Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Iquique, veintiocho de julio de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, vendedor, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por los actos que califica de ilegales y arbitrarios consistentes en la dictación de las Resoluciones Exentas N° NUM000, de 07 de abril de 2026, N° NUM001, de 30 de mayo de 2026, y N° NUM002, de 26 de mayo de 2026, emitidas por la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la institución recurrida, mediante las cuales se confirmó el rechazo de las licencias médicas electrónicas N° NUM003 y N° NUM004 (así como sus continuaciones N° NUM005, N° NUM006, N° NUM007 y N° NUM008), prescritas por un total continuo de reposo laboral a contar del 07 de diciembre de 2025, bajo la causal de reposo no justificado; lo que estima vulnera sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone el recurrente que padece de un trastorno depresivo recurrente grave sin síntomas psicóticos (CIE-10 F33.2) y un trastorno de ansiedad generalizada (F41.1), patologías severas diagnosticadas y tratadas formalmente por su médico psiquiatra tratante, Dr. nombre reservado.

Relata que, en razón de su delicado estado de salud mental, el profesional prescribió las licencias médicas N° NUM003 (15 días, desde el 07 al 21 de diciembre de 2025) y N° NUM004 (15 días, desde el 22 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026), las cuales fueron rechazadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) bajo el argumento de reposo no justificado.

Agrega que el origen de su cuadro psicopatológico y posterior riesgo autolítico deviene del trauma derivado de una acusación intrafamiliar y un procedimiento policial de desalojo forzoso de su inmueble propio en julio de 2024, proceso penal en el que finalmente fue absuelto tras dictarse la decisión de no perseverar por el Ministerio Público mediante resolución del Juzgado de Letras y Garantía de Alto Hospicio en la causa RIT N° 154-2025. Pese a la absolución, sostiene que la imposibilidad material de retornar a su vivienda —donde habitan las personas denunciantes— lo ha forzado a pagar un arriendo externo junto al dividendo del inmueble del cual fue despojado, sumado a la retención judicial de su pensión alimenticia.

Afirma que, para revertir la negativa administrativa de sus licencias, interpuso los recursos correspondientes ante la SUSESO, acompañando antecedentes clínicos y sociales de significación: credencial de discapacidad mental-psíquica emitida por la COMPIN con un 53% de menoscabo (Folio N° NUM009), informe de hospitalización por intento autolítico y crisis psiquiátrica (Epicrisis N° NUM010 del Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames), esquema de tratamiento con polifarmacia (10 medicamentos diarios) e informes de seguimiento psicológico. Pese a ello, la SUSESO mantuvo el rechazo de las licencias mediante resoluciones estandarizadas que omitieron ponderar la gravedad y efectividad de su condición clínica, dejándolo en un descalabro financiero y desamparo previsional que agrava progresivamente su salud mental.

Sostiene que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal por cuanto priva del subsidio por incapacidad laboral que reemplaza sus ingresos, afectando de manera directa su integridad física y psíquica al aumentar el riesgo autolítico y vulnerando su derecho de propiedad sobre las prestaciones pecuniarias derivadas de su régimen previsional y sobre su patrimonio personal, expuesto al sobreendeudamiento.

Solicita que se acoja la acción constitucional, se declaren ilegales y arbitrarios los actos recurridos, dejando sin efecto las Resoluciones Exentas N° NUM000, N° NUM001 y N° NUM002, y se ordene a la recurrida o a quien corresponda aprobar y autorizar el pago inmediato de los subsidios por incapacidad laboral derivados de las licencias médicas individualizadas, con costas.

Evacua informe la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo del recurso de protección. Alega la improcedencia de la acción constitucional en materias de seguridad social, señalando que la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas y el consecuente pago del subsidio por incapacidad laboral corresponden a materias amparadas bajo el derecho a la seguridad social, garantía expresamente excluida del ámbito de aplicación de la acción cautelar de protección regulada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Argumenta que la acción de protección protege únicamente derechos indubitados y no constituye una vía para discutir materias controvertidas que requieren un procedimiento de lato conocimiento en sedes especializadas.

Informando en subsidio sobre el fondo del asunto, solicita la desestimación de la acción sosteniendo que la SUSESO actuó dentro del estricto marco de sus facultades de fiscalización y supervigilancia técnica conferidas por la Ley N° 16.395 y el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud. Expone que el examen técnico de la Unidad Médica del Departamento Contencioso constató que el recurrente ya registraba más de 519 días de reposo autorizados previamente por la misma patología psiquiátrica a contar del 06 de julio de 2024.

Precisa que las evaluaciones realizadas por los profesionales médicos contralores Dr. nombre reservado y Dr. Cristian Orus, concluyeron que los informes aportados por el psiquiatra emisor no lograban dar cuenta de una severidad psicopatológica ni de un compromiso funcional proporcional a la prolongada extensión acumulada del reposo. Asimismo, indica que no se expuso un plan psicofarmacológico concordante ni con dosis máximas de antidepresivos, no se acreditó un proceso de psicoterapia intensivo en el período ni el tratamiento regular en el sistema público bajo garantías GES, por lo que el reposo prescrito carecía de rol terapéutico orientado a la recuperabilidad y reintegro laboral. Añade que la licencia médica es un beneficio esencialmente temporal y no puede reemplazar una pensión de invalidez, trámite que el propio actor ya inició ante su administradora de fondos de pensiones.

Finalmente, niega la existencia de derechos fundamentales vulnerados, aduciendo que la emisión de una licencia médica por un facultativo no engendra un derecho adquirido ni indubitado al subsidio sin la previa autorización de la autoridad de control, y que la SUSESO no ha interferido en el acceso del recurrente a tratamientos médicos o farmacológicos en su sistema de salud común.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Del recurso se colige que el actor reclama en contra de las Resoluciones Exentas N° NUM000, de 07 de abril de 2026, N° NUM001, de 30 de mayo de 2026, y N° NUM002, de 26 de mayo de 2026, emitidas por la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), mediante las cuales se confirmó el rechazo de las licencias médicas electrónicas N° NUM003 y N° NUM004, así como sus continuaciones N° NUM005, N° NUM006, N° NUM007 y N° NUM008, prescritas a contar del 07 de diciembre de 2025, fundado en la causal de reposo no justificado, actos que estima ilegales y arbitrarios, afectando sus garantías fundamentales consagradas en el artículo 19, numerales 1 y 24 de la Carta Fundamental.

TERCERO: En forma previa, sobre la improcedencia de esta acción por tratarse de una materia de seguridad social, vale mencionar que, no siendo aquella una de las garantías invocadas, cabe desestimar aquella alegación.

CUARTO: Abocándose a la materia controvertida, es menester indicar que, a la Superintendencia de Seguridad Social, conforme a lo prevenido en la Ley N° 16.395, Ley N° 20.585 y el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, le corresponde actuar como órgano técnico de fiscalización y última instancia administrativa en el procedimiento de autorización de licencias médicas.

En este contexto, es necesario indicar que la licencia médica constituye un beneficio esencialmente temporal, concebido como un mecanismo destinado a permitir la recuperación de la salud del trabajador para su posterior reintegro laboral.

Por ende, su aprobación se encuentra jurídicamente supeditada a la verificación técnica de la existencia de una incapacidad laboral temporal efectivamente justificada que mantenga un rol terapéutico hacia la recuperabilidad.

QUINTO: Del análisis de los antecedentes administrativos que obran en la causa, se desprende que las decisiones contenidas en las resoluciones impugnadas se sustentan en las evaluaciones médicas especializadas efectuadas por profesionales médicos contralores de la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la SUSESO, los médicos psiquiatras Dr. nombre reservado y Dr.

Cristian Orus.

En efecto, de los dictámenes e informes de la contraloría médica especializada consta que el recurrente registraba un total acumulado de más de 519 días de reposo previamente autorizados por la misma patología psiquiátrica, - Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave y trastorno de ansiedad generalizada-, a contar del 06 de julio de 2024.

SEXTO: Cabe añadir que los facultativos, al evaluar las licencias médicas objeto de este arbitrio, concluyeron que los informes médicos acompañados por el psiquiatra tratante resultaban insuficientes para justificar la prolongación del reposo, para lo cual ponderaron que la descripción psicopatológica aportada no daba cuenta de un grado de severidad clínica o compromiso funcional desproporcionado o compatible con la extensión acumulada del reposo, no exponía un plan psicofarmacológico concordante o escalado a dosis máximas de antidepresivos tras más de 500 días de inactividad laboral, ni acreditaba un proceso de psicoterapia intensiva y regular con profesional psicólogo o la derivación e inserción a un dispositivo de atención integral de salud mental pública bajo la cobertura GES.

SÉPTIMO: En tal sentido, cuando el estado de salud del trabajador deviene en una afección de curso crónico que no muestra posibilidades reales de mejoría con la sola reiteración del reposo laboral, la licencia médica pierde su finalidad esencialmente temporal y su rol terapéutico.

En tales casos, la norma prevé que la contingencia debe ser encauzada a través del régimen de pensiones de invalidez (D.L. N° 3.500), trámite que, según consta de los antecedentes aportados por el propio actor, ya fue iniciado formalmente ante su administradora de fondos de pensiones el 28 de abril del presente año.

OCTAVO: Por otra parte, las alegaciones sobre la afectación patrimonial derivada de la situación de origen, de índole penal y familiar, escapa del ámbito de este recurso, sin perjuicio de la posibilidad del recurrente de ejercer las acciones correspondientes en la sede respectiva para exponer y modificar aquello fundado en su actual situación socioeconómica.

NOVENO: En síntesis, se advierte que la entidad recurrida actuó en el ejercicio legítimo y regular de las potestades fiscalizadoras de carácter técnico que el ordenamiento jurídico le atribuye, pronunciándose mediante actos administrativos suficientemente motivados y sustentados en el mérito de evaluaciones especializadas, sin haberse acreditado la existencia de un actuar ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, no se configura la vulneración del derecho a la integridad física y psíquica ni del derecho de propiedad, debiendo la presente acción constitucional ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección interpuesta por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 554-2026 Protección.