CONTRA EMPRESA PORTUARIA DE IQUIQUE Y OTRO

Iquique, ocho de septiembre de dos mil veinte.

VISTO:

Comparecen don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, dirigentes sindicales y trabajadores portuarios, quienes recurren de protección por sí y en favor de las organizaciones sindicales que representan y los socios trabajadores portuarios eventuales que las componen, Sindicato de Trabajadores Portuarios Transitorios N° 2 del nombre reservado y Federación de Sindicatos de Trabajadores Portuarios Eventuales y Contratados (FESIPORT), en contra de don nombre reservado gerente general de la Empresa Portuaria Iquique (EPI) y en contra de don nombre reservado, por atentar en contra de los derechos garantizados en el artículo 19 N° 1, 9 y 16 de la Constitución Política de la República.

Exponen que el nombre reservado es de propiedad del Estado y de acuerdo a la Ley N° 19.542, su administración, explotación, desarrollo y conservación está a cargo de la Empresa Portuaria Iquique; en cuanto a su operación comercial posee principalmente dos subdivisiones portuarias operativas, representadas en dos frentes de atraque, uno administrado por la empresa concesionaria Iquique Terminal Internacional (ITI) bajo un sistema de mono-operación y el otro administrado por el propio Estado a través de EPI bajo un sistema multi-operador, de esta forma EPI se encarga de gestionar las operaciones que los particulares (empresas de muellaje) realizan en sus sitios de atraque o áreas administradas.

Explican que las organizaciones sindicales reclamantes, trabajan en la parte operativa del puerto que se administra a través de EPI, siendo contratados sus asociados por “Muellaje CONTOPSA”, la que desde el 7 de agosto de 2020 les comunicó formalmente sobre una solicitud de otro grupo de trabajadores, quienes requerían que la empresa contratase todo su personal portuario con gente de su organización y de existir una respuesta negativa, generarían bloqueos y paralizaciones en el puerto. Añaden que hasta la fecha CONTOPSA no ha aceptado tal solicitud y sigue contratando a los trabajadores portuarios eventuales como hace habitualmente, es decir, la mitad de puestos de trabajo los solicita a FESIPORT y al Sindicato de Trabajadores Portuarios Transitorios N°2, lo que ha decantado en dos bloqueos en el nombre reservado por los trabajadores que piden el monopolio de los puestos de trabajo, bloqueando las áreas de trabajo de EPI el lunes 17 de agosto desde las 7:30 aproximadamente y el martes 18 desde la misma hora, cerrando la entrada al área de oficinas de CONTOPSA.

Reclaman que frente a los bloqueos, los recurridos no han entregado un estándar mínimo de seguridad en los sitios a su cargo, permitiendo el libre tránsito de personas que no se encuentran realizando funciones dentro del puerto, pese a la vigencia de la cuarentena; además, no se ha desalojado a los manifestantes, permitiendo el bloqueo de los ingresos a las áreas de trabajo, lo que ha impedido a los trabajadores de FESIPORT el ejercicio de su libertad laboral, además del riesgo de ser agredidos y amenazados.

Destacan que estas situaciones de fuerza no son nuevas, registrándose el 18 de enero pasado hechos de violencia generados por los mismos manifestantes, resultando heridos dirigentes y trabajadores de FESIPORT, cursándose denuncia ante la Capitanía de Puerto; posteriormente, el jueves 27 de febrero se registraron hechos de mayor violencia. Señalan que dirigentes de FESIPORT y sindicatos afiliados solicitaron al gerente general de EPI medidas de resguardo para realizar las labores contratadas por CONTOPSA, solicitando la intervención de la autoridad marítima, lo cual no fue considerado, dado que el gerente general de EPI se reúne con los manifestantes llamando posteriormente por teléfono a los representantes de FESIPORT, intentando que estos cedieran a las presiones de quienes bloqueaban los accesos y no hicieran efectivo su derecho a trabajar las solicitudes de personal que legítimamente y en uso de su libertad de contratación realiza CONTOPSA.

Reclaman como amenazados el derecho a la vida, integridad física y psíquica; protección de la salud y libertad de trabajo y su protección, en tanto los recurridos faltan a su deber de resguardo de la seguridad y orden publico dentro del nombre reservado conforme expone; se han desatendido los criterios de control y resguardo establecidos frente a la pandemia; y ya que las acciones de quienes han generado las paralizaciones y desórdenes públicos en ambos días, en conjunto con las omisiones de la administración de la Empresa Portuaria y la Autoridad Marítima al no controlar los ingresos ni desalojar los bloqueos, limitan a las contrataciones que CONTOPSA hace de trabajadores socios de FESIPORT.

Solicitan se ordene a las recurridas ejerzan correctamente sus potestades, desalojando cuando corresponda a quienes por la fuerza ilegitima pretenden monopolizar los puestos de trabajo que los particulares generan dentro de los espacios administrados por la empresa portuaria estatal, y además protejan de cualquier amenaza o agresión a cualquier trabajador portuario o empresario que tenga intención de desarrollarse laboral o económicamente en el nombre reservado, mediante controles de identidad efectivos en la entrada del nombre reservado.

Piden se acoja el recurso, adoptándose las providencias necesarias para que las recurridas dispongan las acciones que eviten las paralizaciones ilegales y bloqueos a fin de salvaguardar los derechos fundamentales mencionados, principalmente el ejercicio de la libertad de trabajo de los recurrentes y la libertad de contratación de la empresa que los contrata. Acompañan documentos.

Informa don nombre reservado, quien luego de citar la normativa que expone, indica que los puertos tienen dos realidades jurídicas, esto es, puertos de propiedad privada y puertos de propiedad pública, sin embargo, la explotación de los últimos es en base al régimen del derecho privado, por lo que la administración y operación de los puertos constituyen una operación privada. Añade que la Autoridad Marítima Local, esto es, la Capitanía de nombre reservado puede ejercer la función de Policía Marítima en los lugares de su jurisdicción, para lo cual debe cumplirse lo que el Código Procesal Penal permite; menciona que en los hechos esta intervención no ha ocurrido porque el nombre reservado o el supuesto afectado CONTOPSA S.A no ha informado o denunciado ningún hecho que ameritara la concurrencia de personal de la Policía Marítima y porque no se ha estado en presencia de hechos en situación de flagrancia. Señala que se tuvo conocimiento de negociaciones laborales que mantenían los representantes de la empresa CONTOPSA con dirigentes de los sindicatos de Trabajadores Portuarios Transitorios del nombre reservado (FETRAPI) que involucraban a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Portuarios Eventuales y Contratados (FESIPORT). Añade que la Autoridad Marítima Local no fue informada ni tomó conocimiento de un eventual bloqueo del puerto, como lo manifiesta el recurrente, ya que no se denunció en los libros de registro de esa Capitanía de Puerto. Añade que el lunes 17 la Autoridad Marítima Local acudió al nombre reservado para verificar las medidas de seguridad de las faenas portuarias y corroborar el adecuado orden en el ingreso de camiones, sin observar alguna actividad vinculada con eventuales disturbios, desórdenes públicos ni interrupciones en el tránsito. Indica que el martes 18 de agosto, no se efectuó ronda por el recinto portuario, ya que en la mañana el personal se encontraba en el interior de la Capitanía de nombre reservado en alerta por posible actuación de la sección antidisturbios ante posibles desórdenes por parte de trabajadores portuarios, sin embargo, no se utilizó al personal ya que no se tuvo noticias de algún evento de aquellos narrados en el recurso.

Menciona que al analizar el artículo 34 de la Ley Orgánica de la DIRECTEMAR, en particular su letra a), en relación a los hechos supuestamente ocurridos el 17 y 18 de agosto del presente, la Autoridad Marítima no recibió instrucción alguna del Ministerio Público sobre un eventual ilícito que era necesario investigar o para realizar alguna diligencia en particular, y en relación a la letra b) señalada, y dado las actuaciones que pueden realizar las Policías sin recibir instrucciones particulares de los Fiscales contempladas en el artículo 83 del Código Procesal Penal, refiere que la Autoridad Marítima Local no fue requerida por la gerencia de EPI ni por otro organismo público o algún ciudadano para realizar alguna de tales actuaciones.

Añade que el 18 de agosto de 2020, la Gobernación Marítima de Iquique, recibió un correo electrónico de la SEREMI del Trabajo y Prevención Social, dando cuenta de hechos informados por el Sr. nombre reservado de la empresa CONTOPSA a esa autoridad regional, por lo que conforme al artículo 174 letra a) se denunciaron. Precisa que los hechos que motivan el recurso se originaron en un lugar previo al acceso al puerto, esto es, en un bien nacional de uso público. Expone que la Autoridad Marítima, controla que las personas en el recinto estén debidamente autorizadas y con las medidas de seguridad mínimas para el resguardo de la seguridad física y prevención de contagio del virus COVID19, sin embargo, cada recinto debe llevar un control y catastro de quienes que deseen acceder a ellos, debiendo dar mayor rigurosidad en el proceso de control, sin perjuicio que informó a la Empresa Portuaria medidas sanitarias preventivas; añade que los recurrentes intentan vincular los supuestos bloqueos y la eventual omisión de su parte de no desalojar a las personas con la limitación a las contrataciones que CONTOPSA hace respecto a los trabajadores socios de FESIPORT lo que escapa de la competencia.

Sostiene que no existe una conducta arbitraria o ilegal por parte de la Autoridad Marítima que haya atentado contra los derechos invocados, habiendo actuado dentro del ejercicio de sus atribuciones, con respeto al principio de legalidad. Acompaña documentos a su informe.

Informa don nombre reservado, abogado, por la Empresa Portuaria Iquique, quien luego de referir lo que expone en cuanto al conflicto entre las federaciones FETRAPI y FESIPORT, y a los hechos ocurridos el 27 de febrero pasado, señala que el área de trabajo de EPI se ha mantenido sin ninguna clase de bloqueo y explica que CONTOPSA cuenta con dos instalaciones en el nombre reservado, las oficinas ubicadas al costado del edificio institucional de EPI y el depósito de contenedores ubicado al interior del recinto portuario; el depósito fue cerrado y bloqueado con un contenedor ubicado en el sector por la misma compañía operadora del depósito, presumiblemente como medida de seguridad, pero no fue bloqueado por los trabajadores portuarios. Añadiendo que en las afueras de las oficinas se encuentra un grupo de trabajadores portuarios, en lo que podría calificarse como una manifestación, pero sin cometer desorden del orden público y en ningún caso bloqueando el acceso a las oficinas del sector.

Indica que su representada no tiene facultades para fiscalizar el cumplimiento de las medidas sanitarias respectivas, siendo la autoridad competente para ejecutar fiscalización de medidas sanitarias la autoridad de Salud de la región y la Armada solo puede realizar dichas fiscalizaciones en subsidio y previa orden de dicha autoridad, de manera que la acusación del recurrente resulta infundada. Expone en cuanto al desalojo de los manifestantes, que EPI no posee la potestad para realizar dicha acción, haciendo presente que la empresa afectada CONTOPSA no ha requerido el desalojo de los manifestantes. Sostiene que lo señalado por los recurrentes, en cuanto a que se habría sostenido una reunión con FETRAPI con quien se habría comprometido a mediar para que FESIPORT cediera a las presiones ilegitimas solicitadas, es falso, y lo que ocurrió es que el gerente general de EPI se reunió con FETRAPI del mismo modo que se reunió con CONTOPSA y posteriormente con ambas organizaciones para actuar como un ente mediador y conciliador en el conflicto.

Afirma que los hechos denunciados no constituyen vulneración al orden público, lo que se desprende en tanto el recinto portuario ha mantenido su funcionamiento con casi absoluta normalidad; añade que EPI no comparte ni avala ninguna medida de presión como medio legitimo para lograr los objetivos de quienes trabajan al interior del recinto portuario. Precisa que la función de mantener la seguridad y el orden público dentro del recinto portuario recae en la Armada a través de la Policía Marítima. Indica que su representada no ha realizado nada que le esté prohibido ni ha omitido nada a lo que este obligada, de manera que su actuar no puede ser calificado como ilegal.

Señala la inexistencia de vulneraciones a derechos invocados, estimando que el recurso carece de sustento jurídico y menciona que existe un error en el sujeto pasivo, refiriendo que el recurrente sustenta su arbitrio en acciones que califica como violentas e ilegales cometidas por otros trabajadores portuarios, sin embargo, no existe reproche al sujeto activo de dichas acciones, resultando curioso que FESIPORT no recurre contra quienes, en su hipótesis, ejecutan las acciones que estarían vulnerando sus derechos; asimismo, el recurrente reconoce que la causa del recurso son las manifestaciones de otros trabajadores portuarios en contra de CONTOPSA, sin embargo, tampoco cuestiona la pasividad de dicha compañía; pide el rechazo del recurso, con costas. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Del recurso de autos se colige que desde el 7 de agosto pasado, las organizaciones sindicales reclamantes habrían sido informadas por la empresa CONTOPSA, acerca de una solicitud de un grupo de trabajadores pertenecientes a otra organización que exigían la contratación de todos sus asociados, y de existir una respuesta negativa, generarían bloqueos y paralizaciones en el puerto, situación no aceptada hasta la fecha por CONTOPSA, lo que habría generado dos bloqueos en el nombre reservado, los días 17 y 18 de agosto, sin que los recurridos hubieren entregado un estándar mínimo de seguridad en los sitios a su cargo, además de no desalojar a los manifestantes, lo que habría impedido el ejercicio de su libertad laboral, además del riesgo de ser agredidos y amenazados.

TERCERO: Atendidos los hechos reclamados en autos, y teniendo presente que uno de los recurridos es la Capitanía de nombre reservado, útil resulta citar el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Dirección del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante, en cuanto dispone que la Autoridad Marítima, sin perjuicio de sus demás funciones y facultades, podrá llevar a cabo en el mar territorial y en aguas interiores, las actividades necesarias para cumplir las instrucciones que impartan los fiscales del Ministerio Público respecto de personas que pudieren encontrarse en naves o artefactos navales; respecto de dichas naves o artefactos, o de los recintos portuarios, y realizar en los recintos portuarios y en las naves o artefactos navales las actuaciones que el Código Procesal Penal permite que la policía efectúe sin recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales, informando sobre ellas de inmediato al Ministerio Público.

CUARTO: La señalada norma, unida a los antecedentes fácticos reseñados en la acción deducida, mismos que fueron cuestionados por las partes recurridas, al señalar expresamente que los hechos no ocurrieron, impiden acoger la acción cautelar, ya que, por una parte, el recurrente nada aportó para demostrar el bloqueo que dice haber ocurrido, ni las personas u organizaciones que en ellos participaron, y, en cuanto al correo electrónico emanado de la Sra. Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Prevención Social, que señala “existiría un amedrentamiento y amenaza a la libre circulación y accesos a las operaciones de la empresa de muellaje CONTOPSA y a sus trabajadores, para impedir sus faenas”, en él no se proporcionaron datos concretos de ningún tipo, señalándose únicamente que habría sabido por terceros que no individualiza que se producirían las dificultades señaladas, en un sector que tampoco precisa determinadamente, por lo que valorado en conformidad con las reglas de la sana crítica, no permite tener por demostrado el basamento fáctico del libelo.

QUINTO: En el mismo sentido, dado que a pesar de la vaguedad del citado correo electrónico, la autoridad marítima optó por denunciar los hechos al ministerio público, ellos se encuentran siendo conocidos por el persecutor penal, no resultando procedente decretar medida alguna en la presente vía cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA la acción de protección interpuesta.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 613-2020 Protección.

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