Protección contra Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique

Iquique, quince de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece doña Camila Francisca Gómez Ortiz, abogada, en representación de doña nombre reservado, Técnico de Nivel Superior en Enfermería, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (CORMUDESI), por la actuación que califica de ilegal y arbitraria, consistente en la aplicación de descuentos en sus remuneraciones correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del año 2026 bajo la glosa "Descuento por Licencia Médica", los que absorbieron la totalidad de sus haberes dejando un líquido a pago de $0 durante tres meses consecutivos, lo que afecta las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone la recurrente que se desempeña desde el 1 de abril de 2008 como funcionaria titular de la atención primaria de salud administrada por CORMUDESI, bajo el régimen de la Ley N° 19.378. Añade que desde el año 2020 padece una patología de columna lumbar (degeneración lumbar L5-S1, espondiloartrosis lumbar y estenosis foraminal secundaria a discopatía degenerativa), encontrándose en tratamiento y en lista de espera para una intervención quirúrgica en el Hospital Regional de Iquique, razón por la cual hizo uso de diversas licencias médicas durante el año 2025 y comienzos del año 2026.

Sostiene que, aun cuando la recurrida había practicado descuentos en períodos anteriores, en las liquidaciones de remuneraciones de abril, mayo y junio de 2026 procedió a descontar la totalidad de sus haberes, privándola de manera íntegra de sus ingresos.

Califica dicho actuar como ilegal, por cuanto la privación completa de su remuneración se ejecutó de manera material y unilateral bajo la glosa indicada, sin que mediara la dictación ni notificación de un acto administrativo fundado que explicara el origen de la deuda, las licencias involucradas, el procedimiento ni el cálculo efectuado, contraviniendo el principio de juridicidad y dejándola en la indefensión.

Asimismo, tacha la medida de arbitraria, por cuanto, aun en el evento de pretender el cobro de licencias médicas rechazadas, la entidad empleadora ejerció dicha facultad prescindiendo de toda proporcionalidad y razonabilidad, desconociendo el carácter alimentario de las remuneraciones destinadas a la subsistencia de la trabajadora y su núcleo familiar.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, alega la afectación del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, debido a la imposibilidad de financiar sus tratamientos médicos permanentes y al severo deterioro emocional manifestado en sintomatología ansiosa y depresiva; del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República en cuanto a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, al haberse ejecutado la medida sin exteriorizar sus fundamentos impidiéndole ejercer su derecho a defensa; y del artículo 19 N° 24 del mismo cuerpo normativo, al privársele del derecho patrimonial incorporado sobre las remuneraciones devengadas de su relación laboral.

Fundamenta su pretensión citando jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco Rol Protección N° 13.951-2023, confirmada por la Excma.

Corte Suprema bajo el Rol N° 13.378-2024, fallo de la Excma. Corte Suprema Rol N° 250.670-2023, el Dictamen N°E489303 de 17 de mayo de 2024 de la Contraloría General de la República —que fija un límite de descuento del 50% para el reintegro de remuneraciones— y doctrina de la Superintendencia de Seguridad Social.

Solicita en definitiva que se acoja el recurso de protección y se ordene a la recurrida abstenerse de efectuar descuentos sobre sus remuneraciones que excedan del 50% de su remuneración líquida mensual mientras no se determine conforme a derecho la procedencia y monto del reintegro; reintegrar las sumas descontadas en exceso del 50% durante los meses de abril, mayo y junio de 2026, con reajustes e intereses; abstenerse en lo sucesivo de privar íntegramente de sus remuneraciones a la recurrente mediante descuentos por licencias médicas sin respetar los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y el carácter alimentario de las remuneraciones; y condenar en costas a la recurrida. Acompaña documentos.

Evacuó informe la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (CORMUDESI), solicitando el rechazo integral de la acción constitucional, con expresa condenación en costas.

Sostiene que la actuación de la Corporación se ha ajustado estrictamente a la legalidad y a la normativa vigente. Explica que la funcionaria se rige por la Ley N° 19.378 y, supletoriamente, por el artículo 69 de la Ley N° 18.883, precepto que establece que no podrán percibirse remuneraciones por el tiempo no efectivamente trabajado, salvo el caso de licencias médicas autorizadas.

Señala que el derecho a percibir remuneraciones otorgado por el artículo 19 de la Ley N° 19.378 cesa cuando las licencias médicas son rechazadas por los organismos previsionales o la COMPIN, caso en el cual el empleador tiene la obligación de aplicar el artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud (Reglamento de Licencias Médicas), norma imperativa que dispone que la devolución o reintegro de remuneraciones indebidamente percibidas es "obligatorio" e "inmediato".

Añade que, tratándose la recurrida de una Corporación Municipal de Derecho Privado, la competencia para interpretar y fiscalizar la normativa laboral aplicable a su personal corresponde de manera exclusiva a la Dirección del Trabajo y no a la Contraloría General de la República (citando Dictamen N° E516396/2024 de la Contraloría Regional de Tarapacá y Dictamen N° 317 de 2026 de la Dirección del Trabajo). En tal sentido, invoca la doctrina vinculante de la Dirección del Trabajo expresada en los Dictámenes N° 3595 de 2019, N° 120/06 de 2023, N° 126 de 2024 y N° 76 de 2026, los cuales establecen que el reintegro de remuneraciones por licencias médicas rechazadas por COMPIN o Isapre es obligatorio, inmediato, íntegro, no está sujeto a topes ni a pacto en cuotas, procede desde la resolución de la COMPIN o el vencimiento del plazo de reclamo, y goza de preferencia de pago por tratarse de dineros percibidos de forma indebida.

En cuanto a los antecedentes de hecho, niega que la funcionaria desconociera los fundamentos del descuento, precisando que mediante correos electrónicos institucionales de fechas 2 de diciembre de 2025 y 5 de febrero de 2026, la Unidad de Licencias Médicas de CORMUDESI informó a la recurrente el detalle de las licencias médicas rechazadas y reducidas por la Caja de Compensación Los Andes, otorgándole plazos para presentar los comprobantes de apelación ante la COMPIN a fin de evitar los descuentos.

Agrega que, consultada la COMPIN de Tarapacá el 24 de julio de 2026, su encargado confirmó que todas las licencias en cuestión se encuentran rechazadas en última instancia administrativa, habiéndose ratificado dicho rechazo por la SUSESO.

Detalla que la deuda total de la funcionaria ascendía a la suma de $13.473.640 por concepto de 7 licencias médicas rechazadas, habiéndose ejecutado descuentos progresivos entre diciembre de 2025 y junio de 2026 por un total de $9.587.846, manteniendo un saldo por reintegrar de $3.885.794.

Asimismo, invoca la jurisprudencia uniforme y reciente de la Excelentísima Corte Suprema, en particular los fallos de 13 de mayo de 2026, dictados en las causas Rol N° 54.124-2025 (nombre reservado con Cormudesi) y Rol N° 54.125-2025 (nombre reservado con Cormudesi), mediante los cuales el Máximo Tribunal revocó sentencias de esta Corte de Apelaciones y rechazó recursos de protección idénticos, resolviendo que el reintegro por licencias rechazadas es un imperativo legal para resguardar el presupuesto público conforme al artículo 63 del D.S. N° 3 de 1984, por lo que la conducta de CORMUDESI no es ilegal ni arbitraria.

Finalmente, descarta la vulneración de las garantías invocadas, argumentando que las sumas percibidas por licencias rechazadas no ingresaron legítimamente al patrimonio de la trabajadora por no haber prestado servicios, de modo que su retención constituiría un enriquecimiento sin causa prohibido por el ordenamiento jurídico. Acompaña documentos.

Se solicitó informe a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), quien informó mediante oficio CP NUM000 de la SEREMI de Salud de Tarapacá, remitiendo el informe técnico elaborado por la Presidenta de dicha Comisión y allegando la documentación de respaldo del caso, consistente en cartola médica, maestro de licencias médicas, antecedentes clínicos, así como las resoluciones de primera emisión y redictámenes de las licencias médicas NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007, asimismo, adjuntó los comprobantes de las apelaciones interpuestas por la recurrente y los dictámenes emanados en la vía administrativa de reclamo.

Por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), evacuó el informe requerido, allegando copia de los pronunciamientos dictados por dicho organismo respecto de la actora, sobre los reclamos por licencias médicas, consistente en las Resolución Exenta NUM008, de 17 de febrero de 2025;

Resolución Exenta NUM009, de 15 de diciembre de 2025; y Resolución Exenta NUM010, de 15 de junio de 2026.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la misma norma señala.

SEGUNDO: Del recurso se colige un reclamo en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (CORMUDESI), consistente en la aplicación de descuentos sobre sus remuneraciones correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2026 bajo la glosa "Descuento por Licencia Médica", las que alcanzaron la totalidad de sus ingresos líquidos durante dichos períodos, estimando tal medida ilegal al carecer de un acto administrativo fundado que exponga el origen y cálculo de la deuda, y exceder los límites fijados por Contraloría, así como tacha la actuación de arbitraria por carecer de proporcionalidad y razonabilidad.

TERCERO: Para la adecuada resolución de la controversia, es menester asentar en primer término la normativa estatutaria aplicable al personal de la atención primaria de salud municipal.

Al efecto, el artículo 19 de la Ley N°19.378 dispone expresamente que el funcionario que hace uso de licencia médica continuará gozando del total de sus remuneraciones, en términos análogos a lo prevenido en el artículo 110 de la Ley N°18.883 y en el Estatuto Administrativo general. Así, la entidad empleadora abona directamente los estipendios al dependiente y subroga su posición ante las instituciones de salud y previsión para obtener el reembolso de los subsidios pertinentes.

Sin embargo, cuando dichas licencias médicas resultan rechazadas por resoluciones firmes en sede administrativa o técnica, desaparece el reposo justificativo que legitimaba el pago de los haberes durante el tiempo no laborado, naciendo para quien percibió dichos montos la obligación legal de restituirlos a la entidad empleadora, al carecer tales pagos de causa habilitante.

CUARTO: Que, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, la devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia rechazada resulta obligatoria, debiendo el empleador adoptar las medidas conducentes al cobro de tales valores para velar por la correcta administración y resguardo de los recursos públicos puestos bajo su gestión, punto pacífico conforme a lo alegado ante estrados, toda vez que las resoluciones de COMPIN y SUSESO hoy poseen el carácter firme.

De este modo, se descarta que el actuar de la Corporación recurrida adolezca de ilegalidad en cuanto a la existencia de su potestad de cobro, puesto que la prerrogativa de compeler a la restitución de los estipendios indebidamente enterados emana de las normas antes citadas.

QUINTO: Asentado lo anterior, la controversia central radica en determinar la proporcionalidad de la modalidad empleada para materializar dicho cobro, esto es, aplicar deducciones directas por planilla por el 100% de la remuneración líquida mensual de la trabajadora durante 3 meses consecutivos.

Al respecto, cabe tener presente que, si bien el ordenamiento faculta la restitución directa de tales caudales, la modalidad de descuento no puede ejecutarse de manera indiscriminada ni llevarse al extremo de privar absolutamente al funcionario de la totalidad de sus emolumentos, ello en razón a la interpretación armónica de nuestro derecho positivo, donde existen diversos límites que exteriorizan un principio orientado a salvaguardar lo estrictamente necesario para la subsistencia y manutención personal y familiar del trabajador, impidiendo que los mecanismos de cobro absorban la totalidad de los ingresos.

Resulta ilustrativo lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, - aplicable supletoriamente-, en orden a imponer límites porcentuales a las deducciones remuneracionales, lo preceptuado en el artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, la cual, al regular el reintegro de beneficios pecuniarios indebidamente percibidos por servidores públicos, dispone taxativamente que si los descuentos recaen sobre remuneraciones mensuales "no podrán exceder del 50% de las mismas"; así como las reglas de inembargabilidad consagradas en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, todas las cuales convergen en impedir la retención íntegra de remuneraciones, sueldos o pensiones más allá de determinados márgenes razonables, incluso ante situaciones de relevancia como el pago de alimentos menores, tal como lo dispone la Ley Nº14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones de alimentos.

SEXTO: En este sentido, reconocida la facultad de la Corporación recurrida para recuperar los dineros pagados indebidamente, esta Corte estima que tal potestad no puede ejercerse de modo tal que absorba el total de la remuneración, atendido el carácter alimenticio de este.

SÉPTIMO: Esta interpretación armónica se encuentra abonada por el artículo 14 inciso 2° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el cual señala: "Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia".

OCTAVO: Atendido lo razonado en los considerandos precedentes, los descuentos íntegros a las remuneraciones ascendentes al 100% de sus emolumentos, deviene en manifiestamente arbitrario por carecer de proporcionalidad y razonabilidad.

NOVENO: De este modo, la presente cautelar obliga a conciliar el legítimo crédito de la recurrida con el resguardo de la subsistencia de la funcionaria, determinando en consecuencia que los descuentos que CORMUDESI aplique por concepto de las licencias médicas rechazadas deben limitarse a un máximo que no exceda el cincuenta por ciento (50%) de la remuneración mensual líquida de la trabajadora, debiendo restituírsele las sumas que le hayan sido retenidas por sobre dicho porcentaje durante los períodos de abril, mayo y junio del año 2026, y en los meses posteriores si tal exceso hubiere continuado materializándose.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, sólo en cuanto la recurrida Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique deberá limitar los descuentos que CORMUDESI aplique por concepto de licencias médicas rechazadas a un tope máximo que no exceda del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración mensual líquida de la trabajadora, debiendo restituírsele las sumas que le hayan sido retenidas por sobre dicho porcentaje durante los períodos de abril, mayo y junio del año 2026, y en los meses posteriores, si tal exceso hubiere continuado materializándose, todo, desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese Rol N°612-2026 Protección.