Protección contra Corporación nombre reservado

Iquique, veintidós de julio de dos mil veintiséis.

VISTO:

Que comparece don nombre reservado, chileno, soltero, estudiante, cédula de identidad N° NUM000, domiciliado en domicilio reservado, patrocinado por los abogados don Marcos Rodolfo Gómez Matus y doña Noe González López, de la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, quien deduce recurso de protección en contra de Corporación nombre reservado, RUT N° NUM006, organismo colaborador acreditado del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia que ejecuta el programa residencial denominado “Residencia nombre reservado”, representada legalmente por don nombre reservado, por la notificación de retiro del domicilio ubicado en domicilio reservado, Iquique -en adelante, “el anexo”-, comunicada el 29 de mayo de 2026, acto que califica de ilegal y arbitrario y que estima conculca las garantías consagradas en el artículo 19 números 1°, 2°, 4°, 9° y 18°, de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a la Residencia nombre reservado el año 2023 por una situación de vulneración vivida con sus padres, siendo posteriormente derivado a atención psiquiátrica en reiteradas ocasiones; que en 2025, por gestión del Curador Ad-litem del programa Mi Abogado, fue trasladado desde el espacio residencial a una pensión de estudiantes y luego a un anexo, donde permaneció hasta la notificación de desalojo; que el 18 de mayo de 2026 tomó conocimiento telefónico, a través de su madre, de una eventual reintegración familiar; que el 28 de mayo de 2026 el equipo de la residencia le comunicó la medida de desalojo, fundada en dos crisis del año en curso -una autolesión y un presunto consumo ilícito-, imputaciones que niega o relativiza, agregando alegaciones de irregularidades y discriminación ocurridas entre 2023 y 2024; y que fue formalmente notificado del retiro el 29 de mayo de 2026. Añade que actualmente cursa el primer año de la carrera de Asistente Social en la Universidad nombre reservado y reside de allegado en casa de una compañera de universidad, situación que le habría afectado anímica y físicamente.

Solicita se declare ilegal y arbitrario el acto de desalojo notificado el 29 de mayo de 2026 y se disponga: dejar sin efecto la orden de desalojo; ordenar su reincorporación inmediata al anexo o, en subsidio, la provisión a costa de la recurrida de un inmueble de similares características; el cese de todo hostigamiento o amenaza de egreso forzoso; y cualquier otra medida que esta Corte estime necesaria.

Que evacúa informe doña Constanza Laura Montecinos Paniagua, abogada, en representación convencional de Corporación nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

En cuanto a la forma, sostiene: que la acción cautelar sólo ampara derechos indubitados y no es sede de lato conocimiento; que la medida de protección judicial del recurrente cesó de pleno derecho al cumplir la mayoría de edad el NUM004 de 2025, conforme al artículo 80, inciso final, de la Ley N° 19.968, según fue constatado por el Juzgado de Familia de Iquique en causa RIT N° 259-2020; que el acto impugnado no constituye un desalojo, sino el término regular de una prestación programática temporal, sujeta a las condiciones de la Resolución Exenta N° NUM001 y de la Nota Técnica N° NUM002, una vez vencidos el contrato de arrendamiento del inmueble (31 de mayo de 2026) y el Plan de Intervención Individual N° NUM003 (17 de mayo de 2026); que la pretensión de reincorporación o provisión de vivienda excede la naturaleza cautelar de la acción; que los hechos controvertidos -consumo, suficiencia de las evaluaciones de riesgo, ingreso de terceros, cumplimiento del Anexo de Compromisos- exigen un procedimiento de lato conocimiento; y que el recurso es extemporáneo tanto respecto de los hechos de 2023-2024 como del acto principal, notificado el 29 de mayo e impugnado el 29 de junio de 2026.

En cuanto al fondo, niega la vulneración de cada garantía invocada, señalando que la decisión respondió a un cuadro de riesgo documentado - activaciones del protocolo de riesgo suicida los días 24 de febrero, 9 de marzo y 14 de mayo de 2026, esta última con hospitalización en la Unidad de Hospitalización de Cuidados Intensivos en Psiquiatría del Hospital Dr. Ernesto Torres Gallo- y que se adoptó en coordinación con la instancia regional del Servicio, ofreciéndose al recurrente alternativas de retorno a la residencia o revinculación familiar, que este no aceptó, optando por residir de allegado.

Se trajeron los autos en relación.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la misma norma señala.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del recurso se colige un reclamo en contra de la recurrida Corporación nombre reservado -que ejecuta el programa residencial “Residencia nombre reservado”- por la notificación de retiro del domicilio ubicado en domicilio reservado, comunicada el 29 de mayo de 2026, mediante la cual se dispuso el término de la permanencia del recurrente en dicho inmueble anexo, lo que este califica como un acto ilegal y arbitrario que conculcaría sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1°, 2°, 4°, 9° y 18°, de la Carta Fundamental.

Por su parte, la recurrida solicita el rechazo del recurso, oponiendo tanto cuestiones de forma -cese de pleno derecho de la medida de protección, extemporaneidad e improcedencia de la vía cautelar- como de fondo, sosteniendo que su actuar se ajustó a la normativa que regula la permanencia de jóvenes mayores de edad en dispositivos residenciales.

TERCERO: Que, para la resolución del asunto, cabe tener presente el marco normativo aplicable a la situación del recurrente, quien a la fecha del acto impugnado ya era mayor de edad, habiendo cumplido 18 años el NUM004 de 2025, lo que fue constatado por el Juzgado de Familia de Iquique en causa RIT N° 259-2020, que decretó su egreso definitivo de toda medida de protección conforme al artículo 80, inciso final, de la Ley N° 19.968, disposición que establece que las medidas de protección cesan de pleno derecho al alcanzar la mayoría de edad, salvo que hayan sido modificadas o renovadas, circunstancia que no consta en autos.

CUARTO: Sin perjuicio de dicho cese, la permanencia de jóvenes de 18 a 24 años que estudian y se mantienen en residencias de origen se encuentra reconocida en el artículo 3 de la Ley 21.302 y, para el caso de lugares distintos de una residencia, aquello se encuentra regulado por la Resolución Exenta N° NUM001, de 27 de febrero de 2026, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que aprueba el Lineamiento de Preparación para la Transición a la Vida Adulta, la que remite a la Nota Técnica N° NUM002, aprobada por Resolución Exenta N° NUM005.

Dicha normativa reconoce la posibilidad de mantenerse en un lugar distinto de la residencia -como el anexo que ocupaba el recurrente-, pero sujeta expresamente esa continuidad a la ausencia de incumplimientos reiterados de los acuerdos establecidos y de eventos críticos que comprometan el bienestar de quien habita el dispositivo, casos en los que procede interrumpir la permanencia, incluso de manera inmediata, previa evaluación del equipo profesional en conjunto con la instancia regional del Servicio.

QUINTO: Que, ponderados los antecedentes, se descarta la existencia de ilegalidad en el actuar de la recurrida, toda vez que la decisión de poner término a la permanencia del recurrente en el inmueble anexo emana de un organismo colaborador acreditado, competente para administrar la ejecución del programa residencial y, en particular, del Lineamiento de Transición a la Vida Adulta reseñado en el motivo precedente, decisión que se adoptó en coordinación con la instancia regional del Servicio Nacional de Protección Especializada, conforme al procedimiento que la propia normativa contempla, sin que conste que dicho procedimiento haya sido soslayado; a lo que se agrega que ni el contrato de arrendamiento del inmueble -vencido el 31 de mayo de 2026- ni el Plan de Intervención Individual N° NUM003 -vencido el 17 de mayo de 2026- imponían a la recurrida una obligación de prorrogar la permanencia del recurrente en dicho domicilio, sin que exista resolución judicial alguna que así lo hubiere ordenado.

SEXTO: Que, de igual modo, corresponde desestimar la alegación de arbitrariedad, toda vez que el acto impugnado no obedece al mero capricho de la recurrida, sino que se encuentra debidamente fundado en la normativa reseñada en el considerando tercero y en la falta de concurrencia, en la especie, de los presupuestos que dicha normativa exige para la continuidad del recurrente en la modalidad de vivienda autónoma.

A lo anterior, se suma que la recurrida ofreció al recurrente alternativas concretas de continuidad -el retorno a la Residencia nombre reservado o la exploración de revinculación familiar-, que este no aceptó, optando en ejercicio de su autonomía por trasladarse a residir de otro lugar.

SÉPTIMO: Que, de esta manera, no concurriendo los presupuestos fácticos propios del recurso cautelar deducido, resulta forzoso desestimarlo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado, en contra de la Corporación nombre reservadol.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol 571-2026 Protección.