Protección contra Tesorería General de la República

Iquique, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por doña nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario de retener y no hacer entrega de los dineros que se retuvieron producto de distintos beneficios sociales a los que postuló, provenientes de las Leyes 21.242 y 21.252, dentro de los plazos legales ni tampoco informar de al menos una fecha estimativa para realizar el pago adeudado.

Indica que desde el año 2010, por sentencia dictada en causa C-2236-2010 del Juzgado de Familia de Concepción, se vio obligado a pagar el monto equivalente al 50% de sus ingresos líquidos, pagaderos mediante retención que debe realizar su empleador desde su remuneración mensual.

Añade que el 30 de julio del 2020, en causa RIT Z-345-2015 del mismo tribunal, su cónyuge solicitó se retuviesen los montos que le correspondían en virtud las Leyes 21.242 y 21.252, a lo que el tribunal accedió el 11 de agosto de 2020, oficiando a la recurrida para tal efecto. Posteriormente, el 29 de septiembre del año 2020, se solicitó se le retuviera cualquier monto que le pudiera corresponder en virtud de la Ley 21.256, accediendo el tribunal por resolución de igual fecha.

Manifiesta que el 23 de diciembre del 2020, la recurrida informó al tribunal que le fue retenido el monto de $88.500. Luego, procedió a pagarle el dinero correspondiente al “bono clase media”, por la suma de $250.000, sin perjuicio de corresponderle la cantidad de $500.000, a raíz de las retenciones judiciales dispuestas. En virtud de estos 2 descuentos se le retuvo la suma total de $338.500.

Indica que por liquidación de deuda de alimentos practicada el 29 de marzo pasado por el Juzgado de Familia de Concepción, se determinó que debía la cantidad de $2.422.701, ordenando el tribunal el 16 de abril a la recurrida se le pagara a su cónyuge el monto de $88.500, único que consta en la referida causa como retenido, ya que la recurrida no ha informado debidamente al tribunal la retención de $250.000.

Alega que la deuda que mantenía con la madre de sus hijos fue íntegramente pagada por su AFP haciendo uso de parte de los dineros producto del primer y segundo retiro del 10% de sus fondos previsionales.

Menciona que junto a la madre de sus hijos presentaron junto una transacción judicial a fin de realizar distintas modificaciones a la pensión alimenticia fijada solicitando al tribunal diera orden de alzamiento respecto de sus fondos retenidos a fin de que la AFP y la recurrida procedieran a hacer los pagos respectivos, ordenando el tribunal por resolución de 22 de mayo del presente año el alzamiento de las retenciones que pesaban sobre sus fondos previsionales y distintos bonos retenidos por la recurrida. Así, concurrió el 26 de mayo del presente año a la Tesorería para consultar sobre la fecha en que se le haría entrega de lo retenido siendo informado que se le pagaría en cualquier momento, ya que el tribunal enviaba directamente los oficios a la institución para liberar los fondos.

Expresa que a la fecha de presentación del recurso, la recurrida no ha liberado los fondos, ni le ha dado algún tipo de explicación, a pesar de que los ha contactado vía telefónica y se ha acercado en varias oportunidades para consultar por sus fondos.

Sostiene que lo narrado constituye una omisión ilegal y arbitraria por parte de la recurrida al no realizar el pago ordenado por tribunal competente. Ilegal por cuanto la recurrida no ha dado cumplimiento a los plazos fijados por las Leyes 21.242 y 21.252; y arbitraria toda vez que la recurrida no alza la medida de retención y paga los fondos, sino además no informa sus razones, a pesar de haber sido interpelada en reiteradas ocasiones por el recurrente, lo que constituye una privación de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la Republica.

Concluye solicitando se acoja el recurso, declarando que la conducta de la recurrida es arbitraria e ilegal, ordenando se le deposite a la brevedad posible el monto de $338.500, en la cuenta bancaria que indica, con costas.

El 14 de agosto pasado, informa el Juzgado de Familia de Concepción, indicando, en lo que atañe al recurso, que en cuanto a las medidas cautelares de retención de los beneficios otorgados por las leyes N° 21.242, 21.252 y 21. 256, habiéndose pagado la deuda certificada el 13 de abril de 2021, ascendente a $2.422.701, con los fondos retenidos al demandado con ocasión del 1° y 2° retiro del 10% de la AFP, se resolvió dejar sin efecto orden de pago remitida a la Tesorería General de la República el 16 de abril de 2021, oficiando a dicha institución a fin de que dejara sin efecto la medida cautelar de retención judicial de los beneficios otorgados por las referidas leyes, ordenada el 11 de agosto de 2020 y el 29 de septiembre de 2020 en contra del recurrente y que habría efectuado dicha institución en relación al demandado ya identificado, debiendo la Tesorería General de la República poner a disposición del titular los fondos autorizados, si el alimentante o afiliado no registrase otras causas en que se hayan decretado medidas cautelares y éstas se encuentren vigentes por deudas alimentarias, resolución que fue notificada, entre otras, a la recurrida con la misma fecha de la resolución, por correo electrónico, no decretándose con posterioridad nuevas cautelares de ninguna especie.

El 23 de agosto pasado, la recurrida Tesorería General de la República evacúa informe respecto de los descuentos alegados por el recurrente, señalando, en cuanto al primer descuento, que éste recayó sobre el Bono a la Clase Media de la Ley Nº 21.252, que ascendía a un monto total de $500.000, siéndole pagada al recurrente la suma de $250.000 el 4 de septiembre de 2020, producto de la orden de retención dispuesta por el Juzgado de Familia, de 11 agosto de 2020, por lo que su parte solo cumplió con dicha orden judicial.

Indica que los días 16 de octubre de 2020, 25 de enero de 2021, y 3 de febrero de 2021, el Servicio de Impuestos Internos informó por medio de correo electrónico, un listado de roles únicos tributarios respecto de los cuales no les correspondía el bono de clase media y que debían reintegrarlo, dentro de os cuales venía informado el Rut del recurrente, por lo cual la suma retenida de $250.000 quedó en arcas fiscales y no se informó al Juzgado de Familia, ya que con posterioridad se le debía cobrar el reintegro por parte de Tesorería por la suma pagada el 4 de septiembre de 2020, información que fuera rectificada por el Servicio de Impuestos Internos mediante correo electrónico de 19 de agosto de 2021, informando que al recurrente le correspondía el bono, por lo cual, en virtud de la orden judicial de alzamiento de 22 de mayo de 2021, se procederá a pagar dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha del informe, la suma de $250.000 retenidos al recurrente de protección, previo cotejo por parte de la Tesorería General de la República de que no existan otras retenciones judiciales ordenadas en otras causas, cumpliendo con la orden judicial, no existiendo así ninguna vulneración de las garantías constitucionales alegadas por el recurrente, ya sea por supuesto acto u omisión arbitraria e ilegal.

En cuanto al segundo monto retenido de $88.500, bono establecido en la Ley Nº 21.256, indica que en virtud de la orden del Juzgado de Familia de Concepción, en causa RIT Z-345-2015, de 16 de abril de 2021, fue pagado el 24 de mayo de 2021 a primera hora de la mañana, a doña nombre reservado, como beneficiaria de alimentos, recibiendo el servicio la orden de alzamiento el mismo día pero en forma posterior al pago, por lo que tal monto no se puede devolver.

Alega la extemporaneidad del recurso deducido ya que habiéndose causado el agravio invocado por el recurrente al concurrir a la Tesorería Regional de Iquique, el 26 de mayo de 2021, desde esa fecha se computa el plazo para la interposición de la acción.

Concluye solicitando el rechazo del recurso por haber sido interpuesto en forma extemporánea, y por no haber incurrido el servicio en ningún acto u omisión arbitraria o ilegal que lesione los derechos constitucionales del recurrente.

Acompañó documentos para atestiguar sobre sus planteamientos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Como primera cuestión a dilucidar, esta Corte debe hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad introducida en su informe por la recurrida, fundada en que desde el 26 de mayo de 2021, habría transcurrido el plazo para la interposición de la presente acción, misma que se rechazará, como quiera que conforme el mérito de los antecedentes, se está en presencia de un acto u omisión cuyos efectos se mantienen en el tiempo –no pago de los montos retenidos al recurrente-, y que según lo informado por la propia recurrida, aún no se ha subsanado.

TERCERO: En cuanto al fondo de los reproches formulados, de la síntesis contenida en la parte expositiva, se desprende que el acto objeto del presente recurso dice relación con la retención y no pago de los dineros provenientes de los distintos beneficios sociales a los que postuló, provenientes de las Leyes 21.242 y 21.252, dentro de los plazos legales ni tampoco informar de al menos una fecha estimativa para realizar el pago adeudado.

Siendo éste el contexto fijado, se adelanta el rechazo de la acción.

Para ello, se dirá que la ilegalidad o arbitrariedad denunciadas no se vislumbran, desde que las actuaciones desarrolladas por la recurrida encuentran su fundamento en sendas órdenes judiciales emanadas por tribunal competente, no apareciendo en consecuencia vulneración alguna a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley o al derecho de propiedad, esgrimidas como vulneradas por el actor constitucional.

CUARTO: En tal sentido, se encuentra asentado, según fuera informado por el Juzgado de Familia de Concepción, que por resolución de 22 de mayo de 2021 se dejó sin efecto la retención decretadas el 11 de agosto y el 29 de septiembre, ambos del año 2020, recaídas en los dineros del recurrente provenientes de los beneficios otorgados por las leyes N° 21.242, 21.252 y 21. 256, por no mantener deudas con sus alimentarios; que dicha resolución dispuso además dejar sin efecto la orden de pago emitida a la Tesorería General de la República el 16 de abril de 2021, oficiando al efecto a dicha entidad, siendo notificada el 24 de mayo de 2021, por correo electrónico.

En la misma fecha, se procedió, por parte de la recurrida, al pago del monto retenido por la suma de $88.500, a doña nombre reservado, lo que se habría efectuado en horas de la mañana, previo a la recepción de la comunicación remitida por el Juzgado de Familia de Concepción informativa del alzamiento de las medidas de retención dispuestas.

QUINTO: Sin embargo, estos hechos, examinados a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, no permiten acoger la acción cautelar, porque si bien se encuentra acreditado que la recurrida pagó la suma de $88.500, a doña nombre reservado, a la sazón alimentaria en la causa de cumplimiento de alimentos seguida ante el Juzgado de Familia de Concepción ya mencionada no obstante haberse informado el alzamiento de las medidas de retención decretadas en su oportunidad, no es posible en esta sede realizar algún reproche a la recurrida, máxime si la notificación respectiva fue recibida el mismo día en que se efectúo el pago, no existiendo ilegalidad o arbitrariedad alguna a la recurrida.

Lo anterior, naturalmente sin perjuicio de las acciones incidentales que el actor de protección pudiere realizar en el procedimiento ventilado ante el tribunal de familia citado, para obtener, por ejemplo, la imputación de ese dinero a pensiones de alimentos futuras, o las acciones de lato conocimiento que el ordenamiento jurídico pudiere contemplar para el propósito perseguido por el recurrente.

Respecto de la retención efectuada por la recurrida, por la suma de $250.000, basta para rechazar el recurso lo informado por la Tesorería General de la República en orden a que se procederá a efectuar el pago dentro de los próximos días, perdiendo en consecuencia, sustento fáctico la acción en este punto.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentado por don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 609-2021 Protección.

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