Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones HABITAT S

Iquique, veinticinco de septiembre de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones HABITAT S.A., representada legalmente por don nombre reservado, por atentar en contra de la garantía establecida en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala que por motivos personales, principalmente a fin de auxiliar económicamente a sus familiares y habiéndose desarrollado toda su vida como independiente, siendo sus ahorros previsionales menores a 35 UF y sin tener deuda alimenticia, realizó la solicitud del retiro total de sus fondos previsionales, mediante el N° de solicitud R83584907, los cuales ascendían a la suma de $ 697.178, conforme a la agregación del artículo trigésimo noveno transitorio de la Constitución Política.

Refiere que realizada la solicitud, la recurrida libremente se obligó a señalar si había sido aceptada o rechazada dentro del plazo de 4 días hábiles, para ser pagados dentro de los siguientes 10 días hábiles en una sola cuota, en su cuenta corriente. Sin embargo, indica que la recurrida no cumple con informar sobre la aceptación o rechazo, ni tampoco cumple con devolver la totalidad de los fondos de su cuenta, pues pese a haber solicitado el total, el 12 de agosto de 2020 únicamente efectuó el pago de la suma de $ 441.881, reteniendo arbitraria, ilegal e injustificadamente la suma de $ 255.297. Frente a ello, menciona que llamó en reiteradas oportunidades al teléfono que la recurrida ha dispuesto para atención telemática, intentando además contactar vía chat, disponible en su sitio web, sin resultado positivo.

Añade que mayor fue su sorpresa cuando el 15 de agosto del presente, al ingresar el sitio web de la recurrida, se señala que ya se habría pagado la segunda y última cuota de su solicitud del retiro de sus fondos, lo cual afirma es totalmente falso.

Sostiene que el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida conculca su derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales, ya que pese a haber solicitado el retiro del 100% de ellos, solo paga una parte, sin mediar motivo plausible para ello, señalando que pagaría todo en una sola cuota y posteriormente informando que la segunda y última cuota se encuentra pagada, lo que es falso.

Junto con citar la disposición transitoria trigésimo novena de la Constitución Política, destaca que los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal, y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, cuestión que estima no se condice con la realidad, por cuanto la recurrida ha retenido parte de los fondos arbitraria e ilegalmente. Así, menciona que aun habiendo informado la recurrida el 13 de agosto pasado que se había realizado el pago de la segunda cuota, indicando que en un plazo máximo de 48 horas el dinero se encontraría disponible, a la fecha de su presentación la recurrida no ha dado cumplimiento al plazo al que se obligó.

Concluye que resulta evidente que el actuar de la recurrida lo priva del legítimo ejercicio de su derecho de propiedad, no solo por lo descrito en el recurso sino también por la lesión efectiva de tal garantía, al impedir de manera arbitraria, antojadiza e ilegal, usar, gozar y disponer de su derecho real de dominio o propiedad sobre sus fondos previsionales oportunamente solicitados.

Pide se restablezca el imperio del derecho, resolviendo que la recurrida deberá pagar mediante transferencia electrónica bancaria la totalidad del saldo retenido ilegal y arbitrariamente del retiro del máximo legal solicitado respecto de sus fondos previsionales, a la cuenta corriente del Banco Itaú Chile N° [cuenta reservada], que ya conoce, en el plazo que se fije, debiendo adoptar los mecanismos pertinentes para que la situación no se repita con otras personas, con costas del recurso, y solicita que se oficie a la Superintendencia de Pensiones para que se inicie el procedimiento sancionatorio a la recurrida que establece la ley, junto con cualquier otra medida que se considere de mejor parecer para el restablecimiento del imperio del derecho.

Evacúa informe doña nombre reservado, abogada, por la recurrida AFP HABITAT S.A, quien alega que el recurso de protección es inaplicable en este caso, siendo necesario para su interposición que quien lo ejerza acredite ser titular de un derecho indubitado, añadiendo que el recurrente pretende por concepto de retiro del 10% de sus fondos de pensiones un monto distinto a aquel que se le pagó de acuerdo a la normativa previsional y a su condición de trabajador independiente, por lo que el monto del retiro a efectos de este recurso, se encuentra controvertido, no siendo materia de éste su prueba y determinación.

Seguidamente señala que el saldo de la cuenta de capitalización individual del recurrente estaba constituido únicamente por el abono recibido desde Tesorería General de la República, en cumplimiento a la retención efectuada a los trabajadores independientes de conformidad a lo dispuesto por el artículo 92 y 92 D del D.L. 3.500, de 1980, sobre la devolución anual de impuestos, añadiendo que a tales montos se les efectúa, de conformidad a la norma citada, la rebaja por concepto de pago de comisiones a favor de la AFP y pago del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) y el saldo se abona al pago de cotizaciones previsionales correspondiente al año inmediatamente anterior al abono, estando regulado normativamente la prelación de la imputación de los dineros recibidos de Tesorería General.

Precisa que en el caso del recurrente, los fondos deben destinarse al pago del seguro de invalidez y sobrevivencia del periodo mayo 2020 a abril 2021 y de cotizaciones obligatorias correspondientes al año 2019, con sus correspondientes comisiones, los cuales fueron para el afiliado recurrente, $ 216.560 por SIS TGR y $ 30.560 por Comisión TGR, dando como total la suma de $ 247.120, monto que, previamente liquidado por el Servicio de Impuestos Internos, se encuentra abonado en la cuenta de capitalización individual, pero están destinado al pago del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, comisiones y cotizaciones previsionales.

Conforme a ello, explica que al solicitar el afiliado el retiro del 10% el pasado 30 de julio de 2020, el saldo total, sin los descuentos, ascendía a $684.169, suma a la que se le rebajó $247.120 por concepto de la provisión de la comisión y Seguro de invalidez y sobrevivencia, quedando un saldo -por concepto de cotizaciones obligatorias- a pagar finalmente por concepto de retiro del 10% de $ 437.049, equivalentes a 9,37 cuotas, según el valor cuota vigente al momento de la solicitud, que correspondía al 100% del saldo disponible. El retiro fue pagado el 10 de agosto de 2020, dentro de los días hábiles comprometidos y regulados, por un monto total de $444.881, equivalentes a 9,37 cuotas, comunicándole el mismo día por mail la aceptación del beneficio y adicionalmente el 13 de agosto se le envió al recurrente un SMS de confirmación de pago.

Se refiere a lo dispuesto en la Ley 21.248, a las normas de Decreto Ley 3.500, de 1980, específicamente sus artículos 89 y 92, alude al Oficio Ord. N° 13.609, de 27 de julio de 2020, emitido por la Superintendencia de Pensiones y lo indicado en Oficio N° 16.490, de 24 de agosto de 2020, de la misma Superintendencia, dirigido al Abogado Secretario de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Honorable Cámara de Diputados, los cuales cita, sosteniendo que su representada ha actuado conforme a derecho, aplicando la normativa legal y reglamentaria, la cual establece que mensualmente las Administradoras deberán rebajar de la cuenta personal de los afiliados independientes a valor nominal la comisión asignada a cada mes de devengamiento de la cotización obligatoria, rebaja que se deberá efectuar conjuntamente con la que se debe realizar para el pago de la prima necesaria para financiar el Seguro de invalidez y sobrevivencia, agregando que los valores que se determinan por cada uno de estos conceptos y por cada mes de imputación, deben estar acreditados en la cuenta personal del afiliado en forma separada y simultánea, es decir, provisionados con un fin predeterminado y definido en la ley.

Así, afirma que los fondos que constituían el saldo de la cuenta del recurrente fueron calculados por el Servicio de Impuestos Internos y transferidos por la Tesorería General de la República al respectivo Fondo de Pensiones, siendo abonados en su totalidad en su cuenta individual, estando parte de ellos comprometidos por ley con anterioridad al retiro, al pago del Seguro de invalidez y sobrevivencia y comisiones, como lo ratificó la Superintendencia de Pensiones.

Finalmente, señala que al autorizar la reforma constitucional el retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, se refirió al saldo conformado por la referida cotización obligatoria destinada al financiamiento de pensiones y no a aquellos montos destinados al pago de otras obligaciones ya existentes, como el Seguro de invalidez y sobrevivencia, que si bien se abonan a la cuenta de capitalización individual del afiliado, no forman parte de los fondos destinados al cálculo y pago de pensión, de manera que su representada no se ha apropiado ni enriquecido con los fondos abonados en la cuenta del afiliado recurrente y destinados al pago de obligaciones previamente existentes, por lo que no ha vulnerado derecho de propiedad alguno, pagándole en definitiva el 100% de sus ahorros disponibles. Pide el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que lo debatido en autos consiste en determinar si el monto pagado por la AFP recurrida corresponde al total de los fondos disponibles en la cuenta de capitalización individual, los que están conformados por la cotización previsional obligatoria destinada al financiamiento de pensiones, una vez descontados aquellos montos que están destinados por las normas previsionales para el pago de otras obligaciones preexistentes y de carácter previsional, como son el seguro de invalidez y de sobrevivencia, así como la comisión de la respectiva AFP, todos estos ya devengados con anterioridad.

TERCERO: Que respecto de las alegaciones de improcedencia de la acción, éstas serán rechazadas, desde que no se ha cuestionado el derecho de que goza el actor para acogerse al beneficio extraordinario otorgado por la Ley 21.248, sino que la eventual ilegalidad o arbitrariedad en la retención efectuada por la AFP recurrida a una parte de los dineros que se encontraban en su cuenta de cotizaciones obligatorias, lo que de ser efectivo podría constituir una conculcación de la garantía fundamental de propiedad del recurrente; desde esa perspectiva se ha invocado la acción constitucional bajo los parámetros establecidos, tanto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, como en el Auto Acordado que regula su tramitación.

CUARTO: Que en cuanto al fondo, es un hecho pacífico que el actor, quien tiene la calidad de trabajador independiente, solicitó a la Administradora de Fondo de Pensiones recurrida, la devolución de la totalidad de sus fondos de capitalización individual, y que ésta, considerando el estatuto laboral del cotizante, realizó la devolución de los fondos disponibles, esto previo a pagar obligaciones preexistentes y de carácter previsional, que se encontraban devengadas, consistentes en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, y, además, la comisión a que tiene derecho la Administradora de Fondos de Pensiones.

QUINTO: Que en este sentido, útil resulta señalar que el estatuto previsional de los trabajadores independientes, dispone que ellos tienen la obligación de realizar cotizaciones previsionales de los ingresos que perciben, mismas que se pagan sobre base anual, y esto lo es con cargo a las retenciones realizadas sobre sus ingresos que recibe la Tesorería General de la República.

En efecto, en el artículo 89 del Decreto Ley 3.500, en la parte pertinente, se dispone: “Toda persona natural que, sin estar subordinada a un empleador, ejerza individualmente una actividad mediante la cual obtiene rentas del trabajo de las señaladas en el inciso primero del artículo siguiente, deberá afiliarse al Sistema que establece esta ley.”, disposición desde la que se establece la obligatoriedad para los trabajadores independientes de cotizar en el sistema previsional. Asentado lo anterior, resulta necesario señalar que dichas cotizaciones previsionales son de base anual, tal como lo dispone el artículo 90 de la Ley antes citada, el que prescribe, en lo que resulta útil, que: “La renta imponible será anual y corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas por el artículo 42 N° 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado independiente en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto…”, con lo que se establece que el pago de las cotizaciones será anual y se realizará en la Declaración Anual de Impuesto a la Renta de abril de cada año, con cargo a la devolución de impuestos del año anterior.

SEXTO: Que en este sentido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 92 D del Decreto Ley antes citado, para el cálculo anualizado de las cotizaciones previsionales de estos trabajadores independientes, éste se debe determinar por parte del Servicio de Impuestos Internos en la declaración a la renta anual, organismo que debe informarlo a la Tesorería General de la República para que del monto retenido por pago previsional mensual, ésta proceda a efectuar el depósito de dichas sumas en la cuenta de capitalización del afiliado, todo ello de conformidad a lo dispuesto en los incisos 2° y 3° del apartado ii del artículo 92 F del estatuto previsional antes referido.

SÉPTIMO: Que en definitiva, con las cotizaciones previsionales de base anual del recurrente, retenidas por la Tesorería General de República, se debe pagar el Seguro de Invalidez y de Sobrevivencia del afiliado, establecido en el artículo 59, y, además, la comisión destinada al financiamiento de la Administradora, como dispone el inciso tercero del artículo 29, ambas normas del cuerpo legal antes señalado, esto al tenor del artículo 92 G del mismo estatuto, que en lo pertinente, señala las partidas que se deben descontar de las cotizaciones previsionales y su prelación en caso de ser insuficientes, de la siguiente forma: “Si las cantidades señaladas en el numeral i) del inciso primero del artículo anterior fueren de un monto inferior a las cotizaciones por pagar, se pagarán en primer lugar las destinadas al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59; en segundo lugar, las cotizaciones del seguro social de la ley N° 16.744; en tercer lugar, la cotización para el seguro de acompañamiento de niños y niñas de la ley N° 21.063; en cuarto lugar, las cotizaciones de salud señaladas en el inciso primero del artículo 92; en quinto lugar, la destinada al financiamiento de la cotización obligatoria para pensión establecida en el inciso primero del artículo 17 y a la comisión destinada al financiamiento de la Administradora que se señala en el inciso tercero del artículo 29, a prorrata; y, en sexto lugar, los saldos insolutos pendientes de las cotizaciones para pensiones a que se refiere el orden inmediatamente anterior, que no hubieren podido cubrirse en los años precedentes, reajustados de conformidad con lo dispuesto en el inciso décimo del artículo 19.”.

OCTAVO: Que como se ha venido expresando, respecto de los fondos previsionales en cuestión, si bien se encuentran depositados en la cuenta de cotización obligatoria del trabajador independiente, con estos se deben pagar los seguros sociales que integran el sistema de pensiones, además de la comisión de la Administradora de Fondos de Pensiones, y, por ende, a estas cotizaciones previsionales que aparecen reflejadas en su cuenta de capitalización individual, se les deben descontar las obligaciones previsionales antes señaladas.

NOVENO: Que de acuerdo a lo dicho precedentemente, al acogerse el recurrente al beneficio extraordinario otorgado por la Ley 21.248, debe percibir los montos que se encuentren en su cuenta de capitalización individual, esto en la forma que dicha norma establece, una vez pagadas las obligaciones previsionales del Seguro de invalidez y sobrevivencia y la comisión a que tiene derecho la recurrida, por lo que estas deducciones no corresponden a aquellas proscritas en la Trigésima Novena disposición transitoria de la Constitución Política de la República, incorporada por el artículo único de la Ley antes mencionada, toda vez que la intangibilidad prescrita, lo es respecto de deducciones realizadas a los fondos efectivamente acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, cuyo no es el caso de autos, pues como se ha dicho debieron efectuarse tales deducciones legales, en términos que los fondos reales disponibles para los fines señalados en la Ley 21.248, eran solo aquellos que efectivamente le fueron pagados en su oportunidad al recurrente.

DÉCIMO: Que atendido lo expuesto anteriormente, no se vislumbra que la conducta de la institución recurrida resulte ilegal o arbitraria, desde que solo corresponde al cumplimiento de un deber impuesto por la ley, razones por las cuales el recurso intentado será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el deducido por don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministro señora Marilyn Fredes Araya.

Rol N° 610-2020 Protección.

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