Protección contra Comisión de Sanidad de La Fuerza Aérea de Chile

Iquique, veintiuno de julio de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, Cabo 2º de la Fuerza Aérea de Chile, Mecánico de Aeronaves, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Comisión de Sanidad de La Fuerza Aérea de Chile, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución N° NUM000, de 25 de marzo de 2026, notificada personalmente el 19 de mayo de 2026, la cual propone su retiro absoluto (baja) de la institución por estimar que padece una enfermedad incurable o incompatible con el servicio, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, numerales 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone el recurrente que ingresó a prestar servicios en la institución armada y que, durante el año 2024 y parte del año 2025, atravesó por un periodo excepcionalmente complejo desde el punto de vista emocional y familiar, asociado principalmente a una separación de pareja y conflictos personales severos, circunstancias que le generaron una afectación emocional reactiva y derivaron en un consumo problemático de alcohol, requiriendo tratamiento médico psiquiátrico y evaluaciones médicas por parte de la recurrida.

En dicho contexto, la Comisión de Sanidad dictaminó que portaba una enfermedad incurable o incompatible con el servicio, proponiendo consecuencialmente su baja institucional. No obstante, alega que dicha determinación es arbitraria e ilegal, toda vez que omite ponderar antecedentes clínicos y de desempeño actuales de gran relevancia, tales como períodos efectivos de abstinencia, evolución clínica favorable, reintegro parcial y capacidad residual laboral, sin registrar recaídas recientes.

Destaca que desde el término de sus controles psiquiátricos se ha desempeñado por aproximadamente siete meses continuos ejerciendo con total normalidad sus funciones institucionales en la 1ª Brigada Aérea con asiento en Iquique —incluyendo guardias, servicios y labores habituales del cargo— sin registrar incidentes. Asimismo, hace presente que durante la preventiva médica del presente año fue declarado "apto" psicológica y mentalmente para el desempeño de funciones, antecedente reciente que contradice directamente la declaración de inutilidad sostenida por el órgano recurrido, agregando que los propios informes clínicos reconocen que su cuadro presenta una evolución variable, de recuperabilidad difícil de predecir y con posibilidades de mejoría, de lo cual concluye la inexistencia de una certeza médica absoluta de irreversibilidad.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad denunciada, sostiene que el acto impugnado vulnera el deber de fundamentación suficiente establecido en la Ley N°19.880, omite ponderar los antecedentes médicos y funcionales actuales, carece de proporcionalidad al aplicar directamente la desvinculación funcionaria sin analizar alternativas menos gravosas de desempeño, y se funda en conclusiones que resultan contradictorias con su capacidad laboral efectiva actualmente demostrada.

Acto recurrido que estima afecta gravemente su integridad psíquica, estabilidad emocional y condiciones mínimas de desarrollo personal y familiar; además de constituir una discriminación arbitraria al no valorar su evolución clínica real, brindándole un trato desproporcionado respecto de su situación laboral efectiva; y afectar su derecho de propiedad sobre derechos patrimoniales adquiridos, remuneraciones, carrera funcionaria y expectativas previsionales legítimamente incorporadas a su patrimonio.

En virtud de lo expuesto, solicita acoger la acción constitucional, declarar ilegal y arbitraria la resolución que propone su baja institucional y adoptar todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho. Acompaña documentos.

Evacúa informe la Comisión de Sanidad de la Fuerza Aérea de Chile, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes. Expone que el recurrente ingresó a la institución el 01 de enero de 2016 en calidad de alumno de la Escuela de Especialidades, siendo nombrado como Personal del Cuadro Permanente a contar del 01 de enero de 2018 con el grado de Cabo en el Escalafón de Mantenimiento y Armamento, especialidad Mecánico de Aeronaves, ascendiendo posteriormente al grado de Cabo 2º con fecha 01 de enero de 2021, registrando como única destinación la 1ª Brigada Aérea de Iquique.

Explica que durante el año 2025 el funcionario hizo uso de reposo médico a través de sucesivas licencias médicas por más de 90 días, motivo por el cual el Comandante del Comando de Personal, mediante Oficio CP.EM.A-7 AE. "R" N° NUM001 de fecha 24 de julio de 2025, de conformidad con el artículo 229 letra b) del D.F.L. (G) N° 1 de 1997, solicitó a la Comisión de Sanidad emitir un pronunciamiento sobre la capacidad del funcionario para continuar en el servicio.

Iniciado el estudio clínico, se solicitaron informes médicos al Servicio de Salud Mental del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea, al Grupo de Sanidad de su Unidad, y se dispuso una evaluación psicodiagnóstica por psicólogo clínico.

Detalla que, del análisis de dichos antecedentes técnicos, se constató que el funcionario padece de Trastorno por consumo problemático de alcohol con recaídas frecuentes, ideación suicida recurrente, registrando dos hospitalizaciones psiquiátricas de urgencia en el Hospital Ernesto Torres Galdames de Iquique con fechas 05 de mayo y 14 de julio de 2025. Asimismo, el informe de la especialista en salud mental Dra. nombre reservado dio cuenta de un mal pronóstico debido a una mala adherencia al tratamiento, al no asistir a sus controles ni avisar si se estaba controlando en su unidad, sumando a ello una evaluación psicológica que evidenció una estructura limítrofe de personalidad con elevada impulsividad, alto riesgo de acting-out y recaídas.

Añade que para el estudio de la aptitud militar se consideró la Norma General Administrativa N° 027 del Ministerio de Salud (Programa Nacional de Prevención del Suicidio), que desaconseja el acceso o exposición a armas de fuego a quienes registren intentos de autoeliminación previos. Sostiene que, atendida la naturaleza de la función militar, el personal está sometido a niveles severos de estrés y al uso y exposición constante a armamento, de modo que la permanencia de un funcionario con la referida patología psiquiátrica constituye un riesgo inminente para su propia seguridad personal, la seguridad operacional de la Unidad y el material aéreo a su cargo, máxime considerando su especialidad de Mecánico de Aeronaves.

Sostiene que, en virtud de lo anterior, la Comisión de Sanidad resolvió de forma unánime proponer el Retiro Absoluto del funcionario por enfermedad declarada incurable, de conformidad con el artículo 57 letra a) de la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, lo que fue notificado personalmente al recurrente el 19 de mayo de 2026.

Frente a dicha decisión, el actor dedujo recurso de reposición el 27 de mayo de 2026, el cual fue recepcionado el 16 de junio de 2026, resolviendo la Comisión de Sanidad, mediante Resolución N° NUM002 de fecha 26 de junio de 2026, inhibirse de su conocimiento en virtud del artículo 54 inciso final de la Ley N° 19.880, por encontrarse en tramitación la presente acción jurisdiccional de protección deducida el 15 de junio de 2026.

Argumenta la legalidad y conveniencia técnica de su actuar, para ello invoca el artículo 234 del D.F.L. (G) N° 1 de 1997, que radica de manera exclusiva y excluyente en las Comisiones de Sanidad de cada Institución la facultad para examinar al personal y determinar su capacidad psicofísica para continuar en el servicio, cuyas conclusiones técnicas no pueden ser desvirtuadas por certificaciones médicas particulares. Cita abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Excma. Corte Suprema y de la Contraloría General de la República que ratifican dicha potestad discrecional técnica del organismo médico de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, descarta alguna vulneración de las garantías del artículo 19 de la Constitución Política, así en cuanto a la integridad física y psíquica, afirma que la medida busca precisamente resguardar la vida y salud del propio funcionario frente a los riesgos del servicio de las armas; Sobre la igualdad ante la ley, sostiene que la decisión se basa en una evaluación técnica y objetiva aplicada bajo los mismos estándares reglamentarios generales; Respecto del derecho de propiedad, arguye que el nombramiento no confiere propiedad sobre el empleo, extinguiéndose la carrera militar legítimamente por una causal legal forzosas de retiro, sumado a que la proposición de la Comisión de Sanidad corresponde a un acto de trámite que no tiene el carácter de medida terminal de retiro definitivo, la cual compete al Comandante del Comando de Personal.

Concluye solicitando el rechazo total del recurso, con costas. Acompaña documentos.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que el acto impugnado consiste en la Resolución N° NUM000, emitida por la Comisión de Sanidad de la Fuerza Aérea de Chile, que propone el retiro del recurrente de las filas institucionales por padecer una enfermedad incompatible con la permanencia en el servicio activo.

TERCERO: En lo relativo a la legalidad del procedimiento, el artículo 234 del D.F.L. (G) N° 1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, confiere de manera exclusiva a la Comisión de Sanidad de cada institución la atribución para examinar al personal y determinar su capacidad física y psíquica para continuar en el servicio.

Asimismo, el artículo 57 letra a) de la Ley N° 18.948 establece como causal de retiro la circunstancia de padecer una enfermedad declarada incompatible o incurable, de lo que se desprende que el órgano recurrido, al proponer su conclusión, actuó en el ejercicio de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico, por lo que la resolución impugnada no resulta ilegal.

CUARTO: Por lo demás, cabe mencionar que la resolución dictada por la Comisión de Sanidad no constituye un acto terminal dentro del procedimiento de desvinculación, sino un acto de trámite de carácter técnico.

De conformidad con el artículo 7° de la Ley N° 18.948, la facultad para decretar el retiro definitivo y poner término a la carrera funcionaria corresponde al Comandante del Comando de Personal, de modo que el pronunciamiento de la Comisión de Sanidad es una proposición que se inserta en un procedimiento administrativo reglado y que no define en sí mismo la separación del servicio.

QUINTO: En cuanto a la supuesta arbitrariedad, consta de los antecedentes que la Comisión de Sanidad sustentó su propuesta en informes de carácter médico emitidos por especialistas de la institución, determinando que el diagnóstico de trastorno por consumo de alcohol, las evaluaciones psicológicas que describen la estructura de personalidad y el registro de dos hospitalizaciones en la unidad de psiquiatría del Hospital de Iquique durante el año 2025, antecedentes que llevaron al ente sanitario a concluir tal propuesta, no respondiendo al simple capricho de la autoridad.

SEXTO: Consecuentemente, al tratarse de un procedimiento establecido por la ley, fundado en evaluaciones de especialistas médicos y que constituye un acto de trámite, no se constata la existencia de una conducta ilegal o arbitraria por parte de la Comisión recurrida, no verificándose alguna afectación de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, debiendo desestimarse la acción deducida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección interpuesta en favor de don nombre reservado en contra de la Comisión de Sanidad de la Fuerza Aérea de Chile.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 526-2026 Protección.