LA PORTEÑA LIMITADA CONTRA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE IQUIQUE

PODER JUDICIAL CORTE DE APELACIONES IQUIQUE Iquique, dos de abril de dos mil dieciocho.

VISTO:

Comparece don Miguel Ángel Castro Soto, abogado, en representación de La Porteña Limitada, Rut RUT reservado, nombre de fantasía “Restaurante Doña nombre reservado”, representada por don nombre reservado, factor de Comercio, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien viene en recurrir de protección en contra de la Inspectora Provincial del Trabajo de Iquique, por infracción a los derechos garantizados en el artículo 19 Nº 2 y 3 de la Constitución Política.

Expone como antecedente de hecho que con fecha 12 de enero de 2018, se presentó por su parte ante la Inspección del Trabajo una solicitud para que se investigara una situación de acoso laboral denunciado por los trabajadores del Restaurante Doña nombre reservado, ello por intermedio de una carta en que se detallaba que su mandante había tomado conocimiento en virtud de diversas cartas de denuncia hechas por trabajadores de la empresa respecto de doña nombre reservado, de hostigarlos durante la jornada de trabajo, con actos de acoso, denostándolos como personas, trabajadores, profiriéndoles insultos, además de ejercer una fuerte violencia pasiva en su contra, ello al no contestar sus consultas, ignorándolos cuando le hablaban.

Continua exponiendo que lo anterior preocupó fuertemente a su representada, quien por su calidad de empleador debe tomar las medidas pertinentes a fin de mejorar el ambiente laboral, y poner término al acoso que los trabajadores dicen sufrir, haciendo una referencia a lo que se entiende por mobbing en doctrina o acoso laboral.

A continuación señala que el 5 de febrero del presente año la Inspección Provincial del Trabajo, les señala que la investigación debe efectuarla el empleador, bajo pena de ser sancionado en caso de omisión en dicha obligación de investigar, por su calidad de garante.

Por otra parte estima que el legislador les ha entregado la opción de sancionar directamente a la trabajadora denunciada o solicitar que una entidad calificada, con recursos y capacidad técnica lo haga, la Inspección Provincial del Trabajo, opción que fue desestimada por dicho ente, recibiendo una respuesta negativa, sin cumplir con la debida fundamentación.

Añade que su parte carece de los requisitos técnicos, materiales y humanos capacitados para desarrollar la investigación aludida.

Continúa su presentación aludiendo a que la jurisprudencia judicial y administrativa, y conforme al artículo 2° del Código del Trabajo, modificado por la Ley 20.607, define que se entiende por acoso laboral, y que por su parte la Dirección del Trabajo mediante el Ordinario 3519/034 complementa lo anterior.

Reitera no contar con los recursos para desarrollar una investigación con estándares de confidencialidad e imparcialidad, los que puede ofrecer la recurrida.

Señala que el acto reclamado es el Ordinario 000262, de 5 de febrero de 2018, y que de lo expuesto previamente ha quedado establecido su carácter arbitrario, por no aceptar la recurrida realizar la investigación de acoso laboral solicitada, lo que autoriza la procedencia de la acción constitucional, que se contempla en el artículo 20 de la carta fundamental, añadiendo que si bien tradicionalmente se ha considerado que la numeración de derechos en dicha norma es taxativa, la Jurisprudencia y Doctrina han concedido una hermenéutica correctiva y amplificadora de dicho listado, señalando como ejemplo con el derecho a la vida, invocado para obtener acciones que protejan la salud.

Menciona como garantías infringidas por la recurrida el artículo 19 de la Constitución, en su numerales 2 y 3.

Finalizan solicitando se adopten las medidas necesarias para restablecer el Imperio del Derecho, ordenando que la Dirección del Trabajo realice la investigación de acoso laboral solicitada y denunciada por su parte a dicha repartición pública.

Se evacúa informe por parte de la recurrida, Inspección Provincial del Trabajo de Iquique, quien señala como antecedentes previos los mismos señalados por la recurrente, exponiendo que el acto recurrido es el Ordinario N° 262, de 5 de febrero de 2018, dictado por tal entidad, el cual concluye que el llamado primeramente a resolver la denuncia efectuada por el trabajador es el empleador, quien debe corroborar los hechos denunciados, adoptando las medidas suficientes para cautelar el derecho vulnerado, a contrario sensu, en caso de no cumplir con su rol de garante, el trabajador (único sujeto activo de la acción) podrá siempre recurrir ante los tribunales de justicia y ejercer las acciones respectivas contra su empleador dentro del plazo establecido en el artículo 468, inciso final del Código del Trabajo, y que de igual manera podrá, únicamente el trabajador, recurrir ante la Inspección a generar la respectiva denuncia contra su empleador por vulneración de sus derechos, cuando éste último incumpla su deber de garante.

En otro punto se refiere a la improcedencia del recurso, pues el recurrente no da cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos por la ley para el ejercicio del mismo, esto es, fundamentar cuál es la acción u omisión ilegal o arbitraria que sirve de base a su interposición, así como los derechos y garantías consagrados en la Constitución que se ven vulnerados, pues el artículo 20 de la carta fundamental contempla una numeración taxativa, y en el caso el recurrente sólo se limita a transcribir esta norma, sin señalar la manera en que se estaría frente a un actuar arbitrario o ilegal de parte del Servicio.

Señala asimismo la inexistencia de un acto arbitrario o ilegal por parte de la Inspección Provincial, toda vez que su actuar se encuadra en los artículos 6 inciso 1°, 7 inciso 1°, así como del artículo 5 inciso final de la carta fundamental, por lo que la actuación del servicio mediante el Ordinario referido se pronunció en el ejercicio de sus facultades expresamente conferidas por la ley para tal efecto, no existiendo el supuesto derecho reclamado por el recurrente de optar entre ejercer su rol de garante o denunciar ante la Inspección del Trabajo los hechos que los trabajadores han puesto en su conocimiento, derecho de opción que existe por ejemplo en la investigación y sanción del acoso sexual (artículo 211-A al 211-E del Código del Trabajo), opción que no existe para el caso invocado por la recurrente.

Añade que conforme a la normativa laboral y de la Ley 20.607 sobre acoso laboral, el empleador que toma conocimiento de la afectación de derechos fundamentales de sus trabajadores, en razón de un acoso laboral horizontal, debe ejercer su rol de garante, no pudiendo desligar su responsabilidad en otros entes, alegando carencia de recursos para generar la pertinente investigación de los hechos denunciados, pues pasaría a vulnerar con ello derechos fundamentales de los trabajadores.

En relación a la supuesta afectación de la garantía constitucional invocada por la recurrente, el recurso de autos le atribuye el carácter de acto arbitrario e ilegal a la actuación realizada por la Inspección del Trabajo, en razón de la negativa a la solicitud de realizar la investigación por acoso laboral que el recurrente como empleador denunciaba mediante misiva, señalando someramente una transgresión a las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política. En el caso de la primera, dicha garantía obliga a no realizar diferencias arbitrarias aplicando la ley en los procedimientos administrativos establecidos, siendo aquel a que fue sometido la presentación del recurrente en sede administrativa, el mismo que se aplica a todas las denuncias realizadas por empleadores que pretenden desligarse de su obligación de cuidado y protección, por lo que no existe afectación a la garantía en comento. Respecto de la segunda, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, su inciso 5° se refiere a no ser juzgado por comisiones especiales, precisando que el servicio no se ha constituido en una de éstas para dar respuesta a la solicitud del recurrente, y por otra parte, la conformación del Servicio se encuentra establecida en su ley orgánica, a través del DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Finalmente, solicita declarar la improcedencia del recurso deducido y en subsidio, rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEGUNDO: Que de lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

TERCERO: Que en el presente caso, la actuación que el recurrente califica de arbitraria e ilegal consiste en la respuesta dada por la entidad recurrida, mediante el Ordinario 000262, de 5 de febrero de 2018, ante su solicitud de investigación de acoso laboral, en que habría incurrido una de sus dependientes respecto de otros trabajadores, indicando que no le corresponde proceder de la forma que lo pretende el recurrente, especificando las normas y fundamentos en virtud de los cuales entrega tal opinión.

CUARTO: Que en primer término, cabe señalar que dicho actuación lo ha sido en el ejercicio de las facultades expresamente conferidas por la ley al servicio recurrido, de conformidad a lo previsto en el DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En segundo término, tal respuesta aparece debidamente fundada y motivada, desde que explica en forma clara y precisa las atribuciones de que está dotada la Inspección del Trabajo en esta materia, así como las obligaciones que le asisten al recurrente, en su calidad de empleador, para proceder ante situaciones como la que describe en su libelo.

QUINTO: Que en estas condiciones, sólo resta señalar que la actuación que se ha tachado como ilegal, no lo es, pues obró dentro de la esfera de sus facultades y atribuciones, con fundamentos plausibles y razonables que descartan a su vez la arbitrariedad, no existiendo por ende vulneración alguna de las garantías constitucionales señaladas en el recurso, de manera que al no concurrir los principales presupuestos para que la acción cautelar intentada prospere, ella será desechada.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de Sociedad La Porteña Limitada, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol I. Corte N° 56-2018 (Protección).

Pronunciada por los Ministros Titulares Sr. RAFAEL CORVALÁN PAZOLS, Sr. nombre reservado y el Fiscal Judicial Sr. JORGE ARAYA LEYTON. Autoriza don nombre reservado, Secretario Subrogante.