Protección contra Secretaría Regional Ministerial

Iquique, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, cirujano dentista, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, por sí y en representación de la sociedad FAMIDENT Limitada, de la cual es socio, administrador y representante legal, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de Tarapacá.

Funda la acción en el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la orden y apercibimiento dictado el 5 de junio de 2026, mediante anotación en la bitácora del expediente administrativo N° 2501422384, por la cual la autoridad sanitaria le otorgó un “último plazo de 5 días” para presentar un informe emitido por el Colegio de Cirujanas y Cirujanos Dentistas de Chile que establezca que “no se vulnera la ética profesional”, bajo apercibimiento de rechazar la solicitud de autorización de instalación y funcionamiento de su laboratorio dental.

Estima, que lo anterior conculca las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales 2, igualdad ante la ley, 15 inciso tercero, libertad de asociación en su dimensión negativa, 16 inciso cuarto, no exigibilidad de la afiliación a organización alguna como requisito para desarrollar una actividad o trabajo, y 21 libre desarrollo de actividades económicas lícitas.

Expone el recurrente que el 12 de agosto de 2025, la representada ingresó ante la SEREMI de Salud de Tarapacá una solicitud para obtener la autorización sanitaria destinada a la instalación y funcionamiento de un Laboratorio Dental ubicado en domicilio reservado, de Iquique. Refiere que durante la fiscalización del 24 de septiembre de 2025 (Acta N° 29478) se formularon diversas observaciones técnicas relativas al local, las cuales fueron oportuna e íntegramente subsanadas entre octubre y noviembre de ese mismo año.

Añade que el 18 de noviembre de 2025, la recurrida informó que restaba como único antecedente pendiente la presentación de un informe del Colegio de Cirujanas y Cirujanos Dentistas de Chile que acreditara que «no se vulnera la ética profesional», fundándose en el artículo 120 del Código Sanitario (DFL N° 725, de 1967). Frente a tal requerimiento, representó a la autoridad que la colegiatura dejó de constituir un requisito de ejercicio profesional en virtud del Decreto Ley N° 3.621 de 1981, por lo que solicitó el pronunciamiento del Departamento Jurídico de la SEREMI, el que respondió con fecha 10 de febrero de 2026 señalando que correspondía solicitar el informe del «Colegio respectivo» y que la objeción basada en el citado Decreto Ley no eliminaba la exigencia del artículo 120, sino que únicamente impedía exigir afiliación o colegiatura como condición general de ejercicio.

Indica que, en cumplimiento de lo instruido, solicitó formalmente el pronunciamiento al Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, entidad que por comunicación escrita de 23 de febrero de 2026 respondió que se encontraba impedida de emitir el pronunciamiento respecto de profesionales no colegiados, advirtiendo que para tales efectos el interesado «deberá regularizar su colegiatura». Agrega que, a pesar de acompañar dicha respuesta al expediente administrativo el 27 de febrero de 2026, y de reiterar la improcedencia del requisito, la autoridad sanitaria persistió en su exigencia con fecha 29 de abril de 2026, para concluir con el acto impugnado de 5 de junio de 2026, que otorga el plazo de 5 días bajo el apercibimiento de rechazo.

Destaca que el laboratorio se encuentra actualmente clausurado, con inversiones paralizadas de aproximadamente $25.000.000 y afectando la estabilidad laboral de 2 trabajadores directos y más de 18 indirectos.

Sostiene que el actuar de la recurrida es ilegal por cuanto le traslada las consecuencias de la negativa de un tercero privado, incumple el principio de oficialidad en el procedimiento administrativo al no requerir directamente los informes al amparo de la Ley N° 19.880, y desatiende el Decreto Ley N° 3.621 al forzar de hecho la colegiatura.

Asimismo, califica el acto como arbitrario por carecer de proporcionalidad y de sustento ético real, solicitando, en definitiva, dejar sin efecto el apercibimiento de 5 días emitido el 5 de junio de 2026, ordenar a la SEREMI abstenerse de cerrar o rechazar el expediente por la falta de informe del Colegio de Cirujanos Dentistas, y que, en su lugar, la recurrida requiera directamente los antecedentes que estime convenientes a la asociación gremial. Acompaña documentos.

Evacua informe SEREMI de Salud de la Región de Tarapacá, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes. Expone, en relación con los hechos, que el usuario FAMIDENT Limitada ingresó la solicitud respectiva a través de la plataforma digital, verificándose la práctica de la fiscalización y subsanación de las observaciones técnicas. Reitera que el 18 de noviembre de 2025 se notificó la pendencia del informe que establece el artículo 120 del Código Sanitario, norma de carácter público que prohíbe a los profesionales señalados en los artículos 112 y 113 bis de dicho cuerpo normativo ejercer su profesión y, al mismo tiempo, tener intereses comerciales directos en establecimientos destinados a la producción, distribución o venta de prótesis y artículos ópticos, a menos que el Colegio respectivo certifique que no se vulnera la ética profesional.

Sostiene que las objeciones del usuario fueron debidamente analizadas y desestimadas por el Departamento Jurídico, en tanto el Decreto Ley N° 3.621 de 1981 transformó los colegios profesionales en asociaciones gremiales y suprimió la colegiación obligatoria para el ejercicio general, mas no derogó los requisitos procedimentales, ni las solicitudes de informes específicos prescritos en la legislación sanitaria. Asimismo, invoca la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República contenida en los dictámenes N° 032046N86 y su complemento N° 033145N87, los cuales concluyen que los profesionales no afiliados se encuentran también afectos a la incompatibilidad simultánea regulada en el artículo 120 del Código Sanitario.

En cuanto a los antecedentes sanitarios de la propiedad, detalla que el inmueble consta de tres pisos; en el primero y segundo se ubican las salas de procedimientos odontológicos y de radiología debidamente autorizadas, mientras que en el tercero se emplaza la sala de esterilización y el laboratorio dental objeto del recurso, precisando que este último no cuenta con autorización y se encuentra con prohibición de funcionamiento vigente impuesta tras fiscalizaciones de fecha 22 de abril de 2024 (Acta N° 22517) y 12 de agosto de 2025 (Acta N° 022408), existiendo sumarios sanitarios actualmente en tramitación.

Hace presente que el recurrente don nombre reservado es cirujano dentista, director técnico del establecimiento clínica dental y representante legal y socio mayoritario de FAMIDENT Limitada, configurándose la causal objetiva de incompatibilidad simultánea que la ley regula para evitar conflictos de interés comercial en la prescripción médica de prótesis dentales.

Por último, argumenta que las garantías constitucionales no son absolutas y se encuentran sujetas a las regulaciones sanitarias de orden público, de manera que la SEREMI de Salud ha actuado con estricto apego al principio de juridicidad y a la normativa sectorial aplicable, sin que exista una conducta ilegal o arbitraria de su parte, solicitando consecuencialmente el rechazo de la acción constitucional, con costas. Acompaña documentos.

Evacuó informe el Colegio de Cirujanas y Cirujanos Dentistas de Chile A.G., representado por su Presidenta Nacional, expuso, en lo sustancial que el recurrente no es colegiado, por lo que el Colegio no tiene a su respecto antecedentes ético-disciplinarios, ni jurisdicción ética, en cuanto a los hechos relativos al establecimiento y al laboratorio le constan solo por lo informado en autos. Sólo le consta es que en febrero de 2026 respondió al recurrente que no podía emitir el pronunciamiento solicitado por su condición de no colegiado.

Refiere que el artículo 120 del Código Sanitario establece una incompatibilidad legal y que el informe del Colegio opera como mecanismo excepcional para enervarla, y que esa norma debe analizarse junto con el Decreto Ley N°3.621, que prohíbe exigir la afiliación a un colegio profesional para cualquier efecto.

A su juicio, conforme al Dictamen N°33.145 de 1987 invocado por la SEREMI, los profesionales no afiliados están igualmente afectos a la incompatibilidad, pero esta no puede enervarse a su respecto mediante el informe del Colegio. Por ello, exigir a un profesional no colegiado que presente ese informe debe analizarse a la luz de dicho dictamen, pues el informe no produciría a su respecto el efecto previsto en el artículo 120.

Estima que no resultaría procedente emitir respecto del recurrente un informe con efecto habilitante, lo que no importa afirmar que haya incurrido en una infracción ética, y que corresponde a esta Corte determinar si la actuación recurrida es ilegal o arbitraria y si afecta garantías constitucionales.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que el acto impugnado consiste en la orden anotada el 5 de junio de 2026 en la bitácora del expediente de autorización sanitaria N°2501422384, por la cual la SEREMI de Salud de Tarapacá requirió al usuario Famident Limitada la presentación del informe contemplado en el artículo 120 del Código Sanitario, emitido por el Colegio Profesional respectivo, a fin de acreditar que no se vulnera la ética profesional con la instalación de un laboratorio dental por parte de un odontólogo en ejercicio, bajo el apercibimiento legal de rechazo de la solicitud.

TERCERO: Que, en el análisis de la legalidad de la actuación recurrida, consta que la autoridad sanitaria actuó bajo el imperio de una norma legal vigente y de orden público.

En efecto, el artículo 125 en relación con el artículo 120 del Código Sanitario prohíbe de manera expresa y objetiva que los profesionales de la odontología ejerzan simultáneamente su profesión y mantengan intereses comerciales directos en establecimientos destinados a la producción o distribución de prótesis dentales, a menos que el Colegio respectivo emita un informe de compatibilidad ética.

Dicha limitación persigue resguardar la salud de la población, previniendo que la prescripción médica de elementos se vea influenciada por intereses de lucro comercial directo del profesional tratante en su propio laboratorio.

CUARTO: Que en el caso de marras, si bien el órgano recurrido no resuelve en definitiva la solicitud del recurrente, toda vez que la tramitación pende de que el actor aporte el informe exigido, el fundamento del reparo observado por la SEREMI tiene vinculación directa con el actuar del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile conforme al artículo 120 del Código Sanitario, entidad que no fue recurrida, y que solicitado informe para dilucidar el presente arbitrio, señaló que según su interpretación no le corresponde evacuar el mismo por no ser recurrida y fundada en una interpretación de las normas constitucionales y legales en juego.

En tal sentido, no es posible a esta Corte adoptar una decisión que vincule a este tercer órgano no recurrido.

QUINTO: Asimismo, el principio de juridicidad de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República obliga a los órganos del Estado a someter su acción estrictamente a la Constitución y a las leyes dictadas conforme a ella, por lo que, al no ser emplazados terceros ajenos al ente estatal, cuyo actuar contempla la norma legal basal del conflicto, no es posible acceder a lo solicitado.

SEXTO: Finalmente, no habiéndose resuelto la petición por el órgano administrativo, la situación no está definida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre la materia SE RECHAZA, el recurso de protección en favor de don nombre reservado, por sí y en representación de la sociedad FAMIDENT Limitada, en contra la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de Tarapacá Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°517-2026 Protección