Protección contra su Directora General

Iquique, uno de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, abogado jefe de la Corporación de Asistencia Judicial de Arica, por sí, y deduce recurso de protección contra la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, representada por el presidente del Consejo Directivo don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de Tarapacá, y en contra de su Directora General, Sra. Carolina Fernández Alvear, por vulneración a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, y libertad de trabajo y su protección, al proponerse como sanción disciplinaria su desvinculación a través de la Resolución Exenta N° 716/2021, de 9 de julio del 2021, que aprobó investigación sumaria, absuelve y propone la medida disciplinaria; y de la Resolución Exenta 210/2021, de 2 de agosto pasado, del Consejo Directivo de la referida Corporación, que la ratifica.

Sostiene que ejerce funciones en el Consultorio Jurídico de Arica desde el 5 de noviembre de 2001; que el 18 de noviembre de 2019, por Resolución Exenta N° 1896/2019, se dispuso iniciar investigación sumaria en su contra, teniendo como antecedente un oficio remitido por la Fiscalía Militar de Arica, de 4 de septiembre de 2019, la que se inició formalmente el 9 de diciembre de 2019, al decretarse la apertura del sumario, siendo formulados cargos en su contra el 26 de enero de 2021, es decir, 414 días de iniciada la investigación, excediendo el plazo de 25 días fijados en el Reglamento Interno, y de considerar la fecha de la resolución que dispuso la apertura de la investigación y la que aprobó el sumario de 9 de julio de 2021, éste se extendió por un plazo aproximado de 1 año y 8 meses, excediendo los plazos fatales fijados en la normativa.

Indica que las únicas causales de suspensión de la investigación son licencia médica del investigador o investigado y vacaciones, agregando que según lo expresado en la Resolución Exenta N° 716/2021, que aprobó el sumario en su contra, a este procedimiento no se aplica la Ley 18.834, por mandato de la Ley 19.263, por lo que cualquier norma del Reglamento Interno que se aparte del Código Laboral atenta contra la igualdad ante la ley, por lo que justificar el retraso en la contingencia sanitaria resulta discriminatorio a su respecto, pues todos los trabajadores del servicio laboraron con “teletrabajo” sin paralizar sus funciones.

Agrega que al dictarse la Resolución 716/2021 se encontraba de vacaciones, por lo que su contrato de trabajo y la investigación sumaria se debían paralizar, no obstante lo cual se le intentó notificar dejándosele con su cónyuge una carpeta sin especificación, remitiéndole carta certificada a su domicilio, alegando la nulidad de la notificación, lo que fue rechazado el mismo día en que vencía su plazo para deducir recurso de reconsideración en contra de la decisión adoptada.

Manifiesta que la Resolución Exenta 210/2021, por la que el Consejo Directivo ratificó la decisión de su Directora General, no fundamentó acerca del tiempo que excedió el plazo de la investigación fijado en el Reglamento Interno, vulnerándose el debido proceso, añadiendo que existió falta de rigurosidad de los miembros del Consejo Directivo en el examen de los antecedentes de la investigación sumaria, actuando de manera ilegal y arbitraria al hacer suyos los argumentos de la Directora General.

Alega que se infringe la libertad de trabajo y su protección al excluir el artículo 150 del Código Laboral del fundamento de la Resolución Exenta 716/2021, para rechazar la prescripción y el decaimiento administrativo.

Solicita acoger el recurso, ordenar suspender todo acto administrativo tendiente a imponer la medida disciplinaria de despido, se deje sin efecto la investigación sumaria dispuesta en su contra, y se ordene a la recurrida mantener vigente su contrato de trabajo, o cualquier otra medida que esta Corte estime conveniente, con costas.

El 20 de agosto pasado, doña Carolina Fernández Alvear, Directora General de la Corporación de Asistencia Judicial de las regiones de Tarapacá y de Antofagasta, evacúa informe, solicitando el rechazo del recurso, explicando que los funcionarios de la Corporación, en tanto institución encargada de entregar asistencia jurídica y judicial a personas de escasos recursos, son servidores públicos, sin perjuicio de regirse en su relación contractual por el Código del Trabajo, y en tal virtud se encuentran sometidos al principio de probidad administrativa.

Explica que por expresa disposición de la Ley 19.563, no resultan aplicables a sus funcionarios las normas del Estatuto Administrativo, no pudiendo recurrirse al procedimiento de investigación sumario o sumario administrativo para hacer efectiva su responsabilidad administrativa, no obstante estar obligada la Corporación a iniciar la correspondiente investigación como lo reconoce su Reglamento Interno, siendo éste el que regula el procedimiento a seguir.

Indica que por Resolución Exenta 1896/2019, de 18 de noviembre de 2019, se inició investigación administrativa contra el recurrente, teniendo como antecedente el requerimiento remitido por la Fiscalía Militar de Arica, en relación a ciertas irregularidades en la tramitación de causas ante la justicia militar y que eran derivadas al Consultorio Jurídico de Arica, del cual el recurrente era el Abogado Jefe, designándose como investigadora a la Abogada Jefe del Consultorio Jurídico de Pozo Almonte, quien aceptó el cargo el 14 de enero de 2020, lo que dio inicio a la fase de instrucción, que concluyó el 25 de enero de 2021, formulándose 48 cargos al investigado el 26 de enero de 2021, siendo notificado personalmente y entregándosele el contenido de la investigación, quien solicitó la ampliación del plazo para formular sus descargos. El informe de la investigadora fue emitido el 8 de marzo de 2021, aprobándose la investigación sumaria por la Directora General el 9 de julio de 2021, por Resolución Exenta 716/2021.

Expone que notificado el recurrente de tal decisión, alegó la nulidad de la notificación, siendo rechazada, recurriendo posteriormente de reconsideración, la que fue también rechazada el 27 de julio de 2021. Los antecedentes de la investigación se pusieron en conocimiento del Consejo Directivo el 29 de julio de 2021, convocándose a sesión ordinaria para su revisión el 2 de agosto de 2021, instancia en la que se recibió al recurrente, ratificándose la medida de despido propuesta, y dictándose la resolución que materializó tal decisión en la misma fecha, concretándose por resolución de la Directora General de 4 de agosto de 2021, encontrándose actualmente en Contraloría General de la República los antecedentes.

Manifiesta que el recurso adolece de falta de petición concreta respecto de la garantía de la libertad de trabajo y su protección, lo que impide a esta Corte pronunciarse sobre su eventual vulneración; que la acción de protección no es el medio idóneo, dada la situación actual de la investigación sumaria, al encontrarse aún en tramitación ante la Contraloría General, en espera de la toma de razón; que la fase de instrucción sólo duró 213 días hábiles, plazo que si bien excede el establecido en el Reglamento Interno, obedeció a la situación de alerta sanitaria, al estado de excepción constitucional y a las restricciones dispuestas por la autoridad, lo que generó dificultades de funcionamiento, tanto en la Corporación como en otros servicios, a quienes se les requirió información en el marco de la investigación.

Señala que no ha ejecutado ninguna acción u omisión privativa, perturbadora o amenazante de garantía constitucional alguna de aquellas invocadas por el recurrente, debiendo ser rechazado el recurso.

El mismo 20 de agosto pasado, doña nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Justicia y DDHH de Antofagasta, en su calidad de Vicepresidenta de la Corporación ya individualizada, evacúa informe, señalando, en lo que atañe al recurso, que por Resolución Exenta 716/2021, de 9 de julio de 2021, la Directora General de la Corporación, aprobó la investigación sumaria contra el recurrente, siendo impugnada ésta mediante recurso de reconsideración, el que fue rechazado por Resolución Exenta 773/2021 de 27 de julio de 2021.

Indica que el 29 de julio de 2021 se pusieron en conocimiento del Consejo Directivo los antecedentes de la investigación, los que fueron revisados en la sesión ordinaria de 2 de agosto de 2021, instancia en la que se recibió al recurrente, donde se adoptó la decisión de ratificar la medida de despido aplicada por la Directora General, siendo materializada en la Resolución Exenta 210/2021 de igual fecha, concretándose la medida de despido por Resolución Afecta 5/2021, de 4 de agosto de 2021, remitiéndose los antecedentes a la Contraloría General de la República.

Hace suyos los planteamientos expuestos en el informe de la Sra. Directora General, añadiendo que el Consejo Directivo realizó un análisis profundo de la carpeta investigativa, estimando razonable la medida de despido propuesta.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República ha instituido un mecanismo jurídico de orden cautelar, enraizado en las facultades conservadoras que competen a las Cortes de Apelaciones, en cuya virtud se concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, existentes e indubitados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias de amparo que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que, para la procedencia de esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que el cuestionamiento fundamental del recurso apunta básicamente a la extensión del procedimiento a que estuvo sujeto el recurrente, en términos que superó en exceso el plazo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interno que rige a los trabajadores que se desempeñan en la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, cuando deban ser sometidos al procedimiento previsto para investigar hechos atribuibles a un posible comportamiento que importe infracción a las obligaciones y deberes, estipulados en sus contratos de trabajo, así como a las obligaciones y prohibiciones establecidas en dicho reglamento, y que por tal exceso, lo obrado significa una vulneración a las garantías de igualdad ante la ley, por faltarse al debido proceso, y a la libertad de trabajo y su protección.

TERCERO: Que de los antecedentes aparejados al recurso, tanto por el recurrente, como por las recurridas, valorados todos ellos conforme a las reglas de la sana crítica, corresponde precisar que indudablemente la responsabilidad administrativa de los trabajadores y funcionarios de la referida Corporación se hará efectiva de acuerdo a las normas que establece el respectivo Reglamento Interno, donde se fija un completo y acabado procedimiento, que contempla varios estadios o etapas, y que se inicia con una fase investigativa, que tendrá una duración de 25 días hábiles, contados desde la aceptación del cargo por parte del investigador, quien cuenta con la facultad de solicitar una prórroga de este plazo, la que será concedida por el tiempo que señale el Director General, según lo indica su artículo 104. Esta norma señala, además, que la investigación se suspenderá en caso de licencia médica, feriado legal y permisos con goce de remuneraciones del investigador y del funcionario investigado por el tiempo que duren los mismos.

También es efectivo que el procedimiento regula otras etapas o actuaciones, como son la formulación de cargos, presentación de los descargos por el investigado, apertura de un término probatorio, informe o propuesta del investigador, decisión del Director General, reconsideración del afectado ante esa misma autoridad, y en su caso, ratificación del Consejo Directivo, cuando se disponga la medida de despido.

CUARTO: Que en el presente caso, no es desconocido que la fase de la investigación sumaria, contados desde la aceptación del cargo por la investigadora, 14 de enero de 2020, hasta el cierre de la investigación y formulación de cargos, 25 de enero de 2021, considerando los días lunes a viernes, y descontando los días de feriados y licencias del investigador e investigado, sobrepasa el término de 200 días, pero no es menos cierto que gran parte de ella se ha desarrollado durante el periodo en que el país se encuentra aún en estado de excepción por una emergencia sanitaria, decretado en marzo de 2020, con restricciones de desplazamiento, y considerando que los hechos indagados ocurrieron principalmente en la ciudad de Arica, se sigue evidentemente la existencia de un caso fortuito, como ha sido reconocido ampliamente por la jurisprudencia administrativa, lo que impedía naturalmente obrar con una mayor celeridad.

Aun así, consta de la documentación acompañada por las recurridas, que particularmente la investigadora designada hizo uso de la facultad concedida en el Reglamento Interno y solicitó en diez oportunidades la ampliación de la investigación, siendo ello autorizado por la Directora General de la Corporación por 25 días hábiles en cada ocasión, lo que fue puesto en conocimiento del investigado, sin que éste formulara en su momento reparo alguno a tales decisiones.

De este modo, los fundamentos para extender la investigación sumaria obedecen a razones de índole excepcional, y en caso alguno puede ser calificado dicho obrar de arbitrario.

QUINTO: Que ahora bien, en cuanto a la intervención que se atribuye al Consejo Directivo de la Corporación, consta que aquél órgano fue convocado por la Directora General el 29 de julio de 2021, esto es, después que ella había aplicado al recurrente la medida disciplinaria de despido, conforme a lo previsto en la letra e) del artículo 111 del Reglamente Interno, y posteriormente a resolver la reconsideración presentada por el mismo recurrente, en virtud del artículo 112 de dicho cuerpo reglamentario. Lo anterior obedeció precisamente para dar cumplimiento a la parte final de esta última norma, en cuanto señala que si la medida aplicada es el despido o destitución, el Consejo Directivo deberá ratificar esa decisión en sesión convocada para tal efecto, que es precisamente lo ocurrido el 2 de agosto de 2021, cuando con previo conocimiento de los antecedentes entregados por la Directora General, escuchando al recurrente, así como también la intervención de la Presidenta de la Asociación de funcionarios a que éste pertenece, haciendo suyos los fundamentos de la resolución de la Directora General, y añadiendo otros, estimaron razonable y ajustada la medida de despido del recurrente.

SEXTO: Que por otro lado, es también un hecho incontrastable que a la fecha, la decisión adoptada por las recurridas se encuentra ingresada a Contraloría Regional para el trámite de toma de razón, el que se encuentra pendiente, y aquello impide precisamente entender afectada la libertad de trabajo y su protección, puesto que la relación laboral se mantiene vigente, encontrándose el procedimiento en una etapa intermedia, puesto que bien podría ser que Contraloría no tomara razón del acto, y por el contrario ordenara dejarlo sin efecto, o en su caso adoptar una decisión diferente, de manera que no existe a ese respecto una afectación concreta a la garantía que se dice conculcada, ni aun en términos de amenaza, pues todavía se encuentra sujeta a un control de legalidad posterior.

SÉPTIMO: Que en consecuencia, no se divisa la existencia de un acto ilegal o arbitrario en el desarrollo de la investigación sumaria seguido en contra del recurrente y que afecte alguna de sus garantías fundamentales invocadas en el libelo, observándose, por el contrario, que el actuar de las recurridas se ajusta a las disposiciones previstas en el Reglamento Interno que rigen las relaciones entre la Corporación y el recurrente, respetándose las reglas de un debido proceso, en el cual este último ha podido ejercer todos los derechos que le son propios, particularmente defenderse de las imputaciones formuladas, motivos por los que se descarta su arbitrariedad, correspondiendo solo disponer el rechazo de la acción cautelar intentada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, SE RECHAZA el deducido por don nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 608-2021 Protección.