Protección contra Banco de Chile

Iquique, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece doña Josefa Macarena Augusta Valdés Soto, abogada, en representación de don nombre reservado, ingeniero comercial, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Banco de Chile, por los actos que califica de ilegales y arbitrarios consistentes en la decisión unilateral, intempestiva y desproporcionada de poner término a su cuenta corriente, línea de crédito, tarjetas de crédito y productos bancarios asociados, comunicada mediante carta y correos de 23 de junio de 2026.

Expone la parte recurrente que mantenía una relación comercial de más de 32 años con la institución bancaria, siendo titular de la cuenta corriente N° [cuenta reservada] (sucursal Iquique), la línea de crédito automática N° [cuenta reservada], y las tarjetas de crédito Visa Infinite N° 4757-7651-0042-3164 y Visa Internacional N° 4152-8220-0039-9985, productos indispensables para la administración de sus fondos, ahorros, desarrollo de actividades comerciales y negocios.

Relata que el 4 de mayo de 2026, el Banco de Chile emitió una comunicación, notificada por correo electrónico el 19 de mayo de 2026 por el ejecutivo de cuentas don nombre reservado, requiriendo antecedentes para justificar determinadas operaciones registradas en la referida cuenta corriente durante el período comprendido entre el 01 de julio de 2024 y el 28 de febrero de 2026, bajo la advertencia de que la falta de antecedentes suficientes podría significar el término de la relación comercial.

Agrega que el 2 de junio de 2026, el recurrente presentó una respuesta formal, extensa y documentada ante la Sucursal Iquique del Banco, y vía correo electrónico al ejecutivo el 5 de junio de 2026, mediante la cual explicó el origen, destino, trazabilidad y razonabilidad económica de los movimientos consultados.

Acompañó para ello su perfil económico y bancario, respaldos de inversiones en Banchile/Banco de Chile, contrato de mutuo de dinero de 18 de febrero de 2025 con pago de impuesto de timbres y estampillas ante el Servicio de Impuestos Internos, cartolas históricas, vales vista, depósitos en efectivo coherentes con su actividad comercial, cheques de su E.I.R.L., operaciones inmobiliarias respaldadas, liquidaciones de crédito de consumo e indemnizaciones por seguro, solicitando tener por cumplido el requerimiento o, en su defecto, individualizar de manera precisa cualquier partida específica que aún requiriera aclaración.

Sostiene que, sin emitir evaluación técnica o pronunciamiento alguno sobre la suficiencia de los antecedentes aportados, el Banco de Chile remitió una carta fechada el 23 de junio de 2026 —y correos electrónicos de la misma data— comunicando el término de todos sus productos bancarios y de la relación comercial.

El Banco fundó su decisión en causales del contrato unificado de productos, relativas a la existencia de "información pública negativa" que lo vincularía con hechos eventualmente constitutivos de ilícitos penales y por encontrarse formalizado por delitos sancionados con pena aflictiva.

La misiva informó que el cierre se haría efectivo transcurridos 15 días, disponiendo además la suspensión inmediata de la disponibilidad del monto no utilizado de la línea de crédito y tarjetas de crédito, materializándose la imposibilidad absoluta de utilizar o visualizar sus productos y fondos a contar del 13 de julio de 2026.

Hace presente que con fechas 24 de junio y 2 de julio de 2026, el recurrente solicitó expresamente al ejecutivo del Banco copia de los contratos unificados de productos suscritos (persona natural y empresa) para verificar la procedencia de las cláusulas invocadas (cláusulas 12 de cuenta corriente y 16 de tarjeta de crédito), respondiendo la institución que tales documentos se encontraban en custodia y sin que le fueran entregados hasta la fecha de interposición del recurso.

Impugna que el Banco utilice como fundamento una causa penal en curso -causa RIT 3716-2025 del Juzgado de Garantía de Iquique, en la cual fue formalizado el 17 de abril de 2026 por lavado de activos y administración desleal-, destacando que no existe condena ni declaración de responsabilidad penal, vulnerando la presunción de inocencia.

Asimismo, subraya que el tribunal penal competente no decretó medida cautelar personal alguna en su contra, como prisión preventiva, arresto domiciliario o arraigo, de modo que la actuación de la entidad bancaria impone de facto una sanción patrimonial y económica más gravosa que la dictada por la propia judicatura penal, fundándose en meras noticias de prensa en "Radio Paulina".

Sostiene que la actuación del Banco de Chile es ilegal y arbitraria, por cuanto ejercita de forma abusiva e inmotivada facultades contractuales, omitió valorar la respuesta documentada del cliente, invoca cláusulas de contratos que se negó a exhibir, no aplicó medidas menos gravosas y provoca un perjuicio grave e inmediato en sus negocios y actividades económicas.

Afirma que dichos actos vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, al otorgarle un trato discriminatorio y desproporcionado, excluyéndolo financieramente sobre la base de fórmulas genéricas y sin un análisis individual de riesgo; debido proceso, prohibición de comisiones especiales y presunción de inocencia, al imponer una sanción patrimonial anticipada fundada en una investigación penal pendiente sin condena ni cautelares personales, privándolo además del derecho a defensa al no entregarle los contratos invocados ni emitir un examen contradictorio sobre su respuesta de 2 de junio de 2026; su libertad para desarrollar una actividad económica lícita, al privarlo intempestivamente de herramientas bancarias esenciales para efectuar pagos, recibir abonos, administrar liquidez y acceder a financiamiento comercial; y su derecho de propiedad al perturbar y privar el acceso y uso efectivo de sus fondos, ahorros y derechos personales emanados de los contratos bancarios vigentes.

Por todo lo anterior, solicita que se acoja la acción de protección en todas sus partes, declarando la ilegalidad y arbitrariedad del cierre unilateral de productos y la vulneración de las garantías invocadas; se ordene dejar sin efecto la carta de término de 23 de junio de 2026 y comunicaciones asociadas; se disponga el restablecimiento inmediato de la cuenta corriente N° [cuenta reservada], línea de crédito N° [cuenta reservada], tarjetas de crédito Visa Infinite N° 4757-7651-0042-3164 y Visa Internacional N° 4152-8220-0039-9985, o en subsidio, al menos los productos transaccionales indispensables; se ordene al Banco abstenerse de adoptar nuevas medidas restrictivas basadas exclusivamente en antecedentes penales no juzgados o información pública genérica; se le ordene exhibir copia íntegra de los contratos suscritos; con expresa condenación en costas.

Evacua informe don Roberto Solís Contreras, abogado, en representación del Banco de Chile, solicitando el rechazo íntegro de la acción constitucional de protección, con costas, negando categóricamente los hechos e imputaciones sostenidas por el recurrente.

Sostiene, en primer término, que la controversia planteada excede el ámbito propio del recurso de protección, por cuanto se trata de una pretensión de naturaleza eminentemente declarativa y contractual.

Explica que la acción de protección constituye un arbitrio conservativo de urgencia que presupone la existencia de un derecho indubitado, cierto y preexistente, presupuesto que no concurre en la especie, dado que el recurrente no posee un derecho constitucional indubitado a mantener permanentemente abierta una determinada cuenta corriente, y que el determinar la procedencia del cierre exige interpretar y evaluar el cumplimiento de las estipulaciones contractuales y la normativa bancaria aplicable, materia propia de un juicio declarativo de lato conocimiento. Cita en su respaldo lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N° 11.982-2026.

En cuanto al fondo, afirma que el Banco de Chile actuó en ejercicio legítimo de una facultad contractual expresamente pactada entre las partes y respaldada por el ordenamiento jurídico. Señala que el contrato de cuenta corriente bancaria es de naturaleza intuitu personae, donde la confianza mutua entre la institución y el cliente constituye un elemento esencial que debe subsistir durante toda la vigencia del vínculo.

Expone que la decisión de poner término a la relación comercial no fue caprichosa ni arbitraria, sino que obedeció a antecedentes objetivos y públicamente conocidos que quebrantaron de manera irreparable la confianza en el cliente, específicamente, el Banco tomó conocimiento de que el 17 de abril de 2026, don nombre reservado fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Iquique (causa RIT O-3716-2025) por los delitos de lavado de activos y administración desleal de persona natural, en calidad de autor, hecho ampliamente difundido en medios de comunicación locales como "Radio Paulina", referente a la investigación a un socio del establecimiento "Chiringuito de Cavancha".

Aclara que la terminación del contrato no constituye una sanción penal ni prejuzga la culpabilidad del recurrente, por lo que no resultaba necesario esperar la dictación de una sentencia condenatoria firme ni la imposición de medidas cautelares personales en sede penal. La formalización por delitos de gravedad, unida a los demás antecedentes del foro público, reviste entidad suficiente para evaluar objetivamente la pérdida de confianza necesaria para la continuidad del contrato, en virtud de lo pactado en la cláusula 1).12 del Contrato de Cuenta Corriente, que faculta al Banco para cerrar o poner fin a la cuenta en cualquier tiempo a su arbitrio.

Agrega que dicha facultad contractual se encuentra en plena armonía con la normativa reglamentaria dictada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en particular el Capítulo 2-2 de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN), punto 10 y su anexo, que reconoce expresamente la facultad de los bancos de cerrar unilateralmente las cuentas corrientes y reservarse el derecho de ponerles fin cuando lo estimen conveniente. Invoca asimismo la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, citando el fallo de la Iltma Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol Protección N° 26.350-2024.

Descarta la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, así, en cuanto a la igualdad ante la ley sostiene la inexistencia de trato discriminatorio, por cuanto la decisión se fundó en circunstancias objetivas y concretas que afectaron la confianza respecto de un cliente determinado; sobre el debido proceso y presunción de inocencia, refiere que el Banco no ejerció jurisdicción ni aplicó penas, limitándose al ámbito del derecho privado contractual; en cuanto a la libertad económica, dicha garantía no confiere un derecho a exigir a un tercero la mantención indefinida de un contrato privado; y en lo referido al derecho de propiedad, los derechos personales emanados de un contrato se encuentran sometidos a las causales y modalidades de terminación pactadas en el mismo instrumento. Acompaña documentos.

Acompaña copias de las cartas de término, comprobantes de envío por Correos de Chile, contratos y condiciones generales unificadas de productos (modalidades personas y empresas), comprobantes de notificación por correo electrónico, nota de prensa de "Radio Paulina" y acta de la audiencia de formalización de la causa RIT O-3716-2025 del Juzgado de Garantía de Iquique.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia se requiere la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Asimismo, constituye un presupuesto indispensable para la procedencia de esta acción constitucional la existencia de un derecho preexistente, cierto e indubitado que afecte a la parte recurrente.

De esta manera, el recurso de protección no ha sido establecido como una instancia de declaración de derechos ni para dirimir controversias sobre la interpretación, cumplimiento o extinción de obligaciones derivadas de un vínculo contractual de derecho privado.

TERCERO: Que la materia sometida a decisión de este tribunal versa sobre la impugnación de la decisión adoptada por la entidad bancaria recurrida de poner término unilateral a la cuenta corriente N°[cuenta reservada] y a los productos asociados del actor, fundado en estipulaciones del contrato unificado de productos suscrito entre las partes y en las facultades contempladas en la normativa reglamentaria de la Comisión para el Mercado Financiero.

CUARTO: En tal sentido, la pretensión del recurrente requiere determinar previamente la validez, alcance y aplicabilidad de las cláusulas contractuales sobre término anticipado, la suficiencia de los antecedentes patrimoniales aportados durante la etapa de revisión, y si la pérdida de confianza invocada por la entidad financiera para extinguir el contrato en atención a su naturaleza intuitu personae, se ajusta al estatuto normativo aplicable.

QUINTO: El esclarecimiento de tales puntos configuran una litis de naturaleza declarativa y contractual, propia de un procedimiento de lato conocimiento en que las partes puedan ejercer sus facultades de alegación y prueba en un juicio contradictorio, excediendo el ámbito del recurso de protección, tal como ha sostenido la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia; a lo que debe añadirse que las garantías que se dicen conculcadas no se encuentran afectadas desde que la decisión del banco no ha impedido la disponibilidad de los fondos, si no solo se fundamenta en la existencia de antecedentes públicos relativos con indagaciones penales relacionadas con el actor de protección.

SEXTO: En consecuencia, al no verificarse la existencia de un derecho preexistente e indiscutido sobre las garantías constitucionales invocadas, que requiera protección urgente, el recurso deducido deberá ser desestimado.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada en favor de nombre reservado en contra de Banco de Chile.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 610-2026 Protección.