Protección contra Comité de Administración del Condominio Archipiélago Las Antillas

IQUIQUE, veintidós de diciembre de dos mil once.

VISTO:

A fojas 29, doña nombre reservado y don nombre reservado, abogados; doña nombre reservado, comerciante, don nombre reservado, contador público, don nombre reservado, arquéologo, y don nombre reservado, corredor de propiedades, este último en representación de don nombre reservado y de la Importadora Qin Wu, Empresa Individual de Responsabilidad Ltda., todos domiciliados en domicilio reservado, recurren de protección en contra del Comité de Administración del Condominio Archipiélago Las Antillas, representado por su Presidente, doña nombre reservado, su Tesorero, don nombre reservado, y sus Directores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado e nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado.

Fundan el recurso en que el día 13 de octubre de 2011, la recurrida envió un e-mail al corredor de propiedades nombre reservado, quien presta servicios de su giro, por el que le comunica que debe abstenerse de celebrar contratos de arriendo por un lapso inferior a 30 días, pues en tal caso no se permitirá el ingreso al arrendatario; que dicha comunicación ocasionó que los guardias de seguridad del condominio impidieran el ingreso de arrendatarios a los inmuebles de su propiedad, por instrucciones del Comité de Administración y bajo amenaza de perder el empleo; que tal prohibición se fundaría en la cláusula vigésimo primera, letra k, del Reglamento de Copropiedad, complementada por la cláusula segunda de la complementación del Reglamento de Copropiedad, normas que tienen por objeto reglar la convivencia de los copropietarios y la administración de los bienes comunes, pero en ningún caso las unidades sobre las que existe dominio exclusivo, como lo establecen los artículos 1° y 2° de la ley de copropiedad inmobiliaria; y que todo ello constituye un acto ilegal y arbitrario, pues se trata de una reglamentación que no puede contravenir la supremacía de la Carta Fundamental, la que asegura y protege el ejercicio de las facultades esenciales del dominio, entre ellas, la facultad de usar y gozar de la cosa sobre la que recae, atributos que le han sido restringidos al imponer un límite de tiempo para celebrar contratos de arriendo y al impedir el ingreso a sus arrendatarios. Sostienen que tales actos vulneran las garantías previstas en los N° 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que se les impide realizar una actividad económica lícita y se les restringe el pleno ejercicio de su derecho de dominio sobre sus inmuebles, por lo que piden que se deje sin efecto la prohibición señalada en el correo electrónico enviado por la recurrida y cualquier acto perturbador posterior, y se ordene el cese de la limitación al dominio sobre las unidades respecto de las que existe dominio exclusivo, con costas.

A fojas 80 informa la recurrida, quien en primer término, sostiene que el verdadero hecho recurrido no es el supuesto correo electrónico enviado el 13 de octubre de 2011, sino que el Reglamento de Copropiedad del Condominio Archipiélago Las Antillas, puesto que dicho correo no es más que la comunicación que se hace a un mandatario no comunero, de una prohibición establecida en el Reglamento, que fue reducido a escritura pública el 14 de enero de 1999, y que en su cláusula Vigésimo Primera, letra K, establece que “queda estrictamente prohibido a los propietarios u ocupantes a cualquier título de cualquiera de los bienes que conforman el condominio: K) En los departamentos y estacionamientos no se permitirá la instalación o uso de talleres, fábricas, casa de pensión u hospedajes, clubes o centros de diversión”, en tanto que en su cláusula Décimo Tercera, establece que “los copropietarios no podrán arrendar o conceder el uso o goce, a cualquier título, de su respectivo departamento o estacionamiento, en forma que contravenga las obligaciones y prohibiciones establecidas en el presente Reglamento. A igual régimen deberán someterse los arrendatarios y subarrendatarios (…)”. Agrega que el 6 de marzo de 2006, mediante escritura pública, se complementó la aludida letra K, en el sentido de agregar, a continuación de la palabra “diversión”, la frase “los departamentos no podrán ser arrendados o entregados a terceros bajo títulos similares por periodos inferiores a un mes, constituyendo obligación de los copropietarios entregar al administrador copia de los respectivos documentos a fin de proceder a su registro, debiendo aquel impedir la entrada al condominio de dichos terceros en caso de infracción (…)”. Así, sostiene, el verdadero acto por el que se recurre, se encuentra vigente desde 2006. Enseguida, señala que la materia discutida en estos autos ya fue resuelta en la causa Rol 13.019-E, seguida ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Iquique, que conoció de la impugnación que dos vecinos hicieran de la citada cláusula vigésimo primera, letra K, y que fuera acogida en forma parcial por sentencia que luego fue invalidada de oficio por esta Corte, en los autos Rol N° 69-2010.

Agrega la recurrida que el Sr. nombre reservado no tiene poder suficiente para comparecer en representación de don nombre reservado y de la sociedad Importadora Qin Wu, pues no cuenta con un mandato judicial constituido en la forma dispuesta por la ley; que aquella sociedad no es dueña de ningún inmueble que forme parte del condominio, por lo que carece de legitimación activa.

Así, sostiene que el recurso es extemporáneo, toda vez que el Reglamento de Copropiedad rige desde el 14 de enero de 1999. Enseguida señala que debe rechazarse porque no hay acto ilegal, pues el artículo 32 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria establece que las unidades no pueden hacerse servir para otro objeto que los convenidos en el Reglamento o, en el silencio de éste, aquellos a que el condominio esté destinado según los planos aprobados por la Dirección de Obras Municipales, y que tampoco se puede ejecutar acto alguno que perturbe la tranquilidad o comprometa la seguridad del condominio o sus unidades. Añade que tampoco el acto es arbitrario, puesto que lo que se persigue es velar por la seguridad de los residentes, que se vería gravemente afectada si se permite transformar el condominio en un apart hotel; que lo que motivó la reglamentación cuestionada fue, precisamente, que tiempo atrás se detectó una red de prostitución y a un narcotraficante, amparado en el arriendo diario de las unidades; que todos los recurrente compraron sus departamentos cuando ya se encontraba vigente la complementación del Reglamento, reducida a escritura pública el 6 de marzo de 2006; que el acto impugnado no afecta ningún derecho, dado que los recurrentes no tributan como apart hotel, actividad comercial que para ejercerse, por disposición de la Ley de Rentas, debe emitirse el respectivo documento tributario y tener el giro correspondiente ante el Servicio de Impuestos Internos. Por último, señala que la materia de marras debe conocerse y resolverse en un juicio de lato conocimiento, tramitado ante un Juzgado de Policía Local, como ya ocurrió, según ya se ha indicado.

A fojas 98 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEGUNDO: Que del correo electrónico que rola a fojas 21, que los recurrentes sindican como el hecho arbitrario, se constata sin lugar a dudas que el contenido del mismo está referido a recordar al Corredor de Propiedades señor nombre reservado, las normas del Reglamento de Copropiedad de 14 de enero de 1999 y su complementación de 6 de marzo de 2006, que regulan el arrendamiento de departamentos por períodos inferiores a treinta días. De esta manera, resulta que lo que persigue en los hechos el recurso es la declaración de que dichas normas son ilegales y arbitrarias y vulneran las garantías constitucionales que se pretenden conculcadas.

TERCERO: Que en todo caso, se encuentra acreditado mediante la documentación acompañada por los recurrentes, que todos adquirieron los departamentos con posterioridad a la dictación del Reglamento de Copropiedad y su complementación, por lo que dichas normas les obligan.

CUARTO: Que en consecuencia, de conformidad a lo dispuesto en el número 1º del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, de la Excma. Corte Suprema, aparece que el recurso resulta extemporáneo, pues ha sido deducido más allá del plazo de 30 días corridos que allí se indica, contados desde la fecha de la complementación del Reglamento de Copropiedad, que era conocido al momento en que adquirieron sus respectivas unidades habitacionales.

Por lo considerado y teniendo, además, presente lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción de protección interpuesta en lo principal de fojas 29.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante doña María Angélica Veloso Cuneo.

Rol I. Corte Nº 612-2011 Civil (Protección).

Pronunciada por los Ministros Titulares Sr. ERICO GATICA MUÑOZ, Sr. nombre reservado y abogado integrante Sra. MARIA ANGELICA VELOSO CUNEO. Autoriza doña nombre reservado, Secretaria Ad – Hoc.

En Iquique, a veintidós de diciembre de mil once, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.- 1